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[es] comunicado no. 38 – Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado

COMUNICADO No. 38. Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado

Al pueblo hondureño y la comunidad internacional:

1. Denunciamos que horas antes de la farsa electoral de la dictadura militar, sus cuerpos represivos han emprendido una feroz persecución contra organizaciones populares que se han manifestado opuestas al Golpe de Estado.

Ejemplos de ello son el allanamiento y destrozo de la sede de la Red Comal en Siguatepeque; el cerco militar y el amedrentamiento con armas de fuego contra la sede del STIBYS en Tegucigalpa; el cerco militar contra la comunidad Guadalupe Carney en Silín, Colón, y contra la Colonia La Paz, en La Lima, Cortés; y la militarización del centro INESCO del padre Fausto Milla en Copán. De igual manera, nos llama a preocupación el atentado que sufrió el Centro de Derechos de Mujeres de San Pedro Sula, con una bomba.

Asimismo, la acción represiva ha recaído sobre miembros(as) activos(as) de la Resistencia Popular en la víspera de las votaciones, como sucede con la persecución que se ha desatado contra dirigentes de la Resistencia en la Colonia Kennedy y El Reparto, de Tegucigalpa; en Gualala, Santa Barbara; en San Pedro Sula, Cortés; y la captura de la dirigente feminista Merlyn Eguigure, en Tegucigalpa, liberada tras la presión hecha por sus compañeras del Movimiento Visitación Padilla.

También han sido allanados el centro de trabajo del dirigente del Partido Unificación Democrática, Gregorio Baca, de donde se llevaron detenido a su vigilante Humberto Castillo (discapacitado), y el allanamiento de la casa de la hermana de la periodista Percy Durón, de Radio América. Para rematar, el señor Fabricio Salgado Hernández, de la colonia Tiloarque, está en estado crítico tras ser baleado por militares que custodian el Edificio del Estado Mayor, pues el herido tuvo un accidente por los obstáculos que los militares han colocado.

2. Esta violencia muestra el estado de indefensión en que se encuentra el Pueblo Hondureño ante las huestes represivas del gobierno de facto. Retrata también el clima de persecución en que se realiza el circo electoral que inicia el día de hoy. Por ello, el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado reitera que no existen condiciones para la realización de elecciones limpias y seguras, y que el empecinamiento de este desgobierno en realizarlas solo obedece a su urgencia “lavarle” la cara al relevo de golpistas que surgirá de las mismas.

3. Alertamos al Pueblo Hondureño y a la comunidad internacional, sobre la eventualidad de que esta escalada represiva se incremente en las próximas horas teniendo como marco justificativo la ola de atentados que en forma sospechosa se realizan contra buses, escuelas y edificios públicos, cuya autoría la Policía Nacional atribuye en forma casi automática, irresponsable y tendenciosa a la Resistencia Popular.

4. Por tal motivo el Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado reiteramos que nuestra lucha es PACIFICA y ratificamos nuestro llamado al Pueblo Hondureño para que no participe de la farsa electoral montada por la oligarquía el dia de hoy. A la vez que desmentimos cualquier mensaje con el cual se pretenda crear confusión, diciéndole al Pueblo que la Resistencia llama a votar.

¡RESISTIMOS Y VENCEREMOS!

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C. 28 de noviembre de 2009

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[es] Marvin Palacios: Canal 36 nuevamente victima de la dictadura

 

 

(Esdra Amado López propietario de Canal 36)

 

 

 

 

Canal 36 nuevamente victima de la dictadura

por Marvin Palacios, DefensoresEnLinea.com

 

El canal 36 ha sido nuevamente víctima de los ataques de la dictadura al experimentar la señal de televisión un deterioro progresivo hasta desaparecer totalmente del aire, de acuerdo a la denuncia expuesta por su propietario el periodista Esdras Amado López.

López denunció esta mañana a través de Radio Globo (otro medio de comunicación que ha sido blanco de los ataques a la libertad de expresión) que “canal 36 ha sido sacado completamente del aire mediante una interferencia a su transmisor principal ubicado aquí en la capital de la Republica”.
“Esta interferencia que ha sacado del aire completamente a canal 36 consiste en la instalación de un transmisor paralelo al transmisor de canal 36, desde ese transmisor paralelo han estado transmitiendo durante la mañana películas pornográficas, de vaqueros y lo que se le antoja a una mente perversa en este momento poner en el aire”, sostuvo López.
El periodista propietario de canal 36 y de Radio La Catracha añadió que la interrupción a la señal se suscitó mientras el periodista Javier Aguilera presentaba el noticiario matutino del canal de televisión a tempranas horas de esta mañana.
López dijo que la frecuencia de canal 36 está siendo utilizada por un transmisor pirata y desde ese transmisor están emitiendo películas pornográficas, cualquier tipo de programación con el propósito de sacar del aire las emisiones noticiosas de canal 36.
“Aquí hay un doble delito, además de interferir nuestra señal están tomando una señal de cable o de un satélite y tienen una película de una compañía que se llama Platinum, eso no somos nosotros y yo le voy a pedir a las compañías de cable que no quiten esa señal para que quede en evidencia que ya hemos detectado un potente transmisor que todavía la ubicación me la reservo”, explicó el reconocido periodista.
Agregó que “esto es un dictadura, esto es intolerancia, esto es un abuso a la libertad de expresión y realmente ya no hayamos qué hacer”, reclamó el propietario de canal 36.
La frecuencia de canal 36 está siendo utilizada por un transmisor pirata

A partir del golpe de Estado Canal 36, radio La Catracha, Radio Globo, Radio Uno, Radio Progreso, Canal 11, Diario Tiempo y emisoras comunitarias han experimentado hostigamientos, amenazas, atentados, suspensiones temporales de sus señales, militarización y decomiso de sus equipos de transmisión poir incluir en sus espacios noticiosos las actividades y posiciones políticas del Frente Nacional de resistencia contra el Golpe de Estado

Este ataque contra canal 36 se presenta en momentos cuando faltan 9 días para las elecciones fraudulentas del 29 de noviembre en donde  muchos candidatos a cargos de elección popular han presentado su renuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por considerar que no existen condiciones para realizar los comicios generales.
El presidente  de la República , Manuel Zelaya Rosales, depuesto mediante un golpe de Estado el pasado 28 de junio, expresó en un comunicado que la convocatoria a elecciones generales en un estado de facto, sin que previamente no haya sido restaurado el orden constitucional, son una aberración jurídica, una burla y un engaño al pueblo.
Al respecto el periodista Esdras Amado López denunció que el TSE ha venido desarrollando varias reuniones con directores de medios de comunicación y que como no se ha convocado a canal 36, Radio Globo y canal 11, “el propósito es sacar del aire a canal 36 durante o antes y durante el proceso de las elecciones, pero no creí que lo fueran a hacer tan temprano”.
“Yo quiero responsabilizar al gobierno de facto de Roberto Micheletti Baín y principalmente a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) cuyo presidente de facto es Miguel Angel Rodas, porque a Rodas le hemos estado diciendo de todo lo que hemos sido víctimas en este canal 36” , dijo López.
“A la fiscal de derechos humanos, Sandra Ponce que ha mostrado una actitud cómplice con estas violaciones y por último responsabilizamos al TSE porque maliciosamente ha estado manteniendo reuniones con medios de comunicación que no somos los independientes, para trazar las líneas de cómo habrá de cubrirse el proceso electoral, dejándonos afuera a nosotros y no sabemos con qué fines no nos convocan y nos tienen fuera de este esquema de pláticas con el TSE”, recalcó.
Añadió que “condenamos con firmeza esta agresión a la libertad de prensa en Honduras de la que estamos siendo víctima por parte de este gobierno de facto”.
El gobierno de facto mantiene vigente el decreto 124-2009, en cuyo artículo 2  faculta a CONATEL a revocar o cancelar el uso de títulos habilitantes (permisos y licencias) a los operadores de medios de radiodifusión sonora y de televisión que emitan mensajes que generen apología al odio nacional, la afectación de bienes jurídicos protegidos, así como también un régimen de anarquía social en contra del estado democrático llegando a atentar contra la paz social y derechos humanos.
El decreto 124-2009 fue aprobado el 5 de octubre de 2009 y para los expertos en libertad de expresión, está dedicado a aquellos medios que han brindado cobertura a las acciones de protesta en contra del golpe de estado.
[Articulo publicado originalmente en DefensoresEnLinea.com]

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[es] comunicado no. 35 – Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en Honduras

Comunicado No. 35

El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado comunica:

  1. Alertamos a la comunidad internacional y a las organizaciones defensoras de los derechos humanos sobre la creciente represión y persecución del pueblo organizado. En ese sentido el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos de Honduras (CODEH) emitió un informe en el que advierte de los preparativos por parte de las fuerzas represivas del Estado para ejecutar acciones de terror, haciéndose pasar por militantes de la Resistencia, y justificar de esta manera el asesinato masivo de personas vinculadas al Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado.
  2. Denunciamos la movilización de fuerzas militares en todo el territorio nacional, con armamento y equipo de campaña, que sobrepasa cualquier preparativo anterior que se haya hecho para un proceso electoral.Los preparativos de las Fuerzas Armadas incluyen la contratación de mercenarios, dentro de los que se encuentra un fuerte contingente de reservistas y la adecuación de hospitales y clínicas para la atención médica de los militares y policías involucrados en los actos de violencia contra la población.
  3. Hacemos ver que la anunciada “ausencia” del dictador Micheletti del poder que se daría entre los días 25 de noviembre y 2 de diciembre, es solamente una maniobra para ocultar el papel totalitario del régimen de facto y las Fuerzas Armadas que han montado un proceso electoral ilegítimo, ilegal y fraudulento.
  4. Condenamos las amenazas y hostigamientos contra diferentes medios de comunicación que informan la verdad sobre la situación que vive nuestro país, y que hoy vivió un nuevo episodio con la interrupción de la señal de canal 36.
  5. Reiteramos que bajo este régimen golpista de represión y antidemocracia es imposible realizar elecciones libres.
  6. Llamamos a todos los Frentes de Resistencia a nivel nacional y a las organizaciones comprometidas y solidarias en el exterior a que incrementen las medidas de seguridad y se preparen para realizar las denuncias ante cualquier tipo de violación de los derechos humanos por parte de la Dictadura.

“POR LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE, RESISTIMOS Y VENCEREMOS”


Tegucigalpa, M.D.C. 20 de noviembre de 2009

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[es] Juan Almendares: El teatro electoral del golpe político militar

La respuesta de la Resistencia a la propaganda del circo electoral. Foto: Sandra Cuffe

El mundo es un telón de teatro tras el cual
se esconden los secretos más profundos.

-Rabindranah Tagore

Aquí se analiza el teatro de las elecciones hondureñas 2009 y su relación con el golpe político militar. El teatro tiene dos componentes: el texto y el espectáculo. El primero comprende la historia, el contexto, el tiempo y el espacio, sea imaginario o real. El segundo a los protagonistas, a los antagonistas y a los espectadores activos y pasivos. El golpe militar es el montaje escénico del teatro electoral. El telón se abre con la campaña electoral y se cierra con elecciones legítimas y legales para el pueblo; en caso contrario con el fraude electoral.

El 27 de enero 2006 asume la presidencia de Honduras, el candidato del Partido Liberal Manuel Zelaya Rosales. Está demostrado que Zelaya no tenia el control del gobierno puesto que la oligarquía económica, política, religiosa y militar es hegemónica con respecto a los poderes del Estado, los aparatos mediáticos, políticos e ideológicos:. En consecuencia MZR no podría dar un golpe de Estado ni convertirse en dictador.

El golpe militar se centra estratégicamente en Zelaya y reduce el problema, mediante las andanadas propagandísticas, a la persona del Presidente. Sin embargo el golpe es contra el avance de la lucha histórica del pueblo hondureño, representada actualmente por la Resistencia Nacional contra el Golpe Militar.

La hegemonía golpista se alimenta por dos vías: la guerra de agresión irregular y el teatro de las elecciones de noviembre 2009.

El golpe político –militar responde a una articulación programática nacional e internacional cuyo fin es utilizar nuestro territorio y sacrificar la población civil como teatro experimental de maniobras y nuevos golpes de Estado en América Latina. Se pretende convertir a Honduras y Mesoamérica en el Vietnam o Afganistán de Nuestra América.

¿Es legal el proceso electoral bajo el control casi absoluto por parte de las fuerzas golpistas? ¿Es legal Tribunal Supremo Electoral? Un organismo que violenta el contenido numeral 2 del Articulo 52 de la Constitución de la República que establece “No podrán ser elegidos magistrados del Tribunal Supremo Electoral los que estén nominados para ocupar u ostenten cargos de elección popular; prohibición señalada como la parte especifica del precepto impugnado por inconstitucional”.

La elección de los ciudadanos como Magistrados Propietarios y Magistrado Suplente del Tribunal Supremo Electoral es contraria a la Constitución de la República en virtud de que los ciudadanos electos ostentan cargos de elección popular, el primero como Regidor Tercero de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, el segundo como Diputado al Congreso Nacional por el Departamento de Francisco Morazán y el tercero como Diputado suplente incorporado del Congreso Nacional de la República. Según lo expresado por el Tribunal Supremo Electoral mediante Acuerdo Numero 24-2005 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en el número 30886 del 27 de diciembre del año 2005.

Y, si el Tribunal Supremo Electoral no esta integrado conforme a ley ¿Serán, legales las elecciones? ¿Es legal que las Fuerzas Armadas que torturaron al legítimo Presidente de la República Manuel Zelaya Rosales, lo expulsaron del país, violaron la Constitución de la República, por lo tanto, su historia golpista sea un indicador de la falta de credibilidad que tiene el pueblo hondureños sobre los resultado de las futuras elecciones

¿Acaso no podrían desarrollar crisis de pánico aquellos electores: hombres, mujeres y jóvenes que fueron objeto de persecución tortura y cuyos familiares fueron asesinados por las fuerzas militares y policiales?

¿Pueden ser legales las elecciones cuando los candidatos: presidenciales, diputados (as) al Congreso Nacional y alcaldías tanto de los sectores independientes como del partido Unificación Democrática (UD), han sido objeto de torturas, persecución y asesinato de algunos de sus miembros?

¿Acaso no tienen mayor ventaja de participación, y propaganda los candidatos de los partidos golpistas Liberal, Nacional, Democracia Cristiana y el Partido de Innovación y Unidad (PINU) que las candidaturas de oposición al golpe militar?

¿Son legales las elecciones con mordaza a la libertad de expresión?

¿Se justifican los atentados contra Diario Tiempo, colocación de bomba contra Canal 11, militarización y cierre de Radio Globo, CHOLUSAT SUR, amenazas a muerte contra el director y personal de Radio Progreso y Diario El Libertador y despido a los periodistas honestos de medios partidarios del golpe militar?

El nudo de esta trama que precede al voto ha sido violento, deshumanizado, cruel, degradante y bendecido por la jerarquía católica y evangélica, con el falso mensaje de la invocación a Dios, el diálogo, la democracia y la paz cuando al mismo tiempo se golpea, tortura y persigue en forma masiva a los miembros de la Resistencia, a sacerdotes, pastores, y monjas.

Tras las bambalinas de esta escena teatral de las elecciones han operado la oligarquía local, el capital financiero internacional, los autores materiales e intelectuales de la doctrina de Seguridad Nacional, la Guerra de Conflictos de baja intensidad y los planes de Guerra irregular del pentágono.

Los espectadores activos internacionales del teatro electoral han condenado el golpe militar y manifiestan que no enviarán observadores ni reconocerán el resultado de las elecciones.

Para espectadores pasivos o neutros Bertolt Brecht manifestaba: “El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos… El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que son el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.”

El telón teatral no ha caído y el desenlace futuro de Honduras son los escenarios de la restitución del orden constitucional, elecciones legales y legitimas, la instalación de la asamblea constituyente y la transformación de la constitución de la República que garantice el respeto a los derechos humanos, la soberanía alimentaría y la justicia climática.

El otro escenario es la guerra. Al respecto, el mismo Brecht agregaba “En tiempos de guerra, las virtudes se vuelven crímenes, la religión y el honor son usados precisamente para camuflar el verdadero propósito de la guerra, que es el de mantener a toda costa la explotación del pueblo por la aristocracia y la iglesia…Con la guerra aumentan las propiedades de los hacendados, aumenta la miseria de los miserables, aumentan los discursos del general, y crece el silencio de los hombres”.

Nuestro amor humano y planetario y los principios de la No Violencia nos obligan a luchar porque en nuestra Madre Tierra ningún hondureño(a) ni ciudadano del mundo sea objeto de los crímenes de lesa humanidad y de la violación de los derechos humanos y planetarios de violación.

La tarea urgente es unificar todas las organizaciones y personas que conforman la Resistencia y construir la fuerza política mas significativa de Honduras; que luche por un nuevo pueblo, una nueva sociedad dónde prevalezca la verdadera democracia de igualdad económica- social; movilice la conciencia de paz y justicia social y climatica contra la guerra irregular y todo espíritu guerrerista que planifica nuevos golpes de Estado y la guerra irregular en América Latina.

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[es] Giorgio Trucchi: Un pueblo en situación de emergencia

Maestro Roger Vallejo, entre la vida y la muerte. Tegucigalpa, 30 de julio 2009. Foto: Sandra Cuffe

Un pueblo en situación de emergencia

El COFADEH denuncia más de 4 mil violaciones a los derechos humanos en 115 días

Por Giorgio Trucchi – Rel-UITA

El Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH) presentó su segundo informe sobre violaciones a derechos humanos en el marco del golpe de Estado, “Rostros y Cifras de la Represión”, en el que se evidencia la brutalidad del régimen de facto en su intento por acallar las diferentes expresiones de resistencia contra el golpe del pasado 28 de junio.

Según los datos presentados por Bertha Oliva, coordinadora general del COFADEH, organización surgida al inicio de la “Década Perdida” de los años ochenta, cuando en plena aplicación de la Doctrina de Seguridad Nacional la sociedad hondureña estuvo militarizada y sus instituciones civiles subordinadas a las Fuerzas Armadas, del 28 de junio al 15 de octubre del 2009 han sido 4.234 los casos de violación al los derechos humanos reportados por esta organización.

Durante una muy concurrida y emotiva conferencia de prensa, Oliva explicó que se registraron 21 muertes violentas y asesinatos con visos políticos, diez de los cuales ocurrieron directamente durante acciones públicas de la Resistencia y once presentan patrones de ejecuciones selectivas, con un modus operandi típico de los cuerpos paramilitares.

A lo largo de 115 días se produjeron también tres atentados contra la vida o intentos de homicidio, 108 amenazas de muerte, 133 casos de tratos crueles, degradantes e inhumanos hacia personas en detención administrativa, 21 lesiones graves y 453 lesiones y golpes. Además, 211 personas fueron afectadas por armas no convencionales como bombas lacrimógenas, gases tóxicos y armas sónicas.

Hubo también 3.033 detenciones ilegales, en su mayoría jóvenes, dos intentos de secuestro, 114 acusados políticos –cinco de los cuales permanecen detenidos mientras el resto está con medidas sustitutivas a la prisión o han sido sobreseido en forma provisional–, diez allanamientos ilegales, 13 casos de persecución a líderes sociales y defensores de derechos humanos, y cuatro atentados contra organizaciones, entre ellas el mismo COFADEH y el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Bebida y Similares (STIBYS).

Con respecto a la libertad de expresión y movilización, el Informe del COFADEH registró 27 casos de violación a la libertad los medios de comunicación, entre ellos el cierre de Radio Globo y Canal 36, 26 agresiones a periodistas, el cierre de tres programas radiales de organizaciones de mujeres, 52 retenes militares y policiales en todo el país que violentaron el derecho de circulación a más de 20 mil hondureños, y una escalada represiva que limitó de forma indefinida la libertad de la población a asociarse y manifestar.

“Confieso que al escribir este informe me he sentido turbada –expresó Bertha Oliva–.

Quizás porque me había hecho a la idea de que en este largo proceso de las últimas décadas habíamos logrado al menos pocos y relativos avances en materia de derechos humanos; pero soy una ilusa.

A más de 100 días de aquella fecha fatídica del 28 de junio que sacudió las entrañas del COFADEH –continuó Oliva– sabemos que estamos ante un violento retroceso de 25 o 30 años, quizas más.

Conocedores de los efectos de la dictadura militar asumimos que no era un hecho aislado, sino que estábamos frente a toda una estrategia para tomar y controlar el poder a largo plazo, o sea que la dictadura ha llegado para quedarse en la región.

Ante esta situación –advirtió la coordinadora del COFADEH– es imprescindible prepararse, porque igual que en el pasado somos depositarias de lágrimas, de angustias, de dolor y de desesperanzas, pero más aún de desesperación”.

Oliva explicó también estar sumamente preocupada por el ataque directo de la dictadura contra el gremio magisterial, que se ha materializado con asesinatos, persecuciones, detenciones ilegales y arbitrarias, retención de cuotas de los colegios magisteriales, levantamiento de perfiles, requerimientos a través del Ministerio Público para abrirles juicio.

También los jóvenes han sido objeto de represión y ya son muchos los que han sido secuestrados, torturados y asesinados, mientras que varios han tenido que abandonar el país.

“Con pruebas documentales en nuestro poder estamos afirmando ante el mundo que en el país vivimos una situación de emergencia. Por tal razón, apelamos ante la comunidad internacional para que permanezca vigilante y observante, para acompañar el desafío de ver juzgados a los perpetradores de los crímines de lesa humanidad”, sentenció Bertha Oliva, no sin antes denunciar las amenazas y el hostigamiento al que está sometido el COFADEH por el régimen de facto, al quererle cancelar su personería jurídica.

“No necesitamos de personería jurídica para buscar la verdad, acompañar a los que sufren, denunciar ante el mundo las barbaries que estamos viviendo. Esta dictadura pretende acallarnos, pero no lo va a lograr. Podrán callarnos la voz, pero no los ideales, ni el pensamiento. Mientras más nos reprimen, más fuerza agarramos”, concluyó.


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[es] Salvador Capote: Honduras y los cascos azules

Miles de la resistencia se congregan frente la ONU en Tegucigalpa al saber del regreso de Manuel Zelaya al pais. 21 sept '09. Foto: Sandra Cuffe

Honduras y los cascos azules

Salvador Capote

ALAI AMLATINA, 05/10/2009.- La crisis en Honduras permanece sin resolver y puede conducir a un conflicto de mayores proporciones con un alto costo para la oligarquía de ese país. No es extraño, por tanto, que en los círculos más reaccionarios de la nación centroamericana y también, desde luego, en los de Estados Unidos, se esté pensando ya en utilizar uno de los recursos de mayor efectividad para frustrar el ascenso al poder de los sectores populares. Esto es, imponer el envío de tropas “pacificadoras”, como los “cascos azules” de la ONU.

Si algunos ingenuos piensan que dichas tropas, ya sean de la ONU o bajo la bandera de otros organismos multilaterales, se integran de una manera equitativa, igualitaria, con la participación de todos los países miembros y que su función es crear y mantener la paz, viven en el mundo del realismo mágico. En la mayoría de los casos, si no en todos, la presencia de fuerzas extranjeras agrava y profundiza el conflicto y lo que mantiene no es la paz sino el statu quo, siempre en favor de las clases privilegiadas. Las llamadas misiones de paz de la ONU son financiadas casi totalmente por Estados Unidos y por los países europeos de la OTAN mientras que los soldados de fila provienen de países del Tercer Mundo. Unos son los que pagan y otros son los que mueren. Pero el que paga manda.

De acuerdo a datos oficiales, los cinco países que contribuyeron (año 2008) con mayor número de soldados a las misiones de la ONU fueron, siguiendo el orden que se expone: Pakistán, Bangladesh, India, Nigeria y Nepal. A los tres primeros corresponde una tercera parte de los 100,000 cascos azules desplegados en zonas de conflicto alrededor del mundo. Del último provienen los feroces gurkhas.

La ONU paga mensualmente al gobierno al que pertenece cada soldado $1,101, y $1,404 si éste domina alguna especialidad militar. El dinero lo cobra el gobierno que corresponde, el cual paga luego a la tropa la cantidad que estima conveniente (siempre una ínfima parte de lo recibido). Estos salarios, más el armamento, equipos y entrenamiento que proporciona la ONU, permiten a países pobres mantener una modernidad en sus ejércitos que de otra forma no podrían sostener. Surge así la paradoja de un militarismo incentivado por las misiones de paz. Por otra parte, como participar en estas misiones resulta lucrativo para los gobiernos y una forma de vida para los soldados, tanto los primeros como los últimos poseen un interés económico y militar en la prolongación de los conflictos.

Además, como la ONU carece de una logística propia, ésta depende absolutamente de los países desarrollados. Un funcionario de la ONU, el “Chief Administrative Officer” desempeña sólo un papel coordinador. Los países donantes, Estados Unidos en particular, determinan el flujo de abastecimientos y, por tanto, tienen en sus manos el control de todas las misiones aunque sus ciudadanos no participen. Y que nadie piense que éstas constituyen una carga económica para Estados Unidos y sus aliados. La intervención de las tropas de la ONU evita, hasta cierto punto, su presencia directa en los conflictos. Si la ONU no cumpliera esta tarea, ¿en cuántos lugares del mundo no estarían combatiendo o realizando funciones de gendarmería las tropas norteamericanas? Susan Rice, la nueva embajadora de Estados Unidos ante el máximo organismo internacional, citada por Jack Curry (1), afirma que la ONU realiza sus intervenciones por 1/8 de lo que costaría a Estados Unidos si actuara directamente. “Es un buen negocio –dijo- tanto desde el punto de vista de la seguridad como desde el punto de vista financiero”.

Estos soldados del Tercer Mundo tienen, casi siempre, muy bajo nivel de escolaridad, desconocen totalmente la historia, la cultura y la idiosincracia del país al cual son destinados, hablan probablemente un idioma distinto, no entienden las raíces ni las características del conflicto y la paga es su única o principal motivación. Debido a que actúan bajo la égida de un organismo internacional no clasifican como mercenarios, pero lo son en realidad.

En un estudio (Informe Machel) realizado por la ONU en 1996, Graça Machel, primera dama entonces de Mozambique, documentó: “En 6 de 12 investigaciones de campo realizadas para confeccionar este informe acerca de la explotación sexual de niños en situaciones de conflicto armado, el arribo de tropas de las fuerzas de paz se relaciona con un rápido aumento en la prostitución infantil”. Durante el conflicto en Bosnia, estas fuerzas se vieron involucradas en un sonado escándalo debido a que raptaban niñas para trabajar en burdeles como esclavas sexuales. Varios años después, el problema del abuso sexual a niños por parte de los cascos azules permanecía sin resolver. Un nuevo informe, preparado por la organización “Save the children”, publicado en mayo de 2008, denunció que “el abuso sexual de niños por trabajadores humanitarios y fuerzas de paz es común y los esfuerzos por proteger a los menores de estas agresiones son inadecuados”. “Save the children” basó su informe en visitas realizadas en 2007 a Haití, el sur de Sudán y Costa de Marfil. El estudio mostró un amplio espectro de abuso y explotación: niños intercambiando sexo por comida, sexo forzado, prostitución y pornografía infantil, tráfico de niños. El estudio ofrece el relato de un muchacho de 14 años que trabajaba en un campo de las fuerzas de paz en Costa de Marfil: “Nos piden especialmente niñas de nuestra edad. Generalmente son entre ocho y diez hombres que comparten a dos o tres niñas. Cuando sugiero una chica más grande, ellos dicen que quieren una niña pequeña”.

En un artículo publicado el primero de octubre de este año (2), el Washington Times señala que “el Congo es anfitrión del MONUC, acrónimo de la mayor y más costosa operación para mantener la paz en la historia de las Naciones Unidas. A pesar de una fuerza de 18,000 soldados y un presupuesto anual de más de $1.2 billones, las fuerzas de paz han sido incapaces de proteger a los pueblos y aldeas de los grupos rebeldes y de los soldados del gobierno”. Y cita al embajador de Austria, Thomas Mayr-Harting, diciendo que es “absolutamente imperdonable” que los civiles tengan que vivir bajo la amenaza de violencia donde está desplegada una misión de paz de la ONU. En el Congo, de acuerdo con el Fondo de Desarrollo para la Mujer de esta organización, cada día un promedio de 36 mujeres y niñas son violadas o torturadas sexualmente.

Para vergüenza nuestra, varios países latinoamericanos forman parte de MINUSTAH, acrónimo del nombre en francés de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití. No olvidemos que es el mismo Brasil cuya embajada en Tegucigalpa acoge al presidente Zelaya el país que la encabeza y cuyos soldados han masacrado, al menos en dos ocasiones, al pueblo rebelde pero indefenso de Cité Soleil. ¿Para qué ha servido MINUSTAH? –Para consagrar el golpe de estado de George W. Bush, en 2004, contra el presidente legítimo Jean Bertrand Aristide; para sostener la brutalidad del régimen espúreo interino de Gérard Latortue; para apoyar la persecución contra Lavalas; para sembrar el terror en los vecindarios considerados “pro-Aristide” de Bel-Air, Martissant, Grand Ravin, Pele y, por supuesto, en Cité Soleil. MINUSTAH no ha sido otra cosa que un ejército de ocupación que responde a los intereses de la elite haitiana y de la administración de Estados Unidos.

En una reciente y hábil iniciativa de la oligarquía hondureña, Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industrias, junto a otros poderosos empresarios, dio a conocer a La Jornada un nuevo plan para salir de la crisis. Una de las propuestas del “Plan Facussé” es la creación de una fuerza multinacional que se encargue de hacer cumplir eventuales acuerdos. Esta fuerza externa –propone- estaría compuesta por tres mil soldados de Panamá, Colombia y Canadá. Pero ¡caramba!, ¿no es Panamá el único país que anticipa su reconocimiento al régimen que podría surgir de las elecciones de noviembre? ¿No es el ejército de Colombia el que bombardeó recientemente el territorio soberano de Ecuador para asesinar al comandante de las FARC Raúl Reyes? ¿No es Canadá un fiel aliado de Estados Unidos? Una fuerza multilateral formada por amigos de los golpistas sería como contratar al zorro para que cuide el gallinero. Me gustaría saber como reaccionaría la oligarquía hondureña ante una fuerza de paz con un contingente mayoritario venezolano y con un general bolivariano al frente.

Si los hondureños permiten la entrada en su país de una de las llamadas “fuerzas de paz”, estén o no bajo la bandera de la ONU, pueden dar por seguro que éstas no se retirarán hasta que la muy dependiente del imperio clase empresarial hondureña considere garantizados sus intereses durante los siguientes treinta o cuarenta años. No hay otra actitud digna que no sea la exigencia de la restitución inmediata y sin condiciones del presidente Manuel Zelaya; no hay otro camino válido que el de la resistencia.

Notas

(1) “Does the U.N. Serve American Interests?”, Jack Curry, PARADE, The New York Herald, Oct. 4, 2009.

(2) “U.N. rebukes nations over rape, torture”, Betsy Pisik, The Washington Times, Oct.1, 2009.

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CIDH condena uso excesivo de la fuerza en represion de manifestaciones en Honduras

Botas militares. foto: Sandra Cuffe

COMUNICADO DE PRENSA

No. 65/09

https://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2009/65-09sp.htm

CIDH CONDENA USO EXCESIVO DE LA FUERZA EN REPRESIÓN DE MANIFESTACIONES EN HONDURAS

Washington, DC, 22 de septiembre de 2009 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones que tuvieron lugar en Tegucigalpa, en los alrededores de la Embajada de Brasil, donde se encuentra el Presidente Manuel Zelaya Rosales.

Según la información recibida, después de la llegada del Presidente Zelaya a Honduras el 21 de septiembre de 2009, el gobierno de facto instauró un toque de queda, el cual se mantiene vigente, y ordenó el cierre de los aeropuertos.

En este marco, fuerzas policiales y militares reprimieron a los manifestantes en la zona de la Embajada, aplicando uso excesivo de la fuerza, utilizando bombas lacrimógenas y balas de goma. Asimismo, se recibió información de que cientos de personas fueron detenidas y de que agentes estatales arrojaron bombas lacrimógenas a la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desparecidos en Honduras (COFADEH), cuando se estaban recibiendo denuncias y testimonios de personas heridas durante la represión. La CIDH fue informada además que la Embajada de Brasil en Honduras estaría rodeada por fuerzas de seguridad del Estado y aislada de toda comunicación con el exterior tras la aplicación de un corte de energía eléctrica en la zona. Otros cortes de energía eléctrica sacaron del aire a radio Globo y Canal 36.

La CIDH hace un llamado urgente al régimen de facto a adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas. En especial, la Comisión urge a las autoridades de facto a respetar el derecho a la vida y a la integridad de las personas detenidas, así como del Presidente Manuel Zelaya Rosales, de los miembros de su familia y de su gabinete que están actualmente refugiados en la Embajada,  del personal diplomático brasileño y de todas las personas que se encuentran en la Embajada.

La Comisión Interamericana urge a las autoridades de facto a investigar el uso excesivo de la fuerza utilizado en la represión de la manifestación de apoyo al Presidente Manuel Zelaya y a sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos que se determinen en las investigaciones. Asimismo, la CIDH reitera su llamado al gobierno de facto de Honduras a respetar las manifestaciones públicas y recuerda que todas las personas sin distinción deben estar igualmente protegidas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, reunión y participación política. En este sentido, la Comisión Interamericana expresa nuevamente su profunda preocupación por la reiterada utilización de diversos estados de emergencia en Honduras, en este caso el toque de queda, para suspender derechos fundamentales y para evitar las manifestaciones públicas.

En especial, la Comisión expresa su profunda preocupación por las restricciones a la libertad de expresión por métodos indirectos como son los cortes de energía que en los hechos dejan a medios de comunicación sin posibilidades de transmitir. La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión exigen el respeto irrestricto del derecho a la libertad de expresión en Honduras y urge a las autoridades de facto a otorgar todas las garantías para que los medios y los periodistas puedan cumplir su labor de informar con libertad y en condiciones de seguridad.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

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[es] OFRANEH: Golpistas racistas cierran Hospital Comunitario Garifuna de Ciriboya

Participacion de jovenes Garifunas en la celebracion del Dia del Desaparecido y la asamblea de la Resistencia el 30 de agosto del 2009 en Tegucigalpa. foto: Sandra CuffeLos jovenes organizados en la OFRANEH – en la foto, participando en la celebracion del Dia del Desaparecido y una asamblea de la Resistencia el dia 30 de agosto en Tegucigalpa – siguen acompanando todas las actividades de la resistencia. El Pueblo Garifuna ha participado en el movimiento de resistencia contra el golpe de Estado desde el mismo 28 de junio. Una voz contundente al nivel internacional ha sido el Doctor Luther Castillo, director de la fundacion Luágu Hátuadi Wadúheñu (‘Por la salud de nuestros pueblos’) que dirige el hospital comunitario semi-autonomo que ha venido trabajando bajo un convenio establecido con el gobierno de Manuel Zelaya con doctores Garifunas y respetando la salud, medicina, y tradiciones del mismo pueblo Garifuna.

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Golpistas racistas: cierre del Hospital Comunitario garífuna  de Ciriboya.

En los útlimos días se viene haciendo efectiva la amenaza de la conversión del Hospital Comunitario de Ciriboya en un simple centro de salud, descalificando la enorme labor de apoyo efectuada por los médicos garífunas graduado en la ELAM y las brigadas cubanas.

Las razones que motivan al régimen de facto a tomar la determinación de destruir el  trabajo efectuado por el Hospital Comunitario de Ciriboya, radica en el racismo de los funcionarios estatales que se han incorporado a la pesadilla orquestada por Micheletti, y al desprecio por la visión social de los médicos educados en Cuba, versus a la mentalidad capitalista de la mayoría de los médicos egresados de las escuelas locales.

La labor efectuada tanto por las brigadas cubanas como por los médicos garífunas, ha servido de paradigma al igual que la construcción con recursos propios de un hospital modelo, único en Honduras y ejemplo para los demás pueblos indígenas.

El Dr. Luther Castillo ha sido uno de los abanderados en la lucha en contra del golpe de estado, situación que lo ha conllevado a ser perseguido y señalado por los esbirros de turno. En las persistentes y heroicas marchas de repudio del pueblo hondureño al golpe, el Doctor Castillo en compañía de Garífunas miembros de la OFRANEH han estado en la cabeza de las movilizaciones, abriendo paso con ceremonias ancestrales para neutralizar la mala fe de los golpistas.

La participación garífuna en el repudio al golpe ha exacerbado el racismo latente en algunos hondureños, siendo las fuerzas de seguridad las más propensas a cometer abusos en contra de nuestros herman@s, en particular en contra de aquellos que viven o se encuentran en Tegucigalpa, pues de inmediato los asocian con la resistencia al golpe.

El cierre del hospital disfrazado de una transformación a puesto de salud, implica la perdida de plazas de doctores garifunas que viene cubriendo la zona, además de una apropiación por parte del Ministerio de Salud de la iniciativa garífuna de poseer un hospital donde se respeta la visión cultural de nuestro pueblo; teniendo como resultado la paulatina destrucción y abandono del centro, tal como sucede con la mayoría de los puestos de salud del país.

Existe por parte de los políticos-empresarios un total rechazo a las iniciativas comunitarias, las que vinculan con una visión anti capitalista, y por ende tratan de destruir. Como muestra se encuentra la empecinada actitud por parte de las últimas administraciones para diluir los títulos de propiedad comunitaria, que son vistos con una enorme animosidad y tratan de convertir en propiedad privada.

El proyecto Luágu Hátuadi Wadúheñu, (Por la salud de nuestros pueblos) se remonta al año 2005,  y en este corto lapso de tiempo  han ofrecido no solamente una alternativa de salud para el pueblo garífuna sino que al mismo tiempo lograron la construcción del hospital modelo. El enorme esfuerzo parece ser que ha irritado al empresario de buses chatarra (goriletti) y sus séquitos de servidores.

La OFRANEH hace un llamado a la restitución del orden constitucional al mismo tiempo que exigimos salvar el proyecto Luágu Hátuadi Wadúheñu, el que representa para el pueblo garífuna, en especial para los habitantes de la zona de Iriona, una promesa de vida y un futuro mejor para nuestros descendientes.

La Ceiba, Atlántida 31 de Agosto del 2009.

Organización Fraternal Negra Hondureña,  OFRANEH

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Teléfono (504) 4420618, (504) 4500058
Av 14 julio, calle 19, Contiguo Vivero Flor Tropical, Barrio Alvarado, La Ceiba, Honduras
email:garifuna@ofraneh.org, ofraneh@yahoo.com

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[es] Informe preliminar sobre el Golpe de Estado – por el Gobierno del Presidente Jose Manuel Zelaya

Presidente Manuel Zelaya. Ocotal, Nicaragua, 26 julio 2009. Foto: Sandra Cuffe

GOBIERNO DEL PRESIDENTE JOSE MANUEL ZELAYA
INFORME PRELIMINAR SOBRE EL GOLPE DE ESTADO
I. CONSIDERACIONES GENERALES.
II. AUTORES DEL GOLPE DE ESTADO. CATEGORIAS.

a. Primera Categoría
a. Segunda Categoría
b. Tercera categoría

I. ROMPIMIENTO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL. VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE TODOS.

a. Asalto al domicilio, secuestro y destierro forzado del Presidente Constitucional Manuel Zelaya.
b. Posterior justificación de una causa sin juicio y sin debido proceso.
c. Renuncia Falsa del Presidente.- Delito de Falsificación de documentos públicos.
d. Acuerdo Legislativo destituyendo al Presidente Manuel Zelaya Rosales sin sustento constitucional ni legal.- Aberrante precedente que no debe quedar impune.
e. La participación del Fiscal General Luis Alberto Rubí, del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Magistrado Tomás Arita Valle en la conspiración para el golpe de Estado.
f. Después del golpe de Estado la Corte Suprema de Justicia dice: Manuel Zelaya Rosales ya no es Presidente y por tanto debe ser juzgado por la justicia ordinaria. Entra en el proceso la Jueza de lo Penal Iris Normandina Ortiz.
g. Persecución política a los miembros del Gabinete.- Criminalización de todas las conductas. Uso arbitrario del derecho penal, como primera ratio.
h. Toques de queda.- Ilegalidad y violación de derechos individuales.
h. Funcionarios de Facto están cometiendo el delito de Usurpación de Funciones.-

I. RESISTENCIA INTERNA.- EJEMPLO DE DIGNIDAD Y LUCHA.

I. CONDENA Y RESPUESTA INTERNACIONAL.

a. Condena enérgica al golpe de Estado.
b. Constatación de las violaciones a los Derechos Humanos de todo hombre o mujer que se pronuncia o se manifiesta en contra del régimen de facto.
c. Restricciones a las libertades públicas y manipulación mediática.-
d. Rol del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

I. PRETENSION DE IMPUNIDAD Y LEGITIMACIÓN DEL GOLPE DE ESTADO A TRAVES DEL PROCESO ELECTORAL VICIADO Y FRAUDULENTO CON EL PRESIDENTE DESTERRADO QUE REPRESENTA LA PRINCIPAL FUERZA POLITICA DEL PAIS.

I. CONCLUSIONES

I. FUENTES

GOBIERNO DEL PRESIDENTE JOSE MANUEL ZELAYA
INFORME PRELIMINAR SOBRE EL GOLPE DE ESTADO

I. CONSIDERACIONES GENERALES.-

El Gobierno de la República de Honduras, presidido por el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, por este medio informa oficialmente al pueblo hondureño y a la comunidad internacional  sobre las causas y motivaciones que provocaron el golpe de Estado ejecutado por las fuerzas militares el día 28 de Junio de 2009.

Honduras. Una sociedad desigual

Honduras la tercera economía más pobre de América Latina, es la sociedad con los mayores grados de desigualdad del continente americano. Un pequeño grupo de familias, casi todas de origen árabe acaparan el 90% de la riqueza nacional.
Esta oligarquía se apoderó de los bancos, de los centros comerciales, de las empresas que generan energía, de las concesiones de aeropuertos, de las  telecomunicaciones, de los periódicos, de las radios y las televisoras, de las administradoras de crédito, negocios de equipos de fútbol, comidas rápidas, maquilas, de la dirección de los partidos políticos y de algunas iglesias.
Mediante  privatizaciones amañadas se han apropiado de los recursos naturales, de los servicios públicos y de los servicios financieros. Ahora, con el golpe de Estado están a su servicio los tres poderes del Estado.

Congreso Nacional e instituciones del Estado crean régimen de privilegios para la oligarquía

El Congreso Nacional a raíz del ascenso al poder del ex presidente Flores Facussé se ha prestado al juego de este pequeño grupo oligarca creando un régimen de privilegios con concesiones, exoneraciones y exenciones fiscales, para no pagar   impuestos y debilitar el Estado con una bajísima carga tributaria, apenas un 14%.

Esta oligarquía financia las campañas de los partidos políticos, de los candidatos a la presidencia, de diputados y alcaldes de la principales ciudades, tienen el control del 90% de los más poderosos medios de comunicación, compran sus conciencias, operan como dueños del Congreso Nacional y a través de éste  nombran a sus abogados y empleados como operadores de justicia y organismos contralores del Estado: Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General y Fiscal Adjunto,

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y Procuradora General de la República, en conclusión, todos les pertenecen y todos les obedecen.

El Golpe Militar en Honduras es el retorno al fascismo de Estado y se ha nombrado como Jefe Usurpador al político más desprestigiado y repudiado de toda la historia política de Honduras, Roberto Michelleti Baìn y como Ministro Asesor al siniestro miembro del Escuadrón 3-6, acusado de desapariciones y torturas en la década de los años 80s, Billy Joya Améndola.
Logros del Gobierno del Presidente Manuel Zelaya

Paradójicamente el Gobierno del Presidente José Manuel Zelaya Rosales obtuvo los indicadores de mayor éxito de todos los gobiernos democráticos instaurados desde 1980, logró el mayor crecimiento económico con índice del 7% en los  años (2006-2007) la mayor inversión extranjera, el menor endeudamiento, la mayor inversión pública, pero sobre todo la más significativa e importante reducción de la pobreza en toda la historia del País, lo que constituye, sin duda, su mayor logro. Todo esto sin haber establecido o incrementado nuevos impuestos o tributos.

La matrícula gratis, la merienda escolar, el bono solidario, la reducción del precio y el subsidio de los combustibles, la aplicación de la norma de los 60° para la comercialización del combustible, el rescate de las empresas públicas: ENEE y HONDUTEL; la baja en la tasa de interés bancario, el bono tecnológico agrícola, la sustitución gratuita de bombillos ahorradores de energía, los programas masivos de alfabetización, el financiamiento a la microempresa, la veda en el corte del bosque, la prohibición de la minería a cielo abierto, la energía eléctrica gratuita para las 700 mil familias más pobres del País, el rescate de la Base Militar de Palmerola para un aeropuerto civil, el incremento de las reservas internacionales, la oposición a la devaluación de la moneda (lempira) frente al dólar, la incorporación a PETROCARIBE y a la ALBA y el incremento en un 60% del salario mínimo a toda la clase trabajadora, alcanzando de $ 150 a $230 dólares americanos al mes; son sólo una muestra de las acciones del Gobierno en beneficio del interés nacional y sobre todo de los más pobres.

Propuesta del Poder Ciudadano

Nuestra propuesta política de Poder Ciudadano incorporó formas inéditas de participación para los hondureños y las hondureñas: asambleas permanentes del Poder Ciudadano en diversas localidades del País, puertas abiertas y presencia permanente en Casa de Gobierno de los sectores sociales, inclusión y acompañamiento de organizaciones y personalidades en el análisis y solución de problemas nacionales.

Finalmente, considerando las inconsistencias y limitaciones existentes en la Constitución de la República y la Ley Electoral, que restringe con la ley del Plebiscito y Referéndum derechos constitucionales de los ciudadanos, este Gobierno aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Participación Ciudadana, procedimos al primer gran ejercicio masivo de participación ciudadana a través de la realización de una encuesta, cuyos resultados no eran vinculantes.

La encuesta tenía por objeto que expresáramos si estábamos o no de acuerdo en que se instalara una cuarta urna el día de las elecciones generales (29 de noviembre de 2009). En caso de obtener una respuesta mayoritaria para el sí, se enviaría al

Congreso Nacional un proyecto de ley que regularía la instalación de la cuarta urna para que el pueblo se pronunciara si estaba o no de acuerdo que el próximo gobierno convocara a una Asamblea Nacional Constituyente, como un ejercicio pacífico y sobretodo democrático orientado a darle participación efectiva a los ciudadanos en la toma de las decisiones más importantes del país.

Porqué  el golpe de Estado?

Los “dueños” de Honduras no vieron con buenos ojos un Gobierno que se salía de su “control” y que no se dedicaba a velar por sus intereses y perpetuar sus privilegios, sino que a dar oportunidades a los más pobres y a proponer en Honduras un plan de desarrollo con procesos y mecanismos de democracia directa. Estas familias no entendieron el mensaje y no pudieron contener su ira a las palabras del pueblo:“Mel es el unico presidente que nos ha ayudado, que se ha acordado de nosotros, que ha defendido a los mas pobres”.

Desataron una guerra sucia, atroz y sin tregua contra el Gobierno del Presidente Zelaya, con sus medios de comunicación, sus sirvientes, sus organizaciones, sus empresas y todos sus recursos, inventaron y repitieron mil veces sus mentiras: que el Presidente Zelaya quería perpetuarse en el poder, que quería reelegirse, que estaba entregando el País al comunismo y que quería dar golpe de Estado, entre otras.

A pesar de su férreo control mediático y sus recursos económicos ilimitados, los « dueños de Honduras » no pudieron  combatir con ideas, con razones, ni con medios pacíficos las propuestas de participación ciudadana, de allí que tomaron la peor decisión: usar la fuerza bruta, la violencia, la barbarie y sumir a Honduras en la noche oscura de un golpe de estado militar.

Después del golpe militar, dirigido por estos dueños de Honduras y sus políticos títeres, después de haber desterrado por la fuerza de las armas al Presidente electo por el pueblo y a su Gabinete, han continuado su guerra, tratando de desprestigiar todas las acciones ejecutadas en favor de la participación ciudadana en la democracia hondureña.

Como amos y dueños de los titulares de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, del Tribunal de Cuentas, del

Tribunal Electoral, de la Procuraduría General de la República y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, les han ordenado que inventen cargos y acusaciones de todo tipo, que van desde traición a la patria, abuso de poder, corrupción, faltas administrativas, etc. y, sin seguir ni los más elementales pasos del debido proceso, ni mucho menos permitir el sagrado derecho de defensa a los perseguidos; se han librado numerosas órdenes de captura contra el Presidente de la República y varios de sus Ministros.

Mientras tanto, los criminales y responsables del Golpe de Estado continúan impunes en el País, cometiendo crímenes de lesa humanidad contra un pueblo que se mantiene en resistencia pacífica y está desarmado, respondiendo sólo con su honor, con su dignidad y con su sangre su incansable voluntad por el retorno al orden constitucional.

Crímenes impunes

El Pueblo Hondureño no se engaña, sabe muy bien quiénes son los que se han apoderado del País usando métodos criminales, convirtiéndose en dueños de todo, los mismos que han vendido la Patria para incrementar su fortuna, los mismos ladrones, los del “chinazo”, los del “gasolinazo”, los del tráfico y compra de armas, quienes se han apoderado de los fondos del Congreso Nacional para hacer sus campañas políticas y que ahora le han robado al pueblo su soberanía su derecho a elegir democráticamente, en las urnas, a su Presidente; ellos son los que tienen reprimido al pueblo, los responsables de los hondureños desaparecidos y asesinados, los que han quebrado bancos, los que trafican con medicinas, con drogas, con combustibles y con influencias. Y continúan impunes.

I. AUTORES DEL GOLPE DE ESTADO. CATEGORIAS.-

A. Primera Categoría: En esta primera categoría están los autores intelectuales y financistas del Golpe de Estado.

A) El ex Presidente Carlos Roberto Flores Facussé, propietario del diario La Tribuna y socio activo a través de testaferros de varias empresas y  cuyos colaboradores políticos de años son los ejecutores del golpe.

B) Jorge Canahuati Larach propietario de los Diarios El Heraldo y La Prensa, miembro influyente de la Asociación privada de 3 dueños de Medios de Comunicación.

C) José Rafael Ferrari, propietario de Emisoras Unidas y Televicentro,

D) Ricardo Maduro, ex Presidente de la República, propietario de bancos, centros, tiendas comerciales y medios comunicación

E) Camilo Atala, banquero y principal accionista de varias empresas internacionales y Banco Fihcosa.

F) Freddy Nasser, Presidente y principal accionista del Grupo Terra, y del sector de generación de energía por quién recientemente el Poder Ejecutivo vetó la reforma a la ley de incentivos a la generación de energía limpia, que contenía un artículo que otorgaba un beneficio de cerca de 50 millones de dólares sólo al señor Nasser. G)Arturo Corrales Álvarez, propietario de concesiones en el sector energía, socio del ex presidente Carlos Flores y su principal negociador en cada acción que se propone ejecutar.

H) Compañías transnacionales de los combustibles.

• Las figuras centrales del golpe en el plano político de esta categoría son: el Candidato del Partido Liberal ELVIN ERNESTO SANTOS (cuyo Edecán de apellido Pacheco, participó en el asalto a la residencia el 28 de junio de 2009 a las 5:10 am1). Su principal asesor es el ex Presidente Flores Facussé, y en el Partido Nacional Porfirio Lobo Sosa.

• Sin el visto bueno de los indicados candidatos toda la conspiración para semejante acto criminal contra el sistema democrático, hubiese resultado imposible, ya que ellos conspiraron junto a sus bancadas de diputados para que ilegalmente se destituyera al Presidente Zelaya y se nombrara en su lugar al dictador  Michelleti.

a. Segunda Categoría: En la segunda categoría figuran autores materiales militares y políticos: A) Roberto Michelleti, Presidente del Congreso Nacional, que se autodenominó “Presidente Constitucional”, sin tener ninguna atribución para ello. Este señor es un veterano colaborador e incondicional del ex Presidente Flores Facussé.

B) Luis Alberto Rubí Avila actual Fiscal General del Estado, recién nombrado por Roberto Michelleti en el Congreso Nacional y antiguo colaborador e incondicional del ex Presidente Flores Facussé.

C) Roy Urtecho, actual Fiscal general Adjunto, recién nombrado por el Congreso Nacional, fue propuesto por gestiones directas de la señora Vilma Cecilia Morales ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia y ex empleada de Roberto Michelleti en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.

D) Jorge Alberto Rivera Avilez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, recién nombrado por el Congreso Nacional y antiguo colaborador directo del ex presidente Flores Facussé. E)Tomás Arita Valle, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, recién nombrado por el Congreso Nacional y antiguo colaborador e incondicional del ex Presidente Flores Facussé.

F) Ricardo Álvarez, Presidente del Partido Nacional (principal partido de oposición) y Alcalde de la Ciudad Capital. Es a la fecha el promotor y financista de las denominadas “marchas por la paz” en donde tiene incorporados a los mas de tres mil empleados de la Alcaldía Municipal.

G) Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, actual Cardenal de la Iglesia Católica, quién avaló públicamente y a través de un comunicado, la salida violenta del Presidente, argumentando que “para que no hubiera un derramamiento de sangre”. H)Todos los diputados y diputadas al Congreso Nacional,  que el día 28 de junio no fueron convocados para condenar el secuestro y extradición ilegal del Presidente de la República, sino para aprobar el Decreto Legislativo ilegal, a través del cual se “legalizó” el golpe de estado militar y sin tener atribuciones procedieron a “nombrar constitucionalmente” a Roberto Michelleti. I) Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

• Ejecutores materiales (militares):

A) General Romeo Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto;

B) General Miguel Ángel García Padgett, Jefe del Ejército, quién públicamente ha manifestado que “con la acción ejecutada se detuvo el comunismo de Venezuela hacia los Estados Unidos”.

B) General Luis Javier Prince Suazo, Jefe de la Fuerza Aérea.

C) Contra Almirante Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Fuerza Naval.

D) Daniel López Carballo, Ex Jefe del Estado Mayor Conjunto durante el Gobierno del ex presidente Carlos Roberto Flores Facussé, y

E) Billy Joya Améndola, ex militar procesado por violaciones a los derechos humanos en la década de los 80, desapariciones de personas, torturas y asesinatos extrajudiciales, actual asesor de seguridad del señor Roberto Michelleti Baín.

a. Tercera Categoría: Esta categoría está constituida por las transnacionales del combustible y los exportadores, quienes insistieron en su beneficio, en revertir el proceso de reformas a la fórmula de paridad de los combustibles y a la eliminación de la ley de los 60º. Así como en la devaluación del lempira frente al dólar.

I. ROMPIMIENTO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL. VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE TODOS.

a. Asalto al domicilio, secuestro y destierro forzado del Presidente Constitucional Manuel Zelaya.

• El día domingo 28 de junio de 2009, aproximadamente a las cinco de la mañana (5:00 AM), el domicilio del señor Presidente Constitucional de la República fue violentamente asaltado por un fuerte comando del Ejército Nacional y paramilitares encapuchados. Los ejecutores del crimen ametrallaron los portones y la vivienda e inmediatamente ingresaron en la misma procediendo a amenazar al Presidente, apuntándole con armas de alto calibre, al punto de decirle que se entregara y que no hiciera oposición alguna. Igualmente le despojaron con violencia del teléfono celular que portaba, impidiéndole toda comunicación.

Al señor Presidente Constitucional no se le leyó ningún derecho, no se le dio ninguna información, no se le permitió comunicarse con su familia, no se le mostró ningún documento, no se le permitió vestirse y tan sólo fue objeto de las amenazas y la violencia por parte de los militares y paramilitares. Posteriormente los criminales encomendados, procedieron a secuestrarlo y en ropa interior lo trasladaron hasta la base aérea Hernán Acosta Mejía de donde aproximadamente a las 6:10 AM despegó el avión presidencial que lo condujo en compañía de militares encapuchados y armados, apuntando contra su persona y en contra de su voluntad, a la ciudad de San José, Costa Rica, haciendo antes una escala en el aeropuerto de Palmerola en la ciudad de Comayagua. Luego de aterrizar en San José fue bajado en la pista y abandonado allí a eso de las ocho de la mañana del mismo día. El señor Presidente Constitucional de la República, fue auxiliado en el aeropuerto Juan Santamaría, lugar desde donde rindió sus primeras declaraciones sobre el hecho criminal de que fue objeto.

a. Posterior justificación de una causa sin juicio y sin debido proceso.

Conforme a los Convenios Internacionales de los que Honduras es signataria (Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), si el señor Manuel Zelaya Rosales cometió delitos tenía que ser juzgado con las formalidades que establece la Constitución de la República, las demás leyes nacionales y los tratados internacionales2.

El artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras garantiza el principio o presunción de inocencia al establecer que: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Asimismo el artículo 90 del mismo cuerpo legal dispone que: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Lo ocurrido el 28 de junio de 2009, viola además de las disposiciones constitucionales anteriores, los artículos 68, 69, 71, 94 y 102, entre otros, de nuestra Constitución.3

Por otra parte, el Código Procesal Penal como norma adjetiva establece en los artículos 417 y 418,  la forma y el procedimiento especial para juzgar los altos funcionarios del Estado, quiénes como consecuencia de una reforma constitucional no gozan de ninguna inmunidad pero sí de que los juicios en su contra se ventilen ante un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia designado como Juez Natural4.

Todas las violaciones a la Constitución y ordenamiento jurídico vigente son de público conocimiento y los autores de las mismas, en un Estado con una institucionalidad sólida, debieron ser detenidos en flagrancia o al menos se les debió iniciar procesos de oficio por las autoridades competentes, no obstante esto no ha ocurrido por la falta de independencia y los compromisos políticos asumidos por los titulares de las instituciones que han sido nombrados por el Congreso Nacional.

Así por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia el domingo 28 de junio de 2009, en Conferencia de Prensa hizo saber que no había librado ninguna orden de captura en fecha 28 de Junio de 2009. Por su parte el Ministerio Público también el domingo 28 de Junio de 2009, no había presentado ningún requerimiento fiscal contra el Presidente ZELAYA ROSALES; sin embargo ahora afirma que presentó requerimiento fiscal antes del 28 de Junio de 2009 y la Corte Suprema de Justicia ahora dice que sí libró orden de captura contra el señor Presidente.

Por regla general y con base en el principio de última ratio5, así como de conformidad con los principios que rigen el debido proceso legal, la imputación de un delito  debe ser notificada a quién se presume responsable de la acción, con el objeto de que comparezca a una audiencia en la que se informan los cargos en su contra; sólo en casos excepcionales6, se puede librar orden de captura sin haber agotado este procedimiento. Formalmente y a posteriori aparece un expediente judicial que fue sustanciado por el Magistrado designado por la Corte Suprema de Justicia (Tomás Arita Valle), cercano colaborador del ex presidente Carlos Flores Facussé. Según estos documentos posteriores se ordenó la captura del señor Presidente el día 26 de junio de 2009 y también se ordenó el allanamiento de su domicilio, mediante un auto (resolución) que en tratándose de poner en juego una garantía constitucional (inviolabilidad del domicilio), evidencia que el señor Magistrado no tiene ni los más elementales conocimientos en derecho constitucional y menos en derecho procesal penal o en su defecto que en la ligereza por legalizar a posteriori la acción criminal, no les dio tiempo de estructurar legalmente sus resoluciones.7

• c) Renuncia Falsa del Presidente.- Delito de Falsificación de documentos  públicos.

El congreso Nacional, el día 28 de junio de 2009, convocó a sesión de urgencia, no para condenar lo que le había ocurrido al Presidente electo por la mayoría del pueblo hondureño, no para condenar la violación flagrante de todos los artículos constitucionales referidos a las garantías fundamentales de todo ciudadano (allanamiento ilegal a su vivienda, secuestro, extradición, etc.), sino para “sustituir constitucionalmente” al Presidente, sin ninguna facultad para ello.

Como un delincuente común, el Secretario del Congreso Nacional José Alfredo Saavedra, una  vez que estaba seguro del secuestro y expulsión violenta del Presidente al hermano pais de Costa Rica,  procedió a dar lectura a una carta de renuncia falsa, cometiendo con ello el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, puesto que se fingió la firma del Presidente en una nota con un contenido también falso y desmentido el mismo día de su lectura (domingo 28 de junio 2009) casi de forma inmediata, por el propio Presidente desde la ciudad de San José en Costa Rica8.

Siendo evidente que el señor Presidente de la República no  renunció a su cargo, y por ende no firmó tal carta, como efectivamente él mismo lo afirmó desde Costa Rica, no hay duda que quiénes hicieron uso del documento en la sesión del Congreso Nacional, incurrieron en el delito de falsificación de documentos públicos y su conducta no debe quedar impune especialmente por la alta representación que en nombre del pueblo ejercen. Fue especial la conducta observada en la Diputada por el Departamento de Francisco Morazán, MARCIA FACUSSE DE  VILLEDA (pariente del ex presidente Carlos FloresFacussé y del empresario de la energía térmica Fredy Nasser. Nuera de Manuel Villeda Toledo, quien es socio de Rafael Ferrari dueño de Televicentro), quién afirmó en la cadena internacional de noticias CNN, que el Presidente Zelaya y “todo su gabinete” habían renunciado y que creía que la renuncia había llegado vía fax.

La comunicación del señor Presidente Constitucional de la República, desde la ciudad de San José, Costa Rica, para el mundo entero, fue a través de la Cadena CNN con la periodista Glenda Umaña, ante la cual desmintió la supuesta renuncia, manifestando que nunca había renunciado, lo cual es obvio, pues es un hecho notorio que horas antes de darse a conocer la supuesta renuncia, el señor Presidente había sido secuestrado y expulsado ilegalmente del  país.

a. Decreto Legislativo destituyendo al Presidente Manuel Zelaya sin sustento constitucional ni legal.- Aberrante precedente que no debe quedar impune.

Como dio resultado la acción criminal de presentación de la renuncia falsa, el Congreso de la República, dirigido por Roberto Michelleti y con la participación directa de la Junta Directiva y los diputados de las diversas bancadas, a excepción de los miembros del partido Unificación Democrática y de varios diputados del Partido Liberal; violando todas las normas constitucionales emitió un Decreto Legislativo a través del cual “formalizó” la segunda fase de la ejecución de la conspiración para el golpe de Estado. En resumen el indicado Decreto contiene el siguiente articulado:

Artículo 1. El Congreso Nacional, en aplicación de los artículos 1, 2, 3, 4, 205 numeral 20 y 218 numeral 3), 242, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República, acuerda: a) Improbar la conducta del Presidente de la República, ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, por la reiteradas violaciones a la Constitución de la República y las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales. b) Separar al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales del cargo de Presidente de la República de Honduras. Artículo 2. Nombrar constitucionalmente al ciudadano Roberto Micheletti Baín, actual Presidente del Congreso Nacional, en el cargo de Presidente Constitucional de la República por el tiempo que falte para terminar el período constitucional que culmina el 27 de enero de 2010. Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia el día de su aprobación por el Congreso Nacional.

Este hecho ejecutado por los Diputados al Congreso Nacional es constitutivo de varios delitos y materializa sin ninguna duda, el rompimiento del orden constitucional, ya que se suplantó la soberanía popular y se usurpó un poder público con la participación y la complicidad de los miembros del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quienes fueron los encargados de cumplir la primera misión del día domingo 28 de junio de 2009, de secuestrar y expulsar del país al legítimo Presidente Constitucional.9
Es cierto que de acuerdo con el artículo 205 numeral 20) de la Constitución, es facultad del Congreso de la República aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo; pero tal facultad de aprobación o improbación administrativa de la conducta, es eso « administrativa » y de ninguna manera habilita al Congreso Nacional, en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico, para que como consecuencia de la “improbación administrativa de la conducta”, separe del cargo mediante un decreto legislativo al ciudadano Presidente, (quién había sido violentamente secuestrado y expulsado del país por las fuerzas militares) y quién fue elegido hasta el 27 de enero de 2010, por el voto mayoritario del pueblo, haciendo uso de su soberanía.

Por otra parte si se permite sentar este odioso y delictual precedente del Congreso Nacional, significaría aceptar que como ese numeral 20 del artículo 205 les permite « Aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, Procuraduría General del Ambiente, Ministerio Público, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Registro Nacional de las Personas, instituciones descentralizadas y demás Organos Auxiliares y Especiales del Estado », sin ninguna limitante, sin ningún procedimiento establecido y sin ningún control institucional, este Poder del Estado que sin lugar a dudas tiene un carácter político, está en capacidad de romper plenamente la institucionalidad completa del país, así como de despedir (aunque no sea él el que nombre) a cualquier funcionario, cada vez que no le parezca  o no esté de acuerdo con la « conducta administrativa de un funcionario ».

Sumado a lo anterior, si la improbación de la conducta administrativa y la separación del Ciudadano Presidente se hace según el Congreso, por :  « … las reiteradas violaciones a la Constitución de la República y las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales”, quiere decir que a partir de ahora el Poder Legislativo actuará también como Ministerio Público y como Poder Judicial, investigando y juzgando la comisión de hechos, pero sobre todo violando uno de los más elementales derechos individuales: El Derecho de Defensa.10

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 235 de la Constitución de la República, la titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce en representación y para beneficio del pueblo el Presidente, y éste debe ser elegido directamente (y no nombrado por el Congreso) por el pueblo por simple mayoría. De allí que el “nombramiento” mediante acuerdo o decreto legislativo, del señor Roberto Micheleti como “Presidente Constitucional” violenta lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución y reafirma o configura el rompimiento del orden constitucional.

Finalmente el artículo 242 de la Constitución de la República que sirve de respaldo al espurio Decreto Legislativo, se refiere a la “sustitución en sus funciones”, en caso de “ausencia temporal” del Presidente Constitucional y jamás a “nombramientos de Presidentes” por parte del Congreso, y menos a “separaciones”. Ambas acciones que tienen un relevante valor frente a la estructura constitucional de organización, seguridad y existencia misma del Estado, así como frente a la soberanía popular de la cual emanan los poderes que se ejercen por representación; constituyen una verdadera usurpación del poder constituido a quién ejerce la soberanía popular: EL PUEBLO.

Honduras y el mundo son testigos de que la ausencia del Señor Presidente Constitucional no fue una ausencia voluntaria, sino provocada por la violación de todos los derechos ciudadanos y por la ejecución de uno de los hechos delictivos de mayor vergüenza para la historia de nuestro país: el secuestro y expulsión ilegal en ropa de dormir, del Presidente Constitucional y Comandante General de las Fuerzas Armadas de Honduras, por parte del alto mando militar dirigido por Romeo Vásquez Velásquez.

a. La participación del Fiscal General Luis Alberto Rubí, del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Magistrado Tomás Arita Valle en la conspiración para el golpe de Estado.

13 horas fueron suficientes para que los altos funcionarios del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia justificaran (a posteriori) el golpe de Estado, actuando como serviles ante quién hacía tan sólo unos meses les había nombrado: Roberto Michelleti. En 13 horas como tiempo máximo, utilizando su alta investidura, cubrieron con un manto de « legalidad » la trama que se venía gestando meses atrás y que fue denunciada ante el Ministerio Público por Andrés Pavón,  Presidente del CODEH ; obviamente sin darse cuenta y probablemente hasta sin sospechar, que uno de los participantes directos en el rompimiento del orden constitucional era precisamente el señor Fiscal General del Estado Luis Alberto Rubí Avila, incondicional y viejo amigo del ex presidente Carlos Flores Facussé. Los hechos nos imponen la obligación de revisar en el Ministerio Público, qué acciones concretas de investigación realizó el señor Fiscal General frente a una denuncia de la gravedad de la presentada por Andrés

Pavón, que implicaba la burla de la soberanía popular a través de la fuerza y la violencia.

Cómo transcurrieron las 13 horas del día viernes 26 de junio de 2009, según el proceso construido a posteriori? Según el expediente construido a posteriori, o sea luego del golpe de Estado, la Corte Suprema de Justicia a través del Magistrado Tomás Arita Valle, recibió el requerimiento fiscal presentado por el Fiscal General Luis Alberto Rubí contra el Presidente de la República, el día viernes 26 de junio a las 11 :00 de la mañana y ese mismo día 26 (o sea en un lapso de 13 horas, si estimamos que el día 26 termina a las 12 de la noche) el Magistrado Supremo revisó la causa, estudió y constató los hechos imputados (comprobó la plena prueba del delito y el indicio de participación del Presidente) y sin más trámite remitió una nota al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas General Romeo Vásquez Velásquez. La nota contiene tres  mensajes importantes :

1. Que el suscrito o sea el Magistrado Tomás Arita Valle, ha sido nombrado como Juez Natural por unanimidad del pleno de la Corte.

2. Que se sirva por conducto de la autoridad que Vásquez Velásquez delegue, en capturar al ciudadano Presidente de la República de Honduras : JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES a quién se le supone responsable de los delitos de : CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO, TRAICION A LA PATRIA, ABUSO DE AUTORIDAD Y USUSRPACIÓN DE FUNCIONES en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras, lo anterior a raíz del requerimiento Fiscal presentado en esta Corte por parte del Ministerio Público.

3. Una firma ilegible al final, también de 26 de junio de 2009 (presumiblemente es o la firma del retiro de la nota o del recibido en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas).

• Puede apreciarse fácilmente : Que estamos ante el proceso más rápido de la historia fiscal y judicial de Honduras ya que en un término máximo de 13 horas (contadas a partir de las 11 de la mañana del día 26 de junio, hasta las 12 de la noche del mismo), el Fiscal General Luis Rubí presentó un requerimiento fiscal; la Corte convocó a sus 15 magistrados en pleno y designó a Tomás Arita Valle para que actuara como Juez Natural y éste ese mismo día libra la orden de captura y además envía también ese mismo día otra nota al Teniente Coronel René Antonio Hepburn Bueso en el Estado Mayor Conjunto, para que proceda « en el momento pertinente » a allanar la vivienda del Ciudadano Presidente de la República de Honduras y sin más motivación ni razonamiento indica la ubicación de la vivienda. Al no conocerse antes del 28 de junio la existencia de proceso alguno contra el Presidente, no hay duda que el mismo fue diseñado y elaborado posterior al golpe de Estado, como mecanismo de justificación del acto criminal.

• Queda por responderse :

• ¿Porqué el denominado Magistrado dirige la nota de orden de captura a Romeo Vásquez Velásquez y la nota de allanamiento al Teniente René Antonio Hepburn ?

• ¿Porqué tratándose de una acción tan delicada donde estaba en juego la estabilidad democrática del país  y la figura presidencial, el alto magistrado no compareció ante el despacho del señor Presidente para informarle de los hechos y escuchar su declaración?

• ¿Porqué el requerimiento fiscal se presentó ante la Corte Suprema el día viernes y no antes?

• f) Después del golpe de Estado la Corte Suprema de Justicia dice: Manuel Zelaya Rosales ya no es Presidente y por tanto debe ser juzgado por la justicia ordinaria. Entra en el proceso la Jueza de lo Penal Iris Normandina ortiz.
Después de ocurrido el golpe de Estado, el alto Tribunal de Justicia de Honduras ya no a través del Magistrado TOMAS ARITA VALLE, sino de la Sala de lo Penal en pleno, se libró pronto del expediente judicial construido a posteriori y el día lunes 29 de junio de 2009 emitió una resolución en donde ni siquiera hace relación a las órdenes de captura y allanamiento que se dictaron en 13 horas y que dieron origen a la expulsión ilegal del país del señor Presidente, y tomando como consideración básica que « es de público y notorio conocimiento que el ciudadano José Manuel Zelaya ha dejado de ostentar la condición de presidente Constitucional de la República, resuelve : 1. Tener por presentado el requerimiento fiscal junto con los documentos que se acompañan, y 2. Remitir el presente requerimiento fiscal al Juzgado de Letras Unificado de lo Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, para que se continúe con el procedimiento ordinario establecido en el Código Procesal Penal. Esta resolución ni siquiera se notifica, sólo se ordena un CUMPLASE.

Para sustentar esta decisión merece la pena preguntarse :

¿Revisó el alto Tribunal de Justicia (Sala de lo Penal) el Acuerdo emitido por el Congreso Nacional, en donde los diputados actúan como Tribunal de Sentencia?

¿Revisó el señor Fiscal General de la República el indicado Acuerdo del Congreso a través del cual se juzga, condena y suspende al señor Presidente, sin tener atribuciones ni facultades para ello?

En conclusión el Fiscal General de la República y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia cumplieron su papel y ahora la Jueza de lo Penal Normandina Ortiz de Melara (esposa de un hermano de la exmagistrada de la Corte Suprema (período del Presidente Callejas) Ligia Melara de Andrade quién es amiga personal de Norma Regina de Callejas la exprimera dama.

a. Persecución política a los miembros del Gabinete y de líderes de grupos sociales y organizaciones de trabajadores.-

Criminalización de todas las conductas. Uso arbitrario del derecho penal, como primera ratio.-
Con algunas excepciones, los funcionarios públicos que integran el Gabinete de Gobierno están siendo perseguidos con mucha urgencia por el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas y algunos jueces del Poder Judicial. Los hechos que se les imputan no han sido ni siquiera comprobados, requisito exigido para una imputación11; muchos de ellos (trascendidos con mucho sensacionalismo por los medios de comunicación que apoyaron el golpe) son hechos que ni siquiera están  dentro de la esfera de lo criminal. Al respecto existe sobrada jurisprudencia en los tribunales de Honduras, por ello este accionar sólo evidencia la feroz persecución política del régimen con el único propósito de desacreditar la función pública y apartarles del proceso de resistencia pacífica.

La conducta de los funcionarios públicos en relación con el manejo de los recursos del Estado, debe ser juzgada primero a nivel administrativo por el Tribunal Superior de Cuentas, que constitucionalmente es el ente rector del sistema de control de los recursos públicos12 y que en este momento está también validando con su actuación, el nombramiento de particulares en los diferentes cargos, a propuesta del régimen golpista.

Los altos funcionarios del Estado, tienen derecho a un juicio siguiendo un fuero especial, denominado “Del Procedimiento para procesar a los Altos Funcionarios del Estado”, que a pesar de conservar tal calidad, pues no han renunciado, ni han sido destituidos por quién los nombró, no se ha aplicado.

Luego del golpe, el Ministerio Público, las instituciones del Poder Ejecutivo dirigidas por el señor Micheletti y el Poder Judicial, están procediendo de consuno acusando altos funcionarios y cercanos colaboradores del Presidente Zelaya, están librando órdenes de captura y utilizando los medios de comunicación golpistas para desacreditar y juzgar sin ninguna garantía y legitimidad, con meras falsedades, la función que desempeñaban.

Se ha acusado al Ministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza, la Ministra de Finanzas Rebeca Santos, el Comisionado Vicepresidente Arístides Mejía, la Ministra Asesora en Materia de Energía Rixi Moncada; todos con orden de captura siguiendo el mismo procedimiento utilizado en contra del señor Presidente, es decir sin ser escuchados y sin que sus acciones sean meritorias de procesos penales, ni siquiera administrativos. Los golpistas haciendo uso del Poder Absoluto han logrado el objetivo de mantener alejados de la resistencia desde el día 28 de junio, a los principales colaboradores del Gobierno de la República presidido por Manuel Zelaya Rosales.

Las investigaciones realizadas por los organismos regionales e internacionales que se han hecho presentes al país han concluido que: “verificaron evidentes obstáculos para el acceso a la justicia, la limitación drástica a la libertad de prensa y atentados contra la libertad de expresión, la militarización de funciones de seguridad e instituciones estatales, los abusos por parte de fuerzas de seguridad y la falta de respuesta adecuada de los mecanismos de control del Estado. No solamente que las violaciones de derechos humanos no han sido judicializadas, sino que el aparato judicial se instrumentaliza para perseguir penalmente a decenas de manifestantes contra el régimen de facto”. “Han advertido igualmente durante sus entrevistas con diferentes autoridades del Estado, que se podría estar constituyendo el crimen de persecución política, de competencia de la Corte Penal Internacional, por la represión desatada de manera sistemática contra todos los simpatizantes del gobierno del Presidente depuesto José Manuel Zelaya”. La persecución fiscal es cada día mayor para todos los líderes sociales (obreros, campesinos, magisteriales) que están siendo detenidos y sin el mínimo de pruebas, acusados por el Ministerio Público y llevados casi inmediatamente a audiencias por delitos de terrorismo, traición a la patria, rebelión, sedición y otros, aunque hasta la fecha no haya un tan sólo imputado por los asesinatos, las violaciones y otros abusos a mujeres, las torturas psicológicas, las detenciones arbitrarias y las lesiones corporales ordenadas y ejecutadas por el régimen de facto.

La Canciller Patricia Isabel Rodas fue también objeto de secuestro por otro escuadrón militar y paramilitares de civil encapuchados que la sacaron de su casa de habitación el mismo día 28 de junio de 2009, mediante la fuerza y la violencia, apuntándole con armas de grueso calibre. Junto a los embajadores de las hermanas repúblicas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, fue agredida y trasladada a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía de Tegucigalpa, en donde los militares la mantuvieron sola todo el día, en un cuarto obscuro y con llave, totalmente incomunicada, pero sobretodo sin informarle las razones de su secuestro; trasladándola después de las once de la noche del mismo día 28, en un avión del señor Miguel Facussé (pariente del ex presidente Carlos Roberto Flores Facussé) hasta la ciudad de México en compañía de una funcionaria de la Embajada en Honduras de éste país. Esta acción de traslado, así como una serie de amenazas recibidas por la Canciller en el Salón Diplomático de la Base Aérea, fueron directamente ejecutadas por el General Prince Suazo, Comandante General de la Fuerza Aérea; sin embargo después de transcurridos más de 50 días del golpe de estado, ninguna acción orientada a hacer justicia frente a este hecho criminal, se ha iniciado.

La Ministra Asesora en materia de energía, fue igualmente amenazada en su integridad física, vía teléfono, desde el día sábado en horas de la mañana, así  mismo fue perseguida por individuos vestidos de civil en horas de la tarde-noche del mismo día sábado 27 de junio. Ella en compañía de su hijo mayor acudió el sábado 27 a las oficinas de la Policía Departamental en Choluteca, en donde no pudo ser atendida por el Comisionado encargado y tan sólo pidió que se dejara constancia de su comparecencia en el libro de novedades del día. Luego el día domingo 28 entre 6:40 y 7:30 de la mañana fue perseguida por un carro sin placas, al salir del hotel donde se hospedaba para informar a la gente del secuestro del Presidente Zelaya.
En días posteriores, la Ministra de Trabajo y Seguridad Social y el Ministro de la Juventud Gustavo Cáceres fueron detenidos en la zona de San Marcos de Colón, cuando se desplazaban a la frontera para encontrarse con el Presidente, junto a ellos doce personas más permanecieron hasta horas de la madrugada en una posta policial, bajo el argumento del toque de queda.

h) Toques de queda.- Ilegalidad y violación de derechos individuales.

Ejecutado el golpe de estado y en el ejercicio ilegal del poder el usurpador de la soberanía del pueblo, a partir del domingo 28 de junio de 2009, Honduras está viviendo un estado de terror impuesto a través de los denominados “toques de queda”, que constituyen verdaderas violaciones directas a los derechos individuales establecidos en la Constitución de la República13, se han emitido sin llenar ninguna formalidad, simplemente en cadena nacional se le dice a la población cuáles son las horas en que queda comprendido.

Los golpistas sin ninguna declaratoria o anuncio de restricción de derechos, desde los días domingo 28 y lunes 29 de junio; comenzaron su práctica violatoria y fue hasta el 30 de junio que elaboraron el “decreto ejecutivo número  011-2009”, con una vigencia de 72 horas, el cual evidencia una serie de defectos tales como: No fue creado en consejo de ministros; no tiene ninguna motivación o establecimiento de las razones que lo justifican; no consta que haya sido ratificado por el Congreso Nacional y posteriormente se haya publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

Ha habido días en que la aplicación del denominado toque de queda se ha aplicado de inmediato sin darle tiempo a  la gente para llegar a sus destinos, facilitando con ello las detenciones que hace la policía y los cuerpos militares.
Estos actos ejecutados por el régimen de facto, limitativos de los derechos individuales de las personas, constituyen verdaderas violaciones a los derechos humanos, y conllevan para quiénes los respaldan, responsabilidad civil y penal ya que todas las detenciones son perse ilegales.

• i) Funcionarios de facto están cometiendo el delito de Usurpación de Funciones.-

Quiénes acompañando el régimen producto del golpe de Estado están ejerciendo cargos y han prestado juramento sobre la Constitución de la República que ha sido rota, están cometiendo el delito de usurpación de funciones14 y todos los actos que realicen son sujetos de la correspondiente anulabilidad, incluidos los actos de aquéllos funcionarios que habiendo jurado antes del Golpe de estado, cumplir lo dispuesto en la Constitución y las leyes, se han prestado a validar los actos de un régimen de facto que carece de toda legalidad.

Los altos funcionarios designados por el régimen de facto son los siguientes:

a. Gabriela Núñez de Reyes.- (Finanzas) Ministra de Finanzas en el gobierno del expresidente Flores Facussé e hija del Abogado Amado H. Núñez, Viceministro de Trabajo en el Gobierno Constitucional de Ramon Villeda Morales, ascendido a Ministro de Trabajo con el golpe de estado de Oswaldo López Arellano.

b. Carlos López Contreras.- (Relaciones Exteriores) Pertenece al Partido Nacional. Excanciller y responsable del manejo de la política de la contrarrevolución nicaragüense desde Honduras, en franca violación a los derechos del pueblo nicaragüense y hondureño.

c. Martha Lorena Alvarado Casco.- (Relaciones Exteriores-Vicecanciller), es diputada electa por el Movimiento del Presidente Zelaya. Militante fundamentalista del OPUS DEI, hija del Abogado Andrés Alvarado Puerto, Canciller del Gobierno Golpista de 1963, que acepto el cargo traicionando al Partido Liberal, del cual fue precandidato presidencial antes de que ocurriera el golpe.

d. Rafael Pineda Ponce.- Ex presidente del Congreso en el gobierno del expresidente Flores Facussé. Ministro de Educación del Gobierno del Presidente Zelaya, destituido en 2007. Funcionario de la dictadura militar en la década de los setentas.

e. Nicolás García Sorto.- (Trabajo y Seguridad Social). Nacionalista, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia en el período de la señora Vilma Morales Montalván. Defensor del ex presidente Rafael Leonardo Callejas.

f. Benjamín Bográn.- (Industria y Comercio). Fungía como Secretario Ejecutivo del COHEP. Hizo fuerte presión al Gobierno especialmente por el aumento al salario mínimo durante el año 2009.
Otros colaboradores del régimen de facto:

a. Mauricio Villeda Bermúdez.- Testaferro electoral de Elvin Santos Ordoñez. Hijo del Ex presidente Jose Ramon Villeda Morales, quien después de sufrir un golpe de Estado en el último mes de su gobierno, se convirtió en el Embajador del Gobierno golpista ante la Organización de Naciones Unidas. Militante fundamentalista del OPUS DEI.

b. Arturo Corrales Álvarez.- Empresario con concesiones en el sector energía, socio del ex presidente Carlos Roberto Flores Facussé. Negociador y ejecutor de las negociaciones oscuras de los grupos de poder.

c. Camilo Atala.- Empresario del sector financiero, beneficiario de negocios públicos, funcionario de gobiernos nacionalistas y uno de los principales financistas del golpe.

IV. RESISTENCIA INTERNA. EJEMPLO DE DIGNIDAD Y LUCHA

La resistencia interna comenzó a organizarse inmediatamente después de ocurrido el golpe de estado, en el denominado “Frente de Resistencia Nacional contra el Golpe de Estado”. Se integran en el frente organizaciones obreras, campesinos, maestros, miembros de los diversos partidos políticos, organizaciones de mujeres, de artistas, de escritores, de indígenas, de garífunas, de estudiantes de educación media y universitaria, de defensa de los derechos humanos, amas de casa, comerciantes, pequeños y medianos empresarios y una parte importante representativa de las iglesias católica y protestante. Con una dirección central, el frente ha desplegado una inmensa cantidad de actividades que han permitido interna e internacionalmente conocer el repudio casi generalizado a la acción violenta que dio por resultado el rompimiento del orden constitucional.

A través de sus diversos comunicados el Frente de Resistencia mantiene las siguientes posiciones:

a. No permitirá el desarrollo del proceso electoral (que comienza el 1º. de septiembre) y la realización de las elecciones generales el 29 de noviembre de este año, sino se restablece el orden Constitucional a través del retorno del Presidente Manuel Zelaya.

b. No se renuncia a la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, por cuanto habiéndose producido la ruptura del orden constitucional, la salida legal para reconstruir el estado y orden democrático es a través de esta Convocatoria.

c. No se acepta la amnistía para todos los delitos de lesa humanidad que se han cometido contra el pueblo en los más de 50 día de resistencia pacífica. Y se exige cárcel inmediata para los responsables.

V. CONDENA ENERGICA AL GOLPE DE ESTADO Y RESPUESTA INTERNACIONAL.

a. Condena enérgica al golpe de Estado.

El pueblo de Honduras que lucha en las calles y se mantiene en resistencia pacífica desde el día del golpe de estado no está sólo,la comunidad internacional en forma unánime ha brindado el apoyo para el retorno al orden constitucional y para revertir de forma pacífica el acto criminal ejecutado por un grupo de gente plenamente identificada.

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su trigésimo séptimo período extraordinario de sesiones resolvió:

1. Condenar enérgicamente el golpe de Estado en contra del Gobierno  Constitucional de Honduras y la detención arbitraria y expulsión del país del  Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales que produjo la  alteración inconstitucional del orden democrático.

2. Reafirmar que el Presidente José Manuel Zelaya Rosales es el Presidente  constitucional de Honduras y exigir la restauración inmediata, segura  e  incondicional del Presidente  a sus funciones constitucionales.

3. Declarar que no se reconocerá ningún Gobierno que surja de esta ruptura  inconstitucional y reafirmar que los representantesdesignados por el Gobierno  constitucional y legítimo del Presidente José Manuel Zelaya Rosales son los  representantes del Estado de Honduras ante la Organización de los Estados  Americanos.

4. Instruir al Secretario General para que, junto a representantes de varios  países, realice las gestiones diplomáticas dirigidas a restaurar la democracia y  el Estado de derecho, y la restitución del Presidente José Manuel Zelaya  Rosales, según lo previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática  Interamericana, y reportar a la Asamblea General Extraordinaria sobre los  resultados de las iniciativas. De no prosperar estas iniciativas en un plazo de  72 horas, la Asamblea General Extraordinaria aplicará inmediatamente el  artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a  Honduras.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, también se pronunció de manera unánime contra el acto violento perpetrado contra el Gobierno constitucional del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, lo calificó como un GOLPE DE ESTADO, y no reconocen al GOBIERNO USURPADOR, surgido del golpe de fuerza.

La Organización de Estados Americanos (OEA) en su trigésimo séptimo período extraordinario de sesiones, de manera unánime, y en vista de que Honduras en el contexto del Sistema Interamericano, ha violado la CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA, resolvió EXPULSAR de la organización a nuestro país, mientras subsista la ruptura del orden constitucional. El texto de la resolución es el siguiente:

1. Suspender al Estado de Honduras del ejercicio de su derecho de participación  en la Organización de los Estados Americanos de conformidad con el artículo  21 de la Carta Democrática Interamericana. La suspensión tendrá efecto  inmediatamente.

2. Reafirmar que la República de Honduras deberá continuar observando el  cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en  particular en materia de derechos humanos e instar a la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos a que continúe adoptando todas las  medidas necesarias para la tutela y defensa de los derechos humanos y las  libertades fundamentales en Honduras.

3. Encomendar al Secretario General que, junto a representantes de varios  países debidamente designados, intensifique todas las gestiones diplomáticas  y que promueva otras iniciativas para la restauración  de la democracia y el  estado de derecho en la República de Honduras y a la restitución del  Presidente José Manuel Zelaya Rosales de manera que pueda cumplir con el mandato para el cual fue democráticamente elegido e informe de inmediato al  Consejo Permanente. Ninguna gestión implicará el reconocimiento del  régimen surgido de esta ruptura del orden constitucional.

4. Alentar a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales que  revisen sus relaciones con la República de Honduras durante el período de las  gestiones diplomáticas para la restauración  de la democracia y el estado de  derecho en la República de Honduras y la restitución del Presidente José  Manuel Zelaya Rosales.

5. Instruir al Secretario General que remita esta resolución a los demás  organismos del Sistema Interamericano y al Secretario General de las  Naciones Unidas-

De igual manera el SICA, GRUPO DE RIO, CARICOM, Países No Alineados, ALBA y UNASUR, Unión Europea, Unión de Países Africanos, Parlamentos de Centroamérica, Latinoamérica y Europa, entre otros,  han condenado enérgicamente mediante resoluciones escritas, el golpe de Estado en Honduras.

a. Constatación de las violaciones a los Derechos Humanos de todo hombre o mujer que se pronuncia o se manifiesta en contra del régimen de facto.-

Todos los organismos regionales e internacionales de derechos humanos que han visitado nuestro país han podido constatar in situ las graves violaciones a los más elementales derechos humanos de los hombres, mujeres, jóvenes, niños, etc. que se pronuncian pacíficamente en contra del golpe y que por más de 50 días se han mantenido en la resistencia. Las muertes por francotiradores, las palizas, las detenciones arbitrarias, las torturas, las detenciones a menores, a ancianos, a mujeres, etc. están debidamente documentadas y con imágines que permitirán demostrar la barbarie cometida por el Régimen de Facto presidido por Roberto Micheletti y apoyado por los militares, los paramilitares y la policía. Las conclusiones de la Misión Internacional de Observación sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, contenidas en el informe final del día 7 de agosto de 2009, claramente establecen que: “…La Misión concluye que lo que está en juego es mucho más que una simple lucha política para restablecer un orden legal y permitir a un presidente legítimo regresar al poder. Se trata de una conflictividad social no resuelta, de la que forman parte una élite económica que usurpó el poder en forma antidemocrática, aliada con el Ejército, y diversos sectores que reclaman un nuevo orden institucional y social que implicaría mayores espacios de participación ciudadana. Es por eso que la represión se manifiesta en particular contra los líderes campesinos, ambientalistas, indígenas, afrodescendientes, mujeres que se movilizan por sus derechos y, contra los dirigentes sindicales.

La Misión constata además que el disfuncionamiento institucional, comienza por la ausencia de controles autónomos de los órganos de poder, la excesiva politización del Poder Judicial, la falta de un fuero mínimo de protección a la máxima autoridad del Estado…” “…Finalmente, la Misión muestra su perplejidad por la actitud en apoyo al golpe de Estado mantenida por la alta jerarquía católica hondureña y representantes de algunas iglesias evangélicas, y su implicación activa en la organización de las movilizaciones de respaldo a éste convocadas por el régimen de facto”.

a. Restricciones a las libertades públicas y manipulación mediática.-

La restricción a las libertades públicas de los ciudadanos, la supresión de la independencia de los poderes y la manipulación mediática a favor del derrocamiento del gobierno legítimo por parte de los Diarios El Heraldo, La Prensa y la Tribuna, de los canales televisivos y medios radiofónicos como Televicentro, Emisoras Unidas, Radio América y Radio Cadena Voces mientras se ocupaba militarmente y procedía a clausurar los medios independientes; confirman junto a otras evidencias la participación directa de cuatro empresarios y políticos en la conspiración que culminó con la detención violenta e ilegal, el secuestro y la expulsión del Presidente Constitucional de la República por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras  y como consecuencia con el rompimiento del orden constitucional y el sistema democrático. Desde el mismo día 28 de junio de 2009, los medios independientes como canal 36, Radio Globo, Radio Progreso, así como los programas del periodista Eduardo Maldonado en MAYA TV, fueron cerrados y militarizados; la energía les fue interrumpida en sus transmisores y desde esa fecha hasta ahora han sido objeto de suspensiones de hecho constantes por el régimen de facto. Otras radios y televisoras a nivel nacional han soportado la represión por expresar a través de sus medios, opiniones diferentes a las del régimen y por condenar el golpe de Estado. La Relatoría Especial sobre Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de Frank La Rue, expuso como conclusión en un Comunicado de Prensa de fecha 10 de agosto: “Puedo afirmar que en Honduras no existe la libertad de expresión para comentar los hechos de cada día ni para criticar a las autoridades de facto, ni para condenar el golpe de estado. No existe una forma sistemática de documentar los hechos, las detenciones ni los casos de exceso de fuerza o de tortura, por lo que ni el pueblo hondureño ni la comunidad internacional tienen acceso a información objetiva”.
Los derechos individuales contenidos en los artículos 72, 73 y 74 de la Constitución de la República parecen no existir frente a real situación que atraviesa el país15.

a. Rol del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos fue creado como institución para garantizar los derechos y libertades reconocidas en la Constitución16. Las atribuciones del Comisionado son objeto de una Ley Especial.

Ramón Custodio López, ante el asombro de propios y extraños, el hombre que otrora defendió hasta con su vida los derechos humanos, y que actualmente en un segundo período fue nombrado por el Congreso Nacional para dirigir la institución, expresó públicamente su apoyo al golpe de estado.

La población que a nivel nacional ha sido reprimida con el uso de gases lacrimógenos, con golpes y atropellos a su integridad corporal, con detenciones sin ninguna garantía, todos los muertos, los heridos y sus familias están desprotegidas porque el Comisionado de los Derechos Humanos ha defendido las acciones del ejército, expresando incluso en una ocasión, que las balas que estaban utilizando eran de goma.

La conducta de este ciudadano hondureño ha sido denunciada internacionalmente. Fue expulsado de la Federación Internacional de Derechos Humanos y le han sido suprimidos algunos apoyos económicos por parte de organizaciones especialmente de la Unión Europea.

A causa de las “balas de goma” del Comisionado Ramón Custodio, han sido asesinadas violentamente durante el periodo del golpe de estado y los toques de queda, más de cien personas17, dentro de ellos:

• ISIS OBED MURILLO MENCIAS, asesinado por los militares en la marcha de resistencia pacífica del día 5 de julio en el aeropuerto internacional de Tegucigalpa, donde desde las azoteas de los edificios administrativos francotiradores apuntaban con sus armas. (actualmente el aeropuerto está concesionado al señor Fredy Nasser, también beneficiario de grandes contratos de generación de energía térmica).

• PEDRO MAGDIEL MUÑOZ SALVADOR, capturado el 24 de julio durante uno de los bloqueos de carreteras por toque de queda, cuando se dirigía hacia el Ocotal para encontrarse con el Presidente. Fue encontrado asesinado con señales de tortura el día 25 de julio.

• PROFESOR ROGER ANRAHAM VALLEJO SORIANO, quién fue asesinado mientras participaba en una manifestación pacífica a favor del retorno al orden constitucional, en la Posta de El Durazno, salida a la carretera que conduce a la zona norte del país;  desde donde todos los manifestantes fueron reprimidos por la fuerza y violencia militar, hasta llegar al mercado zonal Belén en la ciudad de Comayaguela, teniendo que correr aproximadamente 5 kms.

I. PRETENSION DE IMPUNIDAD Y LEGITIMACIÓN DEL GOLPE DE ESTADO A TRAVES DEL PROCESO ELECTORAL VICIADO Y FRAUDULENTO CON EL PRESIDENTE DESTERRADO QUIEN REPRESENTA LA PRINCIPAL FUERZA POLITICA DEL PAIS.

Los golpistas pretenden legalizar y darle continuidad al golpe mediante el proceso electoral, con la participación única de los candidatos golpistas, por ello el Frente Nacional contra el Golpe de Estado que aglutina todos los sectores de la sociedad hondureña, esperan que la comunidad internacional, sostenga al respecto una posición firme e inclaudicable de no reconocimiento a un proceso electoral viciado y a las autoridades ilegítimamente electas, ya que ello constituiría un nuevo crimen contra la democracia.

VII. CONCLUSIONES:

1. El golpe de Estado en Honduras es una reacción de los grupos fácticos para impedir la continuación del proceso de reformas de contenido social y perpetuar sus tradicionales intereses comerciales y económicos con fuertes vinculaciones externas.

2. El golpe de Estado es el retorno de las prácticas fascistas que ha instalado en Honduras una dictadura criminal que está ejecutando asesinatos, violaciones, torturas y persecución política, como lo ha constatado la comunidad internacional.

3. Con el golpe de Estado, quedó evidenciado una vez mas,  que la existencia de las Fuerzas Militares en Honduras, solo ha servido para perpetrar golpes de Estado y promover un sistema de represión en contra de los derechos humanos y el orden democrático.

4. El golpe de Estado es una afrenta a las aspiraciones democráticas de los pueblos de América Latina, de sus gobiernos y sus presidentes, y ha evidenciado que pese a la condena pública que ha hecho el Presidente Barack Obama, los grupos conservadores de los Estados Unidos que apoyan el golpe de Estado, dominan aún el monopolio del poder en esa nación.

5. Las resoluciones de los organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas y la OEA, condenando el golpe y desconociendo el régimen de facto, al igual que la propuesta de mediación de la Secretaria Hillary Clinton han sido burladas y van quedando sin efecto por la intransigencia del régimen golpista y la falta de instrumentos internacionales que obliguen al cumplimiento de las mismas.

6. Ratificamos que el Gobierno del Presidente Zelaya, con el objetivo de lograr el restablecimiento de la democracia por la vía pacífica, ha reiterado su aceptación al Acuerdo propuesto por el Presidente Oscar Arias y ha expresado su decisión de firmarlo en la ciudad de Tegucigalpa antes del primero de septiembre de 2009.

7. Reiteramos que el pueblo tiene el derecho constitucional a la insurrección cuando se le impone un gobierno usurpador. El pueblo hondureño que hoy resiste jamás aceptará una dictadura, ni participará en un proceso electoral con el que se busca la impunidad y la consolidación de los golpistas, ni aceptará la renuncia a este derecho constitucional.

8. Nuestros principios por la defensa de nuestra Patria, de las reformas sociales y de los derechos del pueblo, son innegociables, por tanto, LUCHAREMOS INCLAUDICABLEMENTE HASTA VENCER.

VIII. FUENTES.

a. Constitución de Honduras
b. Leyes secundarias de Honduras
c. Tratados  y Convenios Internacionales ratificados por Honduras
d. Informes de todas las organizaciones nacionales e internacionales que han visitado el país.
e. Opiniones de todos los sectores que han sido remitidas a los funcionarios en Honduras y en el exilio.

GOBIERNO DEL PRESIDENTE JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES
Agosto, 2009

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[es] DefensoresEnLinea: Estudiantes golpeados y amenazados por la policía nacional al terminar acto cultural en la Biblioteca Nacional

por Sandra Cuffe

publicado en http://DefensoresEnLinea.com
el 28 de agosto del 2009

Al terminar anoche un acto cultural en la Biblioteca Nacional, el oficial Martínez y otros agentes de la policía nacional siguieron, detuvieron brevemente, y amenazaron repetidamente al jóven estudiante universitario y escritor Ludwing Varela frente a la antigua Casa Presidencial. Al formar parte del grupo que reclamó el trato, también fueron golpeadas y amenazadas por la policía las jóvenes estudiantes Nadia Mendoza y Tania Mendoza.

Se llevó a cabo el acto cultural en la tarde del 27 de agosto en la Biblioteca Nacional en el marco de las celebraciones de la semana del aniversario de la Biblioteca Nacional, ubicada en la avenida Cervantes en el centro histórico de Tegucigalpa. Asistieron empleados de la Secretaría de la Cultura Arte y Deportes, el Instituto de Historia y Antropología de Honduras (IHAH), la Hemeroteca, el Archivo Nacional, y también artistas, escritores, estudiantes, y otros.

La mayoría de empleados de la Secretaría al nivel nacional desconocen las autoridades de facto y reclaman el legítimo Director del IHAH, el historiador Darío Euraque. Los mismos empleados del IHAH han realizado varias tomas de instalaciones y otras acciones de resistencia en los últimos dos meses desde el golpe de Estado, de las cuales varias acciones han sido documentadas por DefensoreEnLinea.com.

Muchas personas, entre ellas empleados de las instituciones de la Secretaría de Cultura, criticaron vocíferamente la presencia en el acto realizado en la Biblioteca de la Ministra de facto de Cultura, Arte y Deportes, Mirna Castro. El Oficial Martinez platica con Mirna Castro en la Biblioteca Nacional, el 27 de agosto. Foto por Ludwing VarelaAsí como en otro evento cultural que se llevó a cabo hace poco en el Museo del Hombre, las autoridades de facto mandaron a llamar la Policía Nacional. Llegaron aproximadamente unos diez agentes policiales en dos motos y una patrulla, bajo el mando de un oficial de apellido Martínez.

Ludwing Varela, de 24 años de edad, escritor, y estudiante en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), estaba participando en la celebración y tomando fotografías. Cuando ya estaba saliendo Mirna Castro, dejando atrás unas veinte personas en el portón gritando ‘fuera, fuera’, Varela les siguió filmando con la cámara digital a ella y los policías, desde una distancia.

Una agente de la policía pidió que se quitara del portón de la Biblioteca, y después otro agente de la policía le preguntó a Varela por qué estaba filmando. Contestó el jóven estudiante que tenía el derecho de filmar, y que estaba filmándoles también a la policía porque ‘ahora que cuidarse de todos… porque uno no sabe qué es lo que va a pasar,’ les dijo.

Se le acercó el policía, preguntándole qué quería decir con eso y exigiéndole ‘respeto,’ a lo cual contestó Varela ‘Igual, yo te estoy respetando, no te estoy tocando en ningún momento. Yo también estoy documentando, entonces, ?cuál es el problema?’

Al rato, cuando salió a fumar fuera de la Biblioteca con sus amigos, escucharon que algunos agentes policiales estaban discutiendo lo que había sucedido. Escucharon claramente que comentaron entre ellos los policías, refiriéndose a Ludwing Varela, que ‘esa cara de ese hijo de puta no se me olvida, ya vas a ver, esperémoslo.’

Cuando ya se alistaba para salir de la Biblioteca un grupo de alrededor de quince personas, Varela pensaba de que lo podían seguir o detener la policía, así que dejó su cámara con Nathalie Roque, la jóven ex directora de la Hemeroteca Nacional, despedida ilegalmente en julio por razones políticas. No dijeron nada los agentes policiales al salir el grupo, pero quedaban viendo a Varela y le siguió en la moto hasta que llegaron al portón de la antigua Casa Presidencial, ahora sede del Archivo Nacional.

Al ver que les seguía la policía y que un agente bajó de la moto y venía hacia Varela, el grupo intentó abrir rapidamente el portón, ya que le acompañaban a Varela empleados de la Secretaría de Cultura. Además de Nathalie Roque, le acompañaba la presidenta del Sindicato de Trabajadores del IHAH, Diana Mejía, quien también ha sufrido amenazas y hostigamiento por denunciar a la Ministra de facto Mirna Castro y participar en el movimiento de resistencia.

El policía le agarró a Varela de la mano y le dijo que viniera, que no se preocupara, que se montara a una patrulla. Varela le reclamó, preguntándole cuál era el delito, que no había hecho nada, y quedó frente al portón, intentando de hablarle a su casa para que le apoyaran en la situación.

Ludwing Varela denunció a DefensoresEnLinea.com que ‘el detalle está en que una patrulla estaba en la esquina, y no me montaron en la patrulla. Cuando pasó la patrulla, retrocedió hasta donde estaba una runer blanca parqueada… y él que estaba montado en esa runer era el señor,’ refiriéndose al oficial de la policía de apellido Martínez.

Cuando pasó la patrulla, el policía que lo llevaba a Varela le dijo ‘hoy sí te vamos a enseñar a respetar, hijo de la gran puta’ entonces el jóven se paró y gritó a sus compañeros ‘!Me quieren golpear!, esos tipos me quieren golpear!’ Se juntó alrededor de Varela y de la policía el grupo de unas quince personas que venían caminando juntos.

Al llegar la gente a reclamar el trato abusivo por parte de la policía, le pusieron las chachas a Varela. A Varela lo soltaron aún enchachado la policía para llegar hasta donde el oficial Martínez y otros agentes que estaban golpeando a dos muchachas. Al dejarlo así, Varela denunció que le dijo reiteradamente ‘mirá, hijo de puta, si te movés, te mato’, ‘si te movés, si te querrés ir, te mato’, y ‘dáme el brazo, me haces algo, te mato.’

A la vez, la policía reaccionó violentamente en contra del grupo de personas que salió para apoyar a Varela y reclamarles a los policías el trato abusivo. Una agente de la policía golpeó a la jóven universitaria Nadia Mendoza, mientras que a su hermana Tania Mendoza, también estudiante, le agarró por el cuello por el oficial Martínez y le tiró o empujó tan fuertemente que cayó, golpeándose en el carro.

Enseguida, el oficial Martínez le vino a decir a Varela que se fuera: ‘vaya, papa, andáte, perdéte’ le dijo. Varela se montó al carro de Nathalie Roque no obstante el hecho de que todavía tenía enchachada la mano. Una moto de la policía dio una vuelta y les quedó enfrente, poniendo las luces hacia el carro. Le acercaron y pidieron que bajara el vidrio para sacarle la chacha.

El agente amenazó de nuevo a Varela, mientras que la misma agente que había golpeado a Mendoza le dijo ‘decíle a esas zipotas que se cuiden, que a ellas también las tengo chequeadas’ y con eso salieron.

Varios policías le quedaron viendo a Varela, y haciéndole gestos indicándole que lo reconocían ya. Al salir otro policía, le pidió de nuevo que bajara el vidrio. Cuando le cumplió, le dijo el policía ‘mirá, sólo te quería ver la cara, hijo de puta’, arrancó y se fue, denunció Varela a DefensoresEnLinea.com.

La Unión de Escritores y Artistas de Honduras (UEAH) denunció los hechos en un comunicado circulado a las pocas horas de haber ocurrido los abusos. Resaltaron que Ludwing Varela es un escritor, miembro de la UEAH, y que ha estado participando activamente en el movimiento de resistencia coordinado por el Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado.

Actualmente, Ludwing Varela, sus compañeros, y el Comité de Familiares de los Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH) están trabajando en la denuncia y la identificación de todos los agentes de la policía que participaron en las violaciones de los derechos humanos fundamentales de los jóvenes estudiantes la noche del 27 de agosto.

No obstante el incidente y la ola de represión en el país, tanto los estudiantes organizados en el Frente Nacional Juvenil de Resistencia contre el Golpe como los empleados y personajes en el área de la cultura siguen participando activamente en la resistencia, exigiendo el reestablecimiento de la orden constitucional, el regreso del Presidente Manuel Zelaya Rosales, y la creación de la Asamblea Nacional Constituyente.

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