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COFADEH: Continúan en emergencia los DDHH

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras

COFADEH

 

HONDURAS: continúan en emergencia los DDHH

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Antes de la breve pausa con aparente estabilidad hoy jueves 31 de marzo, por el conversatorio entre el Congreso Nacional y la dirigencia de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), la ciudadanía ha padecido el peor período de violaciones a sus derechos humanos. Un estado de emergencia, sin duda, que implica a la policía y al ejército del régimen de facto que dirige el país.

 

Los hechos sucedidos en forma sistemática desde hace tres semanas, con participación directa del aparato administrativo del Estado y los instrumentos de monopolio de la violencia — la Policía Nacional y el Ejército–, han atraído de nuevo en forma leve la atención internacional sobre Honduras.

 

Todavía muy insuficiente la mirada de la comunidad mundial sobre la crisis generada por el golpismo en el país, pero es clave para hilvanar soluciones institucionales que generen consensos sociales y políticos mínimos para transformar el país.

 

Por eso, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, solicita con urgencia la emisión de posicionamientos políticos desde los distintos espacios de solidaridad y de los foros políticos interestatales, para que cese la violencia y represión desproporcionados que las fuerzas militarizadas lanzan contra la población civil descontenta, demandante, en resistencia desde el golpe de estado de junio 2009.

 

En las diferentes regiones geográficas del país las manifestaciones de la población en general, en solidaridad con la resistencia magisterial que defiende la educación pública gratuita, fueron reprimidas con uso excesivo de fuerza, incumpliendo especificaciones de Naciones Unidas para el uso de armas no letales.

 

El Paro Cívico Nacional convocado por el Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, ha dejado un balance trágico:

 

Norte

 

En San Pedro Sula, cabecera del departamento de Cortés, la hija de la ex diputada por el Partido Unificación Democrática, Silvia Ayala, fue herida durante el violento desalojo de estudiantes del Centro Universitario del Valle de Sula, donde también hubo decenas de estudiantes y docentes detenidos.

 

El joven estudiante Josué Rodríguez (20), fue impactado al lado de su oreja derecha por un cilindro metálico con gases, lanzado por la policía al interior del inmueble universitario.

Las instalaciones del Centro Regional Universitario fueron rodeadas por piquetes de policías y soldados, para impedir la salida del estudiantado y docentes, mientras eran agredidos con bombas lacrimógenas lanzadas directamente a los cuerpos, provocando desmayos y vómitos por la inhalación de gases.

 

En los municipios de Santa Cruz de Yojoa, Potrerillos, La Lima y Choloma, Cortés, hubo 43 personas detenidas por participar en el Paro Cívico, siendo liberadas de las postas policiales hasta entrada la noche de ayer miércoles, con señales de golpes en algunos casos y testimonios de insultos y frases discriminatorias.

 

En el desvío Las Flores, Santa Cruz, departamento de Cortés, el Comisionado Rubí, sobrino del actual Fiscal General, desató una violenta represión contra la manifestación y ordenó la detención de 17 personas, que fueron trasladadas a la Primera Estación Policial de San Pedro Sula, entre ellas Lidia Arita, Nedi Santos Castillo, Antonio Maradiaga y Glenda Cabrera. En este lugar hubo seis personas heridas de bala, entre ellas Daisy Sabillón y Manuel Miranda, trasladados por particulares al Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula.

 

Las fuerzas antimotines, además, poncharon las llantas de más de 30 vehículos, utilizando sus armas de fuego y cuchillos, y persiguieron con gases lacrimógenos y disparos a sus propietarios que se refugiaron en la zona boscosa del lugar.

 

En Potrerillos, municipio del departamento de Cortés, a la altura de la Colonia El Triunfo, fueron detenidas 5 personas, quienes fueron lesionadas en la cabeza (Alejandro Duarte García), golpes en las piernas (Luciano Barrera Monroy); y lesiones en sus muslos (Haydee Márquez del Cid, Junior Mejía Murillo y Gloria Marina Perdomo Rodríguez).

 

Los abogados Evaristo Euceda e Iris Bude, quienes realizaban acciones de defensa de derechos humanos en la posta policial de Villanueva, fueron agredidos verbal y físicamente por el sub inspector policial de esa localidad.

 

En la comunidad de Tacamiche, asentamiento campesino perteneciente al municipio de La Lima, Cortés, las fuerzas represivas entraron a disparar gases tóxicos al interior de las viviendas en venganza por la toma de la carretera hacia el municipio de San Manuel y Villanueva, Cortés. La directora de la Escuela de la comunidad, Profesora Esmeralda Flores, junto con los maestros Fabricio Sevilla y Pedro Valladares, fueron trasladados a la Primera Estación Policial de San Pedro Sula.

 

Colón

 

Durante el Paro Cívico convocado el miércoles 30 de marzo por el FNRP fue muerto un hombre en la comunidad de Planes, municipio de Tocoa, en el norte del país, como consecuencia de la disolución forzada de las manifestaciones por la Policía y los militares, utilizando balas vivas contra la población. Era un guardia de seguridad de una empresa distribuidora de pollos.

 

En ese mismo lugar, ubicado cerca de la zona conflictiva del delta del río Aguán – escenario de frecuentes disputas por la tenencia de la tierra – fueron heridas de bala 11 personas incluyendo labriegos, educadores y supuestamente policías.

 

Entre las personas heridas de bala fueron identificadas la profesora Waldina Díaz, maestra de Trujillo; Neptalí Esquivel, de la cooperativa campesina Nueva San Esteban; Mauro Rosales del Movimiento Unificado del Aguán (MUCA); David Corea, camarógrafo de la televisión de Olanchito; Juan Antonio Vásquez, presidente de la empresa campesina Bolero; Paulino Chávez Rosales y Franklin Hernández de la Cooperativa campesina 4 de marzo; Víctor Euceda de la Cooperativa campesina 4 de febrero; Daniel Pérez de la Cooperativa campesina 4 de diciembre; profesores Elías Erazo Hernández y Eduardo Rivera, de la comunidad de los Leones, Municipio de Trujillo.

 

También se reportó la detención de ocho personas que fueron trasladadas a la Jefatura Policial de Sabá.

 

En la Región Central

 

En Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nuevamente fue blanco de las fuerzas combinadas de la policía y el ejército, con centenares de bombas lacrimógenas lanzadas al interior del campus, desde donde reaccionaron los estudiantes lanzando piedras.

 

En la incursión militar a un sector periférico de la Universidad fueron detenidos seis jóvenes acusados por manifestación ilícita, ellos son Maynor Lizandro Aguilar (18), Marlon Alexander Rosales Rico (22), Douglas Manuel Flores (18); además, Oneyri Oneill Moreno Mejía del Colectivo Arco Iris, Marlon Nahúm Estrada, despachador de taxis en la UNAH; Josué Sevilla y Elwin Meza fueron golpeados con toletes en su espalda. Todos fueron liberados durante la tarde.

 

En las cercanías de la colonia Las Brisas, sur de Tegucigalpa, fueron bajadas tres personas de un autobús y llevadas detenidas a la Estación Policial del Barrio La Granja, entre ellos dos menores de edad, Emerson Stevez Flores (15), Víctor Geovanny Flores (14), y Wilfredo Flores Aguilar (33), liberados tres horas después de su detención.

 

Antes del mediodía, seis hombres vestidos de civil y fuertemente armados, intentaron secuestrar al joven Edy Guifarro, empleado de la Comisión de Verdad, cuando el taxi en que se conducía hizo un alto a la altura de la Colonia San José de la Vega. Los individuos rodearon la unidad de transporte, le golpearon su cuerpo y cabeza con las armas, pero Edy logró escapar corriendo cerca de los vehículos que se aglomeraron; los policías le siguieron y le dispararon en 6 ocasiones, sin importarles que pudieran lesionar a las personas que se encontraban en la zona. Guifarro presenta ruptura del tímpano y golpes en el cráneo.

 

En la sede del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEMH, agentes policiales de inteligencia intentaron plantar evidencia contra esta organización magisterial al “descubrir” y reportar al Ministerio Público una caja de bombas molotov depositadas en el basurero público próximo a la sede. La coordinadora general del COFADEH, Bertha Oliva, calificó la acción como una pre-fabricación de evidencias para despojar a la organización de su personalidad jurídica.

 

En el Municipio de Ajuterique, departamento de Comayagua, 500 familias que habían tomado posesión de un predio desde hace siete años, al que han denominado Colonia 25 de Octubre, fueron desalojadas violentamente por elementos de la policía y del ejército, acompañados de un Juez ejecutor, destruyendo las casas que tenían en el lugar, incluyendo la escuela y la iglesia de la comunidad. Fueron detenidas cinco personas, Betuel Guillen (19), Edwin Guillen (18), Pedro Joel Hernández, Selvin Javier Centeno y Osmán Gómez (19).

 

En el Sur del país

 

En Nacaome, cabecera del departamento de Valle, también la policía y el ejército lanzó una cruenta represión con gases lacrimógenos al interior de viviendas en las que se encontraban niños y niñas, quienes fueron afectados severamente. Un bebé de dos meses de nacido, Cristopher de Jesús Bonilla García, fue trasladado con cuadro de asfixia a un centro asistencial, después de sortear a la policía que impedía a sus padres prestarle auxilio lanzándoles gases lacrimógenos directamente a sus cuerpos. Su padre, un joven de diecisiete años, tuvo que saltar un muro, darle respiración boca a boca al niño inerte y depositarlo, luego, en brazos de su abuelo, quien a bordo de una motocicleta pudo llevarlo hasta un médico que lo auxilió.

 

En la represión también fueron perseguidos y detenidos los menores Mario de Jesús Sauceda (19) y José Raúl Mendoza Posadas (17), este último se encontraba comprando alimentos por encargo de su madre. Igualmente, fue detenido durante varios minutos el defensor de derechos humanos, Andrés Abelino Ortiz Ortega (74).

 

En la comunidad de La Flor, del municipio de Amapala, departamento de Valle, agentes policiales que se transportaban en lanchas, se presentaron a la comunidad a intimidar a sus pobladores, exigiéndoles informaran si eran de la Resistencia manifestante durante el Paro Cívico.

 

Este es el reporte de hechos de un solo día; sin embargo, la tendencia es que al continuar las manifestaciones, el patrón de agresión a las personas, a sus derechos humanos, continuará siendo el mismo “por sedición y manifestación ilícita”.

 

Los días precedentes han sido caracterizados por la violencia institucional escalonada, por lo que es lógico deducir que los días venideros tendrán además de las fuerzas combinadas de la policía ay el ejército a civiles infiltrados con armas para provocar a los manifestantes a enfrentamientos, que acabarían en masacres.

 

Es urgente que el mundo vuelva sus ojos de nuevo a Honduras, ahora; mañana puede ser tarde.

 

De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón

 

COFADEH

 

31 de marzo de 2011

 

Barrio La Plazuela, Avenida Cervantes, No. 1301

Apartado Postal 1243

E-mail: mail@cofadeh.org

Tel / Fax: 2220-5180, 2220-7144

Sitio web: www.cofadeh.org


 

HONDURAS: continúan en emergencia los DDHH

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[es] CIDH: Observaciones preliminares de la visita en Honduras

http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2009/60-09.observaciones.preliminares.visita.Honduras.htm

Tegucigalpa, Honduras, 21 de agosto de 2009 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó hoy su visita in loco a Honduras, que tuvo lugar del 17 al 21 de agosto de 2009. El objetivo de la visita fue observar la situación de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. La delegación estuvo compuesta por la Presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía Guerrero; el Primer Vicepresidente, Víctor Abramovich; el Segundo Vicepresidente y Relator para Honduras, Felipe González; el Comisionado Paolo Carozza, y el Secretario Ejecutivo, Santiago A. Canton. También fue parte de la delegación la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero.

La CIDH solicitó realizar esta visita el 30 de junio de 2009, recibió la anuencia del Estado el 13 de julio de 2009, y acordó con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia la realización de la visita. Las observaciones preliminares que hoy se presentan se basan en información recibida antes y durante la visita. Asimismo, la Comisión preparará un informe final que publicará próximamente.

Durante la visita, la CIDH se reunió con representantes del gobierno de facto y de diversos sectores de la sociedad civil, y recibió a más de un centenar de personas que presentaron denuncias, testimonios e información. En Tegucigalpa, la delegación mantuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes políticos y sociales, organizaciones no gubernamentales y padres de familia. El 19 de agosto, delegaciones de la Comisión se trasladaron a Tocoa, departamento de Colón, y a San Pedro Sula, departamento de Cortés, donde se realizaron reuniones con representantes de la sociedad civil y autoridades locales. En Tocoa, la CIDH recibió a más de 40 maestros, periodistas, líderes políticos y líderes sociales; se reunió con representantes de la policía, el Ejército y la Fiscalía; y con empresarios locales y estudiantes. En San Pedro Sula, la Comisión recibió a más de 50 representantes de organizaciones de la sociedad civil, se reunió con comunicadores sociales, recibió testimonios de personas heridas durante la represión de manifestaciones, y se reunió con autoridades del Municipio, la Policía y las Fuerzas Armadas. El 20 de agosto, delegaciones de la Comisión se trasladaron a las localidades de El Paraíso y Comayagua. En la localidad de El Paraíso se realizaron reuniones con organizaciones de la sociedad civil y la alcaldía, y se recibieron testimonios sobre los hechos del 24 al 27 de julio de 2009, cuando se aplicó un toque de queda continuado durante tres días. En Comayagua la CIDH recibió información sobre los sucesos del 30 de julio de 2009, cuando una manifestación fue reprimida y cerca de 150 personas fueron detenidas por un lapso de 6 a 14 horas. La CIDH recabó esta información tomando testimonios de personas afectadas y  testigos, y de las autoridades de policía y del Ejército del lugar, y la Fiscalía regional. La Comisión agradece a todas aquellas personas que facilitaron la organización de esta visita.

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El 28 de junio de 2009, la CIDH condenó el golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional, e hizo un llamado urgente a que se restaurara el orden democrático y que se respetaran los derechos humanos, el Estado de derecho y la Carta Democrática Interamericana. El mismo día, todos los Estados del Hemisferio condenaron de manera unánime e inmediata el golpe de Estado. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó el golpe de Estado, exigió la restitución del Presidente Zelaya y declaró que no se reconocería ningún gobierno que surgiera de la ruptura institucional. El 30 de junio, la Asamblea General de la OEA otorgó al gobierno de facto un plazo de 72 horas para restituir en el ejercicio del poder al Presidente Zelaya, y el 4 de julio de 2009 suspendió al Estado de Honduras en el ejercicio de su derecho de participación en la OEA.

La Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y otros actores hondureños tienen lecturas distintas a la del conjunto de la comunidad internacional sobre la legitimidad del golpe de Estado, al considerar que los hechos del 28 de junio de 2009 se realizaron en apego irrestricto a la Constitución. La Comisión estima que aún cuando existan diferencias de opinión sobre este asunto, el deber de garantizar los derechos de las personas no se modifica, ya que incumbe en todo momento a quienes ejercen el poder público, independientemente de la interpretación que se haga de los hechos del 28 de junio de 2009.

La decisión de la Asamblea General de la OEA no suspende las obligaciones contraídas por el Estado hondureño al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1977 y otros instrumentos interamericanos de derechos humanos, en base a los cuales la CIDH continúa observando la vigencia de los derechos humanos en el país. Asimismo, en la Resolución del 4 de julio, la Asamblea General de la OEA reafirmó específicamente: “que la República de Honduras deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos”. Asimismo, el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana establece que: “El Estado miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la organización, en particular en materia de derechos humanos.”

Desde el 28 de junio de 2009, la Comisión ha recibido numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado. En todos estos casos la Comisión procedió inmediatamente a comunicarse con el Estado en base a la Convención Americana y el Reglamento de la Comisión. La CIDH otorgó el 28 de junio una medida cautelar que luego fue ampliada el 29 de junio, el 2, 3, 10, 15, 24 y 30 de julio, y el 7 y el 17 de agosto de 2009, a fin de salvaguardar la vida e integridad de un total de 106 personas respecto de las cuales recibió información sobre la existencia de una situación de riesgo inminente de daño irreparable. Asimismo, la CIDH solicitó información en cuatro oportunidades de conformidad al artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en relación a la situación de cinco personas cuyo paradero no había podido ser establecido. Por último, la Comisión también cursó varias solicitudes de información bajo el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos acerca de situaciones como la aplicación del decreto de suspensión de garantías y el toque de queda, represión de manifestaciones pacíficas, detención de miles de manifestantes, ataques contra medios de comunicación, hostigamiento a periodistas y cierres temporales de medios de comunicación por el Ejército.

Las comunicaciones de la CIDH fueron dirigidas a la Presidencia del Congreso y la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, debido a la imposibilidad de dirigirse al Presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, y a la Ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas. La Corte Suprema de Justicia informó sobre el estado de los recursos de amparo, exhibición personal y acciones de inconstitucionalidad tramitados, y cursó solicitudes a los diversos órganos jurisdiccionales, entes de seguridad y al Comisionado Nacional de Derechos Humanos para que informaran si existe denuncia o solicitud de medida cautelar a favor de los beneficiarios.

Con relación a las solicitudes de información en base al artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la CIDH recibió información de la Corte Suprema de Justicia, de otras entidades del Estado y de la sociedad civil. En base a la información proporcionada por las autoridades, la Comisión estima que la situación de tres de las personas ha sido dilucidada, pero aún está pendiente aclarar el paradero de dos personas. Una de ellas fue vista por última vez en una manifestación realizada el 12 de julio de 2009 y la otra habría sido secuestrada de su domicilio el 26 de julio de 2009.

Institucionalidad Democrática

La democracia representativa es la forma de organización política explícitamente adoptada por los Estados miembros de la OEA. La Carta de la OEA establece en sus principios que “la solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”. En este sentido, la Carta de la OEA expresa que “la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región” y declara que uno de los propósitos esenciales de la Organización es “promover y consolidar la democracia representativa dentro del principio de no intervención”. El proceso de creación de mecanismos para fortalecer la democracia en toda la región se consolida en septiembre de 2001 con la adopción de la Carta Democrática Interamericana, que establece que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia, y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

Los Estados miembros se han expresado en forma explícita sobre el estrecho vínculo existente entre la democracia y la vigencia de los derechos humanos. La Carta Democrática Interamericana reafirma “que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática” y declara que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

La Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos se han expresado en numerosas oportunidades sobre esta estrecha vinculación. En la Opinión Consultiva 8, la Corte Interamericana señaló: “En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros”. Por su parte, la Comisión ha señalado que el sistema democrático y la vigencia del Estado de derecho son cruciales para la efectiva protección de los derechos humanos y que, en contraposición, la plena garantía de los derechos humanos no es posible sin el reconocimiento efectivo e irrestricto de los derechos políticos.

Tomando en consideración la interrelación existente entre la democracia, el Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos, la CIDH considera que el golpe de Estado ejecutado mediante la remoción del Presidente constitucional tiene un impacto inmediato sobre la vigencia del Estado de derecho y de los derechos humanos en Honduras. La Comisión pudo constatar durante la visita  que la ruptura del orden constitucional originada por el golpe de Estado está acompañada de una fuerte presencia militar en distintos ámbitos de la vida civil, la suspensión de garantías mediante la implementación de un toque de queda que no cumple con los estándares del sistema interamericano y la ineficacia de los recursos judiciales para salvaguardar los derechos esenciales de las personas.

En este sentido, la Comisión recibió información sobre la fuerte presencia militar en las escuelas y en la Universidad Nacional y el cierre y ocupación por parte del Ejército de canales de televisión y radio durante el golpe de Estado.

Asimismo, preocupa a la Comisión que el Ejército participe de manera activa en el control de manifestaciones conjuntamente con la Policía Nacional. Si bien en situaciones excepcionales las Fuerzas Armadas pueden ser llamadas a participar en el control de las manifestaciones, este ejercicio debe limitarse al máximo debido a que éstas carecen del entrenamiento necesario para el control de disturbios internos. Según la información recibida por parte del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el alto mando militar, las fuerzas militares participan bajo el mando de las fuerzas policiales, en aplicación de una norma constitucional que así lo permite. Sin embargo, como lo han dicho la Comisión y la Corte Interamericanas, el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. Cabe destacar además que los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han establecido en anteriores oportunidades que los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.

La suspensión de garantías está prevista en el artículo 27 de la Convención como un mecanismo excepcional para que se suspenda el goce y ejercicio de derechos en caso de “guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte”. Sin embargo, para que una suspensión de garantías sea legítima, se requiere el cumplimiento de una serie de requerimientos establecidos en la Convención. En este sentido, el primero de estos requisitos es que la suspensión de garantías sea adoptada por un Gobierno que ejerza el poder público en forma legítima dentro del contexto de una sociedad democrática. Asimismo, como lo ha dicho la Corte Interamericana: “La suspensión de garantías carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrático, que dispone límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona”.

El 28 de junio de 2009 el señor Micheletti informó el inicio del toque de queda durante una rueda de prensa ofrecida en las instalaciones del Congreso Nacional, sin que se tenga información sobre el instrumento jurídico que lo fundamentó. La franja horaria establecida para el toque de queda fue desde las 9:00 pm hasta las 6:00 am de los dos días posteriores a la consumación de la toma del poder.

Uno de los fundamentos invocados por el gobierno de facto para restringir los derechos de los habitantes de Honduras fue el Decreto No. 011-2009, mediante el cual se estableció el toque de queda a partir del 30 de junio de 2009. Por consiguiente, antes de cualquier análisis en particular sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos por parte del Estado en Honduras, la Comisión considera necesario analizar la compatibilidad del decreto de toque de queda con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular el artículo 27.

El Decreto 011-2009 estableció el toque de queda por un plazo de 72 horas y aplicable entre las 10:00 pm y las 5:00 am.  A pesar de que este plazo venció el 3 de julio de 2009, se continuó ejecutando toque de queda por más de un mes sin ningún tipo de base legal. De este modo el estado de excepción, contrariamente a lo establecido por la Constitución, fue establecido por un Decreto del gobierno de facto, por un plazo menor al ejecutado en la práctica y sin publicación en el Diario Oficial.  La ratificación posterior del Congreso y publicación el 27 de julio de 2009, no sanea estos vicios originales.

De conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana, el alcance de las suspensiones debe ser el estrictamente necesario para paliar la situación de emergencia y eso implica limitar su alcance temporal, espacial y los derechos que se suspenden.  La Comisión estima que, en el contexto del golpe de Estado, los toques de queda se han implementado desde el 28 de junio de 2009 sin justificación de su razonabilidad y su pertinencia en relación con la situación que motivó el estado de excepción. En particular, corresponde hacer referencia a los hechos acontecidos el 5 de julio de 2009, fecha en la que el Presidente Zelaya intentó sin éxito retornar al país por vía aérea. El toque de queda establecido originalmente regía desde las 10:00 p.m. a las 5:00 a.m. Sin embargo, a las 6:00 p.m. se informó por cadena nacional que el toque de queda se iniciaría media hora después y se extendería hasta las 5:00 a.m.  Asimismo, la discrecionalidad con la que se han establecido los toques de queda se refleja en el levantamiento de la medida el 12 de julio de 2009 y su reanudación el 15 de julio del mismo año, sin una justificación de las causas que habilitarían nuevamente la suspensión de derechos.

Aún dentro de un estado de excepción legítimo, cada uno de los actos de implementación debe ser razonable, esto es, debe ser estrictamente adecuado a la causa y el alcance del estado de excepción, sin que exista ningún tipo de discriminación. La CIDH ha verificado que durante la implementación del toque de queda miles de personas estuvieron atrapadas entre retenes militares sin que existiera justificación. Asimismo, la aplicación del toque de queda no fue uniforme en todo el territorio e incluso hubo una aplicación discriminatoria de la restricción del derecho de circulación. Así, por ejemplo, la CIDH pudo constatar que en la ciudad de El Paraíso se permitía de manera selectiva y discriminatoria la circulación de algunas personas durante el toque de queda.

Esta situación se agrava por la ausencia de control judicial de las normas de estado de excepción. Por cinco décadas, la Comisión ha subrayado la importancia fundacional que, en una sociedad democrática, reviste el control judicial de los actos del poder público.  Durante su visita in loco recibió testimonios consistentes con gran cantidad de información recibida desde el 28 de junio de 2009, de conformidad con la cual los recursos judiciales disponibles en Honduras no ofrecen en la actualidad una protección eficiente y eficaz contra violaciones de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado.  Entre los actos iniciales del gobierno de facto se encuentra una suspensión de garantías que no ha sido escrutada judicialmente, pese a haber sido cuestionada por varios recursos de amparo.  Dentro de las circunstancias actuales, la Comisión estima que estas acciones deberían haber recibido la más alta prioridad.

La Comisión ha recibido de todos los sectores información coincidente de que la mayoría de los recursos de hábeas corpus que se presentan para cuestionar detenciones son resueltos cuando carecen de objeto por haber sido liberadas las alegadas víctimas. La Comisión desea resaltar la importancia de que los recursos de hábeas corpus sean resueltos con la mayor prontitud en todos los casos. La Comisión constató presencialmente, por ejemplo, un lugar de detención consistente en tres pequeñas celdas en las cuales, durante varias horas, estuvieron recluidas entre 80 y 100 personas. Si bien la ley permite detenciones dentro del marco de 24 horas, la Comisión estima que la situación creada por detenciones de varias decenas de personas debería recibir una atención inmediata.  Por otra parte, la Comisión ha recibido testimonios e información sobre el hecho de que algunos Jueces Ejecutores del hábeas corpus han sido maltratados, amenazados e intimidados para que no realicen sus funciones.

Por otra parte, la Comisión ha recibido información consistente y reiterada que confirma que, en muchos casos, las fiscalías no han iniciado oficiosamente investigaciones ante la existencia de grupos de personas heridas y detenidas.  En el caso mencionado en el párrafo anterior, varias de las personas detenidas estaban heridas y habían sido tratadas previamente en hospitales, pero la Fiscal que las visitó no levantó un listado. Cuando fue interpelado por esta situación, el Ministerio Público indicó que la razón de esta omisión sería que las personas no confían en la institución.  La Comisión estima que es de fundamental importancia que el Ministerio Público asuma sus funciones con independencia de la opinión o filiación política de los destinatarios de sus servicios.

El deterioro institucional afecta indudablemente el funcionamiento regular de la vida social hondureña. Un ejemplo es la información recibida por la CIDH que indica la afectación del derecho a la educación de niños y niñas. La Comisión comprende que estos alegatos surgen en un contexto en el cual los integrantes del magisterio, los padres y madres de familia y los mismos educandos mantienen posiciones encontradas en un intenso debate social. La génesis del asunto, estima la Comisión, es el cierre de los espacios democráticos que obstaculiza la resolución de este conflicto. La Comisión evaluará todas las denuncias recibidas e informará oportunamente sus conclusiones.

Violaciones a los derechos humanos

Junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado que afecta el regular funcionamiento de las instituciones democráticas, la Comisión confirmó durante su visita un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía. La Comisión constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la colocación de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención. El control de la información se ha ejercido a través del cierre temporal de algunos medios de comunicación, la prohibición de emitir la señal de ciertos canales de televisión por cable que informaban sobre el golpe de Estado, la aplicación selectiva de cortes de energía eléctrica afectando la transmisión de medios audiovisuales que informaban sobre el golpe de Estado, y agresiones y amenazas a periodistas de medios con posiciones editoriales contrarias al golpe de Estado.

Asimismo, la CIDH recibió testimonios que indican la consumación de actos de hostigamiento perpetrados en perjuicio de aquellas personas que, públicamente, han demostrado afinidad política con el Presidente Zelaya. Gobernadores, diputados, alcaldes y líderes sociales que habrían exigido la restitución del presidente constitucional, han denunciado que fueron objeto de represalias, amenazas, actos de violencia, cortes presupuestarios y ocupación militar de las instalaciones públicas donde desempeñan sus labores, entre otros. En particular, la familia del Presidente Zelaya informó sobre los hostigamientos y la campaña de desprestigio que afectan a todos sus miembros.

Uso excesivo de la fuerza en manifestaciones públicas

La participación política y social a través de la manifestación pública es esencial en la vida democrática de las sociedades y reviste un interés social imperativo. Las personas de todos los sectores políticos, tienen el derecho de ejercer plena y libremente su derecho de libertad de expresión y su derecho de reunión, sin violencia y de conformidad con la ley y las normas interamericanas de protección de los derechos humanos. Como lo han señalado la Comisión y la Corte Interamericanas, el Estado no sólo no debe interferir con el ejercicio de estos derechos sino que debe adoptar medidas para asegurar su ejercicio efectivo.

Conforme ha sostenido la Comisión en anteriores oportunidades, el Estado se encuentra facultado para imponer limitaciones razonables a las manifestaciones, a efectos de asegurar que las mismas sean de carácter pacífico o para contener a aquellas personas que se manifiestan en forma violenta. Sin embargo, en el ejercicio de esta facultad, el obrar de sus agentes debe limitarse al empleo de las medidas más seguras y menos lesivas para las personas, ya que la dispersión de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las mismas. Congruentemente, el uso legítimo de la fuerza pública en las referidas situaciones, supone –necesariamente- que la misma sea proporcional al objetivo legítimo que se persiga, reduciendo al mínimo la posibilidad de ocasionar lesiones personales y pérdida de vidas humanas.

En particular, respecto al uso de armas de fuego, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley contemplan que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego”. Igualmente, el Código de Conducta para Oficiales de Seguridad Pública de las Naciones Unidas dispone expresamente que “el uso de armas de fuego se considera una medida extrema”, mientras que el artículo 9 de los Principios Básicos señala que las armas de fuego no deben usarse contra las personas, salvo cuando exista peligro inminente para la vida.

La Comisión fue informada durante su visita de que las manifestaciones se han realizado en forma pacífica, salvo en algunos casos en que se han registrado actos de violencia, incluidos algunos graves, contra personas y contra la propiedad, tales como el incendio de un restaurante y de un autobús, y la agresión contra un diputado y varios periodistas.

La Comisión tomó conocimiento de que en las manifestaciones que fueron reprimidas en todo el territorio, incluyendo Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Comayagua y la localidad de El Paraíso, hubo un patrón de uso excesivo de la fuerza pública. Efectivamente, varias de las manifestaciones realizadas desde el 28 de junio de 2009 fueron disueltas por la fuerza pública, tanto policial como militar, dejando como consecuencia muertes, torturas, malos tratos, cientos de heridos y miles de detenciones arbitrarias.

Derecho a la Vida

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. En el ámbito interno, el artículo 65 de la Constitución de Honduras establece que “el derecho a la vida es inviolable”.

Isis Obed Murillo Mencías, de 19 años de edad, falleció el 5 de julio de 2009 como consecuencia de una herida de bala en la cabeza recibida en las afueras del aeropuerto Toncontin de Tegucigalpa, mientras participaba en una manifestación y donde la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional y del Ejército. Durante la visita la CIDH recibió varios testimonios concordantes sobre este hecho.  En relación con la investigación, la CIDH fue informada por el Secretario de Defensa del gobierno de facto, Adolfo Lionel Sevilla, que había un informe del Ejército sobre la muerte del joven Isis Obed. Sin embargo, el jefe de Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, indicó que la investigación todavía estaba en curso. Además, la Comisión fue informada por fuentes oficiales que el informe elaborado por las Fuerzas Armadas sobre el operativo militar en el aeropuerto reconoce que miembros de la fuerza pública dispararon armas de fuego contra un sector de los manifestantes. También fue informada sobre la existencia de informes forenses que indican que los proyectiles que causaron la muerte son compatibles con las armas que utiliza la fuerza pública. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos informó a la Comisión que abrió de oficio un expediente investigativo a fin de determinar las circunstancias y responsabilidades de esta muerte.

El cadáver de Pedro Magdiel Muñoz fue encontrado el 25 de julio de 2009, en el departamento de El Paraíso, cerca de la frontera con Nicaragua. Su cuerpo tenía señales de tortura que habían sido ocultadas bajo una camisa limpia que se le había puesto luego de ser asesinado. La CIDH recibió testimonios de dos personas que fueron testigos de su detención por miembros del Ejército unas horas antes de que apareciera su cuerpo. Los testigos informaron a la Comisión que ese día la víctima había participado activamente de las manifestaciones frente a los retenes militares en la zona.

El 30 de julio de 2009 el maestro Roger Vallejos Soriano recibió un disparo en la cabeza, durante las manifestaciones que tuvieron lugar en Comayagüela, y murió el 1 de agosto. El Estado informó a la Comisión que existe una investigación en curso.

El 2 de agosto de 2009, Pedro Pablo Hernández resultó muerto por herida de bala en su cabeza. Según testimonios presentados a la Comisión, el disparo provino de uno de los militares que se encontraba en el retén militar ubicado en la intersección del desvío a Jutiapa, valle de Jamastran, en la carretera que conduce de Danlí a Trojes. La Fiscalía informó que se está investigando este hecho.

Derecho a la integridad personal

La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce en su artículo 5 el derecho de toda persona “a que se respete su integridad física, psíquica y moral”; y a su vez prohíbe expresamente “el uso de la tortura o tratos inhumanos, crueles o degradantes en contra de las personas”. Por su parte, la Constitución de Honduras establece en su artículo 68: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. El derecho a la integridad personal es, igual que el derecho a la vida, inderogable bajo cualquier circunstancia.

La CIDH recibió más de un centenar de testimonios mediante los cuales se verificó que la represión de manifestaciones públicas se caracterizó por el uso desproporcionado de la fuerza. En efecto, en los diversos departamentos a los que se desplazó, la Comisión recibió testimonios sobre personas heridas por balas de plomo, golpizas mediante el uso de bastones policiales (toletes) y otros objetos contundentes de hule, hierro y madera, la utilización indiscriminada de gases lacrimógenos como métodos habituales de disuasión de la manifestación. La Comisión recibió testimonios de decenas de personas con lesiones graves en la cabeza como producto de la represión ejercida tanto por personal policial como militar. La CIDH verificó que hombres, mujeres y ancianos mostraban moretones en diversas partes del cuerpo y escuchó varios relatos de personas que fueron objeto de vejación y tortura. Particularmente, en San Pedro Sula, se informó a la Comisión que durante los actos de represión, agentes policiales violaron a una mujer y que varias personas recibieron golpes en el abdomen y en los genitales, y se les tiró gas pimienta en los ojos.

La Comisión recibió testimonios sobre la represión el 14 de agosto en el puente de Choloma, San Pedro Sula. Según la información recibida, la policía lanzó bombas lacrimógenas y comenzó a golpear y detener a los manifestantes. La CIDH escuchó el testimonio de dos manifestantes que indicaron que miembros de las fuerzas de choque, Comando Cobra, luego de perseguirlas varias cuadras, las golpearon con los bastones policiales en las piernas y nalgas, mientras las insultaban. Otra mujer relató a la Comisión que los agentes policiales la desnudaron del torso para abajo golpeándola brutalmente con los bastones. La Comisión también recibió el testimonio de un trabajador que fue golpeado en esa misma manifestación, y que sufrió fractura de tabique nasal y cortes en la frente y en la cabeza.

Un afectado que rindió testimonio ante la Comisión relató que se había desplazado hacia la región aledaña a Las Manos, cerca de la frontera con Nicaragua, a fines de julio. Elementos militares detuvieron el autobús en que se desplazaba a la ciudad fronteriza de Las Manos, departamento de El Paraíso, y les obligaron a devolverse después de someterlos a vejaciones e insultos; cuando lo hicieron, los militares dispararon y una bala le impactó en la oreja arrancándole un pedazo. Inicialmente, no lo quisieron atender en el hospital diciendo que era terrorista.

Igualmente, se recibió información de brutalidad policial en una marcha realizada el 12 de agosto hacia el Congreso Nacional en Tegucigalpa. Según los testimonios, al llegar al lugar de destino, miembros del Ejército, de la Policía Nacional y del Comando Elite Cobra reprimieron a golpes a los manifestantes y también a personas que estaban en el lugar, aunque no participando de la manifestación.  La Comisión recibió el testimonio de un señor que estaba sentado en una banca cuando vio una golpiza brutal que estaba recibiendo un manifestante. Según su relato: “allí venía un adolescente corriendo por la avenida, los militares lo agarraron y lo golpearon con un palo de hierro. Yo les dije: ‘van a matar al muchacho’, entonces un militar dijo ‘agarren a ese viejo’, y empezaron a golpearme”.

Dos hermanos que se habían retirado de la manifestación del 12 de agosto en Tegucigalpa fueron relataron que militares los obligaron a golpes de puños a bajar del autobús y los condujeron al Congreso, donde fueron obligados a quitarse sus camisas y sus zapatos, al igual que otros detenidos. Según el testimonio de uno de los hermanos: “me golpeaban en la cara y me presionaban los testículos con sus bastones policiales. Me hicieron tirarme al piso que estaba muy caliente. Los policías se paraban sobre los dedos de mis pies y los aplastaban, una y otra vez. Levanté la cabeza porque el piso me estaba quemando y me pegaron dos toletazos”.

Varias personas fueron víctimas de persecución de las fuerzas de seguridad en Comayagua, luego de su participación en manifestaciones. Al respecto, una de las víctimas dijo que cuando ya la manifestación en la que había participado había sido dispersada por miembros de las fuerzas de seguridad, la policía ingresó a la casa donde ella se había refugiado, la aprehendieron, la subieron a un camión militar donde se encontraban otros detenidos y les tiraron gases lacrimógenos dentro del vehículo. La Comisión Interamericana recibió testimonios congruentes de varias personas sobre este hecho. Asimismo, se recibió información sobre el uso de gases lacrimógenos arrojados hacia el interior de casas de familia donde los manifestantes se habrían refugiado.

Derecho a la libertad personal

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 7 que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales” y que “nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Asimismo, señala que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios” y que “toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella”. Por su parte, el artículo 69 de la Constitución de Honduras indica: “La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”.

Otro método utilizado por el gobierno de facto para silenciar y obstaculizar las expresiones de protesta ha sido la aplicación de detenciones de manifestantes e incluso de personas que se encontraban en las inmediaciones del área donde tenía lugar una manifestación sin estar participando de la misma. Según la información recibida, entre 3.500 y 4.000 personas fueron detenidas arbitrariamente por la policía y el Ejército durante las manifestaciones. La Comisión confirmó con diversas fuentes que en numerosos casos no se levantó registro de sus detenciones o se levantó de manera inconsistente; tampoco se avisó a las autoridades judiciales ni a los fiscales. No se han formulado cargos contra estas personas, siendo liberadas horas después de su detención. Conforme a lo informado, las detenciones arbitrarias se habrían extendido por períodos de entre 45 minutos y 24 horas. Según los reportes, los detenidos fueron objeto de golpes, amenazas a punta de pistola y agresiones verbales. También se informó que algunas de las celdas donde fueron conducidos se encontraban cubiertas de orina y heces. La Comisión recibió información de que en algunas postas de policía los Jueces Ejecutores que se presentaron en respuesta a la presentación de recursos de exhibición personal fueron maltratados, amenazados a punta de pistola, y agredidos verbalmente.

Por ejemplo, el 12 de agosto fueron arrestadas 28 personas (27 adultos y un menor) en el marco de la marcha hacia el Congreso Nacional. Tres de ellas fueron imputadas por terrorismo y liberadas con medidas sustitutivas. Los otros 24 fueron imputados de los delitos de sedición, daño a la propiedad privada, manifestación ilícita y robo. Los detenidos fueron transportados hacia las instalaciones del Batallón Cobra, el cual no es un centro de detención habilitado, sino un campo de entrenamiento de fuerzas especializadas. En el batallón Cobra los detenidos fueron recluidos en las graderías de una cancha deportiva. Al cumplirse las 24 horas de detención -plazo en el cual, según la normativa constitucional deben ser liberados- la Fiscalía presentó requerimiento fiscal. A la tarde del día siguiente se realizó, en las instalaciones de la Policía, la audiencia de declaración de imputados. Recién en este momento los detenidos tomaron conocimiento de los cargos que se imputaban en su contra, y en razón de los cuales habían sido detenidos. Durante la audiencia, fuerzas policiales y del Comando Cobra se encontraban dentro de la sala. Todos han sido liberados en diferentes fechas entre el 14 y el 20 de agosto; 18 han sido exonerados, y los otros seis continúan procesados por manifestación ilícita.

Del 24 al 27 de julio, entre 4.000 y 5.000 personas quedaron atrapadas entre retenes militares en la zona fronteriza con Nicaragua, en el departamento de El Paraíso, durante la aplicación en esa región de un toque de queda de carácter continuado en virtud de prórrogas consecutivas cada 12 horas. La Comisión recibió numerosos y concordantes testimonios señalando que durante ese plazo no tuvieron acceso a agua, alimentos ni medicamentos; que fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad a través del uso de gases lacrimógenos y que las personas heridas no recibieron atención médica.

La Comisión considera fundamental que el gobierno de facto adopte medidas urgentes para garantizar el derecho a la vida, integridad personal y libertad personal de todas las personas. Es indispensable que se realicen investigaciones serias, exhaustivas, conclusivas e imparciales de todos los casos de violaciones a los derechos humanos. La Comisión destaca la necesidad de que los responsables sean debidamente juzgados y sancionados, y que se repare adecuadamente a los familiares y víctimas de las violaciones atribuibles a agentes del Estado. En este sentido, es de fundamental importancia que se facilite, se profundice y no se ponga ningún obstáculo a la tarea que debe realizar la Fiscalía de Derechos Humanos para que pueda investigar la totalidad de las violaciones ocurridas en el contexto del golpe de Estado.

Durante la visita, la Comisión recibió testimonios que sostuvieron que en el contexto de las manifestaciones, represión y detenciones llevadas a cabo por agentes policiales y miembros de la fuerza militar, las mujeres, en razón de su género, fueron especialmente sujetas a actos de violencia y vejación, y por lo menos un caso de violación. La Comisión constató que, al estar bajo el control directo de agentes de la fuerzas de policía y Ejército, numerosas mujeres fueron objeto de un tratamiento abusivo y denigrante, que incluyó, entre otros, el manoseo de senos y vagina. En otros casos, la Comisión recibió información de que a algunas mujeres les abrieron las piernas y les tocaron los genitales con los bastones policiales.

Derecho a la Libertad de Expresión

La garantía y protección del derecho a la libertad de expresión es una condición esencial para la defensa de todos los derechos humanos y para la existencia misma de cualquier sociedad democrática. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho a la libertad de expresión en su artículo 13, indicando que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, lo que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. A su turno, la Constitución de Honduras en su artículo 72 reconoce que “es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura.”

La Corte Interamericana ha destacado de manera consistente la importancia de este derecho al sostener:

La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática.  Es indispensable para la formación de la opinión pública.  Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quien desee influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente.  Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones, esté suficientemente informada.  Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.

La CIDH ha recibido información sobre situaciones que se presentaron a partir del golpe de Estado que configuran graves violaciones del derecho a la libertad de expresión. Durante la visita, se constató que el 28 de junio de 2009, varios medios de comunicación –en particular canales de televisión y emisoras radiales- se vieron obligados a suspender sus emisiones por ocupaciones militares de sus instalaciones, o fueron objeto de restricciones técnicas como cortes de luz y tomas de repetidoras y transmisores, que les impidieron informar sobre lo que estaba sucediendo. Así mismo, se constató que varios canales de cable fueron sacados del aire y que fueron suspendidos programas de televisión que tenían una línea crítica del golpe de Estado. Otros mecanismos de control de la información han sido las llamadas de distintos funcionarios oficiales, especialmente de miembros de la fuerza pública, sobre la inconveniencia de trasmitir información u opiniones contrarias al gobierno de facto. También se han registrado detenciones, agresiones y destrucción de equipos de reporteros asociada con el ejercicio de su labor periodística, así como ataques violentos provenientes de particulares contra los medios y amenazas de muerte.

La CIDH ha podido advertir que tras el golpe de Estado, los medios de comunicación de Honduras se han polarizado. Los medios de propiedad pública, por su inadecuado diseño institucional no tienen independencia del Poder Ejecutivo y, como consecuencia de ello, están abiertamente parcializados a favor del gobierno de facto. Los comunicadores y medios de comunicación que son percibidos como afines al gobierno de facto, han sido blanco de fuertes agresiones, presuntamente, por parte de opositores al golpe de Estado. Otros medios de comunicación que son percibidos como promotores del movimiento de resistencia, han visto constantemente afectada su labor periodística tanto por agentes del Estado como por particulares que restringen la labor informativa. Son pocos los medios de comunicación que en el agudo ambiente de polarización, se han comprometido públicamente con organizaciones civiles a presentar información plural sin que su posición editorial afecte la labor informativa. Sin embargo, la tarea de informar libremente no es fácil de sostener, pues el gobierno de facto cuenta con mecanismos poderosos de injerencia e intimidación que pueden ser empleados de manera abierta o encubierta, bajo la excusa de aplicación formal de las leyes preexistentes. De otra parte, las amenazas y violentos ataques de particulares han dificultado seriamente el ejercicio de la profesión.

Cierre de medios de comunicación

La CIDH fue informada que el 28 de junio personal militar ocupó las instalaciones de las antenas de transmisión de diferentes canales de televisión y radio en la zona del Cerro de Canta Gallo, en Tegucigalpa, e impidieron durante varias horas que técnicos encendieran los transmisores. En la zona se encuentran las antenas de transmisión de los Canales 5 y 3, Canal 57, Canal 9, Canal 33, Canal 36, Canal 30, Canal 54 y Canal 11. Esta medida, sumada a los constantes cortes de energía, dificultó la transmisión de la señal de estos canales. Por otra parte, el Canal 8, de propiedad estatal, dejó de transmitir por más de un día. Cuando reinició su transmisión, el personal de dirección había cambiado, al igual que la programación. Las señales de los canales privados Canal 6, Canal 11, Maya TV, Canal 36 de Tegucigalpa; y La Cumbre y la Televisora de Aguán, canal 5, del departamento de Colón fueron interrumpidas por tomas militares o por instrucciones del Ejército.

También fueron ocupados o rodeados por la fuerza pública Radio Progreso, en ciudad El Progreso, departamento de Yoro, Radio Globo, en Tegucigalpa, Radio Juticalpa, del departamento de Olancho, Radio Marcala en el departamento La Paz. En este último caso, un grupo de militares intentó cerrar la radio, pero pobladores de la zona impidieron el paso y la radio siguió funcionando.

Además de esta situación, se constató que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) dio instrucciones a los prestadores de televisión por cable que indirecta o directamente conducían a sacar del aire canales internacionales o programas nacionales trasmitidos por canales locales. Tal fue el caso de CNN en Español, Telesur, Cubavisión Internacional, Guatevisión y Ticavisión entre otros.

Cortes de luz

El 28 de junio, en horas de la mañana, hubo cortes de energía selectivos, según denuncias recibidas por la CIDH. Los cortes de energía impidieron las trasmisiones libres de radio y televisión, abarcaron sectores donde funcionaban las torres de transmisión, y afectaron a los servicios de telefonía fija y celular.

Detenciones de comunicadores sociales

La CIDH recibió información según la cual varios periodistas fueron detenidos, agredidos y amenazados, por razones directamente vinculadas al ejercicio de su profesión. El 28 de junio de 2009 fue detenido el caricaturista Allan McDonald junto su hija de 17 meses por soldados de las Fuerzas Armadas, que allanaron su casa, quemaron sus caricaturas y su material de dibujo. El mismo día miembros de la fuerza pública retuvieron en Tegucigalpa, a un grupo de reporteros de Telesur y The Associated Press para interrogarlos por sus visados. Este operativo, contra Telesur y VTV se repitió el 11 de julio. A la mañana siguiente, miembros de las fuerzas policiales impidieron a los reporteros salir del hotel durante varias horas. Los equipos de ambos canales abandonaron Honduras al día siguiente por considerar que su seguridad estaba riesgo.

Algunos de los periodistas detenidos ilegalmente y golpeados por la fuerza pública debido al ejercicio de su profesión, fueron Naún Palacios, en Tocoa, Colón, el 30 de junio de 2009; Mario Amaya, fotógrafo del Diario Hoy, el 2 de julio; Rommel Gómez, en San Pedro Sula; el director de Radio Coco Dulce, Alfredo López, el 12 de agosto en Tegucigalpa; el 14 de agosto, en Cortés, el periodista de Radio Progreso, Gustavo Cardoza. En la misma manifestación fue golpeado por las fuerzas de seguridad el periodista independiente de Tela, Edwin Castillo.

Agresiones y amenazas a comunicadores sociales

La CIDH recibió información sobre graves y múltiples agresiones sufridas por periodistas por actos de la fuerza pública o de particulares pero siempre con el objetivo de impedirles el ejercicio libre de su labor. Así por ejemplo, Juan Ramón Sosa del diario La Tribuna, fue golpeado e insultado cuando cubría una manifestación el 29 de junio, en Tegucigalpa. De acuerdo a la información recibida, la reportera gráfica Wendy Olivo, de la Agencia Bolivariana de Noticias, fue agredida por la fuerza pública cuando intentó tomar fotografías de personas detenidas en un destacamento policial, al negarse a entregar su cámara de fotos. El 30 de julio, varios periodistas y camarógrafos habrían sido agredidos por integrantes de la Policía en el contexto de la reacción contra la manifestación que se celebró ese día en Tegucigalpa. Según la información recibida, Karen Méndez, periodista de TeleSUR, fue empujada y amenazada por un policía, en tanto el camarógrafo del mismo canal, Roger Guzmán, también fue agredido y le quitaron material de trabajo. José Oseguera y Luis Andrés Bustillo, camarógrafos del programa “Hable como Habla” de Maya TV, habrían sido golpeados en la zona de Durazno, en la salida norte de Tegucigalpa el 30 de julio de 2009. Edgardo Castro, periodista de la Televisora Hondureña de Comayagua, habría sido agredido el 30 de julio de 2009, en el marco de la manifestación en Tegucigalpa, cuando filmaba la acción de la Policía contra manifestantes. Su equipo habría sido dañado. El 5 de agosto de 2009, el fotógrafo de diario Tiempo, Héctor Clara Cruz, fue golpeado por miembros de la Policía, cuando cubría una manifestación estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para evitar que continuara tomando fotos del enfrentamiento. El 12 de agosto de 2009, Richard Cazulá camarógrafo de Canal 36, habría sido golpeado por miembros de la fuerza pública y se habría dañado su cámara, cuando filmaba una manifestación en Tegucigalpa. El 14 de agosto de 2009, en el marco de una manifestación, un grupo de policías agredió y confiscó el material al fotógrafo Julio Umaña, del diario Tiempo, quien les había mostrado su acreditación.

En cuanto a las agresiones contra periodistas originadas en actos de particulares, la CIDH observa que en su mayoría se registraron mientras cubrían manifestaciones. En Tegucigalpa tres periodistas del programa “Entrevistado” del Canal 42 habrían sido atacados el 28 de junio de 2009 por un grupo de manifestantes, que también los derribaron y rompieron sus cámaras. El 29 de junio de 2009, el fotógrafo del diario El Heraldo Johnny Magallanes habría sido atacado cuando cubría una manifestación frente de la Casa Presidencial, en Tegucigalpa. El 1 de julio, unos manifestantes presuntamente del movimiento de resistencia, agredieron a Carlos Rivera, corresponsal de Radio América en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Henry Carvajal y Martín Rodríguez, fotógrafo y periodista del diario La Tribuna, denunciaron haber sido objeto de agresiones por parte de manifestantes de la resistencia el 26 de julio en el departamento El Paraíso.

Además, se recibió información que varios comunicadores sociales han sido amenazados desde el golpe de Estado a causa de su labor periodística. Las amenazas han provenido de distintos sectores y se han producido bien por vía telefónica o electrónica o personalmente cuando cubren las manifestaciones o hechos noticiosos relativos a la crisis política. La CIDH pudo advertir que en las últimas semanas las amenazas para evitar el ejercicio libre de la labor informativa han aumentado. Han sido objeto de graves amenazas, entre otros comunicadores, Madeleine García y otros miembros del equipo de Telesur, Esdras Amado López (Canal 36); Eduardo Maldonado (Hable como habla en Maya TV), Jorge Otts Anderson (Canal la Cumbre en Tocoa, Colón); Johnny Lagos (El Libertador); José Luis Galdámez (programa Tras la Verdad en Radio Globo), Andrés Molina (Radio Juticalpa); Carlos Lara, Wilfredo Paz y Rigoberto Mendoza (en Tocoa, Colón); miembros de la Radio Progreso; integrantes de la Radio La Voz Lenca, entre otras radios independientes o comunitarias; Francisco Montero (Radio Sonaguera); Héctor Castellanos (programa en Radio Globo), por mencionar algunos ejemplos de amenazas provenientes de miembros de la fuerza publica o de sectores presuntamente asociados con el gobierno de facto. Así mismo, Carlos Mauricio Flores y Fernando Berrios, del diario El Heraldo, fueron amenazados de muerte en el contexto de violentos ataques al medio en el cual trabajan presuntamente originados en grupos radicales opuestos al golpe de Estado. Finalmente, Dagoberto Rodríguez de Radio Cadena Voces ha sufrido también agresiones y amenazas provenientes de grupos presuntamente pertenecientes al movimiento de resistencia.

Ataques a medios de comunicación

Como se ha mencionado antes, la CIDH observó una creciente polarización que se ha manifestado, entre otras cosas, en violentos ataques de particulares contra los medios de comunicación. Estos parecen haberse recrudecido en las últimas semanas.

Se recibió información sobre el atentado que se intentó realizar contra Radio América el 30 de junio, cuando una bomba fue colocada en el local de la emisora en Tegucigalpa. En la noche del 4 de julio, en Tegucigalpa, una persona no identificada habría dejado un explosivo en el Centro Comercial Prisa, donde se encuentran las instalaciones del diario Tiempo y del Canal 11. A fines de julio, se encontró un artefacto explosivo contra las instalaciones del Canal 6, en San Pedro Sula. El 14 de agosto, personas encapuchadas y con armas, incendiaron un vehículo que repartía ediciones del periódico La Tribuna. Al día siguiente, personas no identificadas lanzaron 5 bombas molotov contra el edificio del diario El Heraldo, que estuvieron a punto de provocar un incendio en las instalaciones del periódico.

Con base en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado tiene la obligación internacional de garantizar y proteger la libertad de expresión y debe abstenerse de utilizar mecanismos directos o indirectos de intimidación, así como proteger la vida y la integridad personal de los comunicadores, cualquiera sea su línea editorial. En consecuencia, la Comisión insta al Estado a respetar el libre ejercicio de este derecho, abstenerse de utilizar formas directas o indirectas de intimidación o censura, investigar las agresiones de que han sido víctimas comunicadores y medios, proteger la vida, integridad de los comunicadores así como las instalaciones de los medios y promover un clima de  tolerancia y pluralismo que permita el más amplio debate posible sobre los asuntos públicos.

Conclusión

La Comisión constató durante esta visita que el golpe de Estado del 28 de junio ha creado una situación de ilegitimidad democrática que tiene un impacto negativo sobre la vigencia de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras.

La Comisión comprobó la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública por parte de fuerzas policiales y militares, detenciones arbitrarias, y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía, que tuvo como consecuencia la muerte de por lo menos cuatro personas, decenas de heridos, miles de detenciones arbitrarias, cierre temporal de canales de televisión y amenazas y agresiones a periodistas.

La Comisión verificó la existencia de una aguda polarización que ha incidido en los medios de comunicación y que afecta el flujo libre de la información y la posibilidad de que exista un debate vigoroso y desinhibido sobre los asuntos relacionados con la ruptura del orden institucional. Asimismo, pudo comprobar la existencia de serias restricciones del ejercicio a la libertad de expresión  provenientes del gobierno de facto, que han generado un ambiente de intimidación que inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión. Finalmente, pudo comprobar la existencia de amenazas de muerte y ataques violentos a periodistas y medios de comunicación en razón de su línea editorial, provenientes de distintos sectores.

En base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado en 1977, el Estado tiene la obligación internacional de prevenir las violaciones a los derechos humanos, y en caso de que ocurran, investigar, juzgar y sancionar a los responsables. En este sentido, la Comisión insta al Estado a respetar el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad individual y a la libertad de expresión.

La Comisión desea valorar especialmente el trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos, cuyo rol ha sido fundamental en la obtención de información y la labor de protección de los derechos de las personas, bajo condiciones de riesgo personal.

La Comisión continuará observando la situación de derechos humanos en Honduras en el contexto del golpe de Estado y próximamente hará público el Informe final sobre esta visita.

Los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han sostenido en reiteradas oportunidades que el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos. En ese sentido, la Comisión considera que únicamente el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras permitirá que se den las condiciones para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras.

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[en] “The Only Crime”: Testimony of Marcial Hernandez, beaten, detained & hospitalized

Marcial Hernandez: beaten, detained & hospitalized. Cortes, August 14th, 2009. Photo: Sandra Cuffe(Marcial Hernandez: beaten, detained & hospitalized. Photo: Sandra Cuffe)

Text, translation and photos by Sandra Cuffe

San Pedro Sula, Honduras, August 15th, 2009.

Repression against the national movement against the military coup in Honduras has become a daily occurrence. All over the country, police and the army are using tactics of terror and violence to disperse protests and illegally detain demonstrators.

Nevertheless, the resistance actions coordinated by the National Front of Resistance to the Military Coup in Honduras (FNRCGE, for its acronym in Spanish) continue to grow across the nation.

On August 14th, organizations and citizens in resistance from the northwestern region of the country mobilized in Choloma, blocking vehicle traffic along the highway between San Pedro Sula and Puerto Cortés. It was a very strategic choice of location, along the main highway leading to the country’s main port. Puerto Cortés has a great volume of exports, principally to the United States, of textile goods from the maquila factories in the northwestern region, as well as the fruits of the Tela Railroad Company, subsidiary of the transnational banana company Chiquita.

Soon after the highway blockade began, there was a negotiation between resistance leaders and police officials, supposedly in order to avoid yet another violent eviction. According to witnesses, a verbal agreement was made between the two parties to allow the protest to continue for another hour and peacefully disperse.

However, approximately twenty minutes after the agreement was reached, a large police presence gathered, along with some elements of the army, and police proceeded to violently disperse the protest, using tear gas and a water cannon. The demonstration dispersed, but police ran after resistance participants running towards downtown Choloma, using brutal violence during their arrest of protestors and others and during their transfer to the nearby police station in Choloma.

Twenty-seven people were detained. Among them were minors, elderly people, women, and journalists. The majority of the 27 detained were violently beaten.

Due to the severity of their injuries, five men were transferred in police custody to the Catarino Rivas public hospital in San Pedro Sula. All received treatment in the emergency ward for wounds documented as having been “caused by impact with a hard object.” Two men were released, but three protestors were still hospitalized late that same afternoon and were being held for observation and further treatment in the emergency room for an undefined period of time.

Julio Espinoza Carías, from Tela, Atlántida, has an exposed fracture of his right femur caused by the impact of a bullet, along with other wounds on his face and body.

Rogelio Mejía Espinoza, of the Aguán Farmers’ Movement (MCA) in the community of Guadalupe Carney in the Silín sector, Colón, has a fractured left maxillary sinus, with blood in the sinus, along with other injuries to his face and head, including a head wound that required several stitches.

Marcial Hernández, a member of the Coordination of Popular Organizations of the Aguán (COPA), from Tocoa, Colón, has a fractured left hand, a wound on the top of his head that required several stitches, and other injuries on his body. Immediately after the following interview, he was taken for a second time to get further X-rays done.

The following testimony was recorded in the Catarino Rivas hospital in San Pedro Sula in the late afternoon of August 14th. It was then transcribed word for word and translated into English.

TESTIMONY OF MARCIAL HERNANDEZ:

“After the police arrived throwing [tear gas], we ran towards the central plaza. We ran well past the plaza, and they kept following us. And when we came back to regroup in the plaza, well, they let us make it to the plaza – some of us.

Those who were further away, dispersed, were being pursued. The police were grabbing them, beating them with their batons, hitting them, and taking them away to be detained.

We stayed there. Later, they surrounded the plaza. So once again we ran, this time towards the bridge. And when we were running there, the police came out in front of us, so we turned back.

There were some women from the Medicine, Hospital and Similar Workers’ Union (SITRAMEDHYS). And they were running, and we all went into some disgusting bathrooms that were there. We opened the gate and ran in. And the very same people closed the gate behind us. But when we went in, the women who had children with them entered the bathrooms and there was no more room for me, but anyways, we had to save the kids. So I sat down in a chair. The police passed us and about two minutes went by.

When they came back, they came to where I was. They opened the gate and came in running. And as though I were the enemy they grabbed me. They didn’t ask me for any kind of declaration. Someone simply pointed me out and then they came, but all at once, with their batons, hitting me on my back, on my head.

And someone grabbed me. One of them grabbed me by the shirt and shoved me. And when I walked forward, another one kicked me with his feet, his shoes, and knocked me over. And then I didn’t have any other choice but to curl up on the ground. And they really went at it there until they felt like stopping.

From there, they dragged me out. Then I stood up, and while I was getting up, they took advantage of it because I was exposing my back, so they took the chance to hit me as much as they wanted. And when we went out into the street, they put me back into the truck.

At that point, I was losing a lot of blood from my head.

Marcial Hernandez. Hospitalized in San Pedro Sula, August 14th. Photo: Sandra Cuffe

(Marcial Hernandez: head wound from police brutality. Photo: Sandra Cuffe)

They grabbed another compañero, and they were taking him on foot, beating him with the baton, and the police took us. And when we were arriving at the police station, they pushed me so hard that I fell down. They kept kicking me there, and then they dragged me into the police station.

The police official called them animals, he said something to them anyways. I could see that he said something about why they were doing that. But I couldn’t get up.

And the compañera that was here – she was the only one who helped me at that moment in the police station. When they wouldn’t respond to anything anyone said, someone yelled ‘stop hitting that man, don’t beat him, he’s defenseless.’

And that’s what happened. That’s what happened today.

The only… What’s it called? The only crime, absolutely the only one, was that we were going to a protest against this de facto government.”

# # #

Sandra Cuffe – sandra.m.cuffe@gmail.com – is a freelance journalist and photographer from Canada. In Honduras since July 3rd, she is currently a correspondent for the DominionPaper.ca (Canada), UpsideDownWorld.org (United States), DefensoresEnLinea.com (Honduras), and several community radio stations.

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[es] “El único delito”: Testimonio de Marcial Hernandez, golpeado, detenido, y hospitalizado

Marcial Hernandez, hospitalizado por golpes durante su detencion en Choloma, el 14 de agosto. Foto: Sandra Cuffe(Marcial Hernandez, golpeado y hospitalizado. foto: Sandra Cuffe)

Texto y fotos por Sandra Cuffe

San Pedro Sula, 15 de agosto del 2009.

La represión del movimiento nacional de resistencia en contra del golpe de Estado en Honduras ya es un hecho diario. En distintas regiones del país, la policía y el ejército están usando tácticas de terror y violencia para dispersar las protestas y detener ilegalmente a las y los manifestantes.

No obstante, las acciones de lucha coordinadas por el Frente Nacional de Resistencia en Contra del Golpe de Estado en Honduras FNRCGE siguen aún con mayor fuerza en cada rincón del país.

El 14 de agosto, las organizaciones y la ciudadanía en resistencia en la zona noroccidental se movilizó a la altura de Choloma, bloqueando el paso a los vehículos en la carretera entre San Pedro Sula y Puerto Cortés.

Es un punto muy estratégico en el país, ya que se trata de la carretera principal que conduce hacia el Puerto principal del país, desde el cual se exporta hacia los Estados Unidos un gran volumen tanto de textiles producidos en las maquilas del noroccidente como de frutas de la Tela Railroad Company, filial de la transnacional bananera Chiquita.

A pocas horas de la toma, hubo una negociación entre la dirigencia de la resistencia y los oficiales de la policía, supuestamente para evitar un deslojo violento. Según testigos, acordaron establecer un plazo de una hora para permitir de la movilización saliera de la carretera.

No obstante, a los veinte minutos del acuerdo verbal, una gran cantidad de policías con resfuerzos de elementos del ejército se hizo presente y en seguida empezaron un desalojo violento, tirando bombas de gaz lacrimógeno y usando la tanqueta de agua. Se dispersó la protesta, pero la policía siguió a las y los participantes corriendo hacia el centro, usando todo tipo de brutal violencia durante su detención ilegal y su traslado a la posta policial en Choloma.

Se registraron 27 personas detenidas, entre los cuales se encontraban menores de edad, personas ya muy mayores de edad, mujeres, y periodistas. La mayoría de los detenidos habían sido golpeado violentamente.

Por la gravedad de sus heridas por los golpes, cinco hombres fueron trasladados bajo custodio policial al hospital Catarino Rivas en la ciudad de San Pedro Sula. Todos recibieron tratamiento por heridas registradas como ‘golpes con objetos contusos’ en la sala de emergencia. A dos les dieron de alta, pero tres participantes en la resistencia se encontraban hospitalizados todavía en horas de la tarde y iban a estar bajo observación en la sala de emergencia por tiempo aún indefinido.

Julio Espinoza Carías, de Tela, Atlántida, tiene una fractura expuesta del femur derecho causado por un impacto de bala, y otras heridas y golpes en la cara y cuerpo.

Rogelio Mejía Espinoza, del Movimiento Campesino del Aguán de la aldea Guadalupe Carney en el sector de Silín, Colón, tiene fracturado el seno maxiliar izquierdo, con hemoseno, más otros heridas por golpes en la cara y cabeza, incluyendo una herida en la cabeza que requirió varias puntadas.

Marcial Hernández, miembro de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, de Tocoa, Colón, tiene fracturada la mano izquierda, una herida en la cabeza que necesitó varias puntadas, y otros golpes en el cuerpo. Justamente después de hacerle la siguiente entrevista, le llevaron de nuevo a Rayos X para hacerle otras radiografías.

A continuación se reproduce literalmente su testimonio, grabado en horas de la tarde del mismo 14 de agosto en el hospital y trancrita enseguida.

TESTIMONIO DE MARCIAL HERNANDEZ:

“Nosotros, de donde estabamos reconcentrados desde cuando llegaban los policías tirando bombas, las granadas, tirando las bombas lagrimógenas, entonces nosotros corrimos hacia el parque. Y corrimos muy abajo del parque, y ellos nos fueron siguiendo y siguiendo. Y cuando venimos de regreso a reconcentrarnos al parque, entonces nos dejaron que llegáramos al parque, una parte.

Y cuando los que andaban por allá largo, dispersos, los andaban recogiendo, trayéndolos, toleteándolos, golpeándolos, y metiéndolos a la cárcel.

Y nosotros nos quedamos allí. Después hicieron un cerco alrededor del parque. Entonces nosotros nos volvimos a correr para el lado del puente. Y cuando corrimos para allá nos salieron adelante, entonces regresamos de regreso.

Y venían unas mujeres que son de SITRAMEDYHS. Y entonces ellas también venían corriendo, y nos metimos a unas porquerías que habían allí. Abrimos un portón y entramos corriendo. Y con la misma, la gente lo cerró. Pero cuando entramos, las mujeres que traían niños se metieron en unos baños y ya para mi ya no había campo, como de todas maneras había que salvar a los niños. Pues, yo me quedé sentado en una silla. Pues, pasaron y nos quedamos allí como dos minutos.

Cuando regresaron, entonces, llegaron donde mi. Abrieron y entraron corriendo. Y como que era un enemigo me agarraron. No me pidieron ninguna declaración, sino que sólo me señaló alguien y se vinieron, pero todos a un tiempo, con los garrotes, dándome por la espalda, por la cabeza. Y alguien me agarró. Uno de ellos me agarró de la camisa, y me pegó un jalón aventón. Y cuando yo caminé para adelante, otro me dio con los pies, con los zapatos, y me botó. Y entonces no me quedó otro alternativo que encogerme en el suelo y allí se dieron guste. Hasta que ya no quisieron.

De allí me sacaron arrastrado. Después, me paré, y cuando yo me paraba, ellos aprovechaban, pues, como yo ponía el lomo, aprovecharon para darme, pero lo que más querían. Y cuando salimos a la calle, me dentraron otra vez a la camioneta, y entonces, yo estaba botando mucha sangre de la cabeza.

Entre las heridas por golpes esta la cabeza de Marcial Hernandez. Foto: Sandra Cuffe(Puntadas en la cabeza de Marcial Hernandez. foto: Sandra Cuffe)

Y sacaron otro compañero, ya lo traían caminando, y también le venían dando con el tolete, y nos llevaron a la policía. Y llegando a la policía me pegaron un empujón que caí, y allí siguieron con las patas, y me metieron de arrastras hasta adentro de la policía.

El oficial les dijo bestias, algo les dijo allí, yo vi que les dijo por qué hacían eso. Pero yo no me podía levantar.

Y la compañera que estaba, que andaba aquí, fue la única que me auxilió en ese momento allí, porque cuando no atendían ninguna comunicación, alguien les gritaba ‘no golpeen al señor, no lo golpeen, está indefenso.’ Y ellos decían, pues ‘a ustedes los vamos a traer’.

Y así eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó este día.

El único, como… ?cómo se dice? El único delito, única y exclusivamente, porque nosotros estabamos yendo a una protesta en contra de este gobierno de facto. Esto es lo único.”

# # #

Sandra Cuffe – sandra.m.cuffe@gmail.com – es una periodista y fotografa independiente de Canadá. Actualmente, está en Honduras desde el 3 de julio, colaborando con varios medios como DominionPaper.ca (Canadá), UpsideDownWorld.org (Estados Unidos), DefensoresEnLinea.com (Honduras), y varias radios comunitarias.

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[en] AlterNet: “People Are in the Streets Every Day”

WOMEN IN RESISTANCE! Tegucigalpa, July 3, 2009. Photo: Sandra Cuffe

By Jessica Pupovac, AlterNet. Posted August 7, 2009.

A national march against the coup in Honduras kicked off Wednesday, with demonstrators leaving from every corner of the country and marching up to 15 hours a day to demonstrate their support for the return of ousted President Manuel Zelaya. Organizers with the National Front Against the Coup say participants, including Xiomara Castro de Zelaya, the wife of ousted President Manuel Zelaya and popular Catholic priest Andrés Tamayo, plan to march 15 hours per day, through hills, rain and military checkpoints, converging early next week in either San Pedro Sula or Tegucigalpa, the country’s two main cities.

The march was planned following a vigil, held Monday, for two teachers and active coup resisters, both of whom died over the weekend. The first, Abraham Vallejo Soriano, 38, who was shot on July 30 during a march in support of the return of ousted Honduran President Manuel Zelaya. Then, on Saturday, while leaving Vallejo Soriano’s wake, teacher Martin Florencio Rivera Barrientos, 45, was stabbed more than 25 times.

Their deaths bring the total number of people killed for their participation in the resistance to the coup in Honduras to nine, according to an August 3 press release from the International Solidarity, Observation and Accompaniment Mission in Honduras, a delegation comprised of various Latin American and European human rights experts, academics and others.

Among the dead are also two union leaders, an LGBT movement leader, a radio journalist, and several young demonstrators, including Pedro Magdiel Muñoz Salvador, 22, whose body was discovered close to the Nicaragua-Honduras border two days after being taken into police custody, according to a statement released by the Inter-American Commission on Human Rights, an arm of the Organization of American States. The release says his body was found with “signs of torture,” which other sources say included at least 40 stab wounds. [Warning: graphic images]

“The Commission calls for an investigation into the killings and punish those responsible,” the IACHR statement reads. “The IACHR also calls for the de facto regime to take all measures to ensure the right to life, integrity and security of all inhabitants of Honduras.”

The International Mission’s July 23 report also cited 1,275 curfew and demonstration-related arrests as of that date. A massive crackdown during a national strike on July 30 is believed to have risen that number by at least a few hundred more.

The report from the International Solidarity, Observation and Accompaniment Mission in Honduras says the legal basis for the arrests comes from Executive Order No. 011-2009, requested by interim President Roberto Micheletti, which temporarily suspended constitutional rights while a curfew was in place. It was never renewed, according to the Mission, making its ongoing enforcement illegal.

In addition, the report says, constitutional rights, according to Honduran law, can only be suspended in the case of a foreign invasion or natural disaster — neither of which is currently the case. Nonetheless, its enforcement continues, leading to widespread militarization, repression and thousands of arbitrary arrests.

According to Abencio Fernández Pineda, former attorney for the non-government organization the Committee of the Relatives of Disappeared Detainees of Honduras, the crackdown on dissent harkens back to the 1980s, a time when the Honduran army, with U.S. support, waged a covert campaign against leftist leaders. According to the National Security Archive, a documentation project of George Washington University that stores information from declassified U.S. government documents, at least 184 people were disappeared during that era. Most are believed to have been kidnapped and executed by secret police units such as the notorious Battalion 316, which was trained and equipped by the CIA to advance U.S. foreign policy in the region.

The current regime enlisted a key figure from Battalion 316 — Billy Fernando Joya Amendola — to serve as Micheletti’s special security adviser.
“We’ve seen at least ten political, extra judicial assassinations of people participating in the marches, threats against political activists and journalists, at least three disappearances, a number of drive-by shootings; the streets are militarized. People are clearly concerned that we are going back to that time,” Fernández Pineda told AlterNet. “And then Billy Joya starts appearing on the television, and in the coup leadership. What are we supposed to think?”

Fernández Pineda is not the only one who is concerned. Human rights groups and the international Mission have also denounced the formation of what they are calling “paramilitary groups,” which they link to narco-traffickers and the business elite, often working in tandem with local police.

The sudden violence isn’t the only similarity to a darker era in Honduran history. Much like the U.S.-backed removal of Guatemalan President Jacobo Árbenz Guzmán in 1954, the removal of Manuel Zelaya followed a series of moves by his administration that the international business community worried might signal a shift towards a more populist economic platform. In August 2008, for example, Zelaya publicly joined the Bolivarian Alliance for the People of America (or ALBA, its acronym in Spanish), a regional economic development and equitable trade coalition. Although it has no bearing on the legally binding, U.S.-led Dominican Republic-Central American Free Trade Agreement (commonly referred to as CAFTA), Zelaya’s association with Venezuelan President Hugo Chavez, who started the Alliance in 2004, raised more than a few eyebrows. Then, in December 2008, Zelaya raised the minimum wage in Honduras, one of the poorest nations in the hemisphere, from $157 to $289 dollars a month, except in free trade zones.

Lynda Yanz, Executive Director of the Maquila Solidarity Network, said in a July 28 release that “businesses and business associations — including those in the textile and apparel industries, which account for the majority of Honduras’ exports — have publicly supported the coup, lobbied against trade sanctions, or remained silent and carried on business as usual under the military-imposed regime.”

While there are reports of multinational corporations forcing their workers to attend pro-coup demonstrations, in an official July 27 letter to Secretary of State Hillary Clinton, Gap, Nike and Addidas, all of whom have extensive operations in Honduras, claimed that the companies do not “support or endorse the position of any party in this internal dispute.”

Yanz applauded that letter, saying it “breaks that silence and calls unequivocally for the restoration of democracy in Honduras.”

“The question that remains is: Where are the other companies that are doing business in Honduras, including the three largest foreign investors in the country’s apparel sector — Fruit of the Loom/Russell Corporation, Hanesbrands and Gildan?”

Meanwhile, the U.S. government has itself been criticized for not taking a firmer stance against the coup regime.

Although in recent weeks the U.S. has reportedly cut off $18.5 million in military aid to Honduras and suspended the visas of select coup leaders, Washington has fallen short of calling the forcible removal of Zelaya a “coup,” thereby leaving untouched a reported $180 million in foreign aid flowing into the coffers of Honduras’ current administration, in violation of the Foreign Appropriations Act, which requires that the U.S. suspend all aid to any country “whose duly elected head of government is deposed by military coup or decree.”

“There are legal issues there that we have chosen not to exercise at this point,” said U.S. State Department Assistant Secretary Philip Crowley at an Aug. 3 press briefing. “But clearly, in every way possible, we have said that what happened in Honduras is a violation of the OAS Charter, which is why we took action against Honduras. It’s a violation of the Inter-American Charter, the Inter-American Democratic Charter. And we continue to work intensively to try to resolve the situation.”
But the resistance movements in Honduras, and their supporters in the U.S., are calling upon the U.S. government to take a stronger stance against the de facto regime, and make a clear distinction between U.S. foreign policy in the 80s and 2009.

Acts of defiance against the coup regime are growing daily. Just this week, students and faculty at the Autonomous University of Honduras closed down the roads around the university in an act of protest, setting off violent clashes with police. After about 20 demonstrators were injured, including the dean of the university, Julieta Castellanos, who later threatened to sue the police.

Meanwhile, community members have been keeping 24-hour watch over Radio Globo, a progressive radio station providing one of the only sources of reporting on the repression in Honduras. The de facto government has taken multiple steps, including a judge’s order, military force and public threats, to attempt to shut down the station, but have been blocked by throngs of demonstrators that have risen to the station’s defense. According to Dr. Luther Castillo, press secretary for the National Front against the Coup in Honduras, as many as 50 volunteers occupying the station in shifts, to provide security for Radio Globo staff.

Castillo told AlterNet that human rights violations, including threats and violence against the media, drive-by shootings to intimidate movement leaders and the illegal detention of hundreds, are escalating in Honduras daily — but only adding strength and legitimacy to the movement to return Honduras to the rule of law.

“Fear is not really increasing,” said Canadian blogger and activist Sandra Cuffe, who has spent much of the past six years working with popular movements in Honduras and who has been reporting from the ground every day since the coup took place.

“Outrage and indignation and determination and courage are … [But] people are still out on the streets every day.”

Jessica Pupovac is an adult educator and independent journalist living in Chicago.

[http://www.alternet.org/world/141837/honduras:_%22people_are_in_the_streets_every_day%22/?page=entire%5D

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[es] Marvin Palacios: Heridos y fracturados por nuevo ataque policial y militar contra opositores al golpe en San Pedro Sula

Imagen de una cuadra en el COFADEH. Foto: Sandra Cuffe

Heridos y fracturados por nuevo ataque policial y militar contra opositores al golpe en San Pedro Sula

por Marvin Palacios, DefensoresEnLinea.com

San Pedro Sula.- (lunes 3 de agosto de 2009).- Al menos 50 personas fueron detenidas y  otros tantas resultaron con hematomas y fracturas producto del violento ataque perpetrado por militares y policías contra una manifestación que exigió hoy nuevamente la restitución del presidente Manuel Zelaya.

Múltiples llamadas recibidas en el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) dieron cuenta de este brutal ataque perpetrado por agentes policiales, del Comando de Operaciones Especiales (COBRAS) y efectivos de la 105 Brigada con sede en San Pedro Sula.

Las fuerzas represivas del gobierno de facto se ensañaron en contra de los y las manifestantes y para ello utilizaron tanques de agua, gases lacrimógenos y golpes con toletes que dejaron varios heridos.

Un informante que pidió mantenerse en el anonimato narró que hubo decenas de manifestantes fuertemente golpeados y al menos 50 detenciones durante una nueva represión ejercida por efectivos militares y policiales realizada en San Pedro Sula hoy al mediodía.

Informes recabados destacan que una caravana de vehículos cuyos integrantes son opositores al golpe de Estado, fueron atacados por efectivos de la 105 brigada de infantería, efectivos Cobras de la Secretaría de Seguridad y policías preventivos.

Muchos ciudadanos fueron obligados a bajar de sus vehículos y trasladados a diferentes postas policiales, no sin antes ser golpearlos con toletes hasta causarles hematomas de consideración. Otros que corrieron peor suerte resultaron con fracturas en brazos y piernas (Al menos 3 personas resultaron con fracturas).

Testimonios de la gente que participó en la marcha denunciaron que los policías rompieron los vidrios de varios vehículos que integraban la caravana y además golpean directamente a las cabezas desprotegidas de las personas, sin distingos de sexo o edad.

Se cree que la policía fraguó un plan para atentar contra la ciudadanía manifestante, ya que al parecer en esos momentos se desarrollaba una reunión en el Club Hondureño Árabe de San Pedro Sula. Se desconoce qué personajes del gobierno de facto habrían participado en dicha reunión.

La manifestación se desplazó en horas de la mañana desde el Instituto José Trinidad Reyes, al filo del mediodía cuando se trasladaban por la fuente luminosa comenzó la represión sin ningún aviso ni advertencia de la policía que estuvo reforzada por efectivos de la 105 Brigada Militar y agentes cobras.

La persecución se extendió hasta el parque Central de San Pedro Sula y se denunció que los agresores persiguieron a los y las manifestantes dentro de las oficinas de la municipalidad y aún dentro de cafeterías y comercios instalados en esta zona.

La semana pasada la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado en que se advertía que toda manifestación sería fuertemente reprimida, violando así el derecho a la libertad de expresión, de asociación y manifestación, consignados en la Constitución de la República.

De hecho la represión policial y militar contra opositores al golpe de Estado no es más que una estrategia de los grupos de poder para consolidar a los golpistas en el actual gobierno de facto.

A continuación brindamos el listado de las personas detenidas en el Centro Integrado en la Primera Posta Policial de San Pedro Sula:

1.     Eva Aguilar

2.     Marcela Rosales

3.     Porfirio Castro

4.     Juan R. Urbina

5.     José Matías Vásquez

6.     Roberto Mejía

7.     Cristobal

8.     Gustavo

9.     José Edgardo Castro (golpeado)

10. Profesor Gustavo Mejía  (director UTR)

11. Prof. Miguel Ramos (subdirector INTAE)

12. Antonio Carballo (director del reyes)

13. Roberto Mejía

14. Wilson Mejía

15. Prof. Alexis Orellana

16. Prof. Osman (Patria de la lima)

17. Porfirio Casco (Padre de familia, valle de sula. Golpeado, decomisaron carro y le quebraron los vidrios)

18. Valdemar García

19. Carlos Muñoz

20. José Natividad Vásquez

21. Gustavo Mejía Escobar

22. Cristóbal Rolando Villafranca

23. José Luis Argueta

24. Oscar López

25. Walter Geovanny Córdova Bermúdez

26.  Manuel Dionisio Montes Matute

27. Edwin Antonio Enamorado

28. José Antonio Ramos

29. José Alexis Orellana

30. Edgardo Castro (quebraron vidrios del carro)

31. Manuel de Jesús Rios

32. Manuel Dionisio Montes

33. José Leonel González

34. Tony Ulloa

35. Eugeni Castro Mendoza  (fractura en brazo derecho, lesiones brazo izquierdo)

36. Gustavo Henríquez (lesión en la cabeza por golpe con cacha  de pistola)

37. Juan Ramón Urbina (golpes en la espalda)

38. José Germán Martínez (golpes en la espalda con la punta del fusil)

39. Nelly Marcela Rosales (embarazada, Golpes en la rodilla)

Para lograr la libertad de los afectados varios abogados y procuradoras de derechos humanos del Cofadeh, presentaron recursos de hábeas corpus ante los tribunales de justicia de San Pedro Sula, para que un juez ejecutor verifique las detenciones y reporte las violaciones a los derechos humanos en que han incurrido una vez más, las fuerzas represivas del gobierno de facto de Roberto Micheletti.

En las últimas horas han sido liberadas la mayoría de detenidos, pero se reportaron muchas personas con hematomas en la espalda, brazos y piernas, incluso una señora embarazada fue víctima de las golpizas propinadas por militares y policías.

Por otra parte en Tegucigalpa, mientras se desarrollaba una asamblea del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en la sede del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), varios jóvenes detuvieron al “agente informante” de la policía nacional Jesús Omar Corea Pérez quien se infiltró en la reunión. Al agente se le decomisó su carnet de informante y otros documentos de identificación.

Asimismo se descubrió al agente de seguridad privado Luis Obando (Intercon) quien también tenía planeado tomar fotografías e información de la asamblea. Luis Obando es Oficial de Seguridad de Intercon y se le decomisó una cámara digital.

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[es] EFE: Seguidores de Zelaya convocan a una caminata de 6 dias a dos ciudades de Honduras

Resistencia contra el golpe de estado en Tegucigalpa, 4 de julio. foto: Sandra Cuffe

Seguidores de Zelaya convocan a una caminata de 6 días a dos ciudades de Honduras

Por Agencia EFE – hace 2 horas

Tegucigalpa, 2 ago (EFE).- El movimiento de apoyo en Honduras al presidente depuesto, Manuel Zelaya, acordó hoy convocar a nivel nacional una caminata desde distintos puntos del país que comenzará el miércoles y concluirá el 11 de agosto en las dos mayores ciudades de la nación: Tegucigalpa y San Pedro Sula (norte).

“El miércoles se inicia una caminata a nivel nacional hacia dos puntos centrales del país: Tegucigalpa y San Pedro Sula” para “formar dos grandes concentraciones en las dos ciudades más importantes”, explicó a Efe Juan Barahona, coordinador del Frente de Resistencia Contra el Golpe.

Los participantes en esta acción, convocada para exigir la restitución de Zelaya tras su derrocamiento por un golpe de Estado el 28 de junio, partirán de al menos siete puntos.

De acuerdo con la propuesta aprobada hoy por el frente en una asamblea, “se caminarán desde el punto de partida al punto de concentración general 110 kilómetros en total, recorriendo 15 kilómetros diarios” aproximadamente.

La marcha “deberá recorrer las calles de los lugares por donde pasen tratando de mantener un plantón de por lo menos una hora en el lugar”, añade.

Barahona aseguró que, paralelamente a la caminata, se continuarán haciendo en las ciudades “las jornadas de movilización y las tomas de carreteras”.

Estas últimas, que se han sucedido diariamente desde el golpe de Estado, han disminuido en los últimos días, desde que la Policía cambió su actitud de permisividad hacia las mismas y comenzó a desalojar algunas de ellas por la fuerza a partir del pasado jueves.

Hoy solo se mantiene un bloqueo vial en el norte del país, cerca de Trujillo, en el departamento de Colón (Caribe), a unos 575 kilómetros de Tegucigalpa.

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