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[es] Marvin Palacios: Canal 36 nuevamente victima de la dictadura

 

 

(Esdra Amado López propietario de Canal 36)

 

 

 

 

Canal 36 nuevamente victima de la dictadura

por Marvin Palacios, DefensoresEnLinea.com

 

El canal 36 ha sido nuevamente víctima de los ataques de la dictadura al experimentar la señal de televisión un deterioro progresivo hasta desaparecer totalmente del aire, de acuerdo a la denuncia expuesta por su propietario el periodista Esdras Amado López.

López denunció esta mañana a través de Radio Globo (otro medio de comunicación que ha sido blanco de los ataques a la libertad de expresión) que “canal 36 ha sido sacado completamente del aire mediante una interferencia a su transmisor principal ubicado aquí en la capital de la Republica”.
“Esta interferencia que ha sacado del aire completamente a canal 36 consiste en la instalación de un transmisor paralelo al transmisor de canal 36, desde ese transmisor paralelo han estado transmitiendo durante la mañana películas pornográficas, de vaqueros y lo que se le antoja a una mente perversa en este momento poner en el aire”, sostuvo López.
El periodista propietario de canal 36 y de Radio La Catracha añadió que la interrupción a la señal se suscitó mientras el periodista Javier Aguilera presentaba el noticiario matutino del canal de televisión a tempranas horas de esta mañana.
López dijo que la frecuencia de canal 36 está siendo utilizada por un transmisor pirata y desde ese transmisor están emitiendo películas pornográficas, cualquier tipo de programación con el propósito de sacar del aire las emisiones noticiosas de canal 36.
“Aquí hay un doble delito, además de interferir nuestra señal están tomando una señal de cable o de un satélite y tienen una película de una compañía que se llama Platinum, eso no somos nosotros y yo le voy a pedir a las compañías de cable que no quiten esa señal para que quede en evidencia que ya hemos detectado un potente transmisor que todavía la ubicación me la reservo”, explicó el reconocido periodista.
Agregó que “esto es un dictadura, esto es intolerancia, esto es un abuso a la libertad de expresión y realmente ya no hayamos qué hacer”, reclamó el propietario de canal 36.
La frecuencia de canal 36 está siendo utilizada por un transmisor pirata

A partir del golpe de Estado Canal 36, radio La Catracha, Radio Globo, Radio Uno, Radio Progreso, Canal 11, Diario Tiempo y emisoras comunitarias han experimentado hostigamientos, amenazas, atentados, suspensiones temporales de sus señales, militarización y decomiso de sus equipos de transmisión poir incluir en sus espacios noticiosos las actividades y posiciones políticas del Frente Nacional de resistencia contra el Golpe de Estado

Este ataque contra canal 36 se presenta en momentos cuando faltan 9 días para las elecciones fraudulentas del 29 de noviembre en donde  muchos candidatos a cargos de elección popular han presentado su renuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), por considerar que no existen condiciones para realizar los comicios generales.
El presidente  de la República , Manuel Zelaya Rosales, depuesto mediante un golpe de Estado el pasado 28 de junio, expresó en un comunicado que la convocatoria a elecciones generales en un estado de facto, sin que previamente no haya sido restaurado el orden constitucional, son una aberración jurídica, una burla y un engaño al pueblo.
Al respecto el periodista Esdras Amado López denunció que el TSE ha venido desarrollando varias reuniones con directores de medios de comunicación y que como no se ha convocado a canal 36, Radio Globo y canal 11, “el propósito es sacar del aire a canal 36 durante o antes y durante el proceso de las elecciones, pero no creí que lo fueran a hacer tan temprano”.
“Yo quiero responsabilizar al gobierno de facto de Roberto Micheletti Baín y principalmente a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) cuyo presidente de facto es Miguel Angel Rodas, porque a Rodas le hemos estado diciendo de todo lo que hemos sido víctimas en este canal 36” , dijo López.
“A la fiscal de derechos humanos, Sandra Ponce que ha mostrado una actitud cómplice con estas violaciones y por último responsabilizamos al TSE porque maliciosamente ha estado manteniendo reuniones con medios de comunicación que no somos los independientes, para trazar las líneas de cómo habrá de cubrirse el proceso electoral, dejándonos afuera a nosotros y no sabemos con qué fines no nos convocan y nos tienen fuera de este esquema de pláticas con el TSE”, recalcó.
Añadió que “condenamos con firmeza esta agresión a la libertad de prensa en Honduras de la que estamos siendo víctima por parte de este gobierno de facto”.
El gobierno de facto mantiene vigente el decreto 124-2009, en cuyo artículo 2  faculta a CONATEL a revocar o cancelar el uso de títulos habilitantes (permisos y licencias) a los operadores de medios de radiodifusión sonora y de televisión que emitan mensajes que generen apología al odio nacional, la afectación de bienes jurídicos protegidos, así como también un régimen de anarquía social en contra del estado democrático llegando a atentar contra la paz social y derechos humanos.
El decreto 124-2009 fue aprobado el 5 de octubre de 2009 y para los expertos en libertad de expresión, está dedicado a aquellos medios que han brindado cobertura a las acciones de protesta en contra del golpe de estado.
[Articulo publicado originalmente en DefensoresEnLinea.com]

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[es] TeleSUR: Radio Globo vuelve al aire en Honduras pero con autocensura, denuncia su director

Periodista de Radio Globo en El Ocotal, Nicaragua, en julio 2009. Foto: Sandra Cuffe

Radio Globo vuelve al aire en Honduras pero con autocensura, denuncia su director
Por: TeleSUR

19 de octubre 2009 – La Radio Globo, que transmite desde Tegucigalpa y fue cerrada el pasado 28 de septiembre por el gobierno de facto de Honduras por denunciar la situación que se vive en el país tras el golpe de Estado y mostrar su apoyo a la restitución del presidente Manuel Zelaya, volvió al aire este lunes pero con autocensura, indicó el director de la emisora, David Romero.

La radio fue cerrada dos días después de que el gobierno ilegítimo de Roberto Micheletti emitiera un decreto que restringía las garantías constitucionales, entre ellas de la libertad de expresión, pero el pasado sábado fue publicado otro que suspendía esta medida por la que se clausuró a esta emisora.

Es por ello que sólo fue este lunes, hacia las 11H00 locales (17H00 GMT), cuando la emisora reinició sus transmisiones con el himno de Honduras y con unas palabras de su propietario y gerente, Alejandro Villatoro, y el periodista David Romero.

“He llorado, he derramado lágrimas”, dijo Romero, quien admitió que la radio vuelve al aire pero con “autocensura”.

Entretanto, Villatorio al reanudar las transmisiones de su emisora, dijo que “hoy es un día de alegría para el pueblo” porque la señal de la radio ha vuelto al aire y agregó que regresar es como “revivir un muerto”, porque la radio “tenía un estatus de muerte”.

“Estamos volviendo, el muerto tiene que revivir”, acotó Villatoro, quien era funcionario del depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya.

“Para nosotros fueron muy tristes los 22 días que duró la emisora fuera del aire. Fueron días de  impotencia; pero nos permitieron ser creativos para mantenernos por Internet, para romper el cerco mediático”, aseguró David Romero a la enviada especial de teleSUR a Tegucigalpa, Madelein García.

Indicó que al saber que abrirían la emisora, se dieron cuenta de la situación actual con el nuevo decreto que regula los contenidos en los medios desde el pasado 9 de octubre, lo que catalogó como una “guillotina” y expresó que han moderado algunos calificativos sin cambiar la conducta de la emisora.

Aprovechó para hacer un llamado a la población para que cumplan los parámetros al momento de expresarse por el medio radiofónico.

Junto a Radio Globo también fue cerrado el 28 de septiembre Cholusat Sur Canal 36, que sigue fuera del aire.

“Radio Globo vuelve al aire para ser voz y no silencio. La democracia se basa precisamente en el disenso y la oposición, si no se llama dictadura”, expresó este lunes el depuesto presidente, Manuel Zelaya.

La mayor parte de la prensa hondureña ha apoyado abiertamente el golpe de Estado y al régimen de Micheletti, que clausuró estos dos medios tras dictar un decreto que suspendió garantías constitucionales.

Micheletti anunció hace dos semanas la derogación del decreto, pero recién este lunes la norma fue publicada en el diario oficial La Gaceta.

Durante el cierre formal de sus transmisores, Radio Globo estuvo transmitiendo por Internet y a través de una frecuencia en amplitud modulada de Radio Gualcho, en Tegucigalpa, con señal local muy débil.

Antes de la suspensión forzada de sus actividades, los directivos de la emisora de Radio Globo y Canal 36 denunciaron el sabotaje hacia sus equipos por parte de las fuerzas militares al mando del régimen de facto.

“No sólo hemos recibido amenazas, hemos sido víctimas de agresiones, nuestros transmisores fueron destruidos con químicos potentes, además lanzaron bombas lacrimógenas y sometieron a nuestro personal que trabaja en nuestras antenas repetidoras”, denunció el pasado 22 de septiembre el director del Canal 36 de Honduras, Esdrás Amado López.

Igualmente la emisora de radio también se vio amenazada con fuertes y constantes apagones eléctricos que provocaban, en repetidas oportunidades, la salida al aire de la estación radial.

Articulo publicado originalmente en TeleSUR.

Foto: Sandra Cuffe

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[es] Jerome Duval: Golpe mediático en Honduras

Manta en el parque central de San Pedro Sula, el 11 de agosto. Foto: Sandra Cuffe

Golpe mediático en Honduras
CADTM

Los golpistas controlan los medios de comunicación y silencian los pocos medios que informan sobre la resistencia.

Los medios de comunicación proclaman la defensa de la democracia como su grito de batalla. Pero está claro que, para algunos, hay dos tipos de democracia.En este caso, en particular, la favorecida por los medios de comunicación multinacionales, es la democracia representativa capitalista. De hecho, ya que se corresponde con su propia definición |1| de darle el poder al pueblo, los medios de comunicación prefieren desterrarla o desacreditarla. La democracia neoliberal es reconocida como la única válida, ya que le da a una minoría la libertad de acción al tiempo que impide a la mayoría decidir el futuro del país.

Sin embargo, el proyecto del Presidente de Honduras no era ese. Manuel Zelaya propuso un voto, tal y como se hizo anteriormente en Ecuador o Bolivia, para convocar a una Asamblea Constituyente. De ser aceptada esta propuesta, se redactaría una nueva Constitución, que posteriormente seria sometida a las urnas para ser ratificada por el pueblo mediante referéndum.
¿Existe un proceso más democrático para definir la estructura política de un país? En este caso, el pueblo es soberano y eso es ciertamente lo que asusta a los medios de comunicación multinacionales. En Honduras, como en otras partes, los medios de comunicación comerciales con el apoyo de la oligarquía son hostiles a este tipo de proyecto. No es casual que el 28 de junio, el mismo día en que Zelaya está preparando la consulta al pueblo para determinar si debe aceptar la instalación de una cuarta urna en las elecciones de noviembre, la oligarquía toma el poder mediante un golpe de Estado.

Con la presencia masiva de empresas norteamericanas como la United Fruit Company |2|, un estado real dentro del estado, se mantiene la tradición de sumisión a las multinacionales. De hecho fue Honduras el país que inspiró el término “república bananera“. Las pocas familias que constituyen la oligarquía del país, poseen las mayores empresas, las estaciones de radio, de televisión y los periódicos, y se aposentan en los sitiales del poder. Pero los sitiales del poder no eran suficiente con la “amenaza chavista” ganando terreno en el continente. De esta forma, la oligarquía hondureña se colocó en la primera línea del poder mediante la fuerza de un golpe el 28 de junio de 2009.

Ese día un corte de luz paralizó la capital y se impide la emisión a la mayoría de los medios de comunicacion nacionales e internacionales para evitar así la salida masiva de la gente a las calles ante la noticia del golpe. El ejército allanó la televisión local Canal 36, también llamado Cholusat Sur, fiel a Zelaya. Los tres periodistas de Telesur, Adriana Sívori, José María Díaz y Larry Sánchez son secuestrados en su hotel y llevados por la fuerza a inmigración con otros periodistas de la agencia de noticias AP |3|. Su equipo fue confiscado y después se les impide utilizar sus teléfonos móviles. Fuera del horario de Tegucigalpa, algunas horas después del golpe, una veintena de soldados invadieron las instalaciones de Radio Progreso en Choloma y se le exige que cesen toda actividad |4|. Sabemos lo ocurrido después: Manuel Zelaya y su canciller, Patricia Rodas, expulsados de Costa Rica, inician una negociación diplomática, mientras que en Honduras, el Frente Nacional contra el golpe de Estado |5| centraliza la resistencia en un contexto caracterizado por la polarización de la población entre “zelayistas” y golpistas. Honduras ha sido un laboratorio liberal en los años 70-80 en un momento en que se experimentó con la contrarevolución |6|, ahora regresa a la escena internacional, revelando el impacto de una guerra fría resucitada.

¿La palabra al pueblo?

Manuel Zelaya, a pesar de provenir de una rica familia de empresarios forestales, se había decidido a defender los intereses de los pobres por encima de aquellos de las empresas privadas. Al no seguir la agenda de las grandes empresas y la embajada de EE.UU., fue calumniado y difamado por la prensa desde el comienzo de su mandato,. No se le dio más de seis meses como presidente, y luego otro año, y así sucesivamente hasta el fatídico día en que el ejército lo expulsa del país. Para restaurar el equilibrio en los medios de comunicación y dar voz a los que los medios ignoran cada vez más, Zelaya lanza un semanario público y gratuito a finales de 2007, El Poder Ciudadano, que promueve la participación ciudadana. Después procede a la nacionalización del Canal 8 de televisión, que ya no emitía debido a la mala gestión de Elías Aspura. Por supuesto, desde el golpe de Estado, El Poder Ciudadano ya no existe, fueron despedidos los empleados y el Canal 8 está de nuevo en las manos de Elías Asfura, su antiguo dueño |7|, quien también es propietario de los canales de televisión 8, 12 y 30.

Honduras ha sufrido pues un golpe de estado el 28 de junio de 2009, con el apoyo de la oligarquía local y de los Estados Unidos desde la base de EE.UU. en Soto Cano, ubicada a unos 97 kilómetros al norte de la capital, Tegucigalpa. Habida cuenta de la suave reacción de la comunidad internacional, se organizó la resistencia de la población contra la dictadura de la oligarquia, dándose cuenta de cuáles eran sus enemigos, de sus nombres y denunciando sus acciones. No se había visto una movilización de esta magnitud desde mayo de 1954 |8|., hasta el punto que parece difícil imaginar que la gente no quiera elegir una Asamblea Constituyente. Este proyecto político se ha convertido con el tiempo en una consigna ineludible. Es importante destacar que este deseo ha surgido de la gente y que Zelaya quiso apoyarlo, legitimándolo en una consulta popular. Es muy probable que la propuesta de una cuarta urna para las elecciones en noviembre de 2009 se hubiera aprobado si el golpe no hubiera detenido, de repente, el proceso democrático.

La oligarquía posee los medios de comunicación y fortalece la manipulación

En un país donde los medios de comunicación califican de “delincuentes” a los miembros de la resistencia al golpe de Estado, solamente una de las diez de televisiones que emite a nivel nacional, Canal 36, cuenta lo que pasa. Una sola radio, Radio Globo, da la palabra al pueblo informando de la resistencia en curso. Ningún periódico nacional habla del movimiento de lucha contra el golpe de Estado sin manipular a la opinión y tomar claramente partido por la dictadura de Micheletti. Una sola publicación de caracter mensual, El Libertador, ofrece artículos de fondo que muestran claramente la lucha de clases en curso. Estamos hablando de medios de comunicación nacionales, porque a nivel local, cabe señalar entre otros, la presencia de Radio Progreso, de la que un periodista, Gustavo Carpoza, fue golpeado en la calle y posteriormente durante el transporte a la estación de policía cuando participaba en la movilización de Choloma, el 14 de agosto de 2009. |9|

Como en muchos otros países, un grupo de banqueros, empresarios y dueños de medios, forman las familias que están estrechamente relacionadas con los Estados Unidos y que detentan el poder. Casi todas las radios, televisiones y periódicos más importantes pertenecen a los oligarcas que apoyaron el golpe de Estado del 28 de junio.

Estos incluyen a Carlos Flores Facussé, ex presidente de Honduras entre 1998 y 2002, próximo a Micheletti y sospechoso de ser uno de los principales ideólogos del golpe de Estado quien posee La Tribuna un importante periódico en el pais. Jorge Canahuati Larach, del Partido Nacional, propietario de El Heraldo y La Prensa, los dos otros principales diarios del país centroamericano |10|. Rafael Ferrari, un miembro conocido del Partido Liberal, es el propietario de los canales de televisión 3, 5 y 7 (Grupo Televicentro) y muchas estaciones de radio (Emisoras Unidas, HRN, Radio Norte, etc.). El empresario Ricardo Maduro, ex presidente del Banco Central (1990-1994) y Presidente de la República entre 2002 y 2006 |11| quien antes de dejar su puesto a Manuel Zelaya, aplico dócilmente las medidas de ajuste dictadas por el FMI (devaluación de la moneda nacional, la liberalización de los precios…). Maduro invirtió en El Salvador y Honduras, donde es propietario de centros comerciales (Grupo Roble), bancos y medios de comunicación. Para defender los motivos falsos de la eliminación de Zelaya se presentó con la Constitución hondureña en la mano ante el Congreso en Washington el 8 de julio,. Éstos son algunos de los personajes que han apoyado y difundido la ideología del golpe de Estado. Como en Venezuela en abril de 2002, se puede hablar de “golpe de Estado mediático”.

En su edición del domingo, 16 de agosto, el periódico El Heraldo denuncia “un ataque terrorista” que “amenaza la libertad de expresión“. De hecho, hay un incendio provocado por dos cócteles molotov lanzados contra el periódico. Para entender este acto “terrorista”, hay que leer en la misma edición del diario, estas pocas líneas de cinco páginas más adelante: “No fue suficiente para el ex-presidente, Manuel Zelaya, el llamar a los hondureños a la confrontación, sino que ahora quiere que la comunidad internacional desapruebe el proceso electoral… “. El periódico sigue: ” Zelaya ha sido sustituido en el cargo el pasado 28 de junio después de violar la Constitución de la República y enfrentarse a la justicia que le impedía llevar adelante una consulta ilegal para convocar una Asamblea Nacional Constituyente.” (El Heraldo, agosto 16, 2009, p.8). Esta posición ideológica se refleja a diario en las columnas de todos los diarios nacionales. Esta falta de profesionalidad periodística, que representa una verdadera desinformación, enfureció a algunos militantes, como aquel profesor que en una asamblea popular de resistencia contra el golpe de Estado propuso distribuir folletos para corregir la información falsa de los medios de comunicación comerciales.

En este contexto, la resistencia se organiza alrededor de los únicos medios que dan voz al pueblo, principalmente Radio Globo y Canal 36. Recordemos que el “atentado” a El Heraldo se produjo tras una serie de actos de intimidación y violencia hacia otros medios de comunicación. Periodistas de Telesur fueron secuestrados de su hotel el 11 de julio, por segunda vez desde el golpe, se confiscaron sus pasaportes y fueron amenazados |12| por las fuerzas policiales del gobierno de facto. Telesur es una de las pocos canales de television internacionales que cubre los acontecimientos que suceden: la mayoría de los equipos de televisión internacionales han abandonado el país una vez que las tensiones provocadas por el golpe amainan (al parecer…). El equipo de la televisión pública de Venezuela, Venezolana de Televisión (VTV) también ha sido secuestrado el 11 de julio. Canal 36 y Radio Globo que siguen haciendo frente a las presiones y los ataques de los piratas que afectan a su transmisión, han tenido cortados sus programas el 16 de julio. El 23 de agosto, hombres armados y enmascarados destruyeron los aparatos de transmisión del Canal 36. El programa Hable como Habla de Maya TV ha tenido que cesar, también, su transmisión debido a los daños ocasionados. Y estos ataques continuarán mientras los medios de comunicación manipulan tranquilamente a la opinión pública.

A raíz de un decreto emitido el domingo, 27 de septiembre (y retirado algunos días después debido a presiones internacionales), las garantías constitucionales que son las libertades de expresión, circulación y reunión se suspendieron para dar paso a la represión sistemática. El día después, 28 de septiembre, el ejército requisó y embargó todo el material audiovisual de Canal 36 y Radio Globo. Sólo Radio Globo, que se previno de tal posibilidad, continúa transmitiendo por Internet desde un lugar desconocido.

Guerra mediática

Esta guerra de medios se produce en un momento en que los gobiernos progresistas del continente hacen frente a los medios de comunicación comerciales tratando de legislar a fin de limitar el papel desestabilizador promovido por un poder monopólico en expansión.
Evo Morales acusó al diario La Razón (grupo propiedad de PRISA, que también es propietaria de Le Monde y El País) de seguir las directrices de la Embajada de los Estados Unidos en La Paz |13|. El gobierno argentino intenta promover una legislación para limitar los monopolios de los medios de comunicación que en la actualidad se concentran en pocas manos, enfrentándose a una fuerte oposición de las grandes empresas. Esta ley sustituirá a la vigente desde la dictadura militar (1976-83), con planes de limitar las licencias para las empresas. La filial local de Telefónica (España) se opone firmemente a la prohibición de participar en las empresas de televisión. Mientras tanto El Clarín, el mayor grupo de comunicación en la Argentina, se siente afectado. No se andan con rodeos, el director de Clarín, Ricardo Roa, al habla de ley “franquista”, “fascista” y “chavista”, adjetivos que van, según él, todos juntos…

Este enfrentamiento pone de manifiesto una línea de fractura entre algunos gobiernos progresistas de la región y los medios de comunicación multinacionales. Dentro de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el ex presidente peruano Alejandro Toledo y el ex presidente de Bolivia, Carlos Mesa, hablaron de “atentado a la libertad de expresión” por parte de los gobiernos que atacan a los medios del complejo mediático-industrial para dejar un hueco a los medios de comunicación ciudadanos |14|. Atribuir al enemigo lo que nosotros hacemos es una forma eficaz de distracción a poco que sea difundida…por los medios de comunicación.

En Honduras, estos medios son la voz de la oligarquía del país que apoya el golpe de Estado y defienden sus intereses financieros. Apoyan la continuación de esta democracia representativa corrupta y van contra todos los intentos de reforma constitucional que afecte a sus privilegios. Kissinger habló del Chile de Allende como un “virus” que podría “infectar” la región |15|. Las fuerzas reaccionarias creen lo mismo de Chávez en Venezuela, pero al no haber conseguido derrocarlo a pesar del golpe de Estado de abril de 2002, han atacado al último “contaminado” por la idea de la justicia social, Honduras.

Traducción del francés: Enric Pastor y Daniel Munevar
Notas

|1| En griego, “demos” significa pueblo y “kratos” poder.

|2| La United Fruit Company, hoy Chiquita, criticó a Zelaya, y apoya el Gobierno Micheletti. Leer: http://www.mondialisation.ca/index….

|3| http://www.telesurtv.net/noticias/s…

|4| Ver: http://zapateando2.wordpress.com/20…

|5| Ver el sitio web del Frente Nacional de Resistencia contra el golpe de Estado: http://contraelgolpedeestadohn.blog…

|6| Es desde Honduras que se organizaron los suministros a los contras y los ataques contra los sandinistas en Nicaragua.

|7| Frecuencia de Canal 8 retornará Elías Asfura: http://www.latribuna.hn/web2.0/?p=26401

|8| 1 de mayo y 2, de 1954, los trabajadores en las plantaciones bananeras de Honduras que no gozaban de derechos laborales, se declararon en huelga. En una semana, este movimiento social sin precedentes, cubre todo el país. La United Fruit Co. y Standard Fruit Co. que dominan la economía del país y del Caribe, que constituyen un Estado dentro del Estado, controlan el Congreso y las leyes. En la ciudad de El Progreso, los trabajadores forman un “pequeño gobierno” que se llamó “Comuna de París embrionaria

|9| Hubo al menos 39 detenidos y 4 heridos graves hospitalizados durante la represión.

|10| También tiene el diario deportivo Diez. Mario Canahuati, otra gran fortuna de Honduras, también es un magnate del textil. Jesús Canahuati es el presidente de las maquiladoras. Las maquiladoras son empresas que realizan trabajos para las grandes marcas siempre en busca de los salarios más bajos sin tener en cuenta los derechos laborales. Hay muchas en Honduras.

|11| La Constitución de 1982 actualmente en vigor, obliga a tener la nacionalidad hondureña para ser elegido presidente. Nacido en Panamá, Ricardo Maduro violó, de hecho, la Constitución y provocó una intensa polémica.

|12| http http://www.telesurtv.net/noticias/s… / / www.radiolaprimerisima.com/n…

|13| El País, septiembre 15, 2009. http://www.elpais.com/articulo/espa…

|14| Mostrar: http://www.globovision.com/news.php…

|15| Leer el artículo de Noam Chomsky: http://www.legrandsoir.info/La-mena…

P.-S.

(*) Jerome Duval es miembro del CADTM (Comité para la anulación de la deuda del Tercer Mundo) y participó en la Misión Internacional de Observación y Acompañamiento de las organizaciones sociales en lucha contra el golpe en Honduras Es también promotor y miembro del Grupo de Deuda Externa de ATTAC-PV “Patas arriba”

Fuente original: http://www.cadtm.org/Golpe-mediatico-en-Honduras

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[es] CIDH: Observaciones preliminares de la visita en Honduras

http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2009/60-09.observaciones.preliminares.visita.Honduras.htm

Tegucigalpa, Honduras, 21 de agosto de 2009 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó hoy su visita in loco a Honduras, que tuvo lugar del 17 al 21 de agosto de 2009. El objetivo de la visita fue observar la situación de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. La delegación estuvo compuesta por la Presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía Guerrero; el Primer Vicepresidente, Víctor Abramovich; el Segundo Vicepresidente y Relator para Honduras, Felipe González; el Comisionado Paolo Carozza, y el Secretario Ejecutivo, Santiago A. Canton. También fue parte de la delegación la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero.

La CIDH solicitó realizar esta visita el 30 de junio de 2009, recibió la anuencia del Estado el 13 de julio de 2009, y acordó con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia la realización de la visita. Las observaciones preliminares que hoy se presentan se basan en información recibida antes y durante la visita. Asimismo, la Comisión preparará un informe final que publicará próximamente.

Durante la visita, la CIDH se reunió con representantes del gobierno de facto y de diversos sectores de la sociedad civil, y recibió a más de un centenar de personas que presentaron denuncias, testimonios e información. En Tegucigalpa, la delegación mantuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes políticos y sociales, organizaciones no gubernamentales y padres de familia. El 19 de agosto, delegaciones de la Comisión se trasladaron a Tocoa, departamento de Colón, y a San Pedro Sula, departamento de Cortés, donde se realizaron reuniones con representantes de la sociedad civil y autoridades locales. En Tocoa, la CIDH recibió a más de 40 maestros, periodistas, líderes políticos y líderes sociales; se reunió con representantes de la policía, el Ejército y la Fiscalía; y con empresarios locales y estudiantes. En San Pedro Sula, la Comisión recibió a más de 50 representantes de organizaciones de la sociedad civil, se reunió con comunicadores sociales, recibió testimonios de personas heridas durante la represión de manifestaciones, y se reunió con autoridades del Municipio, la Policía y las Fuerzas Armadas. El 20 de agosto, delegaciones de la Comisión se trasladaron a las localidades de El Paraíso y Comayagua. En la localidad de El Paraíso se realizaron reuniones con organizaciones de la sociedad civil y la alcaldía, y se recibieron testimonios sobre los hechos del 24 al 27 de julio de 2009, cuando se aplicó un toque de queda continuado durante tres días. En Comayagua la CIDH recibió información sobre los sucesos del 30 de julio de 2009, cuando una manifestación fue reprimida y cerca de 150 personas fueron detenidas por un lapso de 6 a 14 horas. La CIDH recabó esta información tomando testimonios de personas afectadas y  testigos, y de las autoridades de policía y del Ejército del lugar, y la Fiscalía regional. La Comisión agradece a todas aquellas personas que facilitaron la organización de esta visita.

*  *  *

El 28 de junio de 2009, la CIDH condenó el golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional, e hizo un llamado urgente a que se restaurara el orden democrático y que se respetaran los derechos humanos, el Estado de derecho y la Carta Democrática Interamericana. El mismo día, todos los Estados del Hemisferio condenaron de manera unánime e inmediata el golpe de Estado. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó el golpe de Estado, exigió la restitución del Presidente Zelaya y declaró que no se reconocería ningún gobierno que surgiera de la ruptura institucional. El 30 de junio, la Asamblea General de la OEA otorgó al gobierno de facto un plazo de 72 horas para restituir en el ejercicio del poder al Presidente Zelaya, y el 4 de julio de 2009 suspendió al Estado de Honduras en el ejercicio de su derecho de participación en la OEA.

La Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y otros actores hondureños tienen lecturas distintas a la del conjunto de la comunidad internacional sobre la legitimidad del golpe de Estado, al considerar que los hechos del 28 de junio de 2009 se realizaron en apego irrestricto a la Constitución. La Comisión estima que aún cuando existan diferencias de opinión sobre este asunto, el deber de garantizar los derechos de las personas no se modifica, ya que incumbe en todo momento a quienes ejercen el poder público, independientemente de la interpretación que se haga de los hechos del 28 de junio de 2009.

La decisión de la Asamblea General de la OEA no suspende las obligaciones contraídas por el Estado hondureño al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1977 y otros instrumentos interamericanos de derechos humanos, en base a los cuales la CIDH continúa observando la vigencia de los derechos humanos en el país. Asimismo, en la Resolución del 4 de julio, la Asamblea General de la OEA reafirmó específicamente: “que la República de Honduras deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos”. Asimismo, el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana establece que: “El Estado miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la organización, en particular en materia de derechos humanos.”

Desde el 28 de junio de 2009, la Comisión ha recibido numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado. En todos estos casos la Comisión procedió inmediatamente a comunicarse con el Estado en base a la Convención Americana y el Reglamento de la Comisión. La CIDH otorgó el 28 de junio una medida cautelar que luego fue ampliada el 29 de junio, el 2, 3, 10, 15, 24 y 30 de julio, y el 7 y el 17 de agosto de 2009, a fin de salvaguardar la vida e integridad de un total de 106 personas respecto de las cuales recibió información sobre la existencia de una situación de riesgo inminente de daño irreparable. Asimismo, la CIDH solicitó información en cuatro oportunidades de conformidad al artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en relación a la situación de cinco personas cuyo paradero no había podido ser establecido. Por último, la Comisión también cursó varias solicitudes de información bajo el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos acerca de situaciones como la aplicación del decreto de suspensión de garantías y el toque de queda, represión de manifestaciones pacíficas, detención de miles de manifestantes, ataques contra medios de comunicación, hostigamiento a periodistas y cierres temporales de medios de comunicación por el Ejército.

Las comunicaciones de la CIDH fueron dirigidas a la Presidencia del Congreso y la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, debido a la imposibilidad de dirigirse al Presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, y a la Ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas. La Corte Suprema de Justicia informó sobre el estado de los recursos de amparo, exhibición personal y acciones de inconstitucionalidad tramitados, y cursó solicitudes a los diversos órganos jurisdiccionales, entes de seguridad y al Comisionado Nacional de Derechos Humanos para que informaran si existe denuncia o solicitud de medida cautelar a favor de los beneficiarios.

Con relación a las solicitudes de información en base al artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la CIDH recibió información de la Corte Suprema de Justicia, de otras entidades del Estado y de la sociedad civil. En base a la información proporcionada por las autoridades, la Comisión estima que la situación de tres de las personas ha sido dilucidada, pero aún está pendiente aclarar el paradero de dos personas. Una de ellas fue vista por última vez en una manifestación realizada el 12 de julio de 2009 y la otra habría sido secuestrada de su domicilio el 26 de julio de 2009.

Institucionalidad Democrática

La democracia representativa es la forma de organización política explícitamente adoptada por los Estados miembros de la OEA. La Carta de la OEA establece en sus principios que “la solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”. En este sentido, la Carta de la OEA expresa que “la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región” y declara que uno de los propósitos esenciales de la Organización es “promover y consolidar la democracia representativa dentro del principio de no intervención”. El proceso de creación de mecanismos para fortalecer la democracia en toda la región se consolida en septiembre de 2001 con la adopción de la Carta Democrática Interamericana, que establece que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia, y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

Los Estados miembros se han expresado en forma explícita sobre el estrecho vínculo existente entre la democracia y la vigencia de los derechos humanos. La Carta Democrática Interamericana reafirma “que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática” y declara que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

La Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos se han expresado en numerosas oportunidades sobre esta estrecha vinculación. En la Opinión Consultiva 8, la Corte Interamericana señaló: “En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros”. Por su parte, la Comisión ha señalado que el sistema democrático y la vigencia del Estado de derecho son cruciales para la efectiva protección de los derechos humanos y que, en contraposición, la plena garantía de los derechos humanos no es posible sin el reconocimiento efectivo e irrestricto de los derechos políticos.

Tomando en consideración la interrelación existente entre la democracia, el Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos, la CIDH considera que el golpe de Estado ejecutado mediante la remoción del Presidente constitucional tiene un impacto inmediato sobre la vigencia del Estado de derecho y de los derechos humanos en Honduras. La Comisión pudo constatar durante la visita  que la ruptura del orden constitucional originada por el golpe de Estado está acompañada de una fuerte presencia militar en distintos ámbitos de la vida civil, la suspensión de garantías mediante la implementación de un toque de queda que no cumple con los estándares del sistema interamericano y la ineficacia de los recursos judiciales para salvaguardar los derechos esenciales de las personas.

En este sentido, la Comisión recibió información sobre la fuerte presencia militar en las escuelas y en la Universidad Nacional y el cierre y ocupación por parte del Ejército de canales de televisión y radio durante el golpe de Estado.

Asimismo, preocupa a la Comisión que el Ejército participe de manera activa en el control de manifestaciones conjuntamente con la Policía Nacional. Si bien en situaciones excepcionales las Fuerzas Armadas pueden ser llamadas a participar en el control de las manifestaciones, este ejercicio debe limitarse al máximo debido a que éstas carecen del entrenamiento necesario para el control de disturbios internos. Según la información recibida por parte del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el alto mando militar, las fuerzas militares participan bajo el mando de las fuerzas policiales, en aplicación de una norma constitucional que así lo permite. Sin embargo, como lo han dicho la Comisión y la Corte Interamericanas, el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. Cabe destacar además que los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han establecido en anteriores oportunidades que los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.

La suspensión de garantías está prevista en el artículo 27 de la Convención como un mecanismo excepcional para que se suspenda el goce y ejercicio de derechos en caso de “guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte”. Sin embargo, para que una suspensión de garantías sea legítima, se requiere el cumplimiento de una serie de requerimientos establecidos en la Convención. En este sentido, el primero de estos requisitos es que la suspensión de garantías sea adoptada por un Gobierno que ejerza el poder público en forma legítima dentro del contexto de una sociedad democrática. Asimismo, como lo ha dicho la Corte Interamericana: “La suspensión de garantías carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrático, que dispone límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona”.

El 28 de junio de 2009 el señor Micheletti informó el inicio del toque de queda durante una rueda de prensa ofrecida en las instalaciones del Congreso Nacional, sin que se tenga información sobre el instrumento jurídico que lo fundamentó. La franja horaria establecida para el toque de queda fue desde las 9:00 pm hasta las 6:00 am de los dos días posteriores a la consumación de la toma del poder.

Uno de los fundamentos invocados por el gobierno de facto para restringir los derechos de los habitantes de Honduras fue el Decreto No. 011-2009, mediante el cual se estableció el toque de queda a partir del 30 de junio de 2009. Por consiguiente, antes de cualquier análisis en particular sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos por parte del Estado en Honduras, la Comisión considera necesario analizar la compatibilidad del decreto de toque de queda con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular el artículo 27.

El Decreto 011-2009 estableció el toque de queda por un plazo de 72 horas y aplicable entre las 10:00 pm y las 5:00 am.  A pesar de que este plazo venció el 3 de julio de 2009, se continuó ejecutando toque de queda por más de un mes sin ningún tipo de base legal. De este modo el estado de excepción, contrariamente a lo establecido por la Constitución, fue establecido por un Decreto del gobierno de facto, por un plazo menor al ejecutado en la práctica y sin publicación en el Diario Oficial.  La ratificación posterior del Congreso y publicación el 27 de julio de 2009, no sanea estos vicios originales.

De conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana, el alcance de las suspensiones debe ser el estrictamente necesario para paliar la situación de emergencia y eso implica limitar su alcance temporal, espacial y los derechos que se suspenden.  La Comisión estima que, en el contexto del golpe de Estado, los toques de queda se han implementado desde el 28 de junio de 2009 sin justificación de su razonabilidad y su pertinencia en relación con la situación que motivó el estado de excepción. En particular, corresponde hacer referencia a los hechos acontecidos el 5 de julio de 2009, fecha en la que el Presidente Zelaya intentó sin éxito retornar al país por vía aérea. El toque de queda establecido originalmente regía desde las 10:00 p.m. a las 5:00 a.m. Sin embargo, a las 6:00 p.m. se informó por cadena nacional que el toque de queda se iniciaría media hora después y se extendería hasta las 5:00 a.m.  Asimismo, la discrecionalidad con la que se han establecido los toques de queda se refleja en el levantamiento de la medida el 12 de julio de 2009 y su reanudación el 15 de julio del mismo año, sin una justificación de las causas que habilitarían nuevamente la suspensión de derechos.

Aún dentro de un estado de excepción legítimo, cada uno de los actos de implementación debe ser razonable, esto es, debe ser estrictamente adecuado a la causa y el alcance del estado de excepción, sin que exista ningún tipo de discriminación. La CIDH ha verificado que durante la implementación del toque de queda miles de personas estuvieron atrapadas entre retenes militares sin que existiera justificación. Asimismo, la aplicación del toque de queda no fue uniforme en todo el territorio e incluso hubo una aplicación discriminatoria de la restricción del derecho de circulación. Así, por ejemplo, la CIDH pudo constatar que en la ciudad de El Paraíso se permitía de manera selectiva y discriminatoria la circulación de algunas personas durante el toque de queda.

Esta situación se agrava por la ausencia de control judicial de las normas de estado de excepción. Por cinco décadas, la Comisión ha subrayado la importancia fundacional que, en una sociedad democrática, reviste el control judicial de los actos del poder público.  Durante su visita in loco recibió testimonios consistentes con gran cantidad de información recibida desde el 28 de junio de 2009, de conformidad con la cual los recursos judiciales disponibles en Honduras no ofrecen en la actualidad una protección eficiente y eficaz contra violaciones de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado.  Entre los actos iniciales del gobierno de facto se encuentra una suspensión de garantías que no ha sido escrutada judicialmente, pese a haber sido cuestionada por varios recursos de amparo.  Dentro de las circunstancias actuales, la Comisión estima que estas acciones deberían haber recibido la más alta prioridad.

La Comisión ha recibido de todos los sectores información coincidente de que la mayoría de los recursos de hábeas corpus que se presentan para cuestionar detenciones son resueltos cuando carecen de objeto por haber sido liberadas las alegadas víctimas. La Comisión desea resaltar la importancia de que los recursos de hábeas corpus sean resueltos con la mayor prontitud en todos los casos. La Comisión constató presencialmente, por ejemplo, un lugar de detención consistente en tres pequeñas celdas en las cuales, durante varias horas, estuvieron recluidas entre 80 y 100 personas. Si bien la ley permite detenciones dentro del marco de 24 horas, la Comisión estima que la situación creada por detenciones de varias decenas de personas debería recibir una atención inmediata.  Por otra parte, la Comisión ha recibido testimonios e información sobre el hecho de que algunos Jueces Ejecutores del hábeas corpus han sido maltratados, amenazados e intimidados para que no realicen sus funciones.

Por otra parte, la Comisión ha recibido información consistente y reiterada que confirma que, en muchos casos, las fiscalías no han iniciado oficiosamente investigaciones ante la existencia de grupos de personas heridas y detenidas.  En el caso mencionado en el párrafo anterior, varias de las personas detenidas estaban heridas y habían sido tratadas previamente en hospitales, pero la Fiscal que las visitó no levantó un listado. Cuando fue interpelado por esta situación, el Ministerio Público indicó que la razón de esta omisión sería que las personas no confían en la institución.  La Comisión estima que es de fundamental importancia que el Ministerio Público asuma sus funciones con independencia de la opinión o filiación política de los destinatarios de sus servicios.

El deterioro institucional afecta indudablemente el funcionamiento regular de la vida social hondureña. Un ejemplo es la información recibida por la CIDH que indica la afectación del derecho a la educación de niños y niñas. La Comisión comprende que estos alegatos surgen en un contexto en el cual los integrantes del magisterio, los padres y madres de familia y los mismos educandos mantienen posiciones encontradas en un intenso debate social. La génesis del asunto, estima la Comisión, es el cierre de los espacios democráticos que obstaculiza la resolución de este conflicto. La Comisión evaluará todas las denuncias recibidas e informará oportunamente sus conclusiones.

Violaciones a los derechos humanos

Junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado que afecta el regular funcionamiento de las instituciones democráticas, la Comisión confirmó durante su visita un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía. La Comisión constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la colocación de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención. El control de la información se ha ejercido a través del cierre temporal de algunos medios de comunicación, la prohibición de emitir la señal de ciertos canales de televisión por cable que informaban sobre el golpe de Estado, la aplicación selectiva de cortes de energía eléctrica afectando la transmisión de medios audiovisuales que informaban sobre el golpe de Estado, y agresiones y amenazas a periodistas de medios con posiciones editoriales contrarias al golpe de Estado.

Asimismo, la CIDH recibió testimonios que indican la consumación de actos de hostigamiento perpetrados en perjuicio de aquellas personas que, públicamente, han demostrado afinidad política con el Presidente Zelaya. Gobernadores, diputados, alcaldes y líderes sociales que habrían exigido la restitución del presidente constitucional, han denunciado que fueron objeto de represalias, amenazas, actos de violencia, cortes presupuestarios y ocupación militar de las instalaciones públicas donde desempeñan sus labores, entre otros. En particular, la familia del Presidente Zelaya informó sobre los hostigamientos y la campaña de desprestigio que afectan a todos sus miembros.

Uso excesivo de la fuerza en manifestaciones públicas

La participación política y social a través de la manifestación pública es esencial en la vida democrática de las sociedades y reviste un interés social imperativo. Las personas de todos los sectores políticos, tienen el derecho de ejercer plena y libremente su derecho de libertad de expresión y su derecho de reunión, sin violencia y de conformidad con la ley y las normas interamericanas de protección de los derechos humanos. Como lo han señalado la Comisión y la Corte Interamericanas, el Estado no sólo no debe interferir con el ejercicio de estos derechos sino que debe adoptar medidas para asegurar su ejercicio efectivo.

Conforme ha sostenido la Comisión en anteriores oportunidades, el Estado se encuentra facultado para imponer limitaciones razonables a las manifestaciones, a efectos de asegurar que las mismas sean de carácter pacífico o para contener a aquellas personas que se manifiestan en forma violenta. Sin embargo, en el ejercicio de esta facultad, el obrar de sus agentes debe limitarse al empleo de las medidas más seguras y menos lesivas para las personas, ya que la dispersión de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las mismas. Congruentemente, el uso legítimo de la fuerza pública en las referidas situaciones, supone –necesariamente- que la misma sea proporcional al objetivo legítimo que se persiga, reduciendo al mínimo la posibilidad de ocasionar lesiones personales y pérdida de vidas humanas.

En particular, respecto al uso de armas de fuego, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley contemplan que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego”. Igualmente, el Código de Conducta para Oficiales de Seguridad Pública de las Naciones Unidas dispone expresamente que “el uso de armas de fuego se considera una medida extrema”, mientras que el artículo 9 de los Principios Básicos señala que las armas de fuego no deben usarse contra las personas, salvo cuando exista peligro inminente para la vida.

La Comisión fue informada durante su visita de que las manifestaciones se han realizado en forma pacífica, salvo en algunos casos en que se han registrado actos de violencia, incluidos algunos graves, contra personas y contra la propiedad, tales como el incendio de un restaurante y de un autobús, y la agresión contra un diputado y varios periodistas.

La Comisión tomó conocimiento de que en las manifestaciones que fueron reprimidas en todo el territorio, incluyendo Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Comayagua y la localidad de El Paraíso, hubo un patrón de uso excesivo de la fuerza pública. Efectivamente, varias de las manifestaciones realizadas desde el 28 de junio de 2009 fueron disueltas por la fuerza pública, tanto policial como militar, dejando como consecuencia muertes, torturas, malos tratos, cientos de heridos y miles de detenciones arbitrarias.

Derecho a la Vida

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. En el ámbito interno, el artículo 65 de la Constitución de Honduras establece que “el derecho a la vida es inviolable”.

Isis Obed Murillo Mencías, de 19 años de edad, falleció el 5 de julio de 2009 como consecuencia de una herida de bala en la cabeza recibida en las afueras del aeropuerto Toncontin de Tegucigalpa, mientras participaba en una manifestación y donde la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional y del Ejército. Durante la visita la CIDH recibió varios testimonios concordantes sobre este hecho.  En relación con la investigación, la CIDH fue informada por el Secretario de Defensa del gobierno de facto, Adolfo Lionel Sevilla, que había un informe del Ejército sobre la muerte del joven Isis Obed. Sin embargo, el jefe de Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, indicó que la investigación todavía estaba en curso. Además, la Comisión fue informada por fuentes oficiales que el informe elaborado por las Fuerzas Armadas sobre el operativo militar en el aeropuerto reconoce que miembros de la fuerza pública dispararon armas de fuego contra un sector de los manifestantes. También fue informada sobre la existencia de informes forenses que indican que los proyectiles que causaron la muerte son compatibles con las armas que utiliza la fuerza pública. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos informó a la Comisión que abrió de oficio un expediente investigativo a fin de determinar las circunstancias y responsabilidades de esta muerte.

El cadáver de Pedro Magdiel Muñoz fue encontrado el 25 de julio de 2009, en el departamento de El Paraíso, cerca de la frontera con Nicaragua. Su cuerpo tenía señales de tortura que habían sido ocultadas bajo una camisa limpia que se le había puesto luego de ser asesinado. La CIDH recibió testimonios de dos personas que fueron testigos de su detención por miembros del Ejército unas horas antes de que apareciera su cuerpo. Los testigos informaron a la Comisión que ese día la víctima había participado activamente de las manifestaciones frente a los retenes militares en la zona.

El 30 de julio de 2009 el maestro Roger Vallejos Soriano recibió un disparo en la cabeza, durante las manifestaciones que tuvieron lugar en Comayagüela, y murió el 1 de agosto. El Estado informó a la Comisión que existe una investigación en curso.

El 2 de agosto de 2009, Pedro Pablo Hernández resultó muerto por herida de bala en su cabeza. Según testimonios presentados a la Comisión, el disparo provino de uno de los militares que se encontraba en el retén militar ubicado en la intersección del desvío a Jutiapa, valle de Jamastran, en la carretera que conduce de Danlí a Trojes. La Fiscalía informó que se está investigando este hecho.

Derecho a la integridad personal

La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce en su artículo 5 el derecho de toda persona “a que se respete su integridad física, psíquica y moral”; y a su vez prohíbe expresamente “el uso de la tortura o tratos inhumanos, crueles o degradantes en contra de las personas”. Por su parte, la Constitución de Honduras establece en su artículo 68: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. El derecho a la integridad personal es, igual que el derecho a la vida, inderogable bajo cualquier circunstancia.

La CIDH recibió más de un centenar de testimonios mediante los cuales se verificó que la represión de manifestaciones públicas se caracterizó por el uso desproporcionado de la fuerza. En efecto, en los diversos departamentos a los que se desplazó, la Comisión recibió testimonios sobre personas heridas por balas de plomo, golpizas mediante el uso de bastones policiales (toletes) y otros objetos contundentes de hule, hierro y madera, la utilización indiscriminada de gases lacrimógenos como métodos habituales de disuasión de la manifestación. La Comisión recibió testimonios de decenas de personas con lesiones graves en la cabeza como producto de la represión ejercida tanto por personal policial como militar. La CIDH verificó que hombres, mujeres y ancianos mostraban moretones en diversas partes del cuerpo y escuchó varios relatos de personas que fueron objeto de vejación y tortura. Particularmente, en San Pedro Sula, se informó a la Comisión que durante los actos de represión, agentes policiales violaron a una mujer y que varias personas recibieron golpes en el abdomen y en los genitales, y se les tiró gas pimienta en los ojos.

La Comisión recibió testimonios sobre la represión el 14 de agosto en el puente de Choloma, San Pedro Sula. Según la información recibida, la policía lanzó bombas lacrimógenas y comenzó a golpear y detener a los manifestantes. La CIDH escuchó el testimonio de dos manifestantes que indicaron que miembros de las fuerzas de choque, Comando Cobra, luego de perseguirlas varias cuadras, las golpearon con los bastones policiales en las piernas y nalgas, mientras las insultaban. Otra mujer relató a la Comisión que los agentes policiales la desnudaron del torso para abajo golpeándola brutalmente con los bastones. La Comisión también recibió el testimonio de un trabajador que fue golpeado en esa misma manifestación, y que sufrió fractura de tabique nasal y cortes en la frente y en la cabeza.

Un afectado que rindió testimonio ante la Comisión relató que se había desplazado hacia la región aledaña a Las Manos, cerca de la frontera con Nicaragua, a fines de julio. Elementos militares detuvieron el autobús en que se desplazaba a la ciudad fronteriza de Las Manos, departamento de El Paraíso, y les obligaron a devolverse después de someterlos a vejaciones e insultos; cuando lo hicieron, los militares dispararon y una bala le impactó en la oreja arrancándole un pedazo. Inicialmente, no lo quisieron atender en el hospital diciendo que era terrorista.

Igualmente, se recibió información de brutalidad policial en una marcha realizada el 12 de agosto hacia el Congreso Nacional en Tegucigalpa. Según los testimonios, al llegar al lugar de destino, miembros del Ejército, de la Policía Nacional y del Comando Elite Cobra reprimieron a golpes a los manifestantes y también a personas que estaban en el lugar, aunque no participando de la manifestación.  La Comisión recibió el testimonio de un señor que estaba sentado en una banca cuando vio una golpiza brutal que estaba recibiendo un manifestante. Según su relato: “allí venía un adolescente corriendo por la avenida, los militares lo agarraron y lo golpearon con un palo de hierro. Yo les dije: ‘van a matar al muchacho’, entonces un militar dijo ‘agarren a ese viejo’, y empezaron a golpearme”.

Dos hermanos que se habían retirado de la manifestación del 12 de agosto en Tegucigalpa fueron relataron que militares los obligaron a golpes de puños a bajar del autobús y los condujeron al Congreso, donde fueron obligados a quitarse sus camisas y sus zapatos, al igual que otros detenidos. Según el testimonio de uno de los hermanos: “me golpeaban en la cara y me presionaban los testículos con sus bastones policiales. Me hicieron tirarme al piso que estaba muy caliente. Los policías se paraban sobre los dedos de mis pies y los aplastaban, una y otra vez. Levanté la cabeza porque el piso me estaba quemando y me pegaron dos toletazos”.

Varias personas fueron víctimas de persecución de las fuerzas de seguridad en Comayagua, luego de su participación en manifestaciones. Al respecto, una de las víctimas dijo que cuando ya la manifestación en la que había participado había sido dispersada por miembros de las fuerzas de seguridad, la policía ingresó a la casa donde ella se había refugiado, la aprehendieron, la subieron a un camión militar donde se encontraban otros detenidos y les tiraron gases lacrimógenos dentro del vehículo. La Comisión Interamericana recibió testimonios congruentes de varias personas sobre este hecho. Asimismo, se recibió información sobre el uso de gases lacrimógenos arrojados hacia el interior de casas de familia donde los manifestantes se habrían refugiado.

Derecho a la libertad personal

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 7 que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales” y que “nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Asimismo, señala que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios” y que “toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella”. Por su parte, el artículo 69 de la Constitución de Honduras indica: “La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”.

Otro método utilizado por el gobierno de facto para silenciar y obstaculizar las expresiones de protesta ha sido la aplicación de detenciones de manifestantes e incluso de personas que se encontraban en las inmediaciones del área donde tenía lugar una manifestación sin estar participando de la misma. Según la información recibida, entre 3.500 y 4.000 personas fueron detenidas arbitrariamente por la policía y el Ejército durante las manifestaciones. La Comisión confirmó con diversas fuentes que en numerosos casos no se levantó registro de sus detenciones o se levantó de manera inconsistente; tampoco se avisó a las autoridades judiciales ni a los fiscales. No se han formulado cargos contra estas personas, siendo liberadas horas después de su detención. Conforme a lo informado, las detenciones arbitrarias se habrían extendido por períodos de entre 45 minutos y 24 horas. Según los reportes, los detenidos fueron objeto de golpes, amenazas a punta de pistola y agresiones verbales. También se informó que algunas de las celdas donde fueron conducidos se encontraban cubiertas de orina y heces. La Comisión recibió información de que en algunas postas de policía los Jueces Ejecutores que se presentaron en respuesta a la presentación de recursos de exhibición personal fueron maltratados, amenazados a punta de pistola, y agredidos verbalmente.

Por ejemplo, el 12 de agosto fueron arrestadas 28 personas (27 adultos y un menor) en el marco de la marcha hacia el Congreso Nacional. Tres de ellas fueron imputadas por terrorismo y liberadas con medidas sustitutivas. Los otros 24 fueron imputados de los delitos de sedición, daño a la propiedad privada, manifestación ilícita y robo. Los detenidos fueron transportados hacia las instalaciones del Batallón Cobra, el cual no es un centro de detención habilitado, sino un campo de entrenamiento de fuerzas especializadas. En el batallón Cobra los detenidos fueron recluidos en las graderías de una cancha deportiva. Al cumplirse las 24 horas de detención -plazo en el cual, según la normativa constitucional deben ser liberados- la Fiscalía presentó requerimiento fiscal. A la tarde del día siguiente se realizó, en las instalaciones de la Policía, la audiencia de declaración de imputados. Recién en este momento los detenidos tomaron conocimiento de los cargos que se imputaban en su contra, y en razón de los cuales habían sido detenidos. Durante la audiencia, fuerzas policiales y del Comando Cobra se encontraban dentro de la sala. Todos han sido liberados en diferentes fechas entre el 14 y el 20 de agosto; 18 han sido exonerados, y los otros seis continúan procesados por manifestación ilícita.

Del 24 al 27 de julio, entre 4.000 y 5.000 personas quedaron atrapadas entre retenes militares en la zona fronteriza con Nicaragua, en el departamento de El Paraíso, durante la aplicación en esa región de un toque de queda de carácter continuado en virtud de prórrogas consecutivas cada 12 horas. La Comisión recibió numerosos y concordantes testimonios señalando que durante ese plazo no tuvieron acceso a agua, alimentos ni medicamentos; que fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad a través del uso de gases lacrimógenos y que las personas heridas no recibieron atención médica.

La Comisión considera fundamental que el gobierno de facto adopte medidas urgentes para garantizar el derecho a la vida, integridad personal y libertad personal de todas las personas. Es indispensable que se realicen investigaciones serias, exhaustivas, conclusivas e imparciales de todos los casos de violaciones a los derechos humanos. La Comisión destaca la necesidad de que los responsables sean debidamente juzgados y sancionados, y que se repare adecuadamente a los familiares y víctimas de las violaciones atribuibles a agentes del Estado. En este sentido, es de fundamental importancia que se facilite, se profundice y no se ponga ningún obstáculo a la tarea que debe realizar la Fiscalía de Derechos Humanos para que pueda investigar la totalidad de las violaciones ocurridas en el contexto del golpe de Estado.

Durante la visita, la Comisión recibió testimonios que sostuvieron que en el contexto de las manifestaciones, represión y detenciones llevadas a cabo por agentes policiales y miembros de la fuerza militar, las mujeres, en razón de su género, fueron especialmente sujetas a actos de violencia y vejación, y por lo menos un caso de violación. La Comisión constató que, al estar bajo el control directo de agentes de la fuerzas de policía y Ejército, numerosas mujeres fueron objeto de un tratamiento abusivo y denigrante, que incluyó, entre otros, el manoseo de senos y vagina. En otros casos, la Comisión recibió información de que a algunas mujeres les abrieron las piernas y les tocaron los genitales con los bastones policiales.

Derecho a la Libertad de Expresión

La garantía y protección del derecho a la libertad de expresión es una condición esencial para la defensa de todos los derechos humanos y para la existencia misma de cualquier sociedad democrática. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho a la libertad de expresión en su artículo 13, indicando que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, lo que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. A su turno, la Constitución de Honduras en su artículo 72 reconoce que “es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura.”

La Corte Interamericana ha destacado de manera consistente la importancia de este derecho al sostener:

La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática.  Es indispensable para la formación de la opinión pública.  Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quien desee influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente.  Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones, esté suficientemente informada.  Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.

La CIDH ha recibido información sobre situaciones que se presentaron a partir del golpe de Estado que configuran graves violaciones del derecho a la libertad de expresión. Durante la visita, se constató que el 28 de junio de 2009, varios medios de comunicación –en particular canales de televisión y emisoras radiales- se vieron obligados a suspender sus emisiones por ocupaciones militares de sus instalaciones, o fueron objeto de restricciones técnicas como cortes de luz y tomas de repetidoras y transmisores, que les impidieron informar sobre lo que estaba sucediendo. Así mismo, se constató que varios canales de cable fueron sacados del aire y que fueron suspendidos programas de televisión que tenían una línea crítica del golpe de Estado. Otros mecanismos de control de la información han sido las llamadas de distintos funcionarios oficiales, especialmente de miembros de la fuerza pública, sobre la inconveniencia de trasmitir información u opiniones contrarias al gobierno de facto. También se han registrado detenciones, agresiones y destrucción de equipos de reporteros asociada con el ejercicio de su labor periodística, así como ataques violentos provenientes de particulares contra los medios y amenazas de muerte.

La CIDH ha podido advertir que tras el golpe de Estado, los medios de comunicación de Honduras se han polarizado. Los medios de propiedad pública, por su inadecuado diseño institucional no tienen independencia del Poder Ejecutivo y, como consecuencia de ello, están abiertamente parcializados a favor del gobierno de facto. Los comunicadores y medios de comunicación que son percibidos como afines al gobierno de facto, han sido blanco de fuertes agresiones, presuntamente, por parte de opositores al golpe de Estado. Otros medios de comunicación que son percibidos como promotores del movimiento de resistencia, han visto constantemente afectada su labor periodística tanto por agentes del Estado como por particulares que restringen la labor informativa. Son pocos los medios de comunicación que en el agudo ambiente de polarización, se han comprometido públicamente con organizaciones civiles a presentar información plural sin que su posición editorial afecte la labor informativa. Sin embargo, la tarea de informar libremente no es fácil de sostener, pues el gobierno de facto cuenta con mecanismos poderosos de injerencia e intimidación que pueden ser empleados de manera abierta o encubierta, bajo la excusa de aplicación formal de las leyes preexistentes. De otra parte, las amenazas y violentos ataques de particulares han dificultado seriamente el ejercicio de la profesión.

Cierre de medios de comunicación

La CIDH fue informada que el 28 de junio personal militar ocupó las instalaciones de las antenas de transmisión de diferentes canales de televisión y radio en la zona del Cerro de Canta Gallo, en Tegucigalpa, e impidieron durante varias horas que técnicos encendieran los transmisores. En la zona se encuentran las antenas de transmisión de los Canales 5 y 3, Canal 57, Canal 9, Canal 33, Canal 36, Canal 30, Canal 54 y Canal 11. Esta medida, sumada a los constantes cortes de energía, dificultó la transmisión de la señal de estos canales. Por otra parte, el Canal 8, de propiedad estatal, dejó de transmitir por más de un día. Cuando reinició su transmisión, el personal de dirección había cambiado, al igual que la programación. Las señales de los canales privados Canal 6, Canal 11, Maya TV, Canal 36 de Tegucigalpa; y La Cumbre y la Televisora de Aguán, canal 5, del departamento de Colón fueron interrumpidas por tomas militares o por instrucciones del Ejército.

También fueron ocupados o rodeados por la fuerza pública Radio Progreso, en ciudad El Progreso, departamento de Yoro, Radio Globo, en Tegucigalpa, Radio Juticalpa, del departamento de Olancho, Radio Marcala en el departamento La Paz. En este último caso, un grupo de militares intentó cerrar la radio, pero pobladores de la zona impidieron el paso y la radio siguió funcionando.

Además de esta situación, se constató que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) dio instrucciones a los prestadores de televisión por cable que indirecta o directamente conducían a sacar del aire canales internacionales o programas nacionales trasmitidos por canales locales. Tal fue el caso de CNN en Español, Telesur, Cubavisión Internacional, Guatevisión y Ticavisión entre otros.

Cortes de luz

El 28 de junio, en horas de la mañana, hubo cortes de energía selectivos, según denuncias recibidas por la CIDH. Los cortes de energía impidieron las trasmisiones libres de radio y televisión, abarcaron sectores donde funcionaban las torres de transmisión, y afectaron a los servicios de telefonía fija y celular.

Detenciones de comunicadores sociales

La CIDH recibió información según la cual varios periodistas fueron detenidos, agredidos y amenazados, por razones directamente vinculadas al ejercicio de su profesión. El 28 de junio de 2009 fue detenido el caricaturista Allan McDonald junto su hija de 17 meses por soldados de las Fuerzas Armadas, que allanaron su casa, quemaron sus caricaturas y su material de dibujo. El mismo día miembros de la fuerza pública retuvieron en Tegucigalpa, a un grupo de reporteros de Telesur y The Associated Press para interrogarlos por sus visados. Este operativo, contra Telesur y VTV se repitió el 11 de julio. A la mañana siguiente, miembros de las fuerzas policiales impidieron a los reporteros salir del hotel durante varias horas. Los equipos de ambos canales abandonaron Honduras al día siguiente por considerar que su seguridad estaba riesgo.

Algunos de los periodistas detenidos ilegalmente y golpeados por la fuerza pública debido al ejercicio de su profesión, fueron Naún Palacios, en Tocoa, Colón, el 30 de junio de 2009; Mario Amaya, fotógrafo del Diario Hoy, el 2 de julio; Rommel Gómez, en San Pedro Sula; el director de Radio Coco Dulce, Alfredo López, el 12 de agosto en Tegucigalpa; el 14 de agosto, en Cortés, el periodista de Radio Progreso, Gustavo Cardoza. En la misma manifestación fue golpeado por las fuerzas de seguridad el periodista independiente de Tela, Edwin Castillo.

Agresiones y amenazas a comunicadores sociales

La CIDH recibió información sobre graves y múltiples agresiones sufridas por periodistas por actos de la fuerza pública o de particulares pero siempre con el objetivo de impedirles el ejercicio libre de su labor. Así por ejemplo, Juan Ramón Sosa del diario La Tribuna, fue golpeado e insultado cuando cubría una manifestación el 29 de junio, en Tegucigalpa. De acuerdo a la información recibida, la reportera gráfica Wendy Olivo, de la Agencia Bolivariana de Noticias, fue agredida por la fuerza pública cuando intentó tomar fotografías de personas detenidas en un destacamento policial, al negarse a entregar su cámara de fotos. El 30 de julio, varios periodistas y camarógrafos habrían sido agredidos por integrantes de la Policía en el contexto de la reacción contra la manifestación que se celebró ese día en Tegucigalpa. Según la información recibida, Karen Méndez, periodista de TeleSUR, fue empujada y amenazada por un policía, en tanto el camarógrafo del mismo canal, Roger Guzmán, también fue agredido y le quitaron material de trabajo. José Oseguera y Luis Andrés Bustillo, camarógrafos del programa “Hable como Habla” de Maya TV, habrían sido golpeados en la zona de Durazno, en la salida norte de Tegucigalpa el 30 de julio de 2009. Edgardo Castro, periodista de la Televisora Hondureña de Comayagua, habría sido agredido el 30 de julio de 2009, en el marco de la manifestación en Tegucigalpa, cuando filmaba la acción de la Policía contra manifestantes. Su equipo habría sido dañado. El 5 de agosto de 2009, el fotógrafo de diario Tiempo, Héctor Clara Cruz, fue golpeado por miembros de la Policía, cuando cubría una manifestación estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para evitar que continuara tomando fotos del enfrentamiento. El 12 de agosto de 2009, Richard Cazulá camarógrafo de Canal 36, habría sido golpeado por miembros de la fuerza pública y se habría dañado su cámara, cuando filmaba una manifestación en Tegucigalpa. El 14 de agosto de 2009, en el marco de una manifestación, un grupo de policías agredió y confiscó el material al fotógrafo Julio Umaña, del diario Tiempo, quien les había mostrado su acreditación.

En cuanto a las agresiones contra periodistas originadas en actos de particulares, la CIDH observa que en su mayoría se registraron mientras cubrían manifestaciones. En Tegucigalpa tres periodistas del programa “Entrevistado” del Canal 42 habrían sido atacados el 28 de junio de 2009 por un grupo de manifestantes, que también los derribaron y rompieron sus cámaras. El 29 de junio de 2009, el fotógrafo del diario El Heraldo Johnny Magallanes habría sido atacado cuando cubría una manifestación frente de la Casa Presidencial, en Tegucigalpa. El 1 de julio, unos manifestantes presuntamente del movimiento de resistencia, agredieron a Carlos Rivera, corresponsal de Radio América en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Henry Carvajal y Martín Rodríguez, fotógrafo y periodista del diario La Tribuna, denunciaron haber sido objeto de agresiones por parte de manifestantes de la resistencia el 26 de julio en el departamento El Paraíso.

Además, se recibió información que varios comunicadores sociales han sido amenazados desde el golpe de Estado a causa de su labor periodística. Las amenazas han provenido de distintos sectores y se han producido bien por vía telefónica o electrónica o personalmente cuando cubren las manifestaciones o hechos noticiosos relativos a la crisis política. La CIDH pudo advertir que en las últimas semanas las amenazas para evitar el ejercicio libre de la labor informativa han aumentado. Han sido objeto de graves amenazas, entre otros comunicadores, Madeleine García y otros miembros del equipo de Telesur, Esdras Amado López (Canal 36); Eduardo Maldonado (Hable como habla en Maya TV), Jorge Otts Anderson (Canal la Cumbre en Tocoa, Colón); Johnny Lagos (El Libertador); José Luis Galdámez (programa Tras la Verdad en Radio Globo), Andrés Molina (Radio Juticalpa); Carlos Lara, Wilfredo Paz y Rigoberto Mendoza (en Tocoa, Colón); miembros de la Radio Progreso; integrantes de la Radio La Voz Lenca, entre otras radios independientes o comunitarias; Francisco Montero (Radio Sonaguera); Héctor Castellanos (programa en Radio Globo), por mencionar algunos ejemplos de amenazas provenientes de miembros de la fuerza publica o de sectores presuntamente asociados con el gobierno de facto. Así mismo, Carlos Mauricio Flores y Fernando Berrios, del diario El Heraldo, fueron amenazados de muerte en el contexto de violentos ataques al medio en el cual trabajan presuntamente originados en grupos radicales opuestos al golpe de Estado. Finalmente, Dagoberto Rodríguez de Radio Cadena Voces ha sufrido también agresiones y amenazas provenientes de grupos presuntamente pertenecientes al movimiento de resistencia.

Ataques a medios de comunicación

Como se ha mencionado antes, la CIDH observó una creciente polarización que se ha manifestado, entre otras cosas, en violentos ataques de particulares contra los medios de comunicación. Estos parecen haberse recrudecido en las últimas semanas.

Se recibió información sobre el atentado que se intentó realizar contra Radio América el 30 de junio, cuando una bomba fue colocada en el local de la emisora en Tegucigalpa. En la noche del 4 de julio, en Tegucigalpa, una persona no identificada habría dejado un explosivo en el Centro Comercial Prisa, donde se encuentran las instalaciones del diario Tiempo y del Canal 11. A fines de julio, se encontró un artefacto explosivo contra las instalaciones del Canal 6, en San Pedro Sula. El 14 de agosto, personas encapuchadas y con armas, incendiaron un vehículo que repartía ediciones del periódico La Tribuna. Al día siguiente, personas no identificadas lanzaron 5 bombas molotov contra el edificio del diario El Heraldo, que estuvieron a punto de provocar un incendio en las instalaciones del periódico.

Con base en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado tiene la obligación internacional de garantizar y proteger la libertad de expresión y debe abstenerse de utilizar mecanismos directos o indirectos de intimidación, así como proteger la vida y la integridad personal de los comunicadores, cualquiera sea su línea editorial. En consecuencia, la Comisión insta al Estado a respetar el libre ejercicio de este derecho, abstenerse de utilizar formas directas o indirectas de intimidación o censura, investigar las agresiones de que han sido víctimas comunicadores y medios, proteger la vida, integridad de los comunicadores así como las instalaciones de los medios y promover un clima de  tolerancia y pluralismo que permita el más amplio debate posible sobre los asuntos públicos.

Conclusión

La Comisión constató durante esta visita que el golpe de Estado del 28 de junio ha creado una situación de ilegitimidad democrática que tiene un impacto negativo sobre la vigencia de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras.

La Comisión comprobó la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública por parte de fuerzas policiales y militares, detenciones arbitrarias, y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía, que tuvo como consecuencia la muerte de por lo menos cuatro personas, decenas de heridos, miles de detenciones arbitrarias, cierre temporal de canales de televisión y amenazas y agresiones a periodistas.

La Comisión verificó la existencia de una aguda polarización que ha incidido en los medios de comunicación y que afecta el flujo libre de la información y la posibilidad de que exista un debate vigoroso y desinhibido sobre los asuntos relacionados con la ruptura del orden institucional. Asimismo, pudo comprobar la existencia de serias restricciones del ejercicio a la libertad de expresión  provenientes del gobierno de facto, que han generado un ambiente de intimidación que inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión. Finalmente, pudo comprobar la existencia de amenazas de muerte y ataques violentos a periodistas y medios de comunicación en razón de su línea editorial, provenientes de distintos sectores.

En base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado en 1977, el Estado tiene la obligación internacional de prevenir las violaciones a los derechos humanos, y en caso de que ocurran, investigar, juzgar y sancionar a los responsables. En este sentido, la Comisión insta al Estado a respetar el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad individual y a la libertad de expresión.

La Comisión desea valorar especialmente el trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos, cuyo rol ha sido fundamental en la obtención de información y la labor de protección de los derechos de las personas, bajo condiciones de riesgo personal.

La Comisión continuará observando la situación de derechos humanos en Honduras en el contexto del golpe de Estado y próximamente hará público el Informe final sobre esta visita.

Los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han sostenido en reiteradas oportunidades que el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos. En ese sentido, la Comisión considera que únicamente el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras permitirá que se den las condiciones para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras.

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[es] OFRANEH: Misil Mediático del Wall Street Journal dirigido al Frente de Resistencia al Golpe de Estado en Honduras



Video de la OFRANEH: Garifunas presentes en la resistencia al golpe de Estado en Honduras

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Misil Mediático del Wall Street Journal dirigido al Frente de Resistencia al Golpe de Estado en Honduras

El pasado 10 de agosto, el periódico estadounidense Wall Street Journal publicó un artículo de la Sra. Mary Anastasia O’Grady, intitulado los Amigos Hondureños de las FARC, en donde señala tener las “pruebas” de la conexión entre la Unificación Democrática (UD) – partido político vinculado a la resistencia al golpe de estado en Honduras –  y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Una vez más las famosas computadoras de Raúl Reyes, son fuente de señalamientos a las organizaciones sociales y partidos políticos que no se encuentran alienados  a favor de los intereses de los Estados Unidos en la región. Las computadoras sobrevivieron al bombardeo del campamento de Reyes localizado en el Ecuador.

La violación territorial del ecuador a manos del ejercito colombiano y la incursión aérea, que aparentemente partió de la Base militar de Manta (Ecuador), fue justificada por el régimen de Alvaro Uribe con la información extraída de las computadoras, la cual implica en actividades terroristas  a un sinnúmero de personas y organizaciones con una trayectoria de lucha social a lo largo del continente.

Este no es primer artículo que publica la columnista del Wall Street Journal referente al golpe. Dos días después redactó un libelo intitulado, “Honduras defiende su Democracia” (1), en el que se ensaña en contra del presidente Manual Zelaya y reduce los hechos a la influencia de Hugo Chávez en el proceso político del país. La  pobreza generalizada y la aberrante estructura feudal  imperante en el país, fueron omitidos en el artículo en aras de defender a los golpistas  y los intereses de los Estados Unidos.

En el caso de las acusaciones que presenta la Sra O’Grady en contra de la UD y por ende al Frente Nacional de Resistencia al Golpe de Estado, fueron inmediatamente utilizados por los medios locales de prensa  afines a los golpistas,  los que en los últimos meses vienen cocinando a fuego lento la supuesta conexión entre el narcotráfico y Venezuela, ademas de mantener una permanente campaña en contra de Manuel Zelaya y la intención de efectuar una Asamblea Constituyente.

Señala la Sra O’Grady que “Obama tendrá que explicar su apoyo a una facción política aliada al crimen organizado. De acuerdo a la evidencia recogida por la inteligencia colombiana que me llego indirectamente”. Por supuesto que la fuente de la información se destaca por su “parcialidad” y son famosos sus falsos positivos.

La satanización del movimiento popular en América Latina ha sido una de las faenas que han asumido los medios de comunicación afines a la Sociedad interamericana de Prensa, la cual le otorgó un premio a la Sra O’Grady en el año de 1997.

Los agentes de prensa de la SIP han aprendido la lección de sus maestros del norte en el “arte” del llamado en inglés spinnig the news , la cual se puede traducir como la capacidad de distorsión de los hechos y la repetición de algunas frases de cajón que maquillan las falacias convirtiéndolas en supuestas noticias. Como ejemplo clásico de lo anterior, se encuentran las famosas armas de destrucción masiva que poseía Hassan Husein, que sirvieron de pretexto para efectuar la invasión a Irak por parte de los Estados Unidos.

El Wall Street Journal (WSJ) es propiedad de Rupert Murdoch (2), el magnate de los medios de comunicación y  especialista global en distorsión. Murdoch adquirió el diario en mayo del 2007, como parte de sus joyas de prensa escrita en peligro de extinción, y al servicio de sus posiciones ideológicas de extrema derecha, las que no ha escatimado para atacar al mismo Barack Obama (3).

Como consecuencia del artículo de O’Grady en WSJ es de esperar una incontinencia en los ataques de parte de los inversionistas económicos e ideológicos en el golpe de estado,m además de  un repunte en las agresiones a las democracias latinoamericanas, en especial en contra de los vecinos a Honduras.

O”Grady comienza con el “spin” de la supuesta información de las computadoras de Reyes, casualmente cuando el Frente de Resistencia Nacional en Contra del Golpe de Estado, del cual forma parte la UD, reúne en las ciudades de Tegucigalpa y San Pedro Sula a miles de manifestantes que marchan en repudio a Micheletti y su turba de empresarios.

Mientras tanto la administración de Obama muestra cada día más la hipocresía reinante en Washington. Si bien entre dientes reconocen que se efectuó un golpe de estado, tras bambalinas persisten en apoyar a los militares hondureños y los empresarios promotores de la defenestración.

La ilegalidad de los hechos es totalmente irrebatible, no obstante los intereses económicos del imperio se imponen en detrimento del estado de ley. El historial de golpes en Latinoamérica demuestra la imposibilidad de efectuar una asonada sino se cuenta con el beneplácito de la embajada y la bendición de la iglesia.

Por supuesto que la CIA prosigue canalizando fondos  a través de la National Endowment for Democracy (NED) para darnos lecciones sobre la versión gringa de la demo_crak_cia y sus efectos en la libertad de mercado, que aparentemente es la piedra fundamental de la ideología neoliberal imperante, y la cual nos imaginamos es la excusa vital del séquito de abogados de la Secretaria de Estado Clinton.

Hipocresía es esconder que Tanto Lanny Davis como Bennett Ratcliff y Roger Noriega, parte del Lobby a favor de los golpistas, han venido utilizando el Capitolio en Washington como un escenario más del golpe. Mientras la  Resistencia  Nacional en Contra del Golpe demuestra su repudio en contra de la intervención en las calles de Honduras, en los pasillos del Congreso estadounidense los abogados de la Clinton no solamente justifican la irrupción del estado de ley, sino que al mismo tiempo en base a la distorsión de la realidad venden falacias  fabricadas por una supuesta periodista con fuentes “indirectas” como si fueran hechos verídicos.

(1) http://online.wsj.com/article/SB124623282038066363.html Honduras defiende su democracia
(2) http://www.wired.com/epicenter/2007/08/confirmed-murdo/
(3) http://tinypic.com/view.php?pic=okoobs&s=4

Dado en La Ceiba a los 12 días de agosto de 2009
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
Teléfono (504) 4420618, (504) 4500058
Av 14 julio, calle 19, Contiguo Vivero Flor Tropical, Barrio Alvarado, La Ceiba, Honduras
email: garifuna@ofraneh.org, ofraneh@yahoo.com

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[es] El Libertador: !Conozca las diez familias que financiaron el golpe de Estado en Honduras!

familias golpistas

“Fue planeado por un grupo empresarial liderado por Carlos Roberto Facussé, dueño del periódico ‘La Tribuna’, que junto con ‘La Prensa’, ‘El Heraldo’, los canales de TV 2, 3, 5 y 9 fueron el pilar fundamental del golpe”. El resto de las familias opuestas a al Presidente Zelaya, y que controlan el 90 por ciento de la riqueza que produce el país, son: José Rafael Ferrari, Juan Canahuati, el financiero Camilo Atala, el maderero José Lamas y otros”, explicó en una mesa redonda la experta en temas militares, Leticia Salomón.

Edición* / EL LIBERTADOR

Tegucigalpa. La mayor experta en temas militares de Honduras, la investigadora de la Universidad Nacional, Leticia Salomón, destapó los entresijos del golpe de Estado. Y lo explicó como un detalle sin importancia ante una concurrida audiencia presente en una mesa redonda: “Fue planeado por un grupo empresarial liderado por Carlos Roberto Facussé, ex presidente de Honduras (1988-2002) y dueño del periódico ‘La Tribuna’, que junto con ‘La Prensa’, ‘El Heraldo’, los canales de TV 2, 3, 5 y 9 fueron el pilar fundamental del golpe”. El resto de las familias que apoyaron el golpe contra Zelaya y que controlan el 90 por ciento de la riqueza que produce el país son: José Rafael Ferrari, Juan Canahuati, el financiero Camilo Atala, el maderero José Lamas, el empresario energético Fredy Násser, Jacobo Kattán, el industrial azucarero Guillermo Lippman y el constructor Rafael Flores.
Un personaje fundamental en esta conspiración fue el magnate Miguel Facussé, condecorado por el Senado colombiano en 2004 con la Orden Mérito a la Democracia, y quien hoy monopoliza el negocio de la palma aceitera y en 1992 apoyó la compra de tierras a los campesinos a menos del 10 por ciento de su valor real.

FONDOS DE TELETON USADOS PARA EL GOLPE

Al conocer la participación de gente en el golpe de Estado contra Zelaya, entre otros, Jorge Canahuati Larach, José Rafael Ferrari y Carlos Flores Facussé, se deduce el porqué el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), jamás ha realizado una auditoría de los fondos públicos que cada año recauda la Teletón; dinero que ha aportado mucha gente de buena fe, pero que Ferrari y Canahuati los han utilizado para destruir el débil Estado de Derecho que tenía Honduras”.

CONSUMIDORES: CASTIGUEMOS A LOS QUE FINANCIARON EL GOLPE DE ESTADO EN HONDURAS. EL DINERO QUE LES HEMOS DADO AL COMPRAR SUS PRODUCTOS HA SIDO UTILIZADO PARA TRAICIONARNOS, REPRIMIR Y MATAR A NUESTROS COMPATRIOTAS. ¡CONOZCÁNLOS!
DIARIOS, REVISTAS E IMPRENTAS
1- La Prensa (Jorge Canahuati Larach)

2- El Heraldo (Jorge Canahuati Larach)
3- Diez (Jorge Canahuati Larach)
4- La Tribuna (Carlos Flores Facussé)
5- Hablemos Claro (Rodrigo Wong Arévalo)
6- Hablemos Claro Financiera (Rodrigo Wong Arévalo)
7- As Deportiva (Rodrigo Wong Arévalo)
8- Cromos (Rodrigo Wong Arévalo)
9- Estilo (Jorge Canahuati Larach)
10- Lithopress Industrial (Carlos Flores Facussé)

TV, CABLE, INTERNET Y TELEFONÍA
1- Grupo Televicentro (Rafael Ferrari)
2- Canal 5 (Rafael Ferrari)
3- Telecadena, 7y4 (Rafael Ferrari)
4- Telesistema, 3y7 (Rafael Ferrari)
5- MegaTV (Rafael Ferrari)
6- Canal 10 o TEN (Rodrigo Wong Arévalo)
7- Canal 54 (Jorge Faraj, Camilo Atala)
8- Multivisión (Rafael Ferrari)
9- Multidata (Rafael Ferrari)
10- Multifon (Rafael Ferrari)
11- Televicentro Online (Rafael Ferrari)
12- Tigo-Celtel (Antonio Tavel Otero)
13- Telemás (Gabriela Núñez)
14- 45TV, La Ceiba (Rodolfo Irías Navas)
15- Televisión 8, Tela (Rodolfo Irías Navas)

LAS RADIOS
1- Emisoras Unidas (Rafael Ferrari)
2- HRN (Rafael Ferrari)
3- Radio Norte (Rafael Ferrari)
4- Suave FM (Rafael Ferrari)
5- Rock n’ Pop (Rafael Ferrari)
6- Vox FM (Rafael Ferrari)
7- XY (Rafael Ferrari)
8- 94 FM (Rafael Ferrari)
9- Radio Satélite (Rafael Ferrari)
10- Radio Caribe (Rafael Ferrari)
11- Radio Centro (Rafael Ferrari)
12- Audiovideo (Miguel Andonie Fernández)
13- Radio América (Miguel Andonie Fernández)
14- Radio San Pedro (Miguel Andonie Fernández)
15- Súper 100 (Miguel Andonie Fernández)
16- La Moderna (Miguel Andonie Fernández)
17- Radio La Ceiba (Miguel Andonie Fernández)
18- Comunicaciones del Atlántico (Rodolfo Irías Navas)
19- Radio El Patio, La Ceiba (Rodolfo Irías Navas)
20- Stereo 92, La Ceiba, (Rodolfo Irías Navas)
21- Stereo 102.5, La Ceiba, (Rodolfo Irías Navas)
22- Romántica, 103.5 FM, La Ceiba (Rodolfo Irías Navas)
23- Radio Aguán, Colón (Rodolfo Irías Navas)
24- 92.7 FM , Tela (Rodolfo Irías Navas)
25- 91.5 FM , Tela (Rodolfo Irías Navas)

COMIDAS, BEBIDAS Y CHURROS

1- Burger King (Rafael Ferrari)
2- Little Caesar’s (Rafael Ferrari)
3- Church’s Chicken (Rafael Ferrari)
4- Popeyes (Rafael Ferrari)
5- Dunkin’ Donuts (Rafael Ferrari)
6- Baskin Robbins (Rafael Ferrari)
7- Pollo Campero (Rafael Ferrari)
8- Chilli’s (Rafael Ferrari)
9- Pizza Hut (Jorge Canahuati Larach)
10- Kentucky (Jorge Canahuati Larach)
11- Agua Azul (Jorge Canahuati Larach)
12- Aquafina (Jorge Canahuati Larach)
13- Pepsi (Jorge Canahuati Larach)
14- Seven Up (Jorge Canahuati Larach)
15- Mirinda Naranja (Jorge Canahuati Larach)
16- Mirinda Uva (Jorge Canahuati Larach)
17- Teem (Jorge Canahuati Larach)
18- Enjoy (Jorge Canahuati Larach)
19- Adrenaline (Jorge Canahuati Larach)
20- Gatorade (Jorge Canahuati Larach)
21- Quanty (Jorge Canahuati Larach)
22- Be-Light (Jorge Canahuati Larach)
23- Link (Jorge Canahuati Larach)
24- SoBe Energy (Jorge Canahuati Larach)
25- Té Lipton envasado (Jorge Canahuati Larach)
26- Yummies Zambos, tajaditas y yuquitas (Miguel Facussé Barjum)
27- Yummies Ranchitas, nachos y jalapeños (Miguel Facussé Barjum)
28- Cappy, maíz con queso, gorditos y tornitos (Miguel Facussé Barjum)
29- Zibas, papas y anillitos de papa (Miguel Facussé Barjum)
30- Ziba’s Costi Rica, papas fritas (Miguel Facussé Barjum)
31- Ziba’s francesa, papas a la francesa (Miguel Facussé Barjum)
32- Taco del Rancho, picante, jalapeño y barbacoa (Miguel Facussé Barjum)
33- Chicharrones del Rancho, limón y picosito (Miguel Facussé Barjum)
34- Mazola, aceite y margarina, manteca Pura (Miguel Facussé Barjum)
35- Íssima, pasta de tomate La Rojita y Sofrito (Miguel Facussé Barjum)
36- Íssima, salsas para pastas Ranchera (Miguel Facussé Barjum)
37- Íssima, salsas para pastas Tomate y Albahaca (Miguel Facussé Barjum)
38- Íssima, salsas para pastas Con hongos y 3 quesos (Miguel Facussé Barjum)
39- Íssima, Ketchup (Miguel Facussé Barjum)
40- Issima, sopas de pollo, camarón y resollo Oriental (Miguel Facussé Barjum)
41- Íssima, spaguetti y tallarines (Miguel Facussé Barjum)
42- Íssima, consomé de gallina y de pollo (Miguel Facussé Barjum)
43- Leche Sula (Schucry Kafie)
44- Leche La Pradera (Schucry Kafie)
45- Leche en polvo Sula (Schucry Kafie)
46- Malteadas Sula (Schucry Kafie)
47- Jugos de naranja y fruta Sula (Schucry Kafie)
48- Bebida Fristy Sula (Schucry Kafie)
49- Queso, quesillo, requesón Sula (Schucry Kafie)
50- Queso Cheddar, Gouda, Edam y Pecorino Sula (Schucry Kafie)
51- Mantequilla crema Sula (Schucry Kafie)
52- Margarina Sula (Schucry Kafie)
53- Mozarrella Sula (Schucry Kafie)
54- Yogurt Sula (Schucry Kafie)
55- Yogurt Gaymonts y Lait (Schucry Kafie)
56- Agua Sula (Schucry Kafie)
57- Frutas y vegetales Áltima (Miguel Facussé Barjum)

BANCOS, CORPORACIONES, CONSORCIOS Y MANUFACTURAS
1- Grupo Ficohsa (Jorge Faraj Rishmagüi, Camilo Atala Faraj)
2- Banco Ficohsa (Jorge Faraj, Camilo Atala)
3- Interamericana de Seguros (Jorge Faraj, Camilo Atala)
4- Ficohsa Express (Jorge Faraj, Camilo Atala)
5- PSI, Proyectos y Servicios Inmobiliarios (Jorge Faraj, Camilo Atala)
6- Dicorp, divisas corporativas (Jorge Faraj, Camilo Atala)
7- Fundación Ficohsa (Jorge Faraj, Camilo Atala)
8- Grupo Terra (Freddy Nasser)
9- Asin (Miguel Andonie Fernández)
10- Grupo Roble (Ricardo Maduro Joest)
11- Fondo Hondureño de Inversión Turística (Bahía de Tela) (Rafael Ferrari)
12- Teletón (Rafael Ferrari)
13- Grupo Dinant, antes Corporación Cressida (Miguel Facussé Barjum)
14- Químicas Magna (Miguel Facussé Barjum)
15- Cressida Industrial (Miguel Facussé Barjum)
16- Químicas Láser (Miguel Facussé Barjum)
17- Alimentos Dixie (Miguel Facussé Barjum)
18- Lactohsa (Schucry Kafie)
19- Corinsa (Jorge Canahuati Larach)
20- Grupo Televicentro (Rafael Ferrari)
21- Emisoras Unidas (Rafael Ferrari y Villeda Toledo)
22- Audiovideo (Miguel Andonie Fernández)
23- Exportadora del Atlántico (Miguel Facussé Barjum)
24- Embotelladora de Sula (Jorge Canahuati y Jorge Larach)
25- Comunicaciones del Atlántico (Rodolfo Irías Navas)
26- Fundación Covelo (Adolfo Facussé)
27- Banco Covelo (Adolfo Facussé)

ENERGÍA Y COMBUSTIBLE
1- Emce (Freddy Nasser)
2- Enersa, planta termoeléctrica (Freddy Nasser)
3- Río Blanco, planta termoeléctrica (Freddy Nasser)
4- Lufussa, planta termoeléctrica (Schucry Kafie)
5- Elcosa, planta termoeléctrica (Freddy Nasser)
6- Petróleos de Honduras (Hondupetrol) (Freddy Nasser)
7- Gasolineras Uno (Freddy Nasser)
8- Empresa Transporte y Maquinaria (Tramaq) (Freddy Nasser)
9- Energía y Transmisión (Enetran) (Freddy Nasser)
10- Semeh (Rafael Ferrari, Arturo Corrales)
11- Dinapower, biocombustible (Miguel Facussé Barjum)

MALL, SÚPER, TIENDAS Y ACCESORIOS
1- Supermercado La Colonia (Mario Faraj)
2- Jestereo (Ricardo Maduro Joest)
3- La Curacao (Ricardo Maduro Joest)
4- Tropigas (Ricardo Maduro Joest)
5- Mall Multiplaza (Ricardo Maduro Joest)
6- Diunsa (Mario Faraj)
7- Eleganza (Jorge Canahuati Larach)
8- Jorge J. Larach & Cía. (Jorge Canahuati Larach)
9- Comercial Larach (Jorge Canahuati Larach)
10- Proconsumo, (Kiwi, chimicol) (Miguel Andonie Fernández)
11- Xedex (Miguel Facussé Barjum)
12- Audaz (Miguel Facussé Barjum)
13- Ganex (Miguel Facussé Barjum)

MEDICINAS Y FARMACIAS
1- Laboratorios Finlay (Jorge Canahuati)
2- Infarma (Miguel Andonie Fernández)
3- Mandofer (Miguel Andonie Fernández)
4- Farmacia Regis (Miguel Andonie Fernández)

TEXTILES Y MAQUILAS
1- Grupo Lovable (Juan, Jesús y Mario Canahuati)
2- Textiles Río Lindo (Adolfo Facussé)

HOTELES
1- Intercontinental (Ricardo Maduro Joest)

TRANSPORTE AÉREO Y TERRESTRE

1- Inter Airports (Freddy Nasser)
2- Catisa (Roberto Micheletti Baín)
3- Tupsa (Roberto Micheletti Baín)
4- Trasul, (Roberto Micheletti Baín)

EQUIPOS DE FÚTBOL
1- Olimpia (Rafael Ferrari)
2- Motagua (Camilo Atala y Pedro Atala)
3- Selección de Honduras (Rafael Ferrari, Atala, Rafael Callejas, Faraj, Kaffati)

*/ La fuente de la mayor parte de datos ha sido: http://www.rebelion.org

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[es] Comision internacional constata violaciones sistematicas a los derechos humanos

Conferencia de prensa de la delegacion internacional de DD.HH. FOTO: Sandra Cuffe[Conferencia de prensa de la Delegacion Internacional de Derechos Humanos. Hotel Honduras Maya, Tegucigalpa, 23 de julio 2009. FOTO: Sandra Cuffe, http://flickr.com/photos/lavagabunda]

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Informe preliminar publicado por ALAInet: http://www.alainet.org/active/31902&lang=es

En Honduras con ocasión del golpe de Estado

Constatan violaciones sistemáticas a los derechos humanos

Misión internacional de observación sobre la situación de los DDHH


Informe Preliminar
Tegucigalpa, 23 de julio de 2009
i.Introducción
Una Misión Internacional de Derechos Humanos compuesta por 15 profesionales independientes (juristas, periodistas, antropólogos, politólogos, sociólogos y expertos en derechos humanos) procedentes de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, España, Nicaragua, Perú, Suecia y Uruguay se constituyó en Honduras el 17 de julio pasado para verificar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Honduras durante y después del golpe de Estado del pasado 28 de junio, a fin de presentar observaciones y recomendaciones al respecto a la OEA, la ONU, la Unión Europea y sus Estados miembros.
Divididos en cuatro grupos de trabajo, la misión ha recibido testimonios de casos ocurridos en varias partes del territorio hondureño: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Olancho y Colón. Ha llevado a cabo con este objeto entrevistas con diferentes organizaciones y expertos de derechos humanos, movimientos sociales, sindicatos, medios de comunicación, periodistas, diputados al Congreso Nacional, partidos políticos, el Fiscal General de la República, la Fiscal Especial de Derechos Humanos, el General Director de la Policía Nacional, agencias de cooperación internacional, representantes de Naciones Unidas, del cuerpo diplomático, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Defensa Pública, la Dirección General de Migración y familiares del Presidente Manuel Zelaya.
La misión internacional está conformada por 15 personas de las siguientes organizaciones y redes de derechos humanos: Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN Internacional, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia), Suedwind-Austria, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El Salvador), Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), el Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España), Federación de Asociaciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos (España), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Solidaridad Mundial (Bélgica), IBIS (Dinamarca), Alianza Social Continental, Enlazando Alternativas, y Centro de Estudios Tricontinental.
ii.Los hechos verificados por la Misión
1.Con fecha 28 de junio de 2009 a las 5:15 am, efectivos de las fuerzas armadas, tras reducir violentamente a la guardia encargada de su protección, irrumpieron en la Casa Presidencial y secuestraron al Presidente Constitucional de Honduras señor Manuel Zelaya Rosales. La captura del Presidente se produjo sin que se presentara el mandato judicial correspondiente. Inmediatamente después fue trasladado a una base aérea desde donde fue llevado a Costa Rica, según testimonió el mismo Presidente, mediante un avión que despegó a las 6:10 AM de Honduras.
El asalto de la Casa Presidencial se llevó a cabo ejerciendo violencia contra los bienes y ocupantes de la casa. Los hechos descritos fueron denunciados por miembros de la custodia del Presidente Constitucional derrocado, así como por familiares del mismo que se encontraban el día del golpe en la Casa Presidencial.
2.En la mañana del 28 de junio, el Congreso de la República procedió a “improbar la conducta del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, por las reiteradas violaciones a la Constitución y a las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales”, cesándolo en su cargo de Presidente a pesar de no existir norma constitucional o legal que posibilitara tal cese, y designando a Roberto Micheleti Baín como “Presidente Constitucional de la República” (Decreto del Congreso Nro. 141-09).
3.Con fecha 30 de junio de 2009, aunque fechada el 30 de junio de 2008, se emitió el Decreto Ejecutivo Nro. 011-2009, firmado por el Sr. Micheleti, restringiendo los siguientes derechos constitucionales: la libertad personal, “detención e incomunicación por más de 24 horas” (sic), la libertad de asociación y reunión, el derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Los anteriores derechos se encuentran contemplados en los artículos 69, 71, 72, 78, 79, 81, 84, 99 de la Constitución.
El Decreto estableció que los derechos mencionados serían restringidos de 10:00 pm a 5:00 am en todo el territorio – conforme a lo establecido por la Ley de Estado de Sitio-, por el término de setenta y dos horas a partir de la aprobación del mismo.
En la indicada norma, -que a fecha de hoy y 23 dias despues de su promulgacion continua en vigor- no sólo no figura el mecanismo de prórroga de la suspensión de los citados derechos, sino que el Decreto no ha sido publicado hasta la fecha en el diario oficial de la Republica de Honduras. Cabe señalar que el artículo 211 de la Constitución de Honduras dispone que la publicidad de las normas constituye un requisito esencial de validez de éstas.
La restricción o suspensión de derechos está exclusivamente prevista por la Constitución hondureña (art.187) para los supuestos de invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, de epidemia o de cualquier otra calamidad.
4.El decreto de suspensión de los derechos fundamentales de los hondureños continua siendo aplicado pese a haberse vencido el plazo de 72 horas de duración originalmente contemplado en el decreto que dispuso estas restricciones; y no existe ningún decreto posterior que haya prorrogado formalmente esta suspensión. Asimismo, de forma diaria y a través de comunicados en diversos medios de comunicación, se ha venido variando aleatoriamente los horarios de vigencia del Toque de Queda impuesto en la capital y en el interior del país.
5.Existe incertidumbre sobre el horario del toque de queda y el alcance de la restricción de garantías. Preguntados sobre el horario del toque de queda, varios funcionarios entrevistados por la Mision, dieron horarios diferentes y expresaron diferencias sobre su contenido.
6.La Misión muestra su perplejidad por la actitud en apoyo al golpe de Estado mantenida por la alta jerarquía católica hondureña y representantes de algunas iglesias evangélicas, y su implicación activa en la organización de las movilizaciones de respaldo a éste convocadas por el régimen de facto.
7.La Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras ha identificado la existencia de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país con posterioridad al golpe de Estado. De igual forma, ha constatado la desprotección de numerosos afectados ante la respuesta inadecuada de las instituciones que son constitucionalmente responsables de velar por el respeto a los derechos fundamentales de los y las hondureñas. En particular, la Misión llama la atención sobre la grave omisión del cumplimiento de las obligaciones funcionales del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Sr. Ramón Custodio.
8.Entre las vulneraciones de derechos fundamentales denunciados ante la Misión se encuentran un importante número de ejecuciones extrajudiciales, centenares de detenciones arbitrarias, mùltiples amenazas, cercenamiento de la libertad de expresión e información, así como restricciones indebidas a la libertad de circulación, enmarcado todo ello en un contexto de clara persecución política que afecta especialmente a dirigentes políticos y sindicales, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, ciudadanos-as extranjeros, entre otros.
9.En efecto, desde que se consumó el golpe de Estado y en relacion a este, según diversas fuentes constatadas por la Mision, han sido reportadas las siguientes muertes de personas: ISIS OBED MURILLO MENCIAS, de 19 años, muerto por disparos de las Fuerzas Armadas durante la marcha celebrada el 05 de julio por los partidarios del presidente depuesto al aeropuerto de Toncontin, Tegucigalpa; GABRIEL FINO NORIEGA, periodista de radio Estelar, en el departamento de Atlántida, asesinado de 7 impactos de bala el 3 de julio cuando salía de su centro de trabajo; RAMON GARCIA, líder del partido politico Unión Democrática (UD), obligado a bajar de un vehículo de transporte público cuando regresaba de una manifestación y acribillado a tiros en la localidad de Santa Bárbara por desconocidos; ROGER IVAN BADOS, ex dirigente sindical del sector textil y actual militante de la UD y del Bloque Popular (BP), amenazado de muerte con posterioridad al golpe y asesinado a tiros tras sacarlo por la fuerza de su propia casa el 11 de julio en San Pedro Sula; VICKY HERNANDEZ CASTILLO (SONNY EMELSON HERNANDEZ), miembro de la comunidad LGTB, muerto en San Pedro Sula por un impacto de bala en el ojo y con señales de estrangulamiento, durante el toque de queda; y una persona no identificada, vestida con una camiseta de la denominada “cuarta urna”, encontrada muerta el 3 de julio en el sector de “La Montañita” en Tegucigalpa, lugar que fue cementerio clandestino de ejecuciones extrajudiciales durante los años 80. La misión continúa verificando otras denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
10.La Misión ha recibido del Centro de Investigaciones y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), denuncias relacionadas con la desaparición forzosa de: Anastasio Barrera de 55 años, afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo, secuestrado en San Juan Pueblo, Atlántida, el día 5 de julio de 2009 por cuatro individuos que vestían chalecos de policía. Se ha reportado, asimismo, que Manuel Sevilla, de 19 años, fue desaparecido en San Pedro Sula el día 12 de julio luego de volver de una manifestación.
11.En cuanto a vulneraciones a la integridad de las personas, la misión tomó nota de amenazas, con ocasión del golpe de Estado, que afectan a diversos grupos dentro de la sociedad hondureña: periodistas críticos al régimen de facto, alcaldes, sindicalistas, dirigentes de organizaciones populares, defensores-as de derechos humanos, maestros, diputados. Hemos documentado más de 100 personas en esta situación.
12. Hemos recibido informaciones relativas a la utilización política de la capacidad legítima del Estado de investigar y sancionar a personas vinculadas a la comisión de delitos. El caso que puede ilustrar esta tendencia es el del padre de Isis Obed Murillo, Don José David Murillo Sánchez, quien fuera capturado luego de que rindiera testimonio ante la Fiscalía de Derechos Humanos por el asesinato de su hijo. Su captura y posterior detención fue justificada con base en un antiguo proceso judicial que se encontraba paralizado, el mismo que fue reactivado luego de que Murillo acudiera a la justicia a denunciar la muerte de su hijo. De la lectura del expediente y la entrevista con jueces, testigos, abogados y el propio señor Murillo se deducen serias violaciones al debido proceso, la defensa, la libertad, etc. Otras denuncias recibidas comprenden asimismo procesos relativos a funcionarios del Gobierno depuesto.
13.Según lo afirmado a la Mision por el General Director de la Policia Nacional. Sr Escoto Salinas, se han registrado a la fecha 1275 detenciones vinculadas con infracciones al toque de queda y por otros motivos relacionado con las manifestaciones de protesta contrarias al golpe.
14.Respecto a la detención arbitraria de extranjeros, cabe señalar que en las últimas semanas aumentaron significativamente éstas; en particular, la de aquellos extranjeros de nacionalidad nicaragüense quienes se han visto afectados de manera desproporcionada por detenciones arbitrarias e irregulares. Sólo durante esta semana se han registrado allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias de, por los menos, veinte personas nicaragüenses.
15.Durante los días 20 y 21 de julio, miembros de la Misión constataron las violaciones de derechos humanos que sufrieron los jóvenes de nacionalidad nicaragüense: Jarlen Manuel Torres Torres, Noe Emilio Avellan Ruiz, Tulio Rafael Bendaña Mejía, Alejandro José García Obregón, Pablo Yase Benoaria, Jorge Danilo Flores, Francisco Israel Connor, Carlos David Bendaña Mejía, Jose Gonzáles, Darwin Antonio Reyes Lazo, Miguel Ángel Aguilar Fernández, Henry Geovany Martínez López y David Jirón. Ellos fueron detenidos arbitrariamente alegando infracciones administrativas al derecho de extranjeria, siendo sujetos a malos tratos, no se les ofreció asistencia consular, ni se les brindó condiciones de detención adecuadas, en algunos casos se les mantuvo detenidos en celdas policiales con otras personas acusadas de la comisión de delitos comunes, no tuvieron acceso a un juez ni a un defensor. Estas acciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Policía Nacional Civil.
16.Las autoridades justifican estas detenciones en la existencia de “amenazas externas” al régimen de facto. Hasta el momento, las detenciones no han provisto de evidencia alguna respecto de la participación de los más de 100 afectados en acciones que comprometan la seguridad nacional. Por el contrario, muchos de los detenidos son comerciantes, trabajadores o migrantes, algunos de ellos-as con sólidos vínculos familiares y arraigo acreditado en Honduras.
17.Numerosos medios de comunicación locales contribuyen con esta práctica y política xenofóbica otorgando una cobertura sensacionalista de las detenciones de nicaragüenses e invitando a la población a denunciar la presencia de ciudadanos extranjeros en actitudes sospechosas.
18. La misión ha recibido múltiples denuncias relacionadas con el reclutamiento forzoso de jóvenes por parte del Ejército en zonas rurales, para integrarlos a las reservas.
19. En materia de Libertad de Expresión, hemos constatado graves restricciones a la libertad de expresión con posterioridad al golpe de Estado. En Tegucigalpa, Canal 36, Radio TV Maya y Radio Globo fueron militarizadas como parte del operativo de silenciamiento de medios de comunicación ocurrido con ocasión del golpe. Se suspendió temporalmente la transmisión de Canal 36 y hemos recibido denuncias, así como hemos constatado, el asalto a diversos locales de medios de comunicación y amenazas de muerte contra periodistas, el bloqueo de sus transmisiones o la interceptación telefónica y bloqueo de su acceso a internet.
20.La Misión fue informada del ametrallamiento, después del golpe, de la cabina de transmisión de Radio Juticalpa en Olancho, y de las amenazas de muerte producidas contra periodistas como el director del diario El Libertador, Sr. JHONNY JOSE LAGOS ENRIQUEZ, así como contra LUIS GALDANES, conductor del programa radial “Tras la Verdad”. El señor Lagos viene siendo objeto, además, de una persecución judicial promovida por el Fiscal General de Honduras, Dr. Luis Rubí, en base al art. 349 del Código Penal de Honduras que solo puede aplicarse a servidores públicos, condición que el señor Lagos Henríquez no tiene.
21.En la ciudad de Progreso, por otra parte, las fuerzas militares ocuparon y silenciaron las trasmisiones de Radio PROGRESO, siendo hostigado su director el sacerdote jesuita ISMAEL MORENO, detenido temporalmente el periodista ROMELL ALEXANDER GÓMEZ MEJÍA y recibido amenazas de muerte en el caso del periodista ROMEL ROMERO, canalizadas a través del teléfono celular de su esposa, la Sra. MIRIAM ESPINAL. Igualmente, el Equipo de Reflexión y Comunicación (ERIC), estrecho colaborador de Radio Progreso, viene siendo objeto de amenazas y hostigamiento por parte de fuerzas militares que se encuentran permanentemente situadas frente a su sede en la Casa San Ignacio, Boulevard Canán, en Progreso.
22.Situación similar a las anteriores padece OSMAN DANILO COREA, periodista del Canal 26 TV Atlántica en el Departamento de Colón, quien informó a la Misión que los militares han indicado a los medios de comunicación del departamento que no pueden trasmitir otras versiones o informaciones que no sean las del presidente de facto Micheleti. El señor Correa relató que recibió una llamada del Capitán de apellido Tercero, Jefe de la Base Naval de Castilla, próxima a Trujillo, para prohibirle trasmitir información sobre marchas distintas de los “camisetas blancas” (partidarios del gobierno de facto), amenazándolo con decomisarle los equipos en caso de desobedecer, añadiendo “porque nosotros mandamos, las fuerzas armadas tenemos el poder”. La Misión recibió, asimismo, la denuncia de hostigamiento y persecución sufrida por el periodista de televisora “La Cumbre” Sr. JORGE ORLANDO ANDERSON del pueblo de Bonito Oriental, por parte de militares de la ya referida base naval de Castilla.
23.El periodista NAHUM PALACIOS de Tocoa, refirió haber sido amenazado por el mismo Capitán Tercero de la Base Naval de Castilla el 28 de junio, quien ordenó la detención de 4 miembros de Televisora del Aguan, Canal 5. Por su parte, el periodista, Presidente del Sindicato de Maestros de Tocoa y Director del programa de noticias Centro de Noticias de Colón Sr. WILFREDO PAZ ha recibido constantes amenazas anónimas de quemarle la emisora si continuaba con sus emisiones, ordenando el ya referido Capitán Tercero, que la empresa de cable cortara la trasmisión del programa del Sr. Palacios.
24. La Mision ha recibido igualmente denuncias muy concretas de la actuacion de grupos paramilitares, compuestos por civiles vinculados supuestamente a organizaciones de narcotraficantes, y a grupos de seguridad privada al servicio de destacados empresarios, quienes vestidos con traje de camuflaje operan conjuntamente con miembros del XV Batallón del Ejercito Hondureño en el departamento de Colón.
25.La Misión, ha constatado, asimismo, amenazas y coacciones a trabajadores-as en sus puestos de trabajo relacionadas con su asistencia a marchas contrarias al golpe; asi como actuaciones coactivas para garantizar su asistencia obligatoria a marchas convocadas por el régimen de facto y la empresa privada.
iii.Conclusiones
La Misión internacional constató la existencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Honduras con posterioridad al golpe de Estado. Algunas de ellas tienen como origen la aplicación de normas abiertamente contrarias a los compromisos internacionales de protección de derechos humanos, la militarización de funciones de seguridad e instituciones estatales, abusos por parte de fuerzas de seguridad del Estado y la falta de respuesta de los mecanismos de garantía del Estado.
Una de las conclusiones fundamentales de la visita consiste en determinar que el Decreto 11-2009, de suspensión de garantías, establece restricciones a una amplia gama de derechos fundamentales incluyendo la libertad personal, la movilidad y otros, así como su aplicación, contrarían las obligaciones internacionales del Estado en la materia.
Los vicios identificados en el Decreto 11-2009 hacen ilegítimas las medidas adoptadas con fundamento en el mismo, como por ejemplo, las centenares de detenciones por toque de queda, allanamientos y las restricciones a la libertad de movilización en las carreteras.
La Misión considera que uno de sus hallazgos fundamentales consiste en establecer la desprotección de numerosos afectados por las graves violaciones perpetradas ante la respuesta inadecuada de las instituciones que son responsables de velar por la garantía de los derechos fundamentales de los y las hondureñas. Ello es evidenciado en la manifiesta falta de recursos de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, así como en la inoperancia de la Corte Suprema para decidir sobre la legalidad del decreto de suspensión de garantías y otros amparos sobre violaciones a derechos fundamentales ocurridas con ocasión del golpe, y la negligencia del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
Más aún, es posible sostener, que algunas instituciones de control de derechos han asumido un papel abiertamente cómplice de las autoridades de facto, haciendo caso omiso de sus funciones constitucionales y legales.
El golpe ha colocado en una situación de mayor precariedad en la tutela de sus derechos a varios colectivos que estaban en una situación de vulnerabilidad con antelación al 28 de junio, como ocurre con la comunidad LGTB.
Hemos constatado serias limitaciones a la libertad de expresión y amedrentamientos destinados a restringir la circulación de información que critique al régimen de facto. A su vez, consideramos que una parte de los medios de masivos comunicación del país ha tenido una actitud irrespetuosa con la pluralidad de ideas y la democracia. En ocasiones, estos medios se han hecho eco de posiciones abiertamente represivas e incitadoras de la violencia contra los partidarios del gobierno depuesto.
Quisiéramos destacar el papel destacado que han jugado y siguen jugando en esta coyuntura numerosos defensores-as de derechos humanos, quienes a pesar de la adversidad, la falta de recursos y los riesgos a su integridad y su vida, han levantado su voz para denunciar los abusos, proteger a las víctimas y defender la institucionalidad democrática. Valoramos especialmente el papel de las mujeres y sus organizaciones para defender la democracia y los derechos humanos en Honduras
iv.Recomendaciones
I.A la comunidad internacional de Estados
1- Implementar todas las medidas necesarias para contribuir a garantizar el goce y disfrute de los derechos humanos de la población hondureña;
2- Mantener una posición firme de condena al golpe de Estado, exigiendo la restitución del Presidente Zelaya y el restablecimiento del orden constitucional;
3- Mantener la suspensión de las relaciones diplomáticas con el régimen de facto, así como de cualquier apoyo económico o financiero dirigido a las instituciones del Estado involucradas en el golpe de Estado;
4- Desconocer los resultados de elecciones convocadas por el gobierno de facto, tal y como fue expresado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, asi como desconocer cualquier decision adoptada por dicho gobierno.
·Sobre las relaciones bilaterales con Honduras
5- Las embajadas presentes en el país deben continuar y reforzar las medidas apropiadas para contribuir a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y activistas de la sociedad civil, entre otras, mediante
§Visitas a las oficinas de personas y organizaciones en riesgo
§Invitaciones e intercambios constantes con las mismas
§Apoyo logístico que sea pertinente para su seguridad
§Implementación de un sistema de alerta y emergencia de acceso inmediato para personas en riesgo.
§Abrir conjuntamente con ONG internacionales un apoyo adicional para la sociedad civil hondureña, para reforzar su capacidad de proteger y monitorear DDHH. En particular, es necesario de aumentar los recursos humanos y financieros para que atiendan las necesidades en el interior del país.
6- La cooperación internacional debe mantener la suspensión de apoyo presupuestario y de programas a instituciones del Estado que han estado involucrados en el golpe de estado, manteniendo la ayuda humanitaria, la cooperación con los municipios y con las organizaciones de la sociedad civil hondureña.
7- Los Estados deben tomar medidas contra los principales responsables del golpe, tales como la restricción de otorgar visas y el congelamiento de cuentas bancarias en el exterior.
·Relaciones entre Unión Europea y Honduras
8- Con respecto a las relaciones entre Honduras y la Unión Europea, deben aplicarse las medidas siguientes:
·La cláusula democrática contemplada en el art. 1 del Acuerdo Marco de Cooperación entre la Unión Europa y Centroamérica del 1993, que faculta la suspensión de la cooperación en caso de grave quebrantamiento del orden constitucional.
·Abstención de relaciones diplomáticas con el nivel de vice-ministros del gobierno ilegítimo, como también con todos los representantes diplomáticos en terreno de la Unión Europea que apoyan al gobierno de facto.
·Suspensión, más allá del apoyo presupuestario, de todos los programas dirigidos a apoyar las instituciones del Estado que han estado involucradas en el golpe de estado.
·Mantener la decisión de suspender las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central hasta que se restituya el orden constitucional en Honduras.
·Suspensión de Honduras del Sistema General de Preferencias (SGP plus) de la Unión Europea.
II.A los órganos y organismos internacionales
9- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en Honduras y emitiendo recomendaciones para proteger a la población en Honduras, en este sentido urgen las siguientes acciones:
§Seguir otorgando medidas cautelares para proteger a las personas en situación en riesgo
§Realizar a la brevedad la visita in situ al país y emitir un informe con las recomendaciones que estime convenientes.
10- El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas debe pronunciarse en contra del golpe de Estado en Honduras y adicionalmente debe tomar medidas que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional.
11- El sistema de protección de Derechos Humanos de la ONU debe activar los mecanismos apropiados para abordar la situación de derechos humanos en Honduras, en particular considere la pertinencia de:
§Adoptar una resolución a nivel del Consejo de Derechos Humanos;
§Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras;
§Realizar visitas de verificación de las relatorías especiales competentes en materia de libertad de expresión, defensores y defensoras de derechos humanos e independencia de los jueces y abogados.
12- La Corte Penal Internacional debe actuar preventivamente. Por ello solicitamos al Fiscal General de la Corte Penal Internacional iniciar diligencias conducentes a una posible investigación penal conforme a la disposición del art. 7, numeral g del Estatuto de Roma que contempla la competencia por el crimen de persecución política.
Ante la gravedad de la situación de derechos humanos, hemos tomado la decisión entre las organizaciones nacionales e internacionales involucradas en la misión, iniciar en seguimiento a esta misión un Observatorio de Derechos Humanos en Honduras.
Los integrantes de la Misión de Observación sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras, han sido las siguientes personas:
·Luis Guillermo Pérez (CIFCA)
·Marcia Aguiluz (CEJIL)
·Viviana Krsticevic (CEJIL)
·Martin Wolpold-Bosien (FIAN Internacional)
·Jorge Rojas (CODHES)
·Benjamín Cuellar (IDHUCA)
·Miguel Jugo (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú)
·Javier Mujica (FIDH)
·Efraín Olivera (PIDHDD, SERPAJ)
·Enrique Santiago (IEPALA, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España)
·Ellen Verryt (Solidaridad Mundial)
·Hans Peter Dejgaard(IBIS – Dinamarca)
·Katrin Erlingsen (Asesora del Presidente de la Comisión de Cooperación económica y Desarrollo del Parlamento alemán)
·Leo Gabriel (Instituto de Investigaciones Interculturales y de cooperación – Austria)
·Katia Nouten (CIFCA)
·Dolores Jarquín (Alianza Social Continental)
·Francois Houtart (Centro de Estudios Tricontinental)

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