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COFADEH: Continúan en emergencia los DDHH

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras

COFADEH

 

HONDURAS: continúan en emergencia los DDHH

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Antes de la breve pausa con aparente estabilidad hoy jueves 31 de marzo, por el conversatorio entre el Congreso Nacional y la dirigencia de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), la ciudadanía ha padecido el peor período de violaciones a sus derechos humanos. Un estado de emergencia, sin duda, que implica a la policía y al ejército del régimen de facto que dirige el país.

 

Los hechos sucedidos en forma sistemática desde hace tres semanas, con participación directa del aparato administrativo del Estado y los instrumentos de monopolio de la violencia — la Policía Nacional y el Ejército–, han atraído de nuevo en forma leve la atención internacional sobre Honduras.

 

Todavía muy insuficiente la mirada de la comunidad mundial sobre la crisis generada por el golpismo en el país, pero es clave para hilvanar soluciones institucionales que generen consensos sociales y políticos mínimos para transformar el país.

 

Por eso, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, solicita con urgencia la emisión de posicionamientos políticos desde los distintos espacios de solidaridad y de los foros políticos interestatales, para que cese la violencia y represión desproporcionados que las fuerzas militarizadas lanzan contra la población civil descontenta, demandante, en resistencia desde el golpe de estado de junio 2009.

 

En las diferentes regiones geográficas del país las manifestaciones de la población en general, en solidaridad con la resistencia magisterial que defiende la educación pública gratuita, fueron reprimidas con uso excesivo de fuerza, incumpliendo especificaciones de Naciones Unidas para el uso de armas no letales.

 

El Paro Cívico Nacional convocado por el Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, ha dejado un balance trágico:

 

Norte

 

En San Pedro Sula, cabecera del departamento de Cortés, la hija de la ex diputada por el Partido Unificación Democrática, Silvia Ayala, fue herida durante el violento desalojo de estudiantes del Centro Universitario del Valle de Sula, donde también hubo decenas de estudiantes y docentes detenidos.

 

El joven estudiante Josué Rodríguez (20), fue impactado al lado de su oreja derecha por un cilindro metálico con gases, lanzado por la policía al interior del inmueble universitario.

Las instalaciones del Centro Regional Universitario fueron rodeadas por piquetes de policías y soldados, para impedir la salida del estudiantado y docentes, mientras eran agredidos con bombas lacrimógenas lanzadas directamente a los cuerpos, provocando desmayos y vómitos por la inhalación de gases.

 

En los municipios de Santa Cruz de Yojoa, Potrerillos, La Lima y Choloma, Cortés, hubo 43 personas detenidas por participar en el Paro Cívico, siendo liberadas de las postas policiales hasta entrada la noche de ayer miércoles, con señales de golpes en algunos casos y testimonios de insultos y frases discriminatorias.

 

En el desvío Las Flores, Santa Cruz, departamento de Cortés, el Comisionado Rubí, sobrino del actual Fiscal General, desató una violenta represión contra la manifestación y ordenó la detención de 17 personas, que fueron trasladadas a la Primera Estación Policial de San Pedro Sula, entre ellas Lidia Arita, Nedi Santos Castillo, Antonio Maradiaga y Glenda Cabrera. En este lugar hubo seis personas heridas de bala, entre ellas Daisy Sabillón y Manuel Miranda, trasladados por particulares al Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula.

 

Las fuerzas antimotines, además, poncharon las llantas de más de 30 vehículos, utilizando sus armas de fuego y cuchillos, y persiguieron con gases lacrimógenos y disparos a sus propietarios que se refugiaron en la zona boscosa del lugar.

 

En Potrerillos, municipio del departamento de Cortés, a la altura de la Colonia El Triunfo, fueron detenidas 5 personas, quienes fueron lesionadas en la cabeza (Alejandro Duarte García), golpes en las piernas (Luciano Barrera Monroy); y lesiones en sus muslos (Haydee Márquez del Cid, Junior Mejía Murillo y Gloria Marina Perdomo Rodríguez).

 

Los abogados Evaristo Euceda e Iris Bude, quienes realizaban acciones de defensa de derechos humanos en la posta policial de Villanueva, fueron agredidos verbal y físicamente por el sub inspector policial de esa localidad.

 

En la comunidad de Tacamiche, asentamiento campesino perteneciente al municipio de La Lima, Cortés, las fuerzas represivas entraron a disparar gases tóxicos al interior de las viviendas en venganza por la toma de la carretera hacia el municipio de San Manuel y Villanueva, Cortés. La directora de la Escuela de la comunidad, Profesora Esmeralda Flores, junto con los maestros Fabricio Sevilla y Pedro Valladares, fueron trasladados a la Primera Estación Policial de San Pedro Sula.

 

Colón

 

Durante el Paro Cívico convocado el miércoles 30 de marzo por el FNRP fue muerto un hombre en la comunidad de Planes, municipio de Tocoa, en el norte del país, como consecuencia de la disolución forzada de las manifestaciones por la Policía y los militares, utilizando balas vivas contra la población. Era un guardia de seguridad de una empresa distribuidora de pollos.

 

En ese mismo lugar, ubicado cerca de la zona conflictiva del delta del río Aguán – escenario de frecuentes disputas por la tenencia de la tierra – fueron heridas de bala 11 personas incluyendo labriegos, educadores y supuestamente policías.

 

Entre las personas heridas de bala fueron identificadas la profesora Waldina Díaz, maestra de Trujillo; Neptalí Esquivel, de la cooperativa campesina Nueva San Esteban; Mauro Rosales del Movimiento Unificado del Aguán (MUCA); David Corea, camarógrafo de la televisión de Olanchito; Juan Antonio Vásquez, presidente de la empresa campesina Bolero; Paulino Chávez Rosales y Franklin Hernández de la Cooperativa campesina 4 de marzo; Víctor Euceda de la Cooperativa campesina 4 de febrero; Daniel Pérez de la Cooperativa campesina 4 de diciembre; profesores Elías Erazo Hernández y Eduardo Rivera, de la comunidad de los Leones, Municipio de Trujillo.

 

También se reportó la detención de ocho personas que fueron trasladadas a la Jefatura Policial de Sabá.

 

En la Región Central

 

En Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nuevamente fue blanco de las fuerzas combinadas de la policía y el ejército, con centenares de bombas lacrimógenas lanzadas al interior del campus, desde donde reaccionaron los estudiantes lanzando piedras.

 

En la incursión militar a un sector periférico de la Universidad fueron detenidos seis jóvenes acusados por manifestación ilícita, ellos son Maynor Lizandro Aguilar (18), Marlon Alexander Rosales Rico (22), Douglas Manuel Flores (18); además, Oneyri Oneill Moreno Mejía del Colectivo Arco Iris, Marlon Nahúm Estrada, despachador de taxis en la UNAH; Josué Sevilla y Elwin Meza fueron golpeados con toletes en su espalda. Todos fueron liberados durante la tarde.

 

En las cercanías de la colonia Las Brisas, sur de Tegucigalpa, fueron bajadas tres personas de un autobús y llevadas detenidas a la Estación Policial del Barrio La Granja, entre ellos dos menores de edad, Emerson Stevez Flores (15), Víctor Geovanny Flores (14), y Wilfredo Flores Aguilar (33), liberados tres horas después de su detención.

 

Antes del mediodía, seis hombres vestidos de civil y fuertemente armados, intentaron secuestrar al joven Edy Guifarro, empleado de la Comisión de Verdad, cuando el taxi en que se conducía hizo un alto a la altura de la Colonia San José de la Vega. Los individuos rodearon la unidad de transporte, le golpearon su cuerpo y cabeza con las armas, pero Edy logró escapar corriendo cerca de los vehículos que se aglomeraron; los policías le siguieron y le dispararon en 6 ocasiones, sin importarles que pudieran lesionar a las personas que se encontraban en la zona. Guifarro presenta ruptura del tímpano y golpes en el cráneo.

 

En la sede del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEMH, agentes policiales de inteligencia intentaron plantar evidencia contra esta organización magisterial al “descubrir” y reportar al Ministerio Público una caja de bombas molotov depositadas en el basurero público próximo a la sede. La coordinadora general del COFADEH, Bertha Oliva, calificó la acción como una pre-fabricación de evidencias para despojar a la organización de su personalidad jurídica.

 

En el Municipio de Ajuterique, departamento de Comayagua, 500 familias que habían tomado posesión de un predio desde hace siete años, al que han denominado Colonia 25 de Octubre, fueron desalojadas violentamente por elementos de la policía y del ejército, acompañados de un Juez ejecutor, destruyendo las casas que tenían en el lugar, incluyendo la escuela y la iglesia de la comunidad. Fueron detenidas cinco personas, Betuel Guillen (19), Edwin Guillen (18), Pedro Joel Hernández, Selvin Javier Centeno y Osmán Gómez (19).

 

En el Sur del país

 

En Nacaome, cabecera del departamento de Valle, también la policía y el ejército lanzó una cruenta represión con gases lacrimógenos al interior de viviendas en las que se encontraban niños y niñas, quienes fueron afectados severamente. Un bebé de dos meses de nacido, Cristopher de Jesús Bonilla García, fue trasladado con cuadro de asfixia a un centro asistencial, después de sortear a la policía que impedía a sus padres prestarle auxilio lanzándoles gases lacrimógenos directamente a sus cuerpos. Su padre, un joven de diecisiete años, tuvo que saltar un muro, darle respiración boca a boca al niño inerte y depositarlo, luego, en brazos de su abuelo, quien a bordo de una motocicleta pudo llevarlo hasta un médico que lo auxilió.

 

En la represión también fueron perseguidos y detenidos los menores Mario de Jesús Sauceda (19) y José Raúl Mendoza Posadas (17), este último se encontraba comprando alimentos por encargo de su madre. Igualmente, fue detenido durante varios minutos el defensor de derechos humanos, Andrés Abelino Ortiz Ortega (74).

 

En la comunidad de La Flor, del municipio de Amapala, departamento de Valle, agentes policiales que se transportaban en lanchas, se presentaron a la comunidad a intimidar a sus pobladores, exigiéndoles informaran si eran de la Resistencia manifestante durante el Paro Cívico.

 

Este es el reporte de hechos de un solo día; sin embargo, la tendencia es que al continuar las manifestaciones, el patrón de agresión a las personas, a sus derechos humanos, continuará siendo el mismo “por sedición y manifestación ilícita”.

 

Los días precedentes han sido caracterizados por la violencia institucional escalonada, por lo que es lógico deducir que los días venideros tendrán además de las fuerzas combinadas de la policía ay el ejército a civiles infiltrados con armas para provocar a los manifestantes a enfrentamientos, que acabarían en masacres.

 

Es urgente que el mundo vuelva sus ojos de nuevo a Honduras, ahora; mañana puede ser tarde.

 

De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón

 

COFADEH

 

31 de marzo de 2011

 

Barrio La Plazuela, Avenida Cervantes, No. 1301

Apartado Postal 1243

E-mail: mail@cofadeh.org

Tel / Fax: 2220-5180, 2220-7144

Sitio web: www.cofadeh.org


 

HONDURAS: continúan en emergencia los DDHH

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CIDH condena uso excesivo de la fuerza en represion de manifestaciones en Honduras

Botas militares. foto: Sandra Cuffe

COMUNICADO DE PRENSA

No. 65/09

https://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2009/65-09sp.htm

CIDH CONDENA USO EXCESIVO DE LA FUERZA EN REPRESIÓN DE MANIFESTACIONES EN HONDURAS

Washington, DC, 22 de septiembre de 2009 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones que tuvieron lugar en Tegucigalpa, en los alrededores de la Embajada de Brasil, donde se encuentra el Presidente Manuel Zelaya Rosales.

Según la información recibida, después de la llegada del Presidente Zelaya a Honduras el 21 de septiembre de 2009, el gobierno de facto instauró un toque de queda, el cual se mantiene vigente, y ordenó el cierre de los aeropuertos.

En este marco, fuerzas policiales y militares reprimieron a los manifestantes en la zona de la Embajada, aplicando uso excesivo de la fuerza, utilizando bombas lacrimógenas y balas de goma. Asimismo, se recibió información de que cientos de personas fueron detenidas y de que agentes estatales arrojaron bombas lacrimógenas a la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desparecidos en Honduras (COFADEH), cuando se estaban recibiendo denuncias y testimonios de personas heridas durante la represión. La CIDH fue informada además que la Embajada de Brasil en Honduras estaría rodeada por fuerzas de seguridad del Estado y aislada de toda comunicación con el exterior tras la aplicación de un corte de energía eléctrica en la zona. Otros cortes de energía eléctrica sacaron del aire a radio Globo y Canal 36.

La CIDH hace un llamado urgente al régimen de facto a adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas. En especial, la Comisión urge a las autoridades de facto a respetar el derecho a la vida y a la integridad de las personas detenidas, así como del Presidente Manuel Zelaya Rosales, de los miembros de su familia y de su gabinete que están actualmente refugiados en la Embajada,  del personal diplomático brasileño y de todas las personas que se encuentran en la Embajada.

La Comisión Interamericana urge a las autoridades de facto a investigar el uso excesivo de la fuerza utilizado en la represión de la manifestación de apoyo al Presidente Manuel Zelaya y a sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos que se determinen en las investigaciones. Asimismo, la CIDH reitera su llamado al gobierno de facto de Honduras a respetar las manifestaciones públicas y recuerda que todas las personas sin distinción deben estar igualmente protegidas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, reunión y participación política. En este sentido, la Comisión Interamericana expresa nuevamente su profunda preocupación por la reiterada utilización de diversos estados de emergencia en Honduras, en este caso el toque de queda, para suspender derechos fundamentales y para evitar las manifestaciones públicas.

En especial, la Comisión expresa su profunda preocupación por las restricciones a la libertad de expresión por métodos indirectos como son los cortes de energía que en los hechos dejan a medios de comunicación sin posibilidades de transmitir. La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión exigen el respeto irrestricto del derecho a la libertad de expresión en Honduras y urge a las autoridades de facto a otorgar todas las garantías para que los medios y los periodistas puedan cumplir su labor de informar con libertad y en condiciones de seguridad.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

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[es] Informe preliminar sobre el Golpe de Estado – por el Gobierno del Presidente Jose Manuel Zelaya

Presidente Manuel Zelaya. Ocotal, Nicaragua, 26 julio 2009. Foto: Sandra Cuffe

GOBIERNO DEL PRESIDENTE JOSE MANUEL ZELAYA
INFORME PRELIMINAR SOBRE EL GOLPE DE ESTADO
I. CONSIDERACIONES GENERALES.
II. AUTORES DEL GOLPE DE ESTADO. CATEGORIAS.

a. Primera Categoría
a. Segunda Categoría
b. Tercera categoría

I. ROMPIMIENTO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL. VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE TODOS.

a. Asalto al domicilio, secuestro y destierro forzado del Presidente Constitucional Manuel Zelaya.
b. Posterior justificación de una causa sin juicio y sin debido proceso.
c. Renuncia Falsa del Presidente.- Delito de Falsificación de documentos públicos.
d. Acuerdo Legislativo destituyendo al Presidente Manuel Zelaya Rosales sin sustento constitucional ni legal.- Aberrante precedente que no debe quedar impune.
e. La participación del Fiscal General Luis Alberto Rubí, del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Magistrado Tomás Arita Valle en la conspiración para el golpe de Estado.
f. Después del golpe de Estado la Corte Suprema de Justicia dice: Manuel Zelaya Rosales ya no es Presidente y por tanto debe ser juzgado por la justicia ordinaria. Entra en el proceso la Jueza de lo Penal Iris Normandina Ortiz.
g. Persecución política a los miembros del Gabinete.- Criminalización de todas las conductas. Uso arbitrario del derecho penal, como primera ratio.
h. Toques de queda.- Ilegalidad y violación de derechos individuales.
h. Funcionarios de Facto están cometiendo el delito de Usurpación de Funciones.-

I. RESISTENCIA INTERNA.- EJEMPLO DE DIGNIDAD Y LUCHA.

I. CONDENA Y RESPUESTA INTERNACIONAL.

a. Condena enérgica al golpe de Estado.
b. Constatación de las violaciones a los Derechos Humanos de todo hombre o mujer que se pronuncia o se manifiesta en contra del régimen de facto.
c. Restricciones a las libertades públicas y manipulación mediática.-
d. Rol del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

I. PRETENSION DE IMPUNIDAD Y LEGITIMACIÓN DEL GOLPE DE ESTADO A TRAVES DEL PROCESO ELECTORAL VICIADO Y FRAUDULENTO CON EL PRESIDENTE DESTERRADO QUE REPRESENTA LA PRINCIPAL FUERZA POLITICA DEL PAIS.

I. CONCLUSIONES

I. FUENTES

GOBIERNO DEL PRESIDENTE JOSE MANUEL ZELAYA
INFORME PRELIMINAR SOBRE EL GOLPE DE ESTADO

I. CONSIDERACIONES GENERALES.-

El Gobierno de la República de Honduras, presidido por el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, por este medio informa oficialmente al pueblo hondureño y a la comunidad internacional  sobre las causas y motivaciones que provocaron el golpe de Estado ejecutado por las fuerzas militares el día 28 de Junio de 2009.

Honduras. Una sociedad desigual

Honduras la tercera economía más pobre de América Latina, es la sociedad con los mayores grados de desigualdad del continente americano. Un pequeño grupo de familias, casi todas de origen árabe acaparan el 90% de la riqueza nacional.
Esta oligarquía se apoderó de los bancos, de los centros comerciales, de las empresas que generan energía, de las concesiones de aeropuertos, de las  telecomunicaciones, de los periódicos, de las radios y las televisoras, de las administradoras de crédito, negocios de equipos de fútbol, comidas rápidas, maquilas, de la dirección de los partidos políticos y de algunas iglesias.
Mediante  privatizaciones amañadas se han apropiado de los recursos naturales, de los servicios públicos y de los servicios financieros. Ahora, con el golpe de Estado están a su servicio los tres poderes del Estado.

Congreso Nacional e instituciones del Estado crean régimen de privilegios para la oligarquía

El Congreso Nacional a raíz del ascenso al poder del ex presidente Flores Facussé se ha prestado al juego de este pequeño grupo oligarca creando un régimen de privilegios con concesiones, exoneraciones y exenciones fiscales, para no pagar   impuestos y debilitar el Estado con una bajísima carga tributaria, apenas un 14%.

Esta oligarquía financia las campañas de los partidos políticos, de los candidatos a la presidencia, de diputados y alcaldes de la principales ciudades, tienen el control del 90% de los más poderosos medios de comunicación, compran sus conciencias, operan como dueños del Congreso Nacional y a través de éste  nombran a sus abogados y empleados como operadores de justicia y organismos contralores del Estado: Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General y Fiscal Adjunto,

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y Procuradora General de la República, en conclusión, todos les pertenecen y todos les obedecen.

El Golpe Militar en Honduras es el retorno al fascismo de Estado y se ha nombrado como Jefe Usurpador al político más desprestigiado y repudiado de toda la historia política de Honduras, Roberto Michelleti Baìn y como Ministro Asesor al siniestro miembro del Escuadrón 3-6, acusado de desapariciones y torturas en la década de los años 80s, Billy Joya Améndola.
Logros del Gobierno del Presidente Manuel Zelaya

Paradójicamente el Gobierno del Presidente José Manuel Zelaya Rosales obtuvo los indicadores de mayor éxito de todos los gobiernos democráticos instaurados desde 1980, logró el mayor crecimiento económico con índice del 7% en los  años (2006-2007) la mayor inversión extranjera, el menor endeudamiento, la mayor inversión pública, pero sobre todo la más significativa e importante reducción de la pobreza en toda la historia del País, lo que constituye, sin duda, su mayor logro. Todo esto sin haber establecido o incrementado nuevos impuestos o tributos.

La matrícula gratis, la merienda escolar, el bono solidario, la reducción del precio y el subsidio de los combustibles, la aplicación de la norma de los 60° para la comercialización del combustible, el rescate de las empresas públicas: ENEE y HONDUTEL; la baja en la tasa de interés bancario, el bono tecnológico agrícola, la sustitución gratuita de bombillos ahorradores de energía, los programas masivos de alfabetización, el financiamiento a la microempresa, la veda en el corte del bosque, la prohibición de la minería a cielo abierto, la energía eléctrica gratuita para las 700 mil familias más pobres del País, el rescate de la Base Militar de Palmerola para un aeropuerto civil, el incremento de las reservas internacionales, la oposición a la devaluación de la moneda (lempira) frente al dólar, la incorporación a PETROCARIBE y a la ALBA y el incremento en un 60% del salario mínimo a toda la clase trabajadora, alcanzando de $ 150 a $230 dólares americanos al mes; son sólo una muestra de las acciones del Gobierno en beneficio del interés nacional y sobre todo de los más pobres.

Propuesta del Poder Ciudadano

Nuestra propuesta política de Poder Ciudadano incorporó formas inéditas de participación para los hondureños y las hondureñas: asambleas permanentes del Poder Ciudadano en diversas localidades del País, puertas abiertas y presencia permanente en Casa de Gobierno de los sectores sociales, inclusión y acompañamiento de organizaciones y personalidades en el análisis y solución de problemas nacionales.

Finalmente, considerando las inconsistencias y limitaciones existentes en la Constitución de la República y la Ley Electoral, que restringe con la ley del Plebiscito y Referéndum derechos constitucionales de los ciudadanos, este Gobierno aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Participación Ciudadana, procedimos al primer gran ejercicio masivo de participación ciudadana a través de la realización de una encuesta, cuyos resultados no eran vinculantes.

La encuesta tenía por objeto que expresáramos si estábamos o no de acuerdo en que se instalara una cuarta urna el día de las elecciones generales (29 de noviembre de 2009). En caso de obtener una respuesta mayoritaria para el sí, se enviaría al

Congreso Nacional un proyecto de ley que regularía la instalación de la cuarta urna para que el pueblo se pronunciara si estaba o no de acuerdo que el próximo gobierno convocara a una Asamblea Nacional Constituyente, como un ejercicio pacífico y sobretodo democrático orientado a darle participación efectiva a los ciudadanos en la toma de las decisiones más importantes del país.

Porqué  el golpe de Estado?

Los “dueños” de Honduras no vieron con buenos ojos un Gobierno que se salía de su “control” y que no se dedicaba a velar por sus intereses y perpetuar sus privilegios, sino que a dar oportunidades a los más pobres y a proponer en Honduras un plan de desarrollo con procesos y mecanismos de democracia directa. Estas familias no entendieron el mensaje y no pudieron contener su ira a las palabras del pueblo:“Mel es el unico presidente que nos ha ayudado, que se ha acordado de nosotros, que ha defendido a los mas pobres”.

Desataron una guerra sucia, atroz y sin tregua contra el Gobierno del Presidente Zelaya, con sus medios de comunicación, sus sirvientes, sus organizaciones, sus empresas y todos sus recursos, inventaron y repitieron mil veces sus mentiras: que el Presidente Zelaya quería perpetuarse en el poder, que quería reelegirse, que estaba entregando el País al comunismo y que quería dar golpe de Estado, entre otras.

A pesar de su férreo control mediático y sus recursos económicos ilimitados, los « dueños de Honduras » no pudieron  combatir con ideas, con razones, ni con medios pacíficos las propuestas de participación ciudadana, de allí que tomaron la peor decisión: usar la fuerza bruta, la violencia, la barbarie y sumir a Honduras en la noche oscura de un golpe de estado militar.

Después del golpe militar, dirigido por estos dueños de Honduras y sus políticos títeres, después de haber desterrado por la fuerza de las armas al Presidente electo por el pueblo y a su Gabinete, han continuado su guerra, tratando de desprestigiar todas las acciones ejecutadas en favor de la participación ciudadana en la democracia hondureña.

Como amos y dueños de los titulares de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, del Tribunal de Cuentas, del

Tribunal Electoral, de la Procuraduría General de la República y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, les han ordenado que inventen cargos y acusaciones de todo tipo, que van desde traición a la patria, abuso de poder, corrupción, faltas administrativas, etc. y, sin seguir ni los más elementales pasos del debido proceso, ni mucho menos permitir el sagrado derecho de defensa a los perseguidos; se han librado numerosas órdenes de captura contra el Presidente de la República y varios de sus Ministros.

Mientras tanto, los criminales y responsables del Golpe de Estado continúan impunes en el País, cometiendo crímenes de lesa humanidad contra un pueblo que se mantiene en resistencia pacífica y está desarmado, respondiendo sólo con su honor, con su dignidad y con su sangre su incansable voluntad por el retorno al orden constitucional.

Crímenes impunes

El Pueblo Hondureño no se engaña, sabe muy bien quiénes son los que se han apoderado del País usando métodos criminales, convirtiéndose en dueños de todo, los mismos que han vendido la Patria para incrementar su fortuna, los mismos ladrones, los del “chinazo”, los del “gasolinazo”, los del tráfico y compra de armas, quienes se han apoderado de los fondos del Congreso Nacional para hacer sus campañas políticas y que ahora le han robado al pueblo su soberanía su derecho a elegir democráticamente, en las urnas, a su Presidente; ellos son los que tienen reprimido al pueblo, los responsables de los hondureños desaparecidos y asesinados, los que han quebrado bancos, los que trafican con medicinas, con drogas, con combustibles y con influencias. Y continúan impunes.

I. AUTORES DEL GOLPE DE ESTADO. CATEGORIAS.-

A. Primera Categoría: En esta primera categoría están los autores intelectuales y financistas del Golpe de Estado.

A) El ex Presidente Carlos Roberto Flores Facussé, propietario del diario La Tribuna y socio activo a través de testaferros de varias empresas y  cuyos colaboradores políticos de años son los ejecutores del golpe.

B) Jorge Canahuati Larach propietario de los Diarios El Heraldo y La Prensa, miembro influyente de la Asociación privada de 3 dueños de Medios de Comunicación.

C) José Rafael Ferrari, propietario de Emisoras Unidas y Televicentro,

D) Ricardo Maduro, ex Presidente de la República, propietario de bancos, centros, tiendas comerciales y medios comunicación

E) Camilo Atala, banquero y principal accionista de varias empresas internacionales y Banco Fihcosa.

F) Freddy Nasser, Presidente y principal accionista del Grupo Terra, y del sector de generación de energía por quién recientemente el Poder Ejecutivo vetó la reforma a la ley de incentivos a la generación de energía limpia, que contenía un artículo que otorgaba un beneficio de cerca de 50 millones de dólares sólo al señor Nasser. G)Arturo Corrales Álvarez, propietario de concesiones en el sector energía, socio del ex presidente Carlos Flores y su principal negociador en cada acción que se propone ejecutar.

H) Compañías transnacionales de los combustibles.

• Las figuras centrales del golpe en el plano político de esta categoría son: el Candidato del Partido Liberal ELVIN ERNESTO SANTOS (cuyo Edecán de apellido Pacheco, participó en el asalto a la residencia el 28 de junio de 2009 a las 5:10 am1). Su principal asesor es el ex Presidente Flores Facussé, y en el Partido Nacional Porfirio Lobo Sosa.

• Sin el visto bueno de los indicados candidatos toda la conspiración para semejante acto criminal contra el sistema democrático, hubiese resultado imposible, ya que ellos conspiraron junto a sus bancadas de diputados para que ilegalmente se destituyera al Presidente Zelaya y se nombrara en su lugar al dictador  Michelleti.

a. Segunda Categoría: En la segunda categoría figuran autores materiales militares y políticos: A) Roberto Michelleti, Presidente del Congreso Nacional, que se autodenominó “Presidente Constitucional”, sin tener ninguna atribución para ello. Este señor es un veterano colaborador e incondicional del ex Presidente Flores Facussé.

B) Luis Alberto Rubí Avila actual Fiscal General del Estado, recién nombrado por Roberto Michelleti en el Congreso Nacional y antiguo colaborador e incondicional del ex Presidente Flores Facussé.

C) Roy Urtecho, actual Fiscal general Adjunto, recién nombrado por el Congreso Nacional, fue propuesto por gestiones directas de la señora Vilma Cecilia Morales ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia y ex empleada de Roberto Michelleti en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.

D) Jorge Alberto Rivera Avilez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, recién nombrado por el Congreso Nacional y antiguo colaborador directo del ex presidente Flores Facussé. E)Tomás Arita Valle, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, recién nombrado por el Congreso Nacional y antiguo colaborador e incondicional del ex Presidente Flores Facussé.

F) Ricardo Álvarez, Presidente del Partido Nacional (principal partido de oposición) y Alcalde de la Ciudad Capital. Es a la fecha el promotor y financista de las denominadas “marchas por la paz” en donde tiene incorporados a los mas de tres mil empleados de la Alcaldía Municipal.

G) Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, actual Cardenal de la Iglesia Católica, quién avaló públicamente y a través de un comunicado, la salida violenta del Presidente, argumentando que “para que no hubiera un derramamiento de sangre”. H)Todos los diputados y diputadas al Congreso Nacional,  que el día 28 de junio no fueron convocados para condenar el secuestro y extradición ilegal del Presidente de la República, sino para aprobar el Decreto Legislativo ilegal, a través del cual se “legalizó” el golpe de estado militar y sin tener atribuciones procedieron a “nombrar constitucionalmente” a Roberto Michelleti. I) Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

• Ejecutores materiales (militares):

A) General Romeo Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto;

B) General Miguel Ángel García Padgett, Jefe del Ejército, quién públicamente ha manifestado que “con la acción ejecutada se detuvo el comunismo de Venezuela hacia los Estados Unidos”.

B) General Luis Javier Prince Suazo, Jefe de la Fuerza Aérea.

C) Contra Almirante Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Fuerza Naval.

D) Daniel López Carballo, Ex Jefe del Estado Mayor Conjunto durante el Gobierno del ex presidente Carlos Roberto Flores Facussé, y

E) Billy Joya Améndola, ex militar procesado por violaciones a los derechos humanos en la década de los 80, desapariciones de personas, torturas y asesinatos extrajudiciales, actual asesor de seguridad del señor Roberto Michelleti Baín.

a. Tercera Categoría: Esta categoría está constituida por las transnacionales del combustible y los exportadores, quienes insistieron en su beneficio, en revertir el proceso de reformas a la fórmula de paridad de los combustibles y a la eliminación de la ley de los 60º. Así como en la devaluación del lempira frente al dólar.

I. ROMPIMIENTO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL. VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE TODOS.

a. Asalto al domicilio, secuestro y destierro forzado del Presidente Constitucional Manuel Zelaya.

• El día domingo 28 de junio de 2009, aproximadamente a las cinco de la mañana (5:00 AM), el domicilio del señor Presidente Constitucional de la República fue violentamente asaltado por un fuerte comando del Ejército Nacional y paramilitares encapuchados. Los ejecutores del crimen ametrallaron los portones y la vivienda e inmediatamente ingresaron en la misma procediendo a amenazar al Presidente, apuntándole con armas de alto calibre, al punto de decirle que se entregara y que no hiciera oposición alguna. Igualmente le despojaron con violencia del teléfono celular que portaba, impidiéndole toda comunicación.

Al señor Presidente Constitucional no se le leyó ningún derecho, no se le dio ninguna información, no se le permitió comunicarse con su familia, no se le mostró ningún documento, no se le permitió vestirse y tan sólo fue objeto de las amenazas y la violencia por parte de los militares y paramilitares. Posteriormente los criminales encomendados, procedieron a secuestrarlo y en ropa interior lo trasladaron hasta la base aérea Hernán Acosta Mejía de donde aproximadamente a las 6:10 AM despegó el avión presidencial que lo condujo en compañía de militares encapuchados y armados, apuntando contra su persona y en contra de su voluntad, a la ciudad de San José, Costa Rica, haciendo antes una escala en el aeropuerto de Palmerola en la ciudad de Comayagua. Luego de aterrizar en San José fue bajado en la pista y abandonado allí a eso de las ocho de la mañana del mismo día. El señor Presidente Constitucional de la República, fue auxiliado en el aeropuerto Juan Santamaría, lugar desde donde rindió sus primeras declaraciones sobre el hecho criminal de que fue objeto.

a. Posterior justificación de una causa sin juicio y sin debido proceso.

Conforme a los Convenios Internacionales de los que Honduras es signataria (Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), si el señor Manuel Zelaya Rosales cometió delitos tenía que ser juzgado con las formalidades que establece la Constitución de la República, las demás leyes nacionales y los tratados internacionales2.

El artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras garantiza el principio o presunción de inocencia al establecer que: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Asimismo el artículo 90 del mismo cuerpo legal dispone que: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Lo ocurrido el 28 de junio de 2009, viola además de las disposiciones constitucionales anteriores, los artículos 68, 69, 71, 94 y 102, entre otros, de nuestra Constitución.3

Por otra parte, el Código Procesal Penal como norma adjetiva establece en los artículos 417 y 418,  la forma y el procedimiento especial para juzgar los altos funcionarios del Estado, quiénes como consecuencia de una reforma constitucional no gozan de ninguna inmunidad pero sí de que los juicios en su contra se ventilen ante un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia designado como Juez Natural4.

Todas las violaciones a la Constitución y ordenamiento jurídico vigente son de público conocimiento y los autores de las mismas, en un Estado con una institucionalidad sólida, debieron ser detenidos en flagrancia o al menos se les debió iniciar procesos de oficio por las autoridades competentes, no obstante esto no ha ocurrido por la falta de independencia y los compromisos políticos asumidos por los titulares de las instituciones que han sido nombrados por el Congreso Nacional.

Así por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia el domingo 28 de junio de 2009, en Conferencia de Prensa hizo saber que no había librado ninguna orden de captura en fecha 28 de Junio de 2009. Por su parte el Ministerio Público también el domingo 28 de Junio de 2009, no había presentado ningún requerimiento fiscal contra el Presidente ZELAYA ROSALES; sin embargo ahora afirma que presentó requerimiento fiscal antes del 28 de Junio de 2009 y la Corte Suprema de Justicia ahora dice que sí libró orden de captura contra el señor Presidente.

Por regla general y con base en el principio de última ratio5, así como de conformidad con los principios que rigen el debido proceso legal, la imputación de un delito  debe ser notificada a quién se presume responsable de la acción, con el objeto de que comparezca a una audiencia en la que se informan los cargos en su contra; sólo en casos excepcionales6, se puede librar orden de captura sin haber agotado este procedimiento. Formalmente y a posteriori aparece un expediente judicial que fue sustanciado por el Magistrado designado por la Corte Suprema de Justicia (Tomás Arita Valle), cercano colaborador del ex presidente Carlos Flores Facussé. Según estos documentos posteriores se ordenó la captura del señor Presidente el día 26 de junio de 2009 y también se ordenó el allanamiento de su domicilio, mediante un auto (resolución) que en tratándose de poner en juego una garantía constitucional (inviolabilidad del domicilio), evidencia que el señor Magistrado no tiene ni los más elementales conocimientos en derecho constitucional y menos en derecho procesal penal o en su defecto que en la ligereza por legalizar a posteriori la acción criminal, no les dio tiempo de estructurar legalmente sus resoluciones.7

• c) Renuncia Falsa del Presidente.- Delito de Falsificación de documentos  públicos.

El congreso Nacional, el día 28 de junio de 2009, convocó a sesión de urgencia, no para condenar lo que le había ocurrido al Presidente electo por la mayoría del pueblo hondureño, no para condenar la violación flagrante de todos los artículos constitucionales referidos a las garantías fundamentales de todo ciudadano (allanamiento ilegal a su vivienda, secuestro, extradición, etc.), sino para “sustituir constitucionalmente” al Presidente, sin ninguna facultad para ello.

Como un delincuente común, el Secretario del Congreso Nacional José Alfredo Saavedra, una  vez que estaba seguro del secuestro y expulsión violenta del Presidente al hermano pais de Costa Rica,  procedió a dar lectura a una carta de renuncia falsa, cometiendo con ello el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, puesto que se fingió la firma del Presidente en una nota con un contenido también falso y desmentido el mismo día de su lectura (domingo 28 de junio 2009) casi de forma inmediata, por el propio Presidente desde la ciudad de San José en Costa Rica8.

Siendo evidente que el señor Presidente de la República no  renunció a su cargo, y por ende no firmó tal carta, como efectivamente él mismo lo afirmó desde Costa Rica, no hay duda que quiénes hicieron uso del documento en la sesión del Congreso Nacional, incurrieron en el delito de falsificación de documentos públicos y su conducta no debe quedar impune especialmente por la alta representación que en nombre del pueblo ejercen. Fue especial la conducta observada en la Diputada por el Departamento de Francisco Morazán, MARCIA FACUSSE DE  VILLEDA (pariente del ex presidente Carlos FloresFacussé y del empresario de la energía térmica Fredy Nasser. Nuera de Manuel Villeda Toledo, quien es socio de Rafael Ferrari dueño de Televicentro), quién afirmó en la cadena internacional de noticias CNN, que el Presidente Zelaya y “todo su gabinete” habían renunciado y que creía que la renuncia había llegado vía fax.

La comunicación del señor Presidente Constitucional de la República, desde la ciudad de San José, Costa Rica, para el mundo entero, fue a través de la Cadena CNN con la periodista Glenda Umaña, ante la cual desmintió la supuesta renuncia, manifestando que nunca había renunciado, lo cual es obvio, pues es un hecho notorio que horas antes de darse a conocer la supuesta renuncia, el señor Presidente había sido secuestrado y expulsado ilegalmente del  país.

a. Decreto Legislativo destituyendo al Presidente Manuel Zelaya sin sustento constitucional ni legal.- Aberrante precedente que no debe quedar impune.

Como dio resultado la acción criminal de presentación de la renuncia falsa, el Congreso de la República, dirigido por Roberto Michelleti y con la participación directa de la Junta Directiva y los diputados de las diversas bancadas, a excepción de los miembros del partido Unificación Democrática y de varios diputados del Partido Liberal; violando todas las normas constitucionales emitió un Decreto Legislativo a través del cual “formalizó” la segunda fase de la ejecución de la conspiración para el golpe de Estado. En resumen el indicado Decreto contiene el siguiente articulado:

Artículo 1. El Congreso Nacional, en aplicación de los artículos 1, 2, 3, 4, 205 numeral 20 y 218 numeral 3), 242, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República, acuerda: a) Improbar la conducta del Presidente de la República, ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, por la reiteradas violaciones a la Constitución de la República y las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales. b) Separar al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales del cargo de Presidente de la República de Honduras. Artículo 2. Nombrar constitucionalmente al ciudadano Roberto Micheletti Baín, actual Presidente del Congreso Nacional, en el cargo de Presidente Constitucional de la República por el tiempo que falte para terminar el período constitucional que culmina el 27 de enero de 2010. Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia el día de su aprobación por el Congreso Nacional.

Este hecho ejecutado por los Diputados al Congreso Nacional es constitutivo de varios delitos y materializa sin ninguna duda, el rompimiento del orden constitucional, ya que se suplantó la soberanía popular y se usurpó un poder público con la participación y la complicidad de los miembros del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quienes fueron los encargados de cumplir la primera misión del día domingo 28 de junio de 2009, de secuestrar y expulsar del país al legítimo Presidente Constitucional.9
Es cierto que de acuerdo con el artículo 205 numeral 20) de la Constitución, es facultad del Congreso de la República aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo; pero tal facultad de aprobación o improbación administrativa de la conducta, es eso « administrativa » y de ninguna manera habilita al Congreso Nacional, en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico, para que como consecuencia de la “improbación administrativa de la conducta”, separe del cargo mediante un decreto legislativo al ciudadano Presidente, (quién había sido violentamente secuestrado y expulsado del país por las fuerzas militares) y quién fue elegido hasta el 27 de enero de 2010, por el voto mayoritario del pueblo, haciendo uso de su soberanía.

Por otra parte si se permite sentar este odioso y delictual precedente del Congreso Nacional, significaría aceptar que como ese numeral 20 del artículo 205 les permite « Aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, Procuraduría General del Ambiente, Ministerio Público, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Registro Nacional de las Personas, instituciones descentralizadas y demás Organos Auxiliares y Especiales del Estado », sin ninguna limitante, sin ningún procedimiento establecido y sin ningún control institucional, este Poder del Estado que sin lugar a dudas tiene un carácter político, está en capacidad de romper plenamente la institucionalidad completa del país, así como de despedir (aunque no sea él el que nombre) a cualquier funcionario, cada vez que no le parezca  o no esté de acuerdo con la « conducta administrativa de un funcionario ».

Sumado a lo anterior, si la improbación de la conducta administrativa y la separación del Ciudadano Presidente se hace según el Congreso, por :  « … las reiteradas violaciones a la Constitución de la República y las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales”, quiere decir que a partir de ahora el Poder Legislativo actuará también como Ministerio Público y como Poder Judicial, investigando y juzgando la comisión de hechos, pero sobre todo violando uno de los más elementales derechos individuales: El Derecho de Defensa.10

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 235 de la Constitución de la República, la titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce en representación y para beneficio del pueblo el Presidente, y éste debe ser elegido directamente (y no nombrado por el Congreso) por el pueblo por simple mayoría. De allí que el “nombramiento” mediante acuerdo o decreto legislativo, del señor Roberto Micheleti como “Presidente Constitucional” violenta lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución y reafirma o configura el rompimiento del orden constitucional.

Finalmente el artículo 242 de la Constitución de la República que sirve de respaldo al espurio Decreto Legislativo, se refiere a la “sustitución en sus funciones”, en caso de “ausencia temporal” del Presidente Constitucional y jamás a “nombramientos de Presidentes” por parte del Congreso, y menos a “separaciones”. Ambas acciones que tienen un relevante valor frente a la estructura constitucional de organización, seguridad y existencia misma del Estado, así como frente a la soberanía popular de la cual emanan los poderes que se ejercen por representación; constituyen una verdadera usurpación del poder constituido a quién ejerce la soberanía popular: EL PUEBLO.

Honduras y el mundo son testigos de que la ausencia del Señor Presidente Constitucional no fue una ausencia voluntaria, sino provocada por la violación de todos los derechos ciudadanos y por la ejecución de uno de los hechos delictivos de mayor vergüenza para la historia de nuestro país: el secuestro y expulsión ilegal en ropa de dormir, del Presidente Constitucional y Comandante General de las Fuerzas Armadas de Honduras, por parte del alto mando militar dirigido por Romeo Vásquez Velásquez.

a. La participación del Fiscal General Luis Alberto Rubí, del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Magistrado Tomás Arita Valle en la conspiración para el golpe de Estado.

13 horas fueron suficientes para que los altos funcionarios del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia justificaran (a posteriori) el golpe de Estado, actuando como serviles ante quién hacía tan sólo unos meses les había nombrado: Roberto Michelleti. En 13 horas como tiempo máximo, utilizando su alta investidura, cubrieron con un manto de « legalidad » la trama que se venía gestando meses atrás y que fue denunciada ante el Ministerio Público por Andrés Pavón,  Presidente del CODEH ; obviamente sin darse cuenta y probablemente hasta sin sospechar, que uno de los participantes directos en el rompimiento del orden constitucional era precisamente el señor Fiscal General del Estado Luis Alberto Rubí Avila, incondicional y viejo amigo del ex presidente Carlos Flores Facussé. Los hechos nos imponen la obligación de revisar en el Ministerio Público, qué acciones concretas de investigación realizó el señor Fiscal General frente a una denuncia de la gravedad de la presentada por Andrés

Pavón, que implicaba la burla de la soberanía popular a través de la fuerza y la violencia.

Cómo transcurrieron las 13 horas del día viernes 26 de junio de 2009, según el proceso construido a posteriori? Según el expediente construido a posteriori, o sea luego del golpe de Estado, la Corte Suprema de Justicia a través del Magistrado Tomás Arita Valle, recibió el requerimiento fiscal presentado por el Fiscal General Luis Alberto Rubí contra el Presidente de la República, el día viernes 26 de junio a las 11 :00 de la mañana y ese mismo día 26 (o sea en un lapso de 13 horas, si estimamos que el día 26 termina a las 12 de la noche) el Magistrado Supremo revisó la causa, estudió y constató los hechos imputados (comprobó la plena prueba del delito y el indicio de participación del Presidente) y sin más trámite remitió una nota al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas General Romeo Vásquez Velásquez. La nota contiene tres  mensajes importantes :

1. Que el suscrito o sea el Magistrado Tomás Arita Valle, ha sido nombrado como Juez Natural por unanimidad del pleno de la Corte.

2. Que se sirva por conducto de la autoridad que Vásquez Velásquez delegue, en capturar al ciudadano Presidente de la República de Honduras : JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES a quién se le supone responsable de los delitos de : CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO, TRAICION A LA PATRIA, ABUSO DE AUTORIDAD Y USUSRPACIÓN DE FUNCIONES en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras, lo anterior a raíz del requerimiento Fiscal presentado en esta Corte por parte del Ministerio Público.

3. Una firma ilegible al final, también de 26 de junio de 2009 (presumiblemente es o la firma del retiro de la nota o del recibido en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas).

• Puede apreciarse fácilmente : Que estamos ante el proceso más rápido de la historia fiscal y judicial de Honduras ya que en un término máximo de 13 horas (contadas a partir de las 11 de la mañana del día 26 de junio, hasta las 12 de la noche del mismo), el Fiscal General Luis Rubí presentó un requerimiento fiscal; la Corte convocó a sus 15 magistrados en pleno y designó a Tomás Arita Valle para que actuara como Juez Natural y éste ese mismo día libra la orden de captura y además envía también ese mismo día otra nota al Teniente Coronel René Antonio Hepburn Bueso en el Estado Mayor Conjunto, para que proceda « en el momento pertinente » a allanar la vivienda del Ciudadano Presidente de la República de Honduras y sin más motivación ni razonamiento indica la ubicación de la vivienda. Al no conocerse antes del 28 de junio la existencia de proceso alguno contra el Presidente, no hay duda que el mismo fue diseñado y elaborado posterior al golpe de Estado, como mecanismo de justificación del acto criminal.

• Queda por responderse :

• ¿Porqué el denominado Magistrado dirige la nota de orden de captura a Romeo Vásquez Velásquez y la nota de allanamiento al Teniente René Antonio Hepburn ?

• ¿Porqué tratándose de una acción tan delicada donde estaba en juego la estabilidad democrática del país  y la figura presidencial, el alto magistrado no compareció ante el despacho del señor Presidente para informarle de los hechos y escuchar su declaración?

• ¿Porqué el requerimiento fiscal se presentó ante la Corte Suprema el día viernes y no antes?

• f) Después del golpe de Estado la Corte Suprema de Justicia dice: Manuel Zelaya Rosales ya no es Presidente y por tanto debe ser juzgado por la justicia ordinaria. Entra en el proceso la Jueza de lo Penal Iris Normandina ortiz.
Después de ocurrido el golpe de Estado, el alto Tribunal de Justicia de Honduras ya no a través del Magistrado TOMAS ARITA VALLE, sino de la Sala de lo Penal en pleno, se libró pronto del expediente judicial construido a posteriori y el día lunes 29 de junio de 2009 emitió una resolución en donde ni siquiera hace relación a las órdenes de captura y allanamiento que se dictaron en 13 horas y que dieron origen a la expulsión ilegal del país del señor Presidente, y tomando como consideración básica que « es de público y notorio conocimiento que el ciudadano José Manuel Zelaya ha dejado de ostentar la condición de presidente Constitucional de la República, resuelve : 1. Tener por presentado el requerimiento fiscal junto con los documentos que se acompañan, y 2. Remitir el presente requerimiento fiscal al Juzgado de Letras Unificado de lo Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, para que se continúe con el procedimiento ordinario establecido en el Código Procesal Penal. Esta resolución ni siquiera se notifica, sólo se ordena un CUMPLASE.

Para sustentar esta decisión merece la pena preguntarse :

¿Revisó el alto Tribunal de Justicia (Sala de lo Penal) el Acuerdo emitido por el Congreso Nacional, en donde los diputados actúan como Tribunal de Sentencia?

¿Revisó el señor Fiscal General de la República el indicado Acuerdo del Congreso a través del cual se juzga, condena y suspende al señor Presidente, sin tener atribuciones ni facultades para ello?

En conclusión el Fiscal General de la República y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia cumplieron su papel y ahora la Jueza de lo Penal Normandina Ortiz de Melara (esposa de un hermano de la exmagistrada de la Corte Suprema (período del Presidente Callejas) Ligia Melara de Andrade quién es amiga personal de Norma Regina de Callejas la exprimera dama.

a. Persecución política a los miembros del Gabinete y de líderes de grupos sociales y organizaciones de trabajadores.-

Criminalización de todas las conductas. Uso arbitrario del derecho penal, como primera ratio.-
Con algunas excepciones, los funcionarios públicos que integran el Gabinete de Gobierno están siendo perseguidos con mucha urgencia por el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas y algunos jueces del Poder Judicial. Los hechos que se les imputan no han sido ni siquiera comprobados, requisito exigido para una imputación11; muchos de ellos (trascendidos con mucho sensacionalismo por los medios de comunicación que apoyaron el golpe) son hechos que ni siquiera están  dentro de la esfera de lo criminal. Al respecto existe sobrada jurisprudencia en los tribunales de Honduras, por ello este accionar sólo evidencia la feroz persecución política del régimen con el único propósito de desacreditar la función pública y apartarles del proceso de resistencia pacífica.

La conducta de los funcionarios públicos en relación con el manejo de los recursos del Estado, debe ser juzgada primero a nivel administrativo por el Tribunal Superior de Cuentas, que constitucionalmente es el ente rector del sistema de control de los recursos públicos12 y que en este momento está también validando con su actuación, el nombramiento de particulares en los diferentes cargos, a propuesta del régimen golpista.

Los altos funcionarios del Estado, tienen derecho a un juicio siguiendo un fuero especial, denominado “Del Procedimiento para procesar a los Altos Funcionarios del Estado”, que a pesar de conservar tal calidad, pues no han renunciado, ni han sido destituidos por quién los nombró, no se ha aplicado.

Luego del golpe, el Ministerio Público, las instituciones del Poder Ejecutivo dirigidas por el señor Micheletti y el Poder Judicial, están procediendo de consuno acusando altos funcionarios y cercanos colaboradores del Presidente Zelaya, están librando órdenes de captura y utilizando los medios de comunicación golpistas para desacreditar y juzgar sin ninguna garantía y legitimidad, con meras falsedades, la función que desempeñaban.

Se ha acusado al Ministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza, la Ministra de Finanzas Rebeca Santos, el Comisionado Vicepresidente Arístides Mejía, la Ministra Asesora en Materia de Energía Rixi Moncada; todos con orden de captura siguiendo el mismo procedimiento utilizado en contra del señor Presidente, es decir sin ser escuchados y sin que sus acciones sean meritorias de procesos penales, ni siquiera administrativos. Los golpistas haciendo uso del Poder Absoluto han logrado el objetivo de mantener alejados de la resistencia desde el día 28 de junio, a los principales colaboradores del Gobierno de la República presidido por Manuel Zelaya Rosales.

Las investigaciones realizadas por los organismos regionales e internacionales que se han hecho presentes al país han concluido que: “verificaron evidentes obstáculos para el acceso a la justicia, la limitación drástica a la libertad de prensa y atentados contra la libertad de expresión, la militarización de funciones de seguridad e instituciones estatales, los abusos por parte de fuerzas de seguridad y la falta de respuesta adecuada de los mecanismos de control del Estado. No solamente que las violaciones de derechos humanos no han sido judicializadas, sino que el aparato judicial se instrumentaliza para perseguir penalmente a decenas de manifestantes contra el régimen de facto”. “Han advertido igualmente durante sus entrevistas con diferentes autoridades del Estado, que se podría estar constituyendo el crimen de persecución política, de competencia de la Corte Penal Internacional, por la represión desatada de manera sistemática contra todos los simpatizantes del gobierno del Presidente depuesto José Manuel Zelaya”. La persecución fiscal es cada día mayor para todos los líderes sociales (obreros, campesinos, magisteriales) que están siendo detenidos y sin el mínimo de pruebas, acusados por el Ministerio Público y llevados casi inmediatamente a audiencias por delitos de terrorismo, traición a la patria, rebelión, sedición y otros, aunque hasta la fecha no haya un tan sólo imputado por los asesinatos, las violaciones y otros abusos a mujeres, las torturas psicológicas, las detenciones arbitrarias y las lesiones corporales ordenadas y ejecutadas por el régimen de facto.

La Canciller Patricia Isabel Rodas fue también objeto de secuestro por otro escuadrón militar y paramilitares de civil encapuchados que la sacaron de su casa de habitación el mismo día 28 de junio de 2009, mediante la fuerza y la violencia, apuntándole con armas de grueso calibre. Junto a los embajadores de las hermanas repúblicas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, fue agredida y trasladada a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía de Tegucigalpa, en donde los militares la mantuvieron sola todo el día, en un cuarto obscuro y con llave, totalmente incomunicada, pero sobretodo sin informarle las razones de su secuestro; trasladándola después de las once de la noche del mismo día 28, en un avión del señor Miguel Facussé (pariente del ex presidente Carlos Roberto Flores Facussé) hasta la ciudad de México en compañía de una funcionaria de la Embajada en Honduras de éste país. Esta acción de traslado, así como una serie de amenazas recibidas por la Canciller en el Salón Diplomático de la Base Aérea, fueron directamente ejecutadas por el General Prince Suazo, Comandante General de la Fuerza Aérea; sin embargo después de transcurridos más de 50 días del golpe de estado, ninguna acción orientada a hacer justicia frente a este hecho criminal, se ha iniciado.

La Ministra Asesora en materia de energía, fue igualmente amenazada en su integridad física, vía teléfono, desde el día sábado en horas de la mañana, así  mismo fue perseguida por individuos vestidos de civil en horas de la tarde-noche del mismo día sábado 27 de junio. Ella en compañía de su hijo mayor acudió el sábado 27 a las oficinas de la Policía Departamental en Choluteca, en donde no pudo ser atendida por el Comisionado encargado y tan sólo pidió que se dejara constancia de su comparecencia en el libro de novedades del día. Luego el día domingo 28 entre 6:40 y 7:30 de la mañana fue perseguida por un carro sin placas, al salir del hotel donde se hospedaba para informar a la gente del secuestro del Presidente Zelaya.
En días posteriores, la Ministra de Trabajo y Seguridad Social y el Ministro de la Juventud Gustavo Cáceres fueron detenidos en la zona de San Marcos de Colón, cuando se desplazaban a la frontera para encontrarse con el Presidente, junto a ellos doce personas más permanecieron hasta horas de la madrugada en una posta policial, bajo el argumento del toque de queda.

h) Toques de queda.- Ilegalidad y violación de derechos individuales.

Ejecutado el golpe de estado y en el ejercicio ilegal del poder el usurpador de la soberanía del pueblo, a partir del domingo 28 de junio de 2009, Honduras está viviendo un estado de terror impuesto a través de los denominados “toques de queda”, que constituyen verdaderas violaciones directas a los derechos individuales establecidos en la Constitución de la República13, se han emitido sin llenar ninguna formalidad, simplemente en cadena nacional se le dice a la población cuáles son las horas en que queda comprendido.

Los golpistas sin ninguna declaratoria o anuncio de restricción de derechos, desde los días domingo 28 y lunes 29 de junio; comenzaron su práctica violatoria y fue hasta el 30 de junio que elaboraron el “decreto ejecutivo número  011-2009”, con una vigencia de 72 horas, el cual evidencia una serie de defectos tales como: No fue creado en consejo de ministros; no tiene ninguna motivación o establecimiento de las razones que lo justifican; no consta que haya sido ratificado por el Congreso Nacional y posteriormente se haya publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

Ha habido días en que la aplicación del denominado toque de queda se ha aplicado de inmediato sin darle tiempo a  la gente para llegar a sus destinos, facilitando con ello las detenciones que hace la policía y los cuerpos militares.
Estos actos ejecutados por el régimen de facto, limitativos de los derechos individuales de las personas, constituyen verdaderas violaciones a los derechos humanos, y conllevan para quiénes los respaldan, responsabilidad civil y penal ya que todas las detenciones son perse ilegales.

• i) Funcionarios de facto están cometiendo el delito de Usurpación de Funciones.-

Quiénes acompañando el régimen producto del golpe de Estado están ejerciendo cargos y han prestado juramento sobre la Constitución de la República que ha sido rota, están cometiendo el delito de usurpación de funciones14 y todos los actos que realicen son sujetos de la correspondiente anulabilidad, incluidos los actos de aquéllos funcionarios que habiendo jurado antes del Golpe de estado, cumplir lo dispuesto en la Constitución y las leyes, se han prestado a validar los actos de un régimen de facto que carece de toda legalidad.

Los altos funcionarios designados por el régimen de facto son los siguientes:

a. Gabriela Núñez de Reyes.- (Finanzas) Ministra de Finanzas en el gobierno del expresidente Flores Facussé e hija del Abogado Amado H. Núñez, Viceministro de Trabajo en el Gobierno Constitucional de Ramon Villeda Morales, ascendido a Ministro de Trabajo con el golpe de estado de Oswaldo López Arellano.

b. Carlos López Contreras.- (Relaciones Exteriores) Pertenece al Partido Nacional. Excanciller y responsable del manejo de la política de la contrarrevolución nicaragüense desde Honduras, en franca violación a los derechos del pueblo nicaragüense y hondureño.

c. Martha Lorena Alvarado Casco.- (Relaciones Exteriores-Vicecanciller), es diputada electa por el Movimiento del Presidente Zelaya. Militante fundamentalista del OPUS DEI, hija del Abogado Andrés Alvarado Puerto, Canciller del Gobierno Golpista de 1963, que acepto el cargo traicionando al Partido Liberal, del cual fue precandidato presidencial antes de que ocurriera el golpe.

d. Rafael Pineda Ponce.- Ex presidente del Congreso en el gobierno del expresidente Flores Facussé. Ministro de Educación del Gobierno del Presidente Zelaya, destituido en 2007. Funcionario de la dictadura militar en la década de los setentas.

e. Nicolás García Sorto.- (Trabajo y Seguridad Social). Nacionalista, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia en el período de la señora Vilma Morales Montalván. Defensor del ex presidente Rafael Leonardo Callejas.

f. Benjamín Bográn.- (Industria y Comercio). Fungía como Secretario Ejecutivo del COHEP. Hizo fuerte presión al Gobierno especialmente por el aumento al salario mínimo durante el año 2009.
Otros colaboradores del régimen de facto:

a. Mauricio Villeda Bermúdez.- Testaferro electoral de Elvin Santos Ordoñez. Hijo del Ex presidente Jose Ramon Villeda Morales, quien después de sufrir un golpe de Estado en el último mes de su gobierno, se convirtió en el Embajador del Gobierno golpista ante la Organización de Naciones Unidas. Militante fundamentalista del OPUS DEI.

b. Arturo Corrales Álvarez.- Empresario con concesiones en el sector energía, socio del ex presidente Carlos Roberto Flores Facussé. Negociador y ejecutor de las negociaciones oscuras de los grupos de poder.

c. Camilo Atala.- Empresario del sector financiero, beneficiario de negocios públicos, funcionario de gobiernos nacionalistas y uno de los principales financistas del golpe.

IV. RESISTENCIA INTERNA. EJEMPLO DE DIGNIDAD Y LUCHA

La resistencia interna comenzó a organizarse inmediatamente después de ocurrido el golpe de estado, en el denominado “Frente de Resistencia Nacional contra el Golpe de Estado”. Se integran en el frente organizaciones obreras, campesinos, maestros, miembros de los diversos partidos políticos, organizaciones de mujeres, de artistas, de escritores, de indígenas, de garífunas, de estudiantes de educación media y universitaria, de defensa de los derechos humanos, amas de casa, comerciantes, pequeños y medianos empresarios y una parte importante representativa de las iglesias católica y protestante. Con una dirección central, el frente ha desplegado una inmensa cantidad de actividades que han permitido interna e internacionalmente conocer el repudio casi generalizado a la acción violenta que dio por resultado el rompimiento del orden constitucional.

A través de sus diversos comunicados el Frente de Resistencia mantiene las siguientes posiciones:

a. No permitirá el desarrollo del proceso electoral (que comienza el 1º. de septiembre) y la realización de las elecciones generales el 29 de noviembre de este año, sino se restablece el orden Constitucional a través del retorno del Presidente Manuel Zelaya.

b. No se renuncia a la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, por cuanto habiéndose producido la ruptura del orden constitucional, la salida legal para reconstruir el estado y orden democrático es a través de esta Convocatoria.

c. No se acepta la amnistía para todos los delitos de lesa humanidad que se han cometido contra el pueblo en los más de 50 día de resistencia pacífica. Y se exige cárcel inmediata para los responsables.

V. CONDENA ENERGICA AL GOLPE DE ESTADO Y RESPUESTA INTERNACIONAL.

a. Condena enérgica al golpe de Estado.

El pueblo de Honduras que lucha en las calles y se mantiene en resistencia pacífica desde el día del golpe de estado no está sólo,la comunidad internacional en forma unánime ha brindado el apoyo para el retorno al orden constitucional y para revertir de forma pacífica el acto criminal ejecutado por un grupo de gente plenamente identificada.

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su trigésimo séptimo período extraordinario de sesiones resolvió:

1. Condenar enérgicamente el golpe de Estado en contra del Gobierno  Constitucional de Honduras y la detención arbitraria y expulsión del país del  Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales que produjo la  alteración inconstitucional del orden democrático.

2. Reafirmar que el Presidente José Manuel Zelaya Rosales es el Presidente  constitucional de Honduras y exigir la restauración inmediata, segura  e  incondicional del Presidente  a sus funciones constitucionales.

3. Declarar que no se reconocerá ningún Gobierno que surja de esta ruptura  inconstitucional y reafirmar que los representantesdesignados por el Gobierno  constitucional y legítimo del Presidente José Manuel Zelaya Rosales son los  representantes del Estado de Honduras ante la Organización de los Estados  Americanos.

4. Instruir al Secretario General para que, junto a representantes de varios  países, realice las gestiones diplomáticas dirigidas a restaurar la democracia y  el Estado de derecho, y la restitución del Presidente José Manuel Zelaya  Rosales, según lo previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática  Interamericana, y reportar a la Asamblea General Extraordinaria sobre los  resultados de las iniciativas. De no prosperar estas iniciativas en un plazo de  72 horas, la Asamblea General Extraordinaria aplicará inmediatamente el  artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a  Honduras.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, también se pronunció de manera unánime contra el acto violento perpetrado contra el Gobierno constitucional del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, lo calificó como un GOLPE DE ESTADO, y no reconocen al GOBIERNO USURPADOR, surgido del golpe de fuerza.

La Organización de Estados Americanos (OEA) en su trigésimo séptimo período extraordinario de sesiones, de manera unánime, y en vista de que Honduras en el contexto del Sistema Interamericano, ha violado la CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA, resolvió EXPULSAR de la organización a nuestro país, mientras subsista la ruptura del orden constitucional. El texto de la resolución es el siguiente:

1. Suspender al Estado de Honduras del ejercicio de su derecho de participación  en la Organización de los Estados Americanos de conformidad con el artículo  21 de la Carta Democrática Interamericana. La suspensión tendrá efecto  inmediatamente.

2. Reafirmar que la República de Honduras deberá continuar observando el  cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en  particular en materia de derechos humanos e instar a la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos a que continúe adoptando todas las  medidas necesarias para la tutela y defensa de los derechos humanos y las  libertades fundamentales en Honduras.

3. Encomendar al Secretario General que, junto a representantes de varios  países debidamente designados, intensifique todas las gestiones diplomáticas  y que promueva otras iniciativas para la restauración  de la democracia y el  estado de derecho en la República de Honduras y a la restitución del  Presidente José Manuel Zelaya Rosales de manera que pueda cumplir con el mandato para el cual fue democráticamente elegido e informe de inmediato al  Consejo Permanente. Ninguna gestión implicará el reconocimiento del  régimen surgido de esta ruptura del orden constitucional.

4. Alentar a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales que  revisen sus relaciones con la República de Honduras durante el período de las  gestiones diplomáticas para la restauración  de la democracia y el estado de  derecho en la República de Honduras y la restitución del Presidente José  Manuel Zelaya Rosales.

5. Instruir al Secretario General que remita esta resolución a los demás  organismos del Sistema Interamericano y al Secretario General de las  Naciones Unidas-

De igual manera el SICA, GRUPO DE RIO, CARICOM, Países No Alineados, ALBA y UNASUR, Unión Europea, Unión de Países Africanos, Parlamentos de Centroamérica, Latinoamérica y Europa, entre otros,  han condenado enérgicamente mediante resoluciones escritas, el golpe de Estado en Honduras.

a. Constatación de las violaciones a los Derechos Humanos de todo hombre o mujer que se pronuncia o se manifiesta en contra del régimen de facto.-

Todos los organismos regionales e internacionales de derechos humanos que han visitado nuestro país han podido constatar in situ las graves violaciones a los más elementales derechos humanos de los hombres, mujeres, jóvenes, niños, etc. que se pronuncian pacíficamente en contra del golpe y que por más de 50 días se han mantenido en la resistencia. Las muertes por francotiradores, las palizas, las detenciones arbitrarias, las torturas, las detenciones a menores, a ancianos, a mujeres, etc. están debidamente documentadas y con imágines que permitirán demostrar la barbarie cometida por el Régimen de Facto presidido por Roberto Micheletti y apoyado por los militares, los paramilitares y la policía. Las conclusiones de la Misión Internacional de Observación sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, contenidas en el informe final del día 7 de agosto de 2009, claramente establecen que: “…La Misión concluye que lo que está en juego es mucho más que una simple lucha política para restablecer un orden legal y permitir a un presidente legítimo regresar al poder. Se trata de una conflictividad social no resuelta, de la que forman parte una élite económica que usurpó el poder en forma antidemocrática, aliada con el Ejército, y diversos sectores que reclaman un nuevo orden institucional y social que implicaría mayores espacios de participación ciudadana. Es por eso que la represión se manifiesta en particular contra los líderes campesinos, ambientalistas, indígenas, afrodescendientes, mujeres que se movilizan por sus derechos y, contra los dirigentes sindicales.

La Misión constata además que el disfuncionamiento institucional, comienza por la ausencia de controles autónomos de los órganos de poder, la excesiva politización del Poder Judicial, la falta de un fuero mínimo de protección a la máxima autoridad del Estado…” “…Finalmente, la Misión muestra su perplejidad por la actitud en apoyo al golpe de Estado mantenida por la alta jerarquía católica hondureña y representantes de algunas iglesias evangélicas, y su implicación activa en la organización de las movilizaciones de respaldo a éste convocadas por el régimen de facto”.

a. Restricciones a las libertades públicas y manipulación mediática.-

La restricción a las libertades públicas de los ciudadanos, la supresión de la independencia de los poderes y la manipulación mediática a favor del derrocamiento del gobierno legítimo por parte de los Diarios El Heraldo, La Prensa y la Tribuna, de los canales televisivos y medios radiofónicos como Televicentro, Emisoras Unidas, Radio América y Radio Cadena Voces mientras se ocupaba militarmente y procedía a clausurar los medios independientes; confirman junto a otras evidencias la participación directa de cuatro empresarios y políticos en la conspiración que culminó con la detención violenta e ilegal, el secuestro y la expulsión del Presidente Constitucional de la República por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras  y como consecuencia con el rompimiento del orden constitucional y el sistema democrático. Desde el mismo día 28 de junio de 2009, los medios independientes como canal 36, Radio Globo, Radio Progreso, así como los programas del periodista Eduardo Maldonado en MAYA TV, fueron cerrados y militarizados; la energía les fue interrumpida en sus transmisores y desde esa fecha hasta ahora han sido objeto de suspensiones de hecho constantes por el régimen de facto. Otras radios y televisoras a nivel nacional han soportado la represión por expresar a través de sus medios, opiniones diferentes a las del régimen y por condenar el golpe de Estado. La Relatoría Especial sobre Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de Frank La Rue, expuso como conclusión en un Comunicado de Prensa de fecha 10 de agosto: “Puedo afirmar que en Honduras no existe la libertad de expresión para comentar los hechos de cada día ni para criticar a las autoridades de facto, ni para condenar el golpe de estado. No existe una forma sistemática de documentar los hechos, las detenciones ni los casos de exceso de fuerza o de tortura, por lo que ni el pueblo hondureño ni la comunidad internacional tienen acceso a información objetiva”.
Los derechos individuales contenidos en los artículos 72, 73 y 74 de la Constitución de la República parecen no existir frente a real situación que atraviesa el país15.

a. Rol del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos fue creado como institución para garantizar los derechos y libertades reconocidas en la Constitución16. Las atribuciones del Comisionado son objeto de una Ley Especial.

Ramón Custodio López, ante el asombro de propios y extraños, el hombre que otrora defendió hasta con su vida los derechos humanos, y que actualmente en un segundo período fue nombrado por el Congreso Nacional para dirigir la institución, expresó públicamente su apoyo al golpe de estado.

La población que a nivel nacional ha sido reprimida con el uso de gases lacrimógenos, con golpes y atropellos a su integridad corporal, con detenciones sin ninguna garantía, todos los muertos, los heridos y sus familias están desprotegidas porque el Comisionado de los Derechos Humanos ha defendido las acciones del ejército, expresando incluso en una ocasión, que las balas que estaban utilizando eran de goma.

La conducta de este ciudadano hondureño ha sido denunciada internacionalmente. Fue expulsado de la Federación Internacional de Derechos Humanos y le han sido suprimidos algunos apoyos económicos por parte de organizaciones especialmente de la Unión Europea.

A causa de las “balas de goma” del Comisionado Ramón Custodio, han sido asesinadas violentamente durante el periodo del golpe de estado y los toques de queda, más de cien personas17, dentro de ellos:

• ISIS OBED MURILLO MENCIAS, asesinado por los militares en la marcha de resistencia pacífica del día 5 de julio en el aeropuerto internacional de Tegucigalpa, donde desde las azoteas de los edificios administrativos francotiradores apuntaban con sus armas. (actualmente el aeropuerto está concesionado al señor Fredy Nasser, también beneficiario de grandes contratos de generación de energía térmica).

• PEDRO MAGDIEL MUÑOZ SALVADOR, capturado el 24 de julio durante uno de los bloqueos de carreteras por toque de queda, cuando se dirigía hacia el Ocotal para encontrarse con el Presidente. Fue encontrado asesinado con señales de tortura el día 25 de julio.

• PROFESOR ROGER ANRAHAM VALLEJO SORIANO, quién fue asesinado mientras participaba en una manifestación pacífica a favor del retorno al orden constitucional, en la Posta de El Durazno, salida a la carretera que conduce a la zona norte del país;  desde donde todos los manifestantes fueron reprimidos por la fuerza y violencia militar, hasta llegar al mercado zonal Belén en la ciudad de Comayaguela, teniendo que correr aproximadamente 5 kms.

I. PRETENSION DE IMPUNIDAD Y LEGITIMACIÓN DEL GOLPE DE ESTADO A TRAVES DEL PROCESO ELECTORAL VICIADO Y FRAUDULENTO CON EL PRESIDENTE DESTERRADO QUIEN REPRESENTA LA PRINCIPAL FUERZA POLITICA DEL PAIS.

Los golpistas pretenden legalizar y darle continuidad al golpe mediante el proceso electoral, con la participación única de los candidatos golpistas, por ello el Frente Nacional contra el Golpe de Estado que aglutina todos los sectores de la sociedad hondureña, esperan que la comunidad internacional, sostenga al respecto una posición firme e inclaudicable de no reconocimiento a un proceso electoral viciado y a las autoridades ilegítimamente electas, ya que ello constituiría un nuevo crimen contra la democracia.

VII. CONCLUSIONES:

1. El golpe de Estado en Honduras es una reacción de los grupos fácticos para impedir la continuación del proceso de reformas de contenido social y perpetuar sus tradicionales intereses comerciales y económicos con fuertes vinculaciones externas.

2. El golpe de Estado es el retorno de las prácticas fascistas que ha instalado en Honduras una dictadura criminal que está ejecutando asesinatos, violaciones, torturas y persecución política, como lo ha constatado la comunidad internacional.

3. Con el golpe de Estado, quedó evidenciado una vez mas,  que la existencia de las Fuerzas Militares en Honduras, solo ha servido para perpetrar golpes de Estado y promover un sistema de represión en contra de los derechos humanos y el orden democrático.

4. El golpe de Estado es una afrenta a las aspiraciones democráticas de los pueblos de América Latina, de sus gobiernos y sus presidentes, y ha evidenciado que pese a la condena pública que ha hecho el Presidente Barack Obama, los grupos conservadores de los Estados Unidos que apoyan el golpe de Estado, dominan aún el monopolio del poder en esa nación.

5. Las resoluciones de los organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas y la OEA, condenando el golpe y desconociendo el régimen de facto, al igual que la propuesta de mediación de la Secretaria Hillary Clinton han sido burladas y van quedando sin efecto por la intransigencia del régimen golpista y la falta de instrumentos internacionales que obliguen al cumplimiento de las mismas.

6. Ratificamos que el Gobierno del Presidente Zelaya, con el objetivo de lograr el restablecimiento de la democracia por la vía pacífica, ha reiterado su aceptación al Acuerdo propuesto por el Presidente Oscar Arias y ha expresado su decisión de firmarlo en la ciudad de Tegucigalpa antes del primero de septiembre de 2009.

7. Reiteramos que el pueblo tiene el derecho constitucional a la insurrección cuando se le impone un gobierno usurpador. El pueblo hondureño que hoy resiste jamás aceptará una dictadura, ni participará en un proceso electoral con el que se busca la impunidad y la consolidación de los golpistas, ni aceptará la renuncia a este derecho constitucional.

8. Nuestros principios por la defensa de nuestra Patria, de las reformas sociales y de los derechos del pueblo, son innegociables, por tanto, LUCHAREMOS INCLAUDICABLEMENTE HASTA VENCER.

VIII. FUENTES.

a. Constitución de Honduras
b. Leyes secundarias de Honduras
c. Tratados  y Convenios Internacionales ratificados por Honduras
d. Informes de todas las organizaciones nacionales e internacionales que han visitado el país.
e. Opiniones de todos los sectores que han sido remitidas a los funcionarios en Honduras y en el exilio.

GOBIERNO DEL PRESIDENTE JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES
Agosto, 2009

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[es] “El único delito”: Testimonio de Marcial Hernandez, golpeado, detenido, y hospitalizado

Marcial Hernandez, hospitalizado por golpes durante su detencion en Choloma, el 14 de agosto. Foto: Sandra Cuffe(Marcial Hernandez, golpeado y hospitalizado. foto: Sandra Cuffe)

Texto y fotos por Sandra Cuffe

San Pedro Sula, 15 de agosto del 2009.

La represión del movimiento nacional de resistencia en contra del golpe de Estado en Honduras ya es un hecho diario. En distintas regiones del país, la policía y el ejército están usando tácticas de terror y violencia para dispersar las protestas y detener ilegalmente a las y los manifestantes.

No obstante, las acciones de lucha coordinadas por el Frente Nacional de Resistencia en Contra del Golpe de Estado en Honduras FNRCGE siguen aún con mayor fuerza en cada rincón del país.

El 14 de agosto, las organizaciones y la ciudadanía en resistencia en la zona noroccidental se movilizó a la altura de Choloma, bloqueando el paso a los vehículos en la carretera entre San Pedro Sula y Puerto Cortés.

Es un punto muy estratégico en el país, ya que se trata de la carretera principal que conduce hacia el Puerto principal del país, desde el cual se exporta hacia los Estados Unidos un gran volumen tanto de textiles producidos en las maquilas del noroccidente como de frutas de la Tela Railroad Company, filial de la transnacional bananera Chiquita.

A pocas horas de la toma, hubo una negociación entre la dirigencia de la resistencia y los oficiales de la policía, supuestamente para evitar un deslojo violento. Según testigos, acordaron establecer un plazo de una hora para permitir de la movilización saliera de la carretera.

No obstante, a los veinte minutos del acuerdo verbal, una gran cantidad de policías con resfuerzos de elementos del ejército se hizo presente y en seguida empezaron un desalojo violento, tirando bombas de gaz lacrimógeno y usando la tanqueta de agua. Se dispersó la protesta, pero la policía siguió a las y los participantes corriendo hacia el centro, usando todo tipo de brutal violencia durante su detención ilegal y su traslado a la posta policial en Choloma.

Se registraron 27 personas detenidas, entre los cuales se encontraban menores de edad, personas ya muy mayores de edad, mujeres, y periodistas. La mayoría de los detenidos habían sido golpeado violentamente.

Por la gravedad de sus heridas por los golpes, cinco hombres fueron trasladados bajo custodio policial al hospital Catarino Rivas en la ciudad de San Pedro Sula. Todos recibieron tratamiento por heridas registradas como ‘golpes con objetos contusos’ en la sala de emergencia. A dos les dieron de alta, pero tres participantes en la resistencia se encontraban hospitalizados todavía en horas de la tarde y iban a estar bajo observación en la sala de emergencia por tiempo aún indefinido.

Julio Espinoza Carías, de Tela, Atlántida, tiene una fractura expuesta del femur derecho causado por un impacto de bala, y otras heridas y golpes en la cara y cuerpo.

Rogelio Mejía Espinoza, del Movimiento Campesino del Aguán de la aldea Guadalupe Carney en el sector de Silín, Colón, tiene fracturado el seno maxiliar izquierdo, con hemoseno, más otros heridas por golpes en la cara y cabeza, incluyendo una herida en la cabeza que requirió varias puntadas.

Marcial Hernández, miembro de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, de Tocoa, Colón, tiene fracturada la mano izquierda, una herida en la cabeza que necesitó varias puntadas, y otros golpes en el cuerpo. Justamente después de hacerle la siguiente entrevista, le llevaron de nuevo a Rayos X para hacerle otras radiografías.

A continuación se reproduce literalmente su testimonio, grabado en horas de la tarde del mismo 14 de agosto en el hospital y trancrita enseguida.

TESTIMONIO DE MARCIAL HERNANDEZ:

“Nosotros, de donde estabamos reconcentrados desde cuando llegaban los policías tirando bombas, las granadas, tirando las bombas lagrimógenas, entonces nosotros corrimos hacia el parque. Y corrimos muy abajo del parque, y ellos nos fueron siguiendo y siguiendo. Y cuando venimos de regreso a reconcentrarnos al parque, entonces nos dejaron que llegáramos al parque, una parte.

Y cuando los que andaban por allá largo, dispersos, los andaban recogiendo, trayéndolos, toleteándolos, golpeándolos, y metiéndolos a la cárcel.

Y nosotros nos quedamos allí. Después hicieron un cerco alrededor del parque. Entonces nosotros nos volvimos a correr para el lado del puente. Y cuando corrimos para allá nos salieron adelante, entonces regresamos de regreso.

Y venían unas mujeres que son de SITRAMEDYHS. Y entonces ellas también venían corriendo, y nos metimos a unas porquerías que habían allí. Abrimos un portón y entramos corriendo. Y con la misma, la gente lo cerró. Pero cuando entramos, las mujeres que traían niños se metieron en unos baños y ya para mi ya no había campo, como de todas maneras había que salvar a los niños. Pues, yo me quedé sentado en una silla. Pues, pasaron y nos quedamos allí como dos minutos.

Cuando regresaron, entonces, llegaron donde mi. Abrieron y entraron corriendo. Y como que era un enemigo me agarraron. No me pidieron ninguna declaración, sino que sólo me señaló alguien y se vinieron, pero todos a un tiempo, con los garrotes, dándome por la espalda, por la cabeza. Y alguien me agarró. Uno de ellos me agarró de la camisa, y me pegó un jalón aventón. Y cuando yo caminé para adelante, otro me dio con los pies, con los zapatos, y me botó. Y entonces no me quedó otro alternativo que encogerme en el suelo y allí se dieron guste. Hasta que ya no quisieron.

De allí me sacaron arrastrado. Después, me paré, y cuando yo me paraba, ellos aprovechaban, pues, como yo ponía el lomo, aprovecharon para darme, pero lo que más querían. Y cuando salimos a la calle, me dentraron otra vez a la camioneta, y entonces, yo estaba botando mucha sangre de la cabeza.

Entre las heridas por golpes esta la cabeza de Marcial Hernandez. Foto: Sandra Cuffe(Puntadas en la cabeza de Marcial Hernandez. foto: Sandra Cuffe)

Y sacaron otro compañero, ya lo traían caminando, y también le venían dando con el tolete, y nos llevaron a la policía. Y llegando a la policía me pegaron un empujón que caí, y allí siguieron con las patas, y me metieron de arrastras hasta adentro de la policía.

El oficial les dijo bestias, algo les dijo allí, yo vi que les dijo por qué hacían eso. Pero yo no me podía levantar.

Y la compañera que estaba, que andaba aquí, fue la única que me auxilió en ese momento allí, porque cuando no atendían ninguna comunicación, alguien les gritaba ‘no golpeen al señor, no lo golpeen, está indefenso.’ Y ellos decían, pues ‘a ustedes los vamos a traer’.

Y así eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó este día.

El único, como… ?cómo se dice? El único delito, única y exclusivamente, porque nosotros estabamos yendo a una protesta en contra de este gobierno de facto. Esto es lo único.”

# # #

Sandra Cuffe – sandra.m.cuffe@gmail.com – es una periodista y fotografa independiente de Canadá. Actualmente, está en Honduras desde el 3 de julio, colaborando con varios medios como DominionPaper.ca (Canadá), UpsideDownWorld.org (Estados Unidos), DefensoresEnLinea.com (Honduras), y varias radios comunitarias.

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[es] Marvin Palacios: Heridos y fracturados por nuevo ataque policial y militar contra opositores al golpe en San Pedro Sula

Imagen de una cuadra en el COFADEH. Foto: Sandra Cuffe

Heridos y fracturados por nuevo ataque policial y militar contra opositores al golpe en San Pedro Sula

por Marvin Palacios, DefensoresEnLinea.com

San Pedro Sula.- (lunes 3 de agosto de 2009).- Al menos 50 personas fueron detenidas y  otros tantas resultaron con hematomas y fracturas producto del violento ataque perpetrado por militares y policías contra una manifestación que exigió hoy nuevamente la restitución del presidente Manuel Zelaya.

Múltiples llamadas recibidas en el Comité de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Honduras (Cofadeh) dieron cuenta de este brutal ataque perpetrado por agentes policiales, del Comando de Operaciones Especiales (COBRAS) y efectivos de la 105 Brigada con sede en San Pedro Sula.

Las fuerzas represivas del gobierno de facto se ensañaron en contra de los y las manifestantes y para ello utilizaron tanques de agua, gases lacrimógenos y golpes con toletes que dejaron varios heridos.

Un informante que pidió mantenerse en el anonimato narró que hubo decenas de manifestantes fuertemente golpeados y al menos 50 detenciones durante una nueva represión ejercida por efectivos militares y policiales realizada en San Pedro Sula hoy al mediodía.

Informes recabados destacan que una caravana de vehículos cuyos integrantes son opositores al golpe de Estado, fueron atacados por efectivos de la 105 brigada de infantería, efectivos Cobras de la Secretaría de Seguridad y policías preventivos.

Muchos ciudadanos fueron obligados a bajar de sus vehículos y trasladados a diferentes postas policiales, no sin antes ser golpearlos con toletes hasta causarles hematomas de consideración. Otros que corrieron peor suerte resultaron con fracturas en brazos y piernas (Al menos 3 personas resultaron con fracturas).

Testimonios de la gente que participó en la marcha denunciaron que los policías rompieron los vidrios de varios vehículos que integraban la caravana y además golpean directamente a las cabezas desprotegidas de las personas, sin distingos de sexo o edad.

Se cree que la policía fraguó un plan para atentar contra la ciudadanía manifestante, ya que al parecer en esos momentos se desarrollaba una reunión en el Club Hondureño Árabe de San Pedro Sula. Se desconoce qué personajes del gobierno de facto habrían participado en dicha reunión.

La manifestación se desplazó en horas de la mañana desde el Instituto José Trinidad Reyes, al filo del mediodía cuando se trasladaban por la fuente luminosa comenzó la represión sin ningún aviso ni advertencia de la policía que estuvo reforzada por efectivos de la 105 Brigada Militar y agentes cobras.

La persecución se extendió hasta el parque Central de San Pedro Sula y se denunció que los agresores persiguieron a los y las manifestantes dentro de las oficinas de la municipalidad y aún dentro de cafeterías y comercios instalados en esta zona.

La semana pasada la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado en que se advertía que toda manifestación sería fuertemente reprimida, violando así el derecho a la libertad de expresión, de asociación y manifestación, consignados en la Constitución de la República.

De hecho la represión policial y militar contra opositores al golpe de Estado no es más que una estrategia de los grupos de poder para consolidar a los golpistas en el actual gobierno de facto.

A continuación brindamos el listado de las personas detenidas en el Centro Integrado en la Primera Posta Policial de San Pedro Sula:

1.     Eva Aguilar

2.     Marcela Rosales

3.     Porfirio Castro

4.     Juan R. Urbina

5.     José Matías Vásquez

6.     Roberto Mejía

7.     Cristobal

8.     Gustavo

9.     José Edgardo Castro (golpeado)

10. Profesor Gustavo Mejía  (director UTR)

11. Prof. Miguel Ramos (subdirector INTAE)

12. Antonio Carballo (director del reyes)

13. Roberto Mejía

14. Wilson Mejía

15. Prof. Alexis Orellana

16. Prof. Osman (Patria de la lima)

17. Porfirio Casco (Padre de familia, valle de sula. Golpeado, decomisaron carro y le quebraron los vidrios)

18. Valdemar García

19. Carlos Muñoz

20. José Natividad Vásquez

21. Gustavo Mejía Escobar

22. Cristóbal Rolando Villafranca

23. José Luis Argueta

24. Oscar López

25. Walter Geovanny Córdova Bermúdez

26.  Manuel Dionisio Montes Matute

27. Edwin Antonio Enamorado

28. José Antonio Ramos

29. José Alexis Orellana

30. Edgardo Castro (quebraron vidrios del carro)

31. Manuel de Jesús Rios

32. Manuel Dionisio Montes

33. José Leonel González

34. Tony Ulloa

35. Eugeni Castro Mendoza  (fractura en brazo derecho, lesiones brazo izquierdo)

36. Gustavo Henríquez (lesión en la cabeza por golpe con cacha  de pistola)

37. Juan Ramón Urbina (golpes en la espalda)

38. José Germán Martínez (golpes en la espalda con la punta del fusil)

39. Nelly Marcela Rosales (embarazada, Golpes en la rodilla)

Para lograr la libertad de los afectados varios abogados y procuradoras de derechos humanos del Cofadeh, presentaron recursos de hábeas corpus ante los tribunales de justicia de San Pedro Sula, para que un juez ejecutor verifique las detenciones y reporte las violaciones a los derechos humanos en que han incurrido una vez más, las fuerzas represivas del gobierno de facto de Roberto Micheletti.

En las últimas horas han sido liberadas la mayoría de detenidos, pero se reportaron muchas personas con hematomas en la espalda, brazos y piernas, incluso una señora embarazada fue víctima de las golpizas propinadas por militares y policías.

Por otra parte en Tegucigalpa, mientras se desarrollaba una asamblea del Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado en la sede del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras (COPEMH), varios jóvenes detuvieron al “agente informante” de la policía nacional Jesús Omar Corea Pérez quien se infiltró en la reunión. Al agente se le decomisó su carnet de informante y otros documentos de identificación.

Asimismo se descubrió al agente de seguridad privado Luis Obando (Intercon) quien también tenía planeado tomar fotografías e información de la asamblea. Luis Obando es Oficial de Seguridad de Intercon y se le decomisó una cámara digital.

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[es] Comision internacional constata violaciones sistematicas a los derechos humanos

Conferencia de prensa de la delegacion internacional de DD.HH. FOTO: Sandra Cuffe[Conferencia de prensa de la Delegacion Internacional de Derechos Humanos. Hotel Honduras Maya, Tegucigalpa, 23 de julio 2009. FOTO: Sandra Cuffe, http://flickr.com/photos/lavagabunda]

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Informe preliminar publicado por ALAInet: http://www.alainet.org/active/31902&lang=es

En Honduras con ocasión del golpe de Estado

Constatan violaciones sistemáticas a los derechos humanos

Misión internacional de observación sobre la situación de los DDHH


Informe Preliminar
Tegucigalpa, 23 de julio de 2009
i.Introducción
Una Misión Internacional de Derechos Humanos compuesta por 15 profesionales independientes (juristas, periodistas, antropólogos, politólogos, sociólogos y expertos en derechos humanos) procedentes de Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, El Salvador, España, Nicaragua, Perú, Suecia y Uruguay se constituyó en Honduras el 17 de julio pasado para verificar las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Honduras durante y después del golpe de Estado del pasado 28 de junio, a fin de presentar observaciones y recomendaciones al respecto a la OEA, la ONU, la Unión Europea y sus Estados miembros.
Divididos en cuatro grupos de trabajo, la misión ha recibido testimonios de casos ocurridos en varias partes del territorio hondureño: Tegucigalpa, San Pedro Sula, Olancho y Colón. Ha llevado a cabo con este objeto entrevistas con diferentes organizaciones y expertos de derechos humanos, movimientos sociales, sindicatos, medios de comunicación, periodistas, diputados al Congreso Nacional, partidos políticos, el Fiscal General de la República, la Fiscal Especial de Derechos Humanos, el General Director de la Policía Nacional, agencias de cooperación internacional, representantes de Naciones Unidas, del cuerpo diplomático, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría General de la República, la Defensa Pública, la Dirección General de Migración y familiares del Presidente Manuel Zelaya.
La misión internacional está conformada por 15 personas de las siguientes organizaciones y redes de derechos humanos: Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Iniciativa de Copenhaguen para Centroamérica y México (CIFCA), FIAN Internacional, la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES-Colombia), Suedwind-Austria, Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana José Simeon Cañas (IDHUCA-El Salvador), Asociación Pro Derechos Humanos de Perú (APRODEH), el Instituto de Estudios Políticos sobre América Latina y Africa (IEPALA-España), Federación de Asociaciones de defensa y promoción de los Derechos Humanos (España), Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú, Servicio Paz y Justicia (SERPAJ-Uruguay), Solidaridad Mundial (Bélgica), IBIS (Dinamarca), Alianza Social Continental, Enlazando Alternativas, y Centro de Estudios Tricontinental.
ii.Los hechos verificados por la Misión
1.Con fecha 28 de junio de 2009 a las 5:15 am, efectivos de las fuerzas armadas, tras reducir violentamente a la guardia encargada de su protección, irrumpieron en la Casa Presidencial y secuestraron al Presidente Constitucional de Honduras señor Manuel Zelaya Rosales. La captura del Presidente se produjo sin que se presentara el mandato judicial correspondiente. Inmediatamente después fue trasladado a una base aérea desde donde fue llevado a Costa Rica, según testimonió el mismo Presidente, mediante un avión que despegó a las 6:10 AM de Honduras.
El asalto de la Casa Presidencial se llevó a cabo ejerciendo violencia contra los bienes y ocupantes de la casa. Los hechos descritos fueron denunciados por miembros de la custodia del Presidente Constitucional derrocado, así como por familiares del mismo que se encontraban el día del golpe en la Casa Presidencial.
2.En la mañana del 28 de junio, el Congreso de la República procedió a “improbar la conducta del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, por las reiteradas violaciones a la Constitución y a las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales”, cesándolo en su cargo de Presidente a pesar de no existir norma constitucional o legal que posibilitara tal cese, y designando a Roberto Micheleti Baín como “Presidente Constitucional de la República” (Decreto del Congreso Nro. 141-09).
3.Con fecha 30 de junio de 2009, aunque fechada el 30 de junio de 2008, se emitió el Decreto Ejecutivo Nro. 011-2009, firmado por el Sr. Micheleti, restringiendo los siguientes derechos constitucionales: la libertad personal, “detención e incomunicación por más de 24 horas” (sic), la libertad de asociación y reunión, el derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Los anteriores derechos se encuentran contemplados en los artículos 69, 71, 72, 78, 79, 81, 84, 99 de la Constitución.
El Decreto estableció que los derechos mencionados serían restringidos de 10:00 pm a 5:00 am en todo el territorio – conforme a lo establecido por la Ley de Estado de Sitio-, por el término de setenta y dos horas a partir de la aprobación del mismo.
En la indicada norma, -que a fecha de hoy y 23 dias despues de su promulgacion continua en vigor- no sólo no figura el mecanismo de prórroga de la suspensión de los citados derechos, sino que el Decreto no ha sido publicado hasta la fecha en el diario oficial de la Republica de Honduras. Cabe señalar que el artículo 211 de la Constitución de Honduras dispone que la publicidad de las normas constituye un requisito esencial de validez de éstas.
La restricción o suspensión de derechos está exclusivamente prevista por la Constitución hondureña (art.187) para los supuestos de invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, de epidemia o de cualquier otra calamidad.
4.El decreto de suspensión de los derechos fundamentales de los hondureños continua siendo aplicado pese a haberse vencido el plazo de 72 horas de duración originalmente contemplado en el decreto que dispuso estas restricciones; y no existe ningún decreto posterior que haya prorrogado formalmente esta suspensión. Asimismo, de forma diaria y a través de comunicados en diversos medios de comunicación, se ha venido variando aleatoriamente los horarios de vigencia del Toque de Queda impuesto en la capital y en el interior del país.
5.Existe incertidumbre sobre el horario del toque de queda y el alcance de la restricción de garantías. Preguntados sobre el horario del toque de queda, varios funcionarios entrevistados por la Mision, dieron horarios diferentes y expresaron diferencias sobre su contenido.
6.La Misión muestra su perplejidad por la actitud en apoyo al golpe de Estado mantenida por la alta jerarquía católica hondureña y representantes de algunas iglesias evangélicas, y su implicación activa en la organización de las movilizaciones de respaldo a éste convocadas por el régimen de facto.
7.La Misión internacional sobre derechos humanos en Honduras ha identificado la existencia de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el país con posterioridad al golpe de Estado. De igual forma, ha constatado la desprotección de numerosos afectados ante la respuesta inadecuada de las instituciones que son constitucionalmente responsables de velar por el respeto a los derechos fundamentales de los y las hondureñas. En particular, la Misión llama la atención sobre la grave omisión del cumplimiento de las obligaciones funcionales del Comisionado Nacional de Derechos Humanos, Sr. Ramón Custodio.
8.Entre las vulneraciones de derechos fundamentales denunciados ante la Misión se encuentran un importante número de ejecuciones extrajudiciales, centenares de detenciones arbitrarias, mùltiples amenazas, cercenamiento de la libertad de expresión e información, así como restricciones indebidas a la libertad de circulación, enmarcado todo ello en un contexto de clara persecución política que afecta especialmente a dirigentes políticos y sindicales, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, ciudadanos-as extranjeros, entre otros.
9.En efecto, desde que se consumó el golpe de Estado y en relacion a este, según diversas fuentes constatadas por la Mision, han sido reportadas las siguientes muertes de personas: ISIS OBED MURILLO MENCIAS, de 19 años, muerto por disparos de las Fuerzas Armadas durante la marcha celebrada el 05 de julio por los partidarios del presidente depuesto al aeropuerto de Toncontin, Tegucigalpa; GABRIEL FINO NORIEGA, periodista de radio Estelar, en el departamento de Atlántida, asesinado de 7 impactos de bala el 3 de julio cuando salía de su centro de trabajo; RAMON GARCIA, líder del partido politico Unión Democrática (UD), obligado a bajar de un vehículo de transporte público cuando regresaba de una manifestación y acribillado a tiros en la localidad de Santa Bárbara por desconocidos; ROGER IVAN BADOS, ex dirigente sindical del sector textil y actual militante de la UD y del Bloque Popular (BP), amenazado de muerte con posterioridad al golpe y asesinado a tiros tras sacarlo por la fuerza de su propia casa el 11 de julio en San Pedro Sula; VICKY HERNANDEZ CASTILLO (SONNY EMELSON HERNANDEZ), miembro de la comunidad LGTB, muerto en San Pedro Sula por un impacto de bala en el ojo y con señales de estrangulamiento, durante el toque de queda; y una persona no identificada, vestida con una camiseta de la denominada “cuarta urna”, encontrada muerta el 3 de julio en el sector de “La Montañita” en Tegucigalpa, lugar que fue cementerio clandestino de ejecuciones extrajudiciales durante los años 80. La misión continúa verificando otras denuncias de ejecuciones extrajudiciales.
10.La Misión ha recibido del Centro de Investigaciones y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), denuncias relacionadas con la desaparición forzosa de: Anastasio Barrera de 55 años, afiliado a la Central Nacional de Trabajadores del Campo, secuestrado en San Juan Pueblo, Atlántida, el día 5 de julio de 2009 por cuatro individuos que vestían chalecos de policía. Se ha reportado, asimismo, que Manuel Sevilla, de 19 años, fue desaparecido en San Pedro Sula el día 12 de julio luego de volver de una manifestación.
11.En cuanto a vulneraciones a la integridad de las personas, la misión tomó nota de amenazas, con ocasión del golpe de Estado, que afectan a diversos grupos dentro de la sociedad hondureña: periodistas críticos al régimen de facto, alcaldes, sindicalistas, dirigentes de organizaciones populares, defensores-as de derechos humanos, maestros, diputados. Hemos documentado más de 100 personas en esta situación.
12. Hemos recibido informaciones relativas a la utilización política de la capacidad legítima del Estado de investigar y sancionar a personas vinculadas a la comisión de delitos. El caso que puede ilustrar esta tendencia es el del padre de Isis Obed Murillo, Don José David Murillo Sánchez, quien fuera capturado luego de que rindiera testimonio ante la Fiscalía de Derechos Humanos por el asesinato de su hijo. Su captura y posterior detención fue justificada con base en un antiguo proceso judicial que se encontraba paralizado, el mismo que fue reactivado luego de que Murillo acudiera a la justicia a denunciar la muerte de su hijo. De la lectura del expediente y la entrevista con jueces, testigos, abogados y el propio señor Murillo se deducen serias violaciones al debido proceso, la defensa, la libertad, etc. Otras denuncias recibidas comprenden asimismo procesos relativos a funcionarios del Gobierno depuesto.
13.Según lo afirmado a la Mision por el General Director de la Policia Nacional. Sr Escoto Salinas, se han registrado a la fecha 1275 detenciones vinculadas con infracciones al toque de queda y por otros motivos relacionado con las manifestaciones de protesta contrarias al golpe.
14.Respecto a la detención arbitraria de extranjeros, cabe señalar que en las últimas semanas aumentaron significativamente éstas; en particular, la de aquellos extranjeros de nacionalidad nicaragüense quienes se han visto afectados de manera desproporcionada por detenciones arbitrarias e irregulares. Sólo durante esta semana se han registrado allanamientos sin orden judicial y detenciones arbitrarias de, por los menos, veinte personas nicaragüenses.
15.Durante los días 20 y 21 de julio, miembros de la Misión constataron las violaciones de derechos humanos que sufrieron los jóvenes de nacionalidad nicaragüense: Jarlen Manuel Torres Torres, Noe Emilio Avellan Ruiz, Tulio Rafael Bendaña Mejía, Alejandro José García Obregón, Pablo Yase Benoaria, Jorge Danilo Flores, Francisco Israel Connor, Carlos David Bendaña Mejía, Jose Gonzáles, Darwin Antonio Reyes Lazo, Miguel Ángel Aguilar Fernández, Henry Geovany Martínez López y David Jirón. Ellos fueron detenidos arbitrariamente alegando infracciones administrativas al derecho de extranjeria, siendo sujetos a malos tratos, no se les ofreció asistencia consular, ni se les brindó condiciones de detención adecuadas, en algunos casos se les mantuvo detenidos en celdas policiales con otras personas acusadas de la comisión de delitos comunes, no tuvieron acceso a un juez ni a un defensor. Estas acciones fueron llevadas a cabo por miembros de la Policía Nacional Civil.
16.Las autoridades justifican estas detenciones en la existencia de “amenazas externas” al régimen de facto. Hasta el momento, las detenciones no han provisto de evidencia alguna respecto de la participación de los más de 100 afectados en acciones que comprometan la seguridad nacional. Por el contrario, muchos de los detenidos son comerciantes, trabajadores o migrantes, algunos de ellos-as con sólidos vínculos familiares y arraigo acreditado en Honduras.
17.Numerosos medios de comunicación locales contribuyen con esta práctica y política xenofóbica otorgando una cobertura sensacionalista de las detenciones de nicaragüenses e invitando a la población a denunciar la presencia de ciudadanos extranjeros en actitudes sospechosas.
18. La misión ha recibido múltiples denuncias relacionadas con el reclutamiento forzoso de jóvenes por parte del Ejército en zonas rurales, para integrarlos a las reservas.
19. En materia de Libertad de Expresión, hemos constatado graves restricciones a la libertad de expresión con posterioridad al golpe de Estado. En Tegucigalpa, Canal 36, Radio TV Maya y Radio Globo fueron militarizadas como parte del operativo de silenciamiento de medios de comunicación ocurrido con ocasión del golpe. Se suspendió temporalmente la transmisión de Canal 36 y hemos recibido denuncias, así como hemos constatado, el asalto a diversos locales de medios de comunicación y amenazas de muerte contra periodistas, el bloqueo de sus transmisiones o la interceptación telefónica y bloqueo de su acceso a internet.
20.La Misión fue informada del ametrallamiento, después del golpe, de la cabina de transmisión de Radio Juticalpa en Olancho, y de las amenazas de muerte producidas contra periodistas como el director del diario El Libertador, Sr. JHONNY JOSE LAGOS ENRIQUEZ, así como contra LUIS GALDANES, conductor del programa radial “Tras la Verdad”. El señor Lagos viene siendo objeto, además, de una persecución judicial promovida por el Fiscal General de Honduras, Dr. Luis Rubí, en base al art. 349 del Código Penal de Honduras que solo puede aplicarse a servidores públicos, condición que el señor Lagos Henríquez no tiene.
21.En la ciudad de Progreso, por otra parte, las fuerzas militares ocuparon y silenciaron las trasmisiones de Radio PROGRESO, siendo hostigado su director el sacerdote jesuita ISMAEL MORENO, detenido temporalmente el periodista ROMELL ALEXANDER GÓMEZ MEJÍA y recibido amenazas de muerte en el caso del periodista ROMEL ROMERO, canalizadas a través del teléfono celular de su esposa, la Sra. MIRIAM ESPINAL. Igualmente, el Equipo de Reflexión y Comunicación (ERIC), estrecho colaborador de Radio Progreso, viene siendo objeto de amenazas y hostigamiento por parte de fuerzas militares que se encuentran permanentemente situadas frente a su sede en la Casa San Ignacio, Boulevard Canán, en Progreso.
22.Situación similar a las anteriores padece OSMAN DANILO COREA, periodista del Canal 26 TV Atlántica en el Departamento de Colón, quien informó a la Misión que los militares han indicado a los medios de comunicación del departamento que no pueden trasmitir otras versiones o informaciones que no sean las del presidente de facto Micheleti. El señor Correa relató que recibió una llamada del Capitán de apellido Tercero, Jefe de la Base Naval de Castilla, próxima a Trujillo, para prohibirle trasmitir información sobre marchas distintas de los “camisetas blancas” (partidarios del gobierno de facto), amenazándolo con decomisarle los equipos en caso de desobedecer, añadiendo “porque nosotros mandamos, las fuerzas armadas tenemos el poder”. La Misión recibió, asimismo, la denuncia de hostigamiento y persecución sufrida por el periodista de televisora “La Cumbre” Sr. JORGE ORLANDO ANDERSON del pueblo de Bonito Oriental, por parte de militares de la ya referida base naval de Castilla.
23.El periodista NAHUM PALACIOS de Tocoa, refirió haber sido amenazado por el mismo Capitán Tercero de la Base Naval de Castilla el 28 de junio, quien ordenó la detención de 4 miembros de Televisora del Aguan, Canal 5. Por su parte, el periodista, Presidente del Sindicato de Maestros de Tocoa y Director del programa de noticias Centro de Noticias de Colón Sr. WILFREDO PAZ ha recibido constantes amenazas anónimas de quemarle la emisora si continuaba con sus emisiones, ordenando el ya referido Capitán Tercero, que la empresa de cable cortara la trasmisión del programa del Sr. Palacios.
24. La Mision ha recibido igualmente denuncias muy concretas de la actuacion de grupos paramilitares, compuestos por civiles vinculados supuestamente a organizaciones de narcotraficantes, y a grupos de seguridad privada al servicio de destacados empresarios, quienes vestidos con traje de camuflaje operan conjuntamente con miembros del XV Batallón del Ejercito Hondureño en el departamento de Colón.
25.La Misión, ha constatado, asimismo, amenazas y coacciones a trabajadores-as en sus puestos de trabajo relacionadas con su asistencia a marchas contrarias al golpe; asi como actuaciones coactivas para garantizar su asistencia obligatoria a marchas convocadas por el régimen de facto y la empresa privada.
iii.Conclusiones
La Misión internacional constató la existencia de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos en Honduras con posterioridad al golpe de Estado. Algunas de ellas tienen como origen la aplicación de normas abiertamente contrarias a los compromisos internacionales de protección de derechos humanos, la militarización de funciones de seguridad e instituciones estatales, abusos por parte de fuerzas de seguridad del Estado y la falta de respuesta de los mecanismos de garantía del Estado.
Una de las conclusiones fundamentales de la visita consiste en determinar que el Decreto 11-2009, de suspensión de garantías, establece restricciones a una amplia gama de derechos fundamentales incluyendo la libertad personal, la movilidad y otros, así como su aplicación, contrarían las obligaciones internacionales del Estado en la materia.
Los vicios identificados en el Decreto 11-2009 hacen ilegítimas las medidas adoptadas con fundamento en el mismo, como por ejemplo, las centenares de detenciones por toque de queda, allanamientos y las restricciones a la libertad de movilización en las carreteras.
La Misión considera que uno de sus hallazgos fundamentales consiste en establecer la desprotección de numerosos afectados por las graves violaciones perpetradas ante la respuesta inadecuada de las instituciones que son responsables de velar por la garantía de los derechos fundamentales de los y las hondureñas. Ello es evidenciado en la manifiesta falta de recursos de la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, así como en la inoperancia de la Corte Suprema para decidir sobre la legalidad del decreto de suspensión de garantías y otros amparos sobre violaciones a derechos fundamentales ocurridas con ocasión del golpe, y la negligencia del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.
Más aún, es posible sostener, que algunas instituciones de control de derechos han asumido un papel abiertamente cómplice de las autoridades de facto, haciendo caso omiso de sus funciones constitucionales y legales.
El golpe ha colocado en una situación de mayor precariedad en la tutela de sus derechos a varios colectivos que estaban en una situación de vulnerabilidad con antelación al 28 de junio, como ocurre con la comunidad LGTB.
Hemos constatado serias limitaciones a la libertad de expresión y amedrentamientos destinados a restringir la circulación de información que critique al régimen de facto. A su vez, consideramos que una parte de los medios de masivos comunicación del país ha tenido una actitud irrespetuosa con la pluralidad de ideas y la democracia. En ocasiones, estos medios se han hecho eco de posiciones abiertamente represivas e incitadoras de la violencia contra los partidarios del gobierno depuesto.
Quisiéramos destacar el papel destacado que han jugado y siguen jugando en esta coyuntura numerosos defensores-as de derechos humanos, quienes a pesar de la adversidad, la falta de recursos y los riesgos a su integridad y su vida, han levantado su voz para denunciar los abusos, proteger a las víctimas y defender la institucionalidad democrática. Valoramos especialmente el papel de las mujeres y sus organizaciones para defender la democracia y los derechos humanos en Honduras
iv.Recomendaciones
I.A la comunidad internacional de Estados
1- Implementar todas las medidas necesarias para contribuir a garantizar el goce y disfrute de los derechos humanos de la población hondureña;
2- Mantener una posición firme de condena al golpe de Estado, exigiendo la restitución del Presidente Zelaya y el restablecimiento del orden constitucional;
3- Mantener la suspensión de las relaciones diplomáticas con el régimen de facto, así como de cualquier apoyo económico o financiero dirigido a las instituciones del Estado involucradas en el golpe de Estado;
4- Desconocer los resultados de elecciones convocadas por el gobierno de facto, tal y como fue expresado por el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, asi como desconocer cualquier decision adoptada por dicho gobierno.
·Sobre las relaciones bilaterales con Honduras
5- Las embajadas presentes en el país deben continuar y reforzar las medidas apropiadas para contribuir a la protección de los defensores y defensoras de derechos humanos y activistas de la sociedad civil, entre otras, mediante
§Visitas a las oficinas de personas y organizaciones en riesgo
§Invitaciones e intercambios constantes con las mismas
§Apoyo logístico que sea pertinente para su seguridad
§Implementación de un sistema de alerta y emergencia de acceso inmediato para personas en riesgo.
§Abrir conjuntamente con ONG internacionales un apoyo adicional para la sociedad civil hondureña, para reforzar su capacidad de proteger y monitorear DDHH. En particular, es necesario de aumentar los recursos humanos y financieros para que atiendan las necesidades en el interior del país.
6- La cooperación internacional debe mantener la suspensión de apoyo presupuestario y de programas a instituciones del Estado que han estado involucrados en el golpe de estado, manteniendo la ayuda humanitaria, la cooperación con los municipios y con las organizaciones de la sociedad civil hondureña.
7- Los Estados deben tomar medidas contra los principales responsables del golpe, tales como la restricción de otorgar visas y el congelamiento de cuentas bancarias en el exterior.
·Relaciones entre Unión Europea y Honduras
8- Con respecto a las relaciones entre Honduras y la Unión Europea, deben aplicarse las medidas siguientes:
·La cláusula democrática contemplada en el art. 1 del Acuerdo Marco de Cooperación entre la Unión Europa y Centroamérica del 1993, que faculta la suspensión de la cooperación en caso de grave quebrantamiento del orden constitucional.
·Abstención de relaciones diplomáticas con el nivel de vice-ministros del gobierno ilegítimo, como también con todos los representantes diplomáticos en terreno de la Unión Europea que apoyan al gobierno de facto.
·Suspensión, más allá del apoyo presupuestario, de todos los programas dirigidos a apoyar las instituciones del Estado que han estado involucradas en el golpe de estado.
·Mantener la decisión de suspender las negociaciones del Acuerdo de Asociación entre la UE y América Central hasta que se restituya el orden constitucional en Honduras.
·Suspensión de Honduras del Sistema General de Preferencias (SGP plus) de la Unión Europea.
II.A los órganos y organismos internacionales
9- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe continuar monitoreando la situación de los derechos humanos en Honduras y emitiendo recomendaciones para proteger a la población en Honduras, en este sentido urgen las siguientes acciones:
§Seguir otorgando medidas cautelares para proteger a las personas en situación en riesgo
§Realizar a la brevedad la visita in situ al país y emitir un informe con las recomendaciones que estime convenientes.
10- El Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas debe pronunciarse en contra del golpe de Estado en Honduras y adicionalmente debe tomar medidas que contribuyan al restablecimiento del orden constitucional.
11- El sistema de protección de Derechos Humanos de la ONU debe activar los mecanismos apropiados para abordar la situación de derechos humanos en Honduras, en particular considere la pertinencia de:
§Adoptar una resolución a nivel del Consejo de Derechos Humanos;
§Establecer una oficina permanente del Alto Comisionado de Derechos Humanos en Honduras;
§Realizar visitas de verificación de las relatorías especiales competentes en materia de libertad de expresión, defensores y defensoras de derechos humanos e independencia de los jueces y abogados.
12- La Corte Penal Internacional debe actuar preventivamente. Por ello solicitamos al Fiscal General de la Corte Penal Internacional iniciar diligencias conducentes a una posible investigación penal conforme a la disposición del art. 7, numeral g del Estatuto de Roma que contempla la competencia por el crimen de persecución política.
Ante la gravedad de la situación de derechos humanos, hemos tomado la decisión entre las organizaciones nacionales e internacionales involucradas en la misión, iniciar en seguimiento a esta misión un Observatorio de Derechos Humanos en Honduras.
Los integrantes de la Misión de Observación sobre la situación de los Derechos Humanos en Honduras, han sido las siguientes personas:
·Luis Guillermo Pérez (CIFCA)
·Marcia Aguiluz (CEJIL)
·Viviana Krsticevic (CEJIL)
·Martin Wolpold-Bosien (FIAN Internacional)
·Jorge Rojas (CODHES)
·Benjamín Cuellar (IDHUCA)
·Miguel Jugo (Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú)
·Javier Mujica (FIDH)
·Efraín Olivera (PIDHDD, SERPAJ)
·Enrique Santiago (IEPALA, Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos – España)
·Ellen Verryt (Solidaridad Mundial)
·Hans Peter Dejgaard(IBIS – Dinamarca)
·Katrin Erlingsen (Asesora del Presidente de la Comisión de Cooperación económica y Desarrollo del Parlamento alemán)
·Leo Gabriel (Instituto de Investigaciones Interculturales y de cooperación – Austria)
·Katia Nouten (CIFCA)
·Dolores Jarquín (Alianza Social Continental)
·Francois Houtart (Centro de Estudios Tricontinental)

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[es] CIDH exige medidas cautelares para activistas, sindicalistas, periodistas, politicos hondurenos/as

http://www.cidh.oas.org/medidas/2009.sp.htm

Medidas Cautelares otorgadas por la CIDH durante el año 2009

MC 196-09 – Ampliación de Medidas Cautelares, Honduras

El 10 de julio de 2009, la CIDH decidió una nueva ampliación de las medidas cautelares MC 196-09, a fin de salvaguardar la vida e integridad de personas en Honduras respecto de las cuales se ha recibido indicaciones de la existencia de una situación de riesgo. Esta lista de personas protegidas complementa las listas que fuesen transmitidas por comunicaciones de 28 y 29 de junio y 2 de julio de 2009.

La CIDH solicitó que se adopten las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad personal de todos los beneficiarios. En particular, respecto de las personas detenidas y/o con paradero desconocido, la Comisión solicitó que se informe sobre su paradero y, en caso de detención arbitraria, que se disponga su inmediata libertad. La CIDH solicitó contar con información sobre la implementación de las medidas requeridas antes del 15 de julio de 2009.

A través de la ampliación decidida el 10 de julio de 2009 por la CIDH, las siguientes personas pasaron a estar incluidas en el marco de las medidas cautelares:

  1. Andrés Tamayo, presidente del Movimiento Ambientalista de Olancho, quien habría sido objeto de amenazas y de agresiones por parte de efectivos de la Fuerza Pública durante una manifestación el 3 de julio de 2009;
  2. Angélica Patricia Benitez, ex diputada del Congreso Nacional por el partido Unificación Democrática y esposa del actual diputado del mismo partido, César Ham, respecto de quien se recibió información de que habría sido objeto de agresiones por miembros de la Fuerza Pública el 30 de junio de 2009 y cuya residencia habría sido ametrallada en los últimos días; y
  3. Alexis Núñez, Edwin Noel Mejía, Melvin Anael Romero y René Ruiz: sobre estas cuatro personas, la CIDH ha recibido información de que han sido objeto de reclutamiento militar forzoso por parte de efectivos de la Fuerza Pública hondureña y que se desconoce su paradero.

La Comisión solicitó asimismo información sobre la situación de las siguientes personas, sobre las cuales se ha recibido información de que se encuentran en riesgo por su condición de líderes sindicales:

  1. Daniel Durón;
  2. Eliseo Hernández;
  3. Hilario Espinoza;
  4. Idalmi Cárcamo;
  5. Jaime Vallecillo Turcios;
  6. Javier Alonso Valladares Aciego;
  7. José Marcial Zúñiga Rodríguez;
  8. José Zuñiga;
  9. Luis Alonzo Mayorga Galvez;
  10. Marco Tulio Sanchez del Cid;
  11. Mauro Enrique Soto Gómez;
  12. Roque García Solórzano;
  13. Rufino García Espinoza;
  14. Víctor Arita Petit;
  15. Víctor Manuel Izaguirre Varela; y
  16. Vladimiro Santos Espinal.

Asimismo, en ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Comisión solicitó información sobre la situación de las personas y situaciones, según el siguiente detalle:

Personas

  1. Carlos Mencía, dirigente campesino y candidato a diputado por el partido Unificación Democrática, respecto de quien se recibió información de la existencia de órdenes de captura en su contra en la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro;
  2. Lety Orfilia Figueroa Rivera, líder social de Guapinol, Tocoa, Colón, respecto de quien se recibió información de habría sido objeto de amenazas y que existe orden de captura en su contra;
  3. Maribel Barahona, candidata a diputada por el Partido Unificación Democrática, respecto de quien se recibió información sobre la existencia de una orden de detención en su contra en la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro;
  4. Melany Mercedes Perdomo Gaitán, líder social de Guapinol, Tocoa, Colón, respecto de quien se recibió información de que habría sido objeto de amenazas y que existe orden de captura en su contra;
  5. Paula Durán, maestra, ex comisionada municipal de derechos humanos y líder de una organización local de mujeres, respecto de quien se recibió información se recibió información sobre la existencia de una orden de captura en su contra en la ciudad de Olanchito, departamento de Yoro;
  6. Héctor Castellano, periodista, respecto de quien se recibió información de que habría sido objeto de amenazas de muerte;
  7. Rommel Gomez, periodista, respecto de quien se recibió información de que habría sido golpeado y detenido, mientras cubría protestas populares en el Parque Central de San Pedro Sula. Se alega también que efectivos de la Fuerza Pública habrían sustraído sus documentos personales;
  8. Jorge Otts Anderson, periodista, respecto de quien se recibió información de que los militares le buscaban para aprehender sus instrumentos de trabajo; y
  9. Nahún Palacios, periodista, respecto de quien se recibió información de que el 30 de junio de 2009 efectivos de la Fuerza Pública habrían allanado su casa, le habrían confiscado equipos de trabajo, agarraron a sus niños con fusiles y que habrían sido objeto de amenaza por parte de militares.

Eventos

  1. los acontecimientos en el aeropuerto de Toncontin el 5 de julio de 2009, en los cuales se reportó muerto Isis Obeth Murillo, y resultaron heridos Adriana Izaguirre, Darwin Antonio Lagos, Guillermo López, José Antonio (sin apellido reportado todavía);
  2. le muerte del periodista Gabriel Fino Noriega, corresponsal de la Radio América en San Juan Puebla, Atlántida, asesinado el 3 de julio de 2009 cuando salía de la oficina de la Radio América;
  3. el hallazgo de un cuerpo en “La Montañita”, con aparentes señales de tortura y una camiseta de apoyo a la cuarta urna; y
  4. el hallazgo de dos cuerpos en un barril en Tegucigalpa, con dinero y teléfono intactos y con los brazos amarrados con cordones de zapatos.

Libertad de expresión

  1. la interrupción de la señal de radio Santa Rosa de Copán, del departamento homónimo, el 3 de julio de 2009;
  2. una manifestación compuesta por varios miles de personas frente a la Casa Presidencial en Tegucigalpa el 3 de julio de 2009, dispersada por militares y policías y en la cual se habría golpeado y detenido a personas;
  3. una manifestación compuesta por unos cuatro mil campesinos en el departamento de Olancho, que se encontraba sobre las 2:00 a.m. del 3 de julio de 2009 en el pueblo de Limones cuando fue dispersada por militares y policías y en la cual se habría golpeado y detenido a personas.

MC 196-09 – Ampliación de Medidas Cautelares, Honduras

Enlace a la carta enviada por las autoridades de facto de Honduras el 3 de julio de 2009 sobre MC 196-09

El 3 de julio de 2009, la CIDH decidió una nueva ampliación de las medidas cautelares MC 196-09, a fin de salvaguardar la vida e integridad personal de personas respecto de las cuales se ha recibido indicaciones de la existencia de una situación de riesgo. Esta lista de personas protegidas complementa las listas que fuesen transmitidas por comunicaciones de 28 y 29 de junio y 2 de julio de 2009.

La CIDH solicitó que se adopten las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad personal de todos los beneficiarios. En particular, respecto de las personas detenidas y/o con paradero desconocido, la Comisión solicitó que se informe sobre su paradero y, en caso de detención arbitraria, que se disponga su inmediata libertad. La CIDH solicitó contar con información sobre la implementación de las medidas requeridas en un plazo de 48 horas. A través de la ampliación decidida hoy por la CIDH, las siguientes personas pasaron a estar incluidas en el marco de las medidas cautelares:

  1. Adán Funes, Alcalde de Tocoa, Colón;
  2. Adelmo Rivera, Alcalde de Sonaguera, Colón;
  3. Buenaventura Calderón, líder social de Puerto Lempira, Gracias a Dios;
  4. Dagoberto Rodríguez, director de la radio Cadena Voces; se ha recibido indicaciones de que habría sido objeto de amenazas telefónicas;
  5. Esteban Félix, periodista de Associated Press; se recibió información de que fue detenido el 29 de junio de 2009 y llevado hasta una oficina de migraciones donde se le habría interrogado por su visado para trabajar en el país;
  6. Evelio Sánchez, líder social de Guapinol, Tocoa, Colón;
  7. Fabio Ochoa, Presidente local del partido Unificación Democrática en Tocoa; se recibió información que, tras haber sido víctima de un atentado con arma de fuego antes del golpe de Estado y encontrarse en estado de extrema gravedad, fue desalojado del hospital donde se encontraba bajo tratamiento;
  8. Felipe Antonio Gutiérrez, líder social de Guapinol, Tocoa, Colón;
  9. Filemón Flores, asesor del Alcalde de Tocoa, Colón;
  10. Geraldina Cerrato, responsable de la oficina municipal de la mujer de la ciudad de Tocoa;
  11. Humberto Maldonado, líder social de Guapinol, Tocoa, Colón;
  12. Iris Munguía, Coordinadora de Sindicatos  Bananeros de Honduras; se recibió información que fue detenida en una manifestación en San Pedro Sula el 2 de julio de 2009, y se desconoce su paradero;
  13. Juan Ramón Sosa, periodista de La Tribuna, respecto de quien se recibió indicaciones de que fue golpeado e insultado por policías cuando cubría una manifestación el 29 de junio de 2009. Además, se le habría decomisado su cámara de fotos;
  14. Manuel Membreño, líder social de Guapinol, Tocoa, Colón;
  15. Nicolás García, periodista de Associated Press, respecto de quien se recibió información de que fue detenido el 29 de junio de 2009 y llevado hasta una oficina de migraciones donde se le habría interrogado por su visados para trabajar en el país;
  16. Waldemar Cabrera, líder social de Puerto Lempira, Gracias a Dios; y
  17. Wilfredo Paz Maestro, Miembro de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras.

En su comunicación, la Comisión Interamericana también reiteró que, en atención a las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deben ser adoptadas todas las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad personal de los defensores de derechos humanos, los periodistas, los familiares del Presidente Zelaya, y los observadores internacionales presentes en Honduras.

Adicionalmente, la Comisión solicitó información detallada en el plazo de 24 horas sobre las siguientes situaciones:

Estado de excepción

  1. la represión de manifestaciones pacíficas, como resultado de la cual habría personas desaparecidas, heridas, golpeadas, arrestadas y en las cuales se habría lanzado bombas lacrimógenas.  En particular, se solicita información sobre una manifestación en San Pedro Sula el 2 de julio de 2009; y
  2. el ataque contra el diario La Prensa de San Pedro Sula el 29 de junio de 2009, cuando un grupo de manifestantes habría lanzado palos y piedras contra la entrada del periódico.

Las decisiones de la Comisión se basan en solicitudes de medidas cautelares y hechos de conocimiento público. La lista de situaciones sobre las cuales se solicita información también complementa las listas que fuesen transmitidas por comunicaciones de 28 y 29 de junio y 2 de julio de 2009.

MC 196-09 – Ampliación de Medidas Cautelares, Honduras

El 2 de julio de 2009, la CIDH decidió una nueva ampliación de las medidas cautelares MC 196-09, a fin de salvaguardar la vida e integridad de personas en Honduras respecto de las cuales se ha recibido indicaciones de la existencia de una situación de riesgo. La CIDH solicitó que se adopten las medidas necesarias para asegurar la vida e integridad personal de todos los beneficiarios. En particular, respecto de las personas detenidas y/o con paradero desconocido, la Comisión solicitó que se informe sobre su paradero y, en caso de detención arbitraria, que se disponga su inmediata libertad. La CIDH solicitó contar con información sobre la implementación de las medidas requeridas en un plazo de 48 horas. A través de la ampliación decidida hoy por la CIDH, las siguientes personas pasaron a estar incluidas en el marco de las medidas cautelares:

1.      Adriana Sivori, periodista de TeleSUR, respecto de quien se ha recibió información de que fue detenida arbitrariamente por fuerzas militares, despojada de sus equipos de trabajo y documentación, y trasladada a un lugar desconocido

2.      Alan McDonald, caricaturista, especto de quien se recibió información de que fue detenido junto con su hija de 17 meses y que un grupo de soldados saqueó su casa y destruyó sus caricaturas

3.      Alejandro Villatoro, periodista de Radio Globo,

4.      Andrés Pavón Uribe, Miembro del comité de derechos humanos de Honduras,

5.      Ángel Alvarado, miembro del comité nacional de resistencia,

6.      Arcadia López, Ministra de staff de la casa presidencial,

7.      Bertha Oliva de Nativí, miembra del comité de familiares detenidos y desaparecidos de Honduras,

8.      Carlos Eduardo Reina, miembro del Comité nacional de resistencia,

9.      Carlos Humberto Reyes, miembro del bloque popular,

10.  Carlos Melano, Asistente del presidente Zelaya,

11.  Clyburn St. John, periodista de TeleSUR,

12.  Danny Reyes, dirigente de la Asociación LGTB Arcoiris de Honduras, respecto de quien se recibió de que fue trasladado a una estación policial el 29 de junio de 2009

13.  David Ellner Romero, periodista del canal 36 y/o Radio Globo, respecto de quien se recibió información de que fue desaparecido forzosamente el 28 de junio de 2009 por efectivos militares encapuchados

14.  Doris García, Ministra del instituto nacional de la mujer,

15.  Eduardo Maldonaldo, periodista del canal 36, respecto de quien se recibió información de que habría sido desaparecido forzosamente el 28 de junio de 2009 por efectivos militares encapuchados

16.  Edward Yeferí Lobo Sánchez, defensor de los derechos de la niñez y juventud

17.  Enrique Flores Lanza, Secretario de la presidencia,

18.  Enrique Reina, Asistente del presidente Zelaya,

19.  Eulogio Chávez, miembro del Comité nacional de resistencia,

20.  Franklin Mejía, periodista de Radio Globo,

21.  Freddy Quintero, periodista de TeleSUR, respecto de quien se ha recibido información de que habría sido detenido arbitrariamente por fuerzas militares, despojada de sus equipos de trabajo y documentación, y trasladada a un lugar desconocido

22.  Guillermo de Jesús Mayen Jiménez, defensor de los derechos de la niñez y juventud y miembro del partido político unión democrática, respecto de quien se recibió información de que fue perseguido y acosado por las fuerzas de seguridad por su pertenencia al partido unión democrática

23.  Hector Licona, funcionario de la Asociación LGTB Arcoiris de Honduras, respecto de quien se recibió información de que habría sido trasladado a una estación policial el 29 de junio de 2009

24.  Israel Moreno, director de la Radio Progreso,

25.  Israel Salinas, Miembro del sindicato mayoritario,

26.  Juan Barahona, miembro del bloque popular,

27.  Larry Sánchez, periodista de TeleSUR, respecto de quien se recibió información de que fue detenido arbitrariamente por fuerzas militares, despojado de sus equipos de trabajo y documentación, y trasladado a un lugar desconocido

28.  Lidieth Díaz, periodista de Radio Globo,

29.  Luter Castillo Harris, Jefe de cooperación externa de a cancillería de la república,

30.  Madeleine García, periodista de TeleSUR,

31.  Marco Tulio Burgos Córdova, Comisionado Nacional del Comité Permanente de Contingencias,

32.  María José Díaz, periodista de TeleSUR, respecto de quien se recibió información de que habría sido detenida arbitrariamente por fuerzas militares, despojada de sus equipos de trabajo y documentación, y trasladada a un lugar desconocido

33.  Marvin Ponce, Diputado del congreso nacional por el partido unificación democrática,

34.  Matilde Durón Ochoa, defensora de los derechos de la niñez y juventud,

35.  Mayra Mejía, Secretaria del Trabajo,

36.  Milton Jiménez Puerto, Presidente de la Comisión de Banco y Seguros,

37.  Miriam Mejh, Instituto de la Juventud,

38.  Orlando Villatoro, periodista de Radio Globo,

39.  Patrick Pavón, funcionario de la Asociación LGTB Arcoiris de Honduras, respecto de quien se recibió información de que fue agredido por efectivos de la Policía Nacional y militares

40.  Rafael Alegría, dirigente nacional de la vía campesina,

41.  Regina Osorio, periodista de TeleSUR,

42.  Roger Ulises Peña, sindicalista, respecto de quien se recibió información de que fue atropellado a las 9:00 a.m. del lunes 29 de junio de 2009 por un comando militar y que se encuentra en estado de gravedad

43.  Rony Martínez, periodista de Radio Globo,

44.  Salvador Zúñiga, miembro del consejo cívico de organizaciones populares e indígenas de Honduras,

45.  Sara Elisa Rosales, miembro de la organización las lolas y movimiento feminista,

46.  Tomás Andino Mencía, defensor de los derechos de la niñez y juventud.

Por otra parte, la Comisión solicitó información con un plazo de 48 horas sobre las siguientes situaciones:

Estado de excepción

1.      si se han adoptado medidas excepcionales para restringir o suspender derechos individuales y, en ese caso, cuáles medidas han sido adoptadas para asegurar la observancia de los derechos fundamentales y garantías judiciales inderogables de las personas;

2.      el decreto 011-2009, mediante el cual se restringieron derechos fundamentales;

3.      si se ha producido alguna muerte en conexión con el golpe de Estado, y en este caso información específica al respecto;

4.      el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes al Ejército;

5.      la totalidad de las detenciones que habrían practicado desde el día 28 de junio de 2009 en conexión con el golpe de Estado o en operativos de control de orden público posteriores, identificación completa de las personas detenidas y causas de cada detención, si hay personas recluidas en establecimientos militares o dependencias policiales, si existen personas detenidas incomunicadas y tiempo de incomunicación, si existen disponibles y en funcionamiento recursos judiciales para revisar las causas y condiciones de esas detenciones;

6.      la toma de HONDUTEL por parte de efectivos militares; y

7.      el corte deliberado de servicios de luz y teléfono.

Libertad de expresión

1.      la clausura del Canal 36, el Canal 8 y medios de comunicación estatal;

2.      la prohibición al Diario El Tiempo y el Canal 11 de transmitir declaraciones de funcionarios del Gobierno del Presidente Zelaya;

3.      la toma y clausura de Radio Progreso por elementos militares;

4.      la orden, bajo amenaza de fuerza, para que dos equipos de TeleSUR desmontasen sus equipos e interrumpiesen transmisiones;

5.      la prohibición de transmitir a canales de televisión por cable (vg. TeleSUR, CNN, CubaVisión Internacional); y

6.      la toma de Radio Globo por elementos militares y las presuntas vejaciones, amenazas e intimidaciones contra su personal.

MC 196-09 – Ampliación de Medidas Cautelares, Honduras

El 29 de junio de 2009, la CIDH amplió las medidas cautelares a favor de Edran Amado López, Bertha Cáceres y César Ham. De acuerdo a la información recibida, fuerzas militares rondarían la casa de habitación de Bertha Cáceres, miembra del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, y la casa de habitación de César Ham, Diputado del Congreso Nacional por el Partido Unificación Democrática, habría sido ametrallada. Asimismo, Edran Amado López, periodista del programa Cholusatsur del Canal 36, habría sido detenido y se desconoce su paradero. La CIDH solicitó que se adopten las medidas necesarias para asegurar la vida y la integridad personal de los beneficiarios; en el caso particular de Edran Amado López, que se informe sobre su paradero y, en caso de detención arbitraria, que se disponga su inmediata libertad. La CIDH solicitó información en forma urgente sobre la implementación de esta ampliación de medidas requeridas, a más tardar el 1 de julio de 2009. La CIDH dio el mismo plazo para que Honduras informe sobre la situación de Roger Ulises Peña, Alan McDonald, Adriana Sivori, Larry Sánchez, María José Díaz y Freddy Quintero. Según la información recibida, Roger Ulises Peña, sindicalista, habría sido atropellado el 29 de junio de 2009 por un comando militar y se encontraría en estado grave de salud; Alan McDonald, caricaturista, habría sido detenido arbitrariamente junto con su hija de 17 meses en un operativo en el que un grupo de soldados habría saqueado su casa y destruido sus caricaturas; y Adriana Sivori, Larry Sánchez, María José Díaz, y Freddy Quintero, corresponsales de TeleSUR, habrían sido detenidos arbitrariamente por fuerzas militares y despojados de sus equipos de trabajo y documentación.

La Comisión también solicitó a Honduras informar a la CIDH a más tardar el 1 de julio si se ha declarado un estado de excepción y, en ese caso, cuáles medidas han sido adoptadas para asegurar la observancia de los derechos fundamentales y garantías judiciales inderogables. Asimismo, la Comisión Interamericana solicitó se le informe si se ha producido alguna muerte en conexión con el golpe de Estado, y en este caso información específica al respecto; y sobre todas las detenciones que se habrían practicado desde el día 28 de junio de 2009 en conexión con el golpe de Estado o en operativos de control de orden público posteriores, incluyendo información sobre la identidad de las personas detenidas, las causas de su detención, su actual paradero, si hay personas incomunicadas y si existen recursos judiciales disponibles y en funcionamiento para revisar las causas y condiciones de esas detenciones.

En relación a la situación del derecho a la libertad de expresión, la CIDH solicitó que se le informe sobre la presunta clausura del Canal 36, el Canal 8 y medios de comunicación estatal; la presunta toma de HONDUTEL por parte de efectivos militares; el presunto corte deliberado de servicios de luz y teléfono; la presunta orden, bajo amenaza de fuerza, para que dos equipos de TeleSUR desmontasen sus equipos e interrumpiesen transmisiones; la presunta prohibición de transmitir a canales de televisión por cable (TeleSUR, CNN, CubaVisión Internacional); la presunta prohibición al Diario El Tiempo y el Canal 11 de transmitir declaraciones de funcionarios del Gobierno del Presidente Zelaya; la toma de Radio Globo por elementos militares y las presuntas vejaciones, amenazas e intimidaciones contra su personal, incluyendo a Alejandro Villatoro, Lidieth Díaz, Rony Martínez, Franklin Mejía, David Ellner Romero, y Orlando Villatoro, la presunta toma de Radio Progreso por elementos militares; las medidas adoptadas para asegurar la vida e integridad personal de un periodista del Diario El Heraldo que habría sido atacado por particulares durante una manifestación frente de la Casa Presidencial; y la presunta detención de 22 buses en los que se desplazaban miembros de pueblos indígenas provenientes de Olancho y Jesús de Otoro.

MC 196/09 – Ministra de Relaciones Exteriores de Honduras, Patricia Rodas, y solicitud de información sobre otras personas

El 28 de junio de 2009 la  CIDH otorgó medidas cautelares a favor de la Ministra de Relaciones Exteriores de la República de Honduras, Sra. Patricia Rodas. La decisión adoptada por la Comisión se basa en solicitudes de medidas cautelares presentadas por varias organizaciones, así como en hechos de conocimiento público, de conformidad con los cuales la Ministra Rodas ha sido privada de libertad en forma arbitraria y se ignora su paradero. La CIDH requirió al Estado de Honduras que aclare la situación y paradero de la Ministra Rodas; que adopte las medidas necesarias para proteger su vida e integridad personal; y que se disponga su inmediata libertad. La Comisión informó que requiere contar con información, en forma urgente, sobre la implementación de las medidas requeridas, a más tardar el 30 de junio de 2009.

Por otra parte, la Comisión solicitó al Estado de Honduras información sobre la situación de otras altas autoridades estatales, familiares del Presidente Zelaya y líderes sociales, con el fin de tomar una decisión sobre varias solicitudes de medidas cautelares. La CIDH estableció el mismo plazo del 30 de junio de 2009 para recibir información sobre la situación de estas personas y sobre cualquier medida adoptada para salvaguardar su seguridad. La siguiente es la lista de personas sobre las cuales la CIDH solicitó información:

Autoridades estatales

César Ham, Diputado del Congreso Nacional por el Partido Unificación Democrática;
Marvin Ponce, Diputado del Congreso Nacional por el Partido Unificación Democrática;

Enrique Flores Lanza, Secretario de la Presidencia;

Mayra Mejía, Secretaria del Trabajo;

Doris García, Ministra del Instituto Nacional de la Mujer;

Miriam Mejh, Instituto de la Juventud;

Milton Jiménez Puerto, Presidente de la Comisión de Banco y Seguros;

Marco Tulio Burgos Córdova, Comisionado Nacional del Comité Permanente de Contingencias;

Luter Castillo Harris, Jefe de Cooperación Externa de la Cancillería de la República;

Arcadia López, Ministra de Staff de Casa Presidencial;

Carlos Melano, asistente del Presidente Zelaya;

Enrique Reina, asistente del Presidente Zelaya; y

los demás Ministros, Vice ministros y miembros del Gabinete del Presidente Zelaya Rosales.

Los y las familiares del Presidente Zelaya Rosales

Dirigentes populares

Rafael Alegría, dirigente nacional de Vía Campesina;

Ángel Alvarado, del Comité Nacional de Resistencia;

Juan Barahona, del Bloque Popular;

Bertha Cáceres, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPIHN);

Eulogio Chávez, del Comité Nacional de Resistencia;

Bertha Oliva de Nativí, del Comité de Familiares Detenidos – Desaparecidos de Honduras (COFADEH);

Andrés Pavón Uribe, del Comité de Derechos Humanos de Honduras (CODEH);

Marvin Ponce, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras;

Carlos Eduardo Reina, del Comité Nacional de Resistencia;

Carlos Humberto Reyes, del Bloque Popular;

Sara Elisa Rosales, de la organización Las Lolas y Movimiento Feminista;

Israel Salinas, del Sindicato Mayoritario; y,

Salvador Zúñiga, del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras.


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