[es] Dos detenidos y temor de desalojo por fuerzas de seguridad golpistas en recuperaciones de tierra en Colón

Honduras: Dos detenidos y temor de desalojo por fuerzas de seguridad golpistas en recuperaciones de tierra en Colón

por Sandra Cuffe
el 17 de diciembre de 2009

Dos miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán, MUCA, fueron detenidos a las once de la mañana de este miércoles 16 de diciembre, cuando salieron de una recuperación de tierra en el departamento de Colón, Honduras.

A Osman Alexis Ulloa Flores y Mario René Ayala los llevaron a la jefatura policial en Tocoa, donde permanecen detenidos. Autoridades policiales locales negaron a dar mayor información por teléfono sobre la captura y los cargos, los detalles de los cuales se esclarecerán cuando los campesinos se presentan ante un juez en los siguientes días. No obstante, la fiscal de turno en Tocoa logró confirmar que ambos detenidos enfrentan el cargo de usurpación.

[nota, 6:30pm: Ulloa Flores y Ayala salieron esta tarde con medidas sustitutivas, con la obligacion de comparecer en el juzgado para firmar cada 15 dias.]

Una semana antes de la captura de Ulloa Flores y Ayala, algunos mil familias campesinas organizados en el MUCA iniciaron dos recuperaciones de polémicas tierras en Colón. La cooperativa La Confianza, una plantación de palma africana en producción ubicada en el municipio de Tocoa, es reclamada por el poderoso empresario y terrateniente Miguel Facussé Barjum. El nicaragüense René Morales reclama el otro terreno recuperado, la cooperativa San Esteban en el municipio de Trujillo. Hasta mediados de los años 1990s, una época conocida como la ‘contrareforma agraria’ de Honduras, las tierras en cuestión pertenecieron a cooperativas agrícolas, cuyos miembros y dueños eran muchos de los mismos campesinos ahora involucrados en las acciones del MUCA.

El sistema de tenencia de tierras por cooperativas campesinos se desmanteló en gran parte después de que entró en vigencia la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola en el 1992, durante el gobierno de Callejas. La ley permitió la división y venta de los terrenos de las cooperativas, los cuales eran inalienables bajo las políticas de reforma agraria de los 1960s y 70s. Aunque muchos miembros de las cooperativas aún poseen títulos definitivos de propiedad otorgados por el Instituto Nacional Agrario (INA), los movimientos campesinos vienen denunciando desde hace mucho tiempo que la adquisición de las tierras de las cooperativas por parte de grandes terratenientes ha estado plagada por amenazas, fraude, coacción, irregularidades, y otros abusos, cometidos tanto por el Estado como por los mismos terratenientes.

“Se apropiaron de las tierras,” dijo Joni Rivas, miembro del MUCA, desde la recuperación de La Confianza, “y exigimos esclarecimiento.”

Los 28 grupos que conforman el MUCA empezaron de organizarse juntos por la tierra y la justicia en el Aguán hace unos siete años, explicó Rivas. La lucha por las tierras de las cooperativas La Confianza y San Esteban ganó fuerza durante el gobierno del presidente Manuel Zelaya, cuando el MUCA se vio obligado a coordinar acciones de protesta para hacer entender la urgencia de su demanda para una investigación de los reclamos y transacciones polémicos con respecto a las tierras. Una manifestación pacífica del MUCA en la carretera principal del norte del país recibió una rápida respuesta gubernamental, formándose una comisión para tratar el tema. No obstante, pasaron los meses y los años sin resultado concreto alguno.

El 8 de junio del año en curso, el MUCA volvió a la acción, bloqueando la calle de acceso que conduce a la planta procesadora de aceite de palma africana de Miguel Facussé en las tierras en cuestión. El 12 de junio, una comisión gubernamental de alto nivel y el MUCA lograron pactar un acuerdo, lo cual fue posteriormente refrendado y firmado personalmente por el Presidente Zelaya el 19 de junio. Una vez más, el Estado hondureño se comprometió a realizar un proceso de investigación y esclarecimiento sobre el conflicto de propiedad de tierra en la zona, pero esta vez el acuerdo incluyó una fecha límite estricto. El MUCA acordó levantar sus acciones de protesta durante el proceso investigativo, pero el punto número seis del convenio estableció que retomarían las acciones si el gobierno no presentara los resultados antes del 10 de julio.

“Se vino el golpe de Estado,” lamentó Rivas.

El gobierno de Manuel Zelaya fue depuesto por golpe militar el 28 de junio del 2009, quebrantando tanto la democracia y orden constitucional en Honduras, como también el acuerdo entre la administración de Zelaya y el MUCA. Después de unos cinco meses de resistencia y represión diaria, las mil familias luchando por la tierra en el bajo Aguán volvieron a empezar desde cero.

“El golpe de Estado fue producto de eso también,” explicó un líder comunitario desde el vecino Movimiento Campesino del Aguán (MCA), refiriéndose a la potencial amenaza que presentaba la investigación gubernamental a los poderosos intereses de Facussé y otros terratenientes en la zona. Con su propia larga experiencia con la ocupación de las tierras del Centro Regional de Entrenamiento Militar de época de la guerra fría, la la fundación de la comunidad de Guadalupe Carney en el área, el MCA también participó activamente en el movimiento nacional contra el golpe. Así como mobilizaciones de resistencia a lo largo de Honduras, las frecuentes ocupaciones de la carretera entre Tocoa y Trujillo en los meses después del golpe enfrentaron el desplazamiento masivo de las fuerzas de seguridad del Estado, tanto de la policía como del ejército.

Todas las federaciones campesinas del país participaron en la resistencia al golpe de Estado, y muchos movimientos fueron blancos de una severa represión, incluyendo amenazas, atentados, detenciones, y desalojos. La noche del 11 de agosto las oficinas de Vía Campesina en Tegucigalpa fueron atacados con disparos, sólo algunas semanas después de que fue capturado el reconocido coordinador, Rafael Alegría. El 30 de septiembre, después de un decreto ejecutivo declaró en esencia un estado de sitio y suspendió varios derechos y libertades fundamentales, el ejército desalojó la ocupación del Instituto Nacional Agrario (INA) que las organizaciones campesinas mantenían desde el mismo 28 de junio, terminando con la captura de más de 50 campesinos. Una de las principales razones de la larga ocupación citadas por las federaciones campesinas fue su temor por la posible desaparición de importantes documentos de tenencia de tierra en manos del gobierno de facto. Finalmente, el 28 de noviembre, el día previo a las elecciones, las fuerzas de seguridad del Estado realizaron un allanamiento ilegal de las instalaciones de la Red COMAL en Siguatepeque, Comayagua.

Por allí en el bajo Aguán, la amenaza de represión es mucho más inmediato. El MUCA ha recibido informaciones señalando que existen órdenes de desalojo, además de reportes de un desplazamiento fuera de lo corriente de la policía en la zona. La captura y detención de Osman Alexis Ulloa Flores y Mario René Ayala poco después de su salida de la recuperación indica, al parecer, un fuerte monitoreo por parte de la policía. El Comité de Familiares de los Detenidos-Desaparecidos en Honduras (COFADEH), una reconocida organización de derechos humanos, denunció reportes de órdenes de captura para otros miembros de MUCA, como son Miguel Ángel Funes, Jorge Antonio Rivas López, Pedro Marcial Zambrano, Luciano Erazo Carbajal, Ángel María Guevara, Maximiliano Ramírez, Magdiel López, José Castillo, Pedro Castillo, y Santos Menjivar.

“Nos preocupan las detenciones, dado que el sistema judicial ya está en vacaciones,” explicó la abogada Carol Cardenas del COFADEH, mientras preparaba un escrito de habeas corpus poco después de recibir desde el Aguán la información que hombres encapuchados en un carro no identificado habían detenido a Ulloa Flores y Ayala. Todo el sistema judicial de Honduras está en vacaciones desde el 15 de diciembre hasta el 2 de enero, y los juzgados y fiscalías funcionan con una rotación de poco personal judicial.

“Condenamos cualquier acto represivo por el aparato represivo del Estado,” dijo Rivas en la recuperación de La Confianza, “y responsabilizamos a [los terratenientes] Facussé, Morales, y Canales de cualquier cosa que nos pueda suceder.”

“Queremos que el mundo sepa que ya no soportamos las condiciones en las cuales hemos tenido que vivir.”

Sandra Cuffe es una periodista independiente canadiense actualmente basada en Honduras.

[en] Two Detained and Fear of Evictions by Coup Security Forces in Land Recuperations in Colon

Honduras: Two Detained and Fear of Evictions by Coup Security Forces in Land Recuperations in Colón

by Sandra Cuffe
December 17, 2009

Two active members of the Aguan Farmworkers Unification Movement (MUCA) were detained at approximately 11am yesterday, December 16th when they left a land recuperation in the department of Colon, in northeastern Honduras.

Osman Alexis Ulloa Flores and Mario René Ayala were taken to the police station in Tocoa and remain in detention in the city. Local police authorities refused to comment via telephone on the arrest or charges. However, the local district attorney was able to confirm that the men have been charged with land usurpation, while resistance lawyers in the region confirmed that the accusing party is the Cressida Corporation owned by powerful businessman and landowner Miguel Facussé Barjum.

[update, 6:30pm Dec. 17th: Late this afternoon, Ulloa Flores and Ayala were released with conditions after their appearance before a judge. They must appear in court every two weeks until their trial.]

One week prior to the detentions, approximately one thousand families belonging to MUCA staged two simultaneous recuperations of contested lands in Colon. Claimed by Miguel Facussé, the La Confianza Cooperative in the municipality of Tocoa includes a producing African palm plantation. The San Esteban Cooperative in the municipality of Trujillo, meanwhile, is claimed by Nicaraguan landowner René Morales. Prior to the mid-1990s, a period commonly referred to as the ‘agrarian counter-reform’ of Honduras, the lands in question belonged to agricultural cooperatives co-owned by many of the very same farmworkers now involved in the MUCA actions.

The land ownership by farmworker cooperatives was largely dismantled after the Agricultural Sector Modernization and Development Law came was passed in 1992, during the Callejas administration. The law enabled the division and sale of the cooperative landholdings previously established as inalienable under the agrarian reform policies of the 1960s and 70s. While many cooperative members still possess definitive land titles granted by the National Agrarian Institute, the farmworkers’ movements have long denounced the acquisition of cooperative lands by large landowners as a process rife with threats, coercion, fraud, irregularities, and other abuses, committed both by the State and the landowners themselves.

“They took over the lands,” exclaimed Joni Rivas, a local leader and MUCA member speaking from the La Confianza recuperation, “and we demanded clarification.”

The 28 smaller groups that now conform MUCA began to organize together for land and justice in the Aguan region seven years ago, explained Rivas. The struggle for the La Confianza and San Esteban cooperative lands gained momentum during the presidency of Manuel Zelaya, when MUCA resorted to protest actions to highlight the urgency of the families’ demands for an investigation into the controversial land claims and transactions. MUCA’s February 2006 peaceful demonstration blocking the main highway along northern Honduras was met with a rapid response by a government commission, promising to address the issue. Countless months passed, however, with no concrete results.

Earlier this year, on June 8th, 2009, MUCA blocked the access road to Miguel Facussé’s African palm oil processing plant in the contested lands. On June 12th, a high-level governmental commission and MUCA reached another agreement, which was then endorsed and signed by President Manuel Zelaya himself in front of the affected families one week later, on June 19th. Once again involving a commitment by the Honduran government to fully investigate and clarify the conflict over land titles in the area, the new agreement included a strict deadline. MUCA would lift the protest actions during the government investigation, but point number six established that these would resume if the government did not keep up its end of the bargain by July 10th 2009 at the absolute latest.

“Then came the coup d’état,” lamented Rivas.

The government of Manuel Zelaya was overthrown by a military coup on June 28th, shattering democracy and constitutional order in Honduras, as well as the agreement between the Zelaya administration and MUCA. More than five months of daily resistance and repression later, the thousand families struggling for land in the lower Aguan region were back to square one.

“The coup was also a product of that,” explained a community leader from the neighbouring Aguan Farmworkers Movement (MCA), referring to the potential threat the government investigation posed to the powerful interests of Facussé and other landowners in the region. With its own long experience of occupying the lands of a former Cold War era regional military training center and establishing the community of Guadalupe Carney in the area, the MCA also actively participated in the national resistance movement to the coup. Similar to resistance mobilizations around the country, frequent blockades of the highway between Tocoa and Trujillo throughout the latter half of 2009 were met with the massive displacement of State security forces, including both police and army.

All of the country’s farmworkers federations participated in the resistance to the coup, and many movements were the targets of severe repression, including threats, arrests, physical attacks, and evictions. Unknown assailants shot at the Via Campesina office in Tegucigalpa the night of August 11th, only weeks after well-known coordinator Rafael Alegría was arrested. On September 30th, after an executive decree essentially declared a state of siege and suspended many basic rights and freedoms, the army evicted the three month-long occupation of the National Agrarian Institute (INA) in Tegucigalpa, arresting over fifty farmworkers. One of the main reasons cited by farmworker federations for the sustained action was their fear that crucial land documentation would disappear in the hands of the de facto government. Later on November 28th, only one day before elections, State security forces illegally raided the installations of the alternative trade and rural commercialization network Red COMAL in Siguatepeque, Comayagua.

Back in the Aguan, the threat of repression is much more immediate. MUCA has received reports that eviction orders have been drawn up, along with news of extraordinary police movement in the area. The arrests of Osman Alexis Ulloa Flores and Mario René Ayala shortly after they left the recuperation would seem to indicate that the police are closely monitoring activity. The Committee of Relatives of the Detained-Disappeared in Honduras (COFADEH), a well-known human rights organization, denounced reports of arrest warrants issued for MUCA activists Miguel Ángel Funes, Jorge Antonio Rivas López, Pedro Marcial Zambrano, Luciano Erazo Carbajal, Ángel María Guevara, Maximiliano Ramírez, Magdiel López, José Castillo, Pedro Castillo, and Santos Menjivar.

“We are worried about people being detained, given that the judicial system is now on holidays,” explained COFADEH lawyer Carol Cardenas, as she prepared an habeas corpus writ shortly after the detention of Ulloa Flores and Ayala by masked men in an unmarked car was reported in the Aguan. The entire judicial system of Honduras is on vacation from December 15th until January 2nd, with courts and offices minimally staffed by a rotating roster of judicial employees.

“We condemn any act of repression by the repressive State apparatus,” said Rivas back in La Confianza, “and hold [landowners] Facussé, Morales, and Canales responsible for anything that might happen to us.”

“We want the world to know that we no longer withstand the conditions under which we have been forced to live.”

Sandra Cuffe is a freelance journalist reporting from Honduras.