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COFADEH: Continúan en emergencia los DDHH

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras

COFADEH

 

HONDURAS: continúan en emergencia los DDHH

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Antes de la breve pausa con aparente estabilidad hoy jueves 31 de marzo, por el conversatorio entre el Congreso Nacional y la dirigencia de la Federación de Organizaciones Magisteriales de Honduras (FOMH), la ciudadanía ha padecido el peor período de violaciones a sus derechos humanos. Un estado de emergencia, sin duda, que implica a la policía y al ejército del régimen de facto que dirige el país.

 

Los hechos sucedidos en forma sistemática desde hace tres semanas, con participación directa del aparato administrativo del Estado y los instrumentos de monopolio de la violencia — la Policía Nacional y el Ejército–, han atraído de nuevo en forma leve la atención internacional sobre Honduras.

 

Todavía muy insuficiente la mirada de la comunidad mundial sobre la crisis generada por el golpismo en el país, pero es clave para hilvanar soluciones institucionales que generen consensos sociales y políticos mínimos para transformar el país.

 

Por eso, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras, COFADEH, solicita con urgencia la emisión de posicionamientos políticos desde los distintos espacios de solidaridad y de los foros políticos interestatales, para que cese la violencia y represión desproporcionados que las fuerzas militarizadas lanzan contra la población civil descontenta, demandante, en resistencia desde el golpe de estado de junio 2009.

 

En las diferentes regiones geográficas del país las manifestaciones de la población en general, en solidaridad con la resistencia magisterial que defiende la educación pública gratuita, fueron reprimidas con uso excesivo de fuerza, incumpliendo especificaciones de Naciones Unidas para el uso de armas no letales.

 

El Paro Cívico Nacional convocado por el Frente Nacional de Resistencia Popular, FNRP, ha dejado un balance trágico:

 

Norte

 

En San Pedro Sula, cabecera del departamento de Cortés, la hija de la ex diputada por el Partido Unificación Democrática, Silvia Ayala, fue herida durante el violento desalojo de estudiantes del Centro Universitario del Valle de Sula, donde también hubo decenas de estudiantes y docentes detenidos.

 

El joven estudiante Josué Rodríguez (20), fue impactado al lado de su oreja derecha por un cilindro metálico con gases, lanzado por la policía al interior del inmueble universitario.

Las instalaciones del Centro Regional Universitario fueron rodeadas por piquetes de policías y soldados, para impedir la salida del estudiantado y docentes, mientras eran agredidos con bombas lacrimógenas lanzadas directamente a los cuerpos, provocando desmayos y vómitos por la inhalación de gases.

 

En los municipios de Santa Cruz de Yojoa, Potrerillos, La Lima y Choloma, Cortés, hubo 43 personas detenidas por participar en el Paro Cívico, siendo liberadas de las postas policiales hasta entrada la noche de ayer miércoles, con señales de golpes en algunos casos y testimonios de insultos y frases discriminatorias.

 

En el desvío Las Flores, Santa Cruz, departamento de Cortés, el Comisionado Rubí, sobrino del actual Fiscal General, desató una violenta represión contra la manifestación y ordenó la detención de 17 personas, que fueron trasladadas a la Primera Estación Policial de San Pedro Sula, entre ellas Lidia Arita, Nedi Santos Castillo, Antonio Maradiaga y Glenda Cabrera. En este lugar hubo seis personas heridas de bala, entre ellas Daisy Sabillón y Manuel Miranda, trasladados por particulares al Hospital Mario Catarino Rivas, de San Pedro Sula.

 

Las fuerzas antimotines, además, poncharon las llantas de más de 30 vehículos, utilizando sus armas de fuego y cuchillos, y persiguieron con gases lacrimógenos y disparos a sus propietarios que se refugiaron en la zona boscosa del lugar.

 

En Potrerillos, municipio del departamento de Cortés, a la altura de la Colonia El Triunfo, fueron detenidas 5 personas, quienes fueron lesionadas en la cabeza (Alejandro Duarte García), golpes en las piernas (Luciano Barrera Monroy); y lesiones en sus muslos (Haydee Márquez del Cid, Junior Mejía Murillo y Gloria Marina Perdomo Rodríguez).

 

Los abogados Evaristo Euceda e Iris Bude, quienes realizaban acciones de defensa de derechos humanos en la posta policial de Villanueva, fueron agredidos verbal y físicamente por el sub inspector policial de esa localidad.

 

En la comunidad de Tacamiche, asentamiento campesino perteneciente al municipio de La Lima, Cortés, las fuerzas represivas entraron a disparar gases tóxicos al interior de las viviendas en venganza por la toma de la carretera hacia el municipio de San Manuel y Villanueva, Cortés. La directora de la Escuela de la comunidad, Profesora Esmeralda Flores, junto con los maestros Fabricio Sevilla y Pedro Valladares, fueron trasladados a la Primera Estación Policial de San Pedro Sula.

 

Colón

 

Durante el Paro Cívico convocado el miércoles 30 de marzo por el FNRP fue muerto un hombre en la comunidad de Planes, municipio de Tocoa, en el norte del país, como consecuencia de la disolución forzada de las manifestaciones por la Policía y los militares, utilizando balas vivas contra la población. Era un guardia de seguridad de una empresa distribuidora de pollos.

 

En ese mismo lugar, ubicado cerca de la zona conflictiva del delta del río Aguán – escenario de frecuentes disputas por la tenencia de la tierra – fueron heridas de bala 11 personas incluyendo labriegos, educadores y supuestamente policías.

 

Entre las personas heridas de bala fueron identificadas la profesora Waldina Díaz, maestra de Trujillo; Neptalí Esquivel, de la cooperativa campesina Nueva San Esteban; Mauro Rosales del Movimiento Unificado del Aguán (MUCA); David Corea, camarógrafo de la televisión de Olanchito; Juan Antonio Vásquez, presidente de la empresa campesina Bolero; Paulino Chávez Rosales y Franklin Hernández de la Cooperativa campesina 4 de marzo; Víctor Euceda de la Cooperativa campesina 4 de febrero; Daniel Pérez de la Cooperativa campesina 4 de diciembre; profesores Elías Erazo Hernández y Eduardo Rivera, de la comunidad de los Leones, Municipio de Trujillo.

 

También se reportó la detención de ocho personas que fueron trasladadas a la Jefatura Policial de Sabá.

 

En la Región Central

 

En Tegucigalpa, ciudad capital de Honduras, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, nuevamente fue blanco de las fuerzas combinadas de la policía y el ejército, con centenares de bombas lacrimógenas lanzadas al interior del campus, desde donde reaccionaron los estudiantes lanzando piedras.

 

En la incursión militar a un sector periférico de la Universidad fueron detenidos seis jóvenes acusados por manifestación ilícita, ellos son Maynor Lizandro Aguilar (18), Marlon Alexander Rosales Rico (22), Douglas Manuel Flores (18); además, Oneyri Oneill Moreno Mejía del Colectivo Arco Iris, Marlon Nahúm Estrada, despachador de taxis en la UNAH; Josué Sevilla y Elwin Meza fueron golpeados con toletes en su espalda. Todos fueron liberados durante la tarde.

 

En las cercanías de la colonia Las Brisas, sur de Tegucigalpa, fueron bajadas tres personas de un autobús y llevadas detenidas a la Estación Policial del Barrio La Granja, entre ellos dos menores de edad, Emerson Stevez Flores (15), Víctor Geovanny Flores (14), y Wilfredo Flores Aguilar (33), liberados tres horas después de su detención.

 

Antes del mediodía, seis hombres vestidos de civil y fuertemente armados, intentaron secuestrar al joven Edy Guifarro, empleado de la Comisión de Verdad, cuando el taxi en que se conducía hizo un alto a la altura de la Colonia San José de la Vega. Los individuos rodearon la unidad de transporte, le golpearon su cuerpo y cabeza con las armas, pero Edy logró escapar corriendo cerca de los vehículos que se aglomeraron; los policías le siguieron y le dispararon en 6 ocasiones, sin importarles que pudieran lesionar a las personas que se encontraban en la zona. Guifarro presenta ruptura del tímpano y golpes en el cráneo.

 

En la sede del Colegio de Profesores de Educación Media de Honduras, COPEMH, agentes policiales de inteligencia intentaron plantar evidencia contra esta organización magisterial al “descubrir” y reportar al Ministerio Público una caja de bombas molotov depositadas en el basurero público próximo a la sede. La coordinadora general del COFADEH, Bertha Oliva, calificó la acción como una pre-fabricación de evidencias para despojar a la organización de su personalidad jurídica.

 

En el Municipio de Ajuterique, departamento de Comayagua, 500 familias que habían tomado posesión de un predio desde hace siete años, al que han denominado Colonia 25 de Octubre, fueron desalojadas violentamente por elementos de la policía y del ejército, acompañados de un Juez ejecutor, destruyendo las casas que tenían en el lugar, incluyendo la escuela y la iglesia de la comunidad. Fueron detenidas cinco personas, Betuel Guillen (19), Edwin Guillen (18), Pedro Joel Hernández, Selvin Javier Centeno y Osmán Gómez (19).

 

En el Sur del país

 

En Nacaome, cabecera del departamento de Valle, también la policía y el ejército lanzó una cruenta represión con gases lacrimógenos al interior de viviendas en las que se encontraban niños y niñas, quienes fueron afectados severamente. Un bebé de dos meses de nacido, Cristopher de Jesús Bonilla García, fue trasladado con cuadro de asfixia a un centro asistencial, después de sortear a la policía que impedía a sus padres prestarle auxilio lanzándoles gases lacrimógenos directamente a sus cuerpos. Su padre, un joven de diecisiete años, tuvo que saltar un muro, darle respiración boca a boca al niño inerte y depositarlo, luego, en brazos de su abuelo, quien a bordo de una motocicleta pudo llevarlo hasta un médico que lo auxilió.

 

En la represión también fueron perseguidos y detenidos los menores Mario de Jesús Sauceda (19) y José Raúl Mendoza Posadas (17), este último se encontraba comprando alimentos por encargo de su madre. Igualmente, fue detenido durante varios minutos el defensor de derechos humanos, Andrés Abelino Ortiz Ortega (74).

 

En la comunidad de La Flor, del municipio de Amapala, departamento de Valle, agentes policiales que se transportaban en lanchas, se presentaron a la comunidad a intimidar a sus pobladores, exigiéndoles informaran si eran de la Resistencia manifestante durante el Paro Cívico.

 

Este es el reporte de hechos de un solo día; sin embargo, la tendencia es que al continuar las manifestaciones, el patrón de agresión a las personas, a sus derechos humanos, continuará siendo el mismo “por sedición y manifestación ilícita”.

 

Los días precedentes han sido caracterizados por la violencia institucional escalonada, por lo que es lógico deducir que los días venideros tendrán además de las fuerzas combinadas de la policía ay el ejército a civiles infiltrados con armas para provocar a los manifestantes a enfrentamientos, que acabarían en masacres.

 

Es urgente que el mundo vuelva sus ojos de nuevo a Honduras, ahora; mañana puede ser tarde.

 

De los hechos y de los hechores, ni olvido ni perdón

 

COFADEH

 

31 de marzo de 2011

 

Barrio La Plazuela, Avenida Cervantes, No. 1301

Apartado Postal 1243

E-mail: mail@cofadeh.org

Tel / Fax: 2220-5180, 2220-7144

Sitio web: www.cofadeh.org


 

HONDURAS: continúan en emergencia los DDHH

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[es] CIDH: Observaciones preliminares de la visita en Honduras

http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2009/60-09.observaciones.preliminares.visita.Honduras.htm

Tegucigalpa, Honduras, 21 de agosto de 2009 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó hoy su visita in loco a Honduras, que tuvo lugar del 17 al 21 de agosto de 2009. El objetivo de la visita fue observar la situación de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. La delegación estuvo compuesta por la Presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía Guerrero; el Primer Vicepresidente, Víctor Abramovich; el Segundo Vicepresidente y Relator para Honduras, Felipe González; el Comisionado Paolo Carozza, y el Secretario Ejecutivo, Santiago A. Canton. También fue parte de la delegación la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero.

La CIDH solicitó realizar esta visita el 30 de junio de 2009, recibió la anuencia del Estado el 13 de julio de 2009, y acordó con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia la realización de la visita. Las observaciones preliminares que hoy se presentan se basan en información recibida antes y durante la visita. Asimismo, la Comisión preparará un informe final que publicará próximamente.

Durante la visita, la CIDH se reunió con representantes del gobierno de facto y de diversos sectores de la sociedad civil, y recibió a más de un centenar de personas que presentaron denuncias, testimonios e información. En Tegucigalpa, la delegación mantuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes políticos y sociales, organizaciones no gubernamentales y padres de familia. El 19 de agosto, delegaciones de la Comisión se trasladaron a Tocoa, departamento de Colón, y a San Pedro Sula, departamento de Cortés, donde se realizaron reuniones con representantes de la sociedad civil y autoridades locales. En Tocoa, la CIDH recibió a más de 40 maestros, periodistas, líderes políticos y líderes sociales; se reunió con representantes de la policía, el Ejército y la Fiscalía; y con empresarios locales y estudiantes. En San Pedro Sula, la Comisión recibió a más de 50 representantes de organizaciones de la sociedad civil, se reunió con comunicadores sociales, recibió testimonios de personas heridas durante la represión de manifestaciones, y se reunió con autoridades del Municipio, la Policía y las Fuerzas Armadas. El 20 de agosto, delegaciones de la Comisión se trasladaron a las localidades de El Paraíso y Comayagua. En la localidad de El Paraíso se realizaron reuniones con organizaciones de la sociedad civil y la alcaldía, y se recibieron testimonios sobre los hechos del 24 al 27 de julio de 2009, cuando se aplicó un toque de queda continuado durante tres días. En Comayagua la CIDH recibió información sobre los sucesos del 30 de julio de 2009, cuando una manifestación fue reprimida y cerca de 150 personas fueron detenidas por un lapso de 6 a 14 horas. La CIDH recabó esta información tomando testimonios de personas afectadas y  testigos, y de las autoridades de policía y del Ejército del lugar, y la Fiscalía regional. La Comisión agradece a todas aquellas personas que facilitaron la organización de esta visita.

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El 28 de junio de 2009, la CIDH condenó el golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional, e hizo un llamado urgente a que se restaurara el orden democrático y que se respetaran los derechos humanos, el Estado de derecho y la Carta Democrática Interamericana. El mismo día, todos los Estados del Hemisferio condenaron de manera unánime e inmediata el golpe de Estado. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó el golpe de Estado, exigió la restitución del Presidente Zelaya y declaró que no se reconocería ningún gobierno que surgiera de la ruptura institucional. El 30 de junio, la Asamblea General de la OEA otorgó al gobierno de facto un plazo de 72 horas para restituir en el ejercicio del poder al Presidente Zelaya, y el 4 de julio de 2009 suspendió al Estado de Honduras en el ejercicio de su derecho de participación en la OEA.

La Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y otros actores hondureños tienen lecturas distintas a la del conjunto de la comunidad internacional sobre la legitimidad del golpe de Estado, al considerar que los hechos del 28 de junio de 2009 se realizaron en apego irrestricto a la Constitución. La Comisión estima que aún cuando existan diferencias de opinión sobre este asunto, el deber de garantizar los derechos de las personas no se modifica, ya que incumbe en todo momento a quienes ejercen el poder público, independientemente de la interpretación que se haga de los hechos del 28 de junio de 2009.

La decisión de la Asamblea General de la OEA no suspende las obligaciones contraídas por el Estado hondureño al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1977 y otros instrumentos interamericanos de derechos humanos, en base a los cuales la CIDH continúa observando la vigencia de los derechos humanos en el país. Asimismo, en la Resolución del 4 de julio, la Asamblea General de la OEA reafirmó específicamente: “que la República de Honduras deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos”. Asimismo, el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana establece que: “El Estado miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la organización, en particular en materia de derechos humanos.”

Desde el 28 de junio de 2009, la Comisión ha recibido numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado. En todos estos casos la Comisión procedió inmediatamente a comunicarse con el Estado en base a la Convención Americana y el Reglamento de la Comisión. La CIDH otorgó el 28 de junio una medida cautelar que luego fue ampliada el 29 de junio, el 2, 3, 10, 15, 24 y 30 de julio, y el 7 y el 17 de agosto de 2009, a fin de salvaguardar la vida e integridad de un total de 106 personas respecto de las cuales recibió información sobre la existencia de una situación de riesgo inminente de daño irreparable. Asimismo, la CIDH solicitó información en cuatro oportunidades de conformidad al artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en relación a la situación de cinco personas cuyo paradero no había podido ser establecido. Por último, la Comisión también cursó varias solicitudes de información bajo el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos acerca de situaciones como la aplicación del decreto de suspensión de garantías y el toque de queda, represión de manifestaciones pacíficas, detención de miles de manifestantes, ataques contra medios de comunicación, hostigamiento a periodistas y cierres temporales de medios de comunicación por el Ejército.

Las comunicaciones de la CIDH fueron dirigidas a la Presidencia del Congreso y la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, debido a la imposibilidad de dirigirse al Presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, y a la Ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas. La Corte Suprema de Justicia informó sobre el estado de los recursos de amparo, exhibición personal y acciones de inconstitucionalidad tramitados, y cursó solicitudes a los diversos órganos jurisdiccionales, entes de seguridad y al Comisionado Nacional de Derechos Humanos para que informaran si existe denuncia o solicitud de medida cautelar a favor de los beneficiarios.

Con relación a las solicitudes de información en base al artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la CIDH recibió información de la Corte Suprema de Justicia, de otras entidades del Estado y de la sociedad civil. En base a la información proporcionada por las autoridades, la Comisión estima que la situación de tres de las personas ha sido dilucidada, pero aún está pendiente aclarar el paradero de dos personas. Una de ellas fue vista por última vez en una manifestación realizada el 12 de julio de 2009 y la otra habría sido secuestrada de su domicilio el 26 de julio de 2009.

Institucionalidad Democrática

La democracia representativa es la forma de organización política explícitamente adoptada por los Estados miembros de la OEA. La Carta de la OEA establece en sus principios que “la solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”. En este sentido, la Carta de la OEA expresa que “la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región” y declara que uno de los propósitos esenciales de la Organización es “promover y consolidar la democracia representativa dentro del principio de no intervención”. El proceso de creación de mecanismos para fortalecer la democracia en toda la región se consolida en septiembre de 2001 con la adopción de la Carta Democrática Interamericana, que establece que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia, y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

Los Estados miembros se han expresado en forma explícita sobre el estrecho vínculo existente entre la democracia y la vigencia de los derechos humanos. La Carta Democrática Interamericana reafirma “que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática” y declara que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

La Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos se han expresado en numerosas oportunidades sobre esta estrecha vinculación. En la Opinión Consultiva 8, la Corte Interamericana señaló: “En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros”. Por su parte, la Comisión ha señalado que el sistema democrático y la vigencia del Estado de derecho son cruciales para la efectiva protección de los derechos humanos y que, en contraposición, la plena garantía de los derechos humanos no es posible sin el reconocimiento efectivo e irrestricto de los derechos políticos.

Tomando en consideración la interrelación existente entre la democracia, el Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos, la CIDH considera que el golpe de Estado ejecutado mediante la remoción del Presidente constitucional tiene un impacto inmediato sobre la vigencia del Estado de derecho y de los derechos humanos en Honduras. La Comisión pudo constatar durante la visita  que la ruptura del orden constitucional originada por el golpe de Estado está acompañada de una fuerte presencia militar en distintos ámbitos de la vida civil, la suspensión de garantías mediante la implementación de un toque de queda que no cumple con los estándares del sistema interamericano y la ineficacia de los recursos judiciales para salvaguardar los derechos esenciales de las personas.

En este sentido, la Comisión recibió información sobre la fuerte presencia militar en las escuelas y en la Universidad Nacional y el cierre y ocupación por parte del Ejército de canales de televisión y radio durante el golpe de Estado.

Asimismo, preocupa a la Comisión que el Ejército participe de manera activa en el control de manifestaciones conjuntamente con la Policía Nacional. Si bien en situaciones excepcionales las Fuerzas Armadas pueden ser llamadas a participar en el control de las manifestaciones, este ejercicio debe limitarse al máximo debido a que éstas carecen del entrenamiento necesario para el control de disturbios internos. Según la información recibida por parte del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el alto mando militar, las fuerzas militares participan bajo el mando de las fuerzas policiales, en aplicación de una norma constitucional que así lo permite. Sin embargo, como lo han dicho la Comisión y la Corte Interamericanas, el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. Cabe destacar además que los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han establecido en anteriores oportunidades que los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.

La suspensión de garantías está prevista en el artículo 27 de la Convención como un mecanismo excepcional para que se suspenda el goce y ejercicio de derechos en caso de “guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte”. Sin embargo, para que una suspensión de garantías sea legítima, se requiere el cumplimiento de una serie de requerimientos establecidos en la Convención. En este sentido, el primero de estos requisitos es que la suspensión de garantías sea adoptada por un Gobierno que ejerza el poder público en forma legítima dentro del contexto de una sociedad democrática. Asimismo, como lo ha dicho la Corte Interamericana: “La suspensión de garantías carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrático, que dispone límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona”.

El 28 de junio de 2009 el señor Micheletti informó el inicio del toque de queda durante una rueda de prensa ofrecida en las instalaciones del Congreso Nacional, sin que se tenga información sobre el instrumento jurídico que lo fundamentó. La franja horaria establecida para el toque de queda fue desde las 9:00 pm hasta las 6:00 am de los dos días posteriores a la consumación de la toma del poder.

Uno de los fundamentos invocados por el gobierno de facto para restringir los derechos de los habitantes de Honduras fue el Decreto No. 011-2009, mediante el cual se estableció el toque de queda a partir del 30 de junio de 2009. Por consiguiente, antes de cualquier análisis en particular sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos por parte del Estado en Honduras, la Comisión considera necesario analizar la compatibilidad del decreto de toque de queda con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular el artículo 27.

El Decreto 011-2009 estableció el toque de queda por un plazo de 72 horas y aplicable entre las 10:00 pm y las 5:00 am.  A pesar de que este plazo venció el 3 de julio de 2009, se continuó ejecutando toque de queda por más de un mes sin ningún tipo de base legal. De este modo el estado de excepción, contrariamente a lo establecido por la Constitución, fue establecido por un Decreto del gobierno de facto, por un plazo menor al ejecutado en la práctica y sin publicación en el Diario Oficial.  La ratificación posterior del Congreso y publicación el 27 de julio de 2009, no sanea estos vicios originales.

De conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana, el alcance de las suspensiones debe ser el estrictamente necesario para paliar la situación de emergencia y eso implica limitar su alcance temporal, espacial y los derechos que se suspenden.  La Comisión estima que, en el contexto del golpe de Estado, los toques de queda se han implementado desde el 28 de junio de 2009 sin justificación de su razonabilidad y su pertinencia en relación con la situación que motivó el estado de excepción. En particular, corresponde hacer referencia a los hechos acontecidos el 5 de julio de 2009, fecha en la que el Presidente Zelaya intentó sin éxito retornar al país por vía aérea. El toque de queda establecido originalmente regía desde las 10:00 p.m. a las 5:00 a.m. Sin embargo, a las 6:00 p.m. se informó por cadena nacional que el toque de queda se iniciaría media hora después y se extendería hasta las 5:00 a.m.  Asimismo, la discrecionalidad con la que se han establecido los toques de queda se refleja en el levantamiento de la medida el 12 de julio de 2009 y su reanudación el 15 de julio del mismo año, sin una justificación de las causas que habilitarían nuevamente la suspensión de derechos.

Aún dentro de un estado de excepción legítimo, cada uno de los actos de implementación debe ser razonable, esto es, debe ser estrictamente adecuado a la causa y el alcance del estado de excepción, sin que exista ningún tipo de discriminación. La CIDH ha verificado que durante la implementación del toque de queda miles de personas estuvieron atrapadas entre retenes militares sin que existiera justificación. Asimismo, la aplicación del toque de queda no fue uniforme en todo el territorio e incluso hubo una aplicación discriminatoria de la restricción del derecho de circulación. Así, por ejemplo, la CIDH pudo constatar que en la ciudad de El Paraíso se permitía de manera selectiva y discriminatoria la circulación de algunas personas durante el toque de queda.

Esta situación se agrava por la ausencia de control judicial de las normas de estado de excepción. Por cinco décadas, la Comisión ha subrayado la importancia fundacional que, en una sociedad democrática, reviste el control judicial de los actos del poder público.  Durante su visita in loco recibió testimonios consistentes con gran cantidad de información recibida desde el 28 de junio de 2009, de conformidad con la cual los recursos judiciales disponibles en Honduras no ofrecen en la actualidad una protección eficiente y eficaz contra violaciones de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado.  Entre los actos iniciales del gobierno de facto se encuentra una suspensión de garantías que no ha sido escrutada judicialmente, pese a haber sido cuestionada por varios recursos de amparo.  Dentro de las circunstancias actuales, la Comisión estima que estas acciones deberían haber recibido la más alta prioridad.

La Comisión ha recibido de todos los sectores información coincidente de que la mayoría de los recursos de hábeas corpus que se presentan para cuestionar detenciones son resueltos cuando carecen de objeto por haber sido liberadas las alegadas víctimas. La Comisión desea resaltar la importancia de que los recursos de hábeas corpus sean resueltos con la mayor prontitud en todos los casos. La Comisión constató presencialmente, por ejemplo, un lugar de detención consistente en tres pequeñas celdas en las cuales, durante varias horas, estuvieron recluidas entre 80 y 100 personas. Si bien la ley permite detenciones dentro del marco de 24 horas, la Comisión estima que la situación creada por detenciones de varias decenas de personas debería recibir una atención inmediata.  Por otra parte, la Comisión ha recibido testimonios e información sobre el hecho de que algunos Jueces Ejecutores del hábeas corpus han sido maltratados, amenazados e intimidados para que no realicen sus funciones.

Por otra parte, la Comisión ha recibido información consistente y reiterada que confirma que, en muchos casos, las fiscalías no han iniciado oficiosamente investigaciones ante la existencia de grupos de personas heridas y detenidas.  En el caso mencionado en el párrafo anterior, varias de las personas detenidas estaban heridas y habían sido tratadas previamente en hospitales, pero la Fiscal que las visitó no levantó un listado. Cuando fue interpelado por esta situación, el Ministerio Público indicó que la razón de esta omisión sería que las personas no confían en la institución.  La Comisión estima que es de fundamental importancia que el Ministerio Público asuma sus funciones con independencia de la opinión o filiación política de los destinatarios de sus servicios.

El deterioro institucional afecta indudablemente el funcionamiento regular de la vida social hondureña. Un ejemplo es la información recibida por la CIDH que indica la afectación del derecho a la educación de niños y niñas. La Comisión comprende que estos alegatos surgen en un contexto en el cual los integrantes del magisterio, los padres y madres de familia y los mismos educandos mantienen posiciones encontradas en un intenso debate social. La génesis del asunto, estima la Comisión, es el cierre de los espacios democráticos que obstaculiza la resolución de este conflicto. La Comisión evaluará todas las denuncias recibidas e informará oportunamente sus conclusiones.

Violaciones a los derechos humanos

Junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado que afecta el regular funcionamiento de las instituciones democráticas, la Comisión confirmó durante su visita un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía. La Comisión constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la colocación de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención. El control de la información se ha ejercido a través del cierre temporal de algunos medios de comunicación, la prohibición de emitir la señal de ciertos canales de televisión por cable que informaban sobre el golpe de Estado, la aplicación selectiva de cortes de energía eléctrica afectando la transmisión de medios audiovisuales que informaban sobre el golpe de Estado, y agresiones y amenazas a periodistas de medios con posiciones editoriales contrarias al golpe de Estado.

Asimismo, la CIDH recibió testimonios que indican la consumación de actos de hostigamiento perpetrados en perjuicio de aquellas personas que, públicamente, han demostrado afinidad política con el Presidente Zelaya. Gobernadores, diputados, alcaldes y líderes sociales que habrían exigido la restitución del presidente constitucional, han denunciado que fueron objeto de represalias, amenazas, actos de violencia, cortes presupuestarios y ocupación militar de las instalaciones públicas donde desempeñan sus labores, entre otros. En particular, la familia del Presidente Zelaya informó sobre los hostigamientos y la campaña de desprestigio que afectan a todos sus miembros.

Uso excesivo de la fuerza en manifestaciones públicas

La participación política y social a través de la manifestación pública es esencial en la vida democrática de las sociedades y reviste un interés social imperativo. Las personas de todos los sectores políticos, tienen el derecho de ejercer plena y libremente su derecho de libertad de expresión y su derecho de reunión, sin violencia y de conformidad con la ley y las normas interamericanas de protección de los derechos humanos. Como lo han señalado la Comisión y la Corte Interamericanas, el Estado no sólo no debe interferir con el ejercicio de estos derechos sino que debe adoptar medidas para asegurar su ejercicio efectivo.

Conforme ha sostenido la Comisión en anteriores oportunidades, el Estado se encuentra facultado para imponer limitaciones razonables a las manifestaciones, a efectos de asegurar que las mismas sean de carácter pacífico o para contener a aquellas personas que se manifiestan en forma violenta. Sin embargo, en el ejercicio de esta facultad, el obrar de sus agentes debe limitarse al empleo de las medidas más seguras y menos lesivas para las personas, ya que la dispersión de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las mismas. Congruentemente, el uso legítimo de la fuerza pública en las referidas situaciones, supone –necesariamente- que la misma sea proporcional al objetivo legítimo que se persiga, reduciendo al mínimo la posibilidad de ocasionar lesiones personales y pérdida de vidas humanas.

En particular, respecto al uso de armas de fuego, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley contemplan que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego”. Igualmente, el Código de Conducta para Oficiales de Seguridad Pública de las Naciones Unidas dispone expresamente que “el uso de armas de fuego se considera una medida extrema”, mientras que el artículo 9 de los Principios Básicos señala que las armas de fuego no deben usarse contra las personas, salvo cuando exista peligro inminente para la vida.

La Comisión fue informada durante su visita de que las manifestaciones se han realizado en forma pacífica, salvo en algunos casos en que se han registrado actos de violencia, incluidos algunos graves, contra personas y contra la propiedad, tales como el incendio de un restaurante y de un autobús, y la agresión contra un diputado y varios periodistas.

La Comisión tomó conocimiento de que en las manifestaciones que fueron reprimidas en todo el territorio, incluyendo Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Comayagua y la localidad de El Paraíso, hubo un patrón de uso excesivo de la fuerza pública. Efectivamente, varias de las manifestaciones realizadas desde el 28 de junio de 2009 fueron disueltas por la fuerza pública, tanto policial como militar, dejando como consecuencia muertes, torturas, malos tratos, cientos de heridos y miles de detenciones arbitrarias.

Derecho a la Vida

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. En el ámbito interno, el artículo 65 de la Constitución de Honduras establece que “el derecho a la vida es inviolable”.

Isis Obed Murillo Mencías, de 19 años de edad, falleció el 5 de julio de 2009 como consecuencia de una herida de bala en la cabeza recibida en las afueras del aeropuerto Toncontin de Tegucigalpa, mientras participaba en una manifestación y donde la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional y del Ejército. Durante la visita la CIDH recibió varios testimonios concordantes sobre este hecho.  En relación con la investigación, la CIDH fue informada por el Secretario de Defensa del gobierno de facto, Adolfo Lionel Sevilla, que había un informe del Ejército sobre la muerte del joven Isis Obed. Sin embargo, el jefe de Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, indicó que la investigación todavía estaba en curso. Además, la Comisión fue informada por fuentes oficiales que el informe elaborado por las Fuerzas Armadas sobre el operativo militar en el aeropuerto reconoce que miembros de la fuerza pública dispararon armas de fuego contra un sector de los manifestantes. También fue informada sobre la existencia de informes forenses que indican que los proyectiles que causaron la muerte son compatibles con las armas que utiliza la fuerza pública. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos informó a la Comisión que abrió de oficio un expediente investigativo a fin de determinar las circunstancias y responsabilidades de esta muerte.

El cadáver de Pedro Magdiel Muñoz fue encontrado el 25 de julio de 2009, en el departamento de El Paraíso, cerca de la frontera con Nicaragua. Su cuerpo tenía señales de tortura que habían sido ocultadas bajo una camisa limpia que se le había puesto luego de ser asesinado. La CIDH recibió testimonios de dos personas que fueron testigos de su detención por miembros del Ejército unas horas antes de que apareciera su cuerpo. Los testigos informaron a la Comisión que ese día la víctima había participado activamente de las manifestaciones frente a los retenes militares en la zona.

El 30 de julio de 2009 el maestro Roger Vallejos Soriano recibió un disparo en la cabeza, durante las manifestaciones que tuvieron lugar en Comayagüela, y murió el 1 de agosto. El Estado informó a la Comisión que existe una investigación en curso.

El 2 de agosto de 2009, Pedro Pablo Hernández resultó muerto por herida de bala en su cabeza. Según testimonios presentados a la Comisión, el disparo provino de uno de los militares que se encontraba en el retén militar ubicado en la intersección del desvío a Jutiapa, valle de Jamastran, en la carretera que conduce de Danlí a Trojes. La Fiscalía informó que se está investigando este hecho.

Derecho a la integridad personal

La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce en su artículo 5 el derecho de toda persona “a que se respete su integridad física, psíquica y moral”; y a su vez prohíbe expresamente “el uso de la tortura o tratos inhumanos, crueles o degradantes en contra de las personas”. Por su parte, la Constitución de Honduras establece en su artículo 68: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. El derecho a la integridad personal es, igual que el derecho a la vida, inderogable bajo cualquier circunstancia.

La CIDH recibió más de un centenar de testimonios mediante los cuales se verificó que la represión de manifestaciones públicas se caracterizó por el uso desproporcionado de la fuerza. En efecto, en los diversos departamentos a los que se desplazó, la Comisión recibió testimonios sobre personas heridas por balas de plomo, golpizas mediante el uso de bastones policiales (toletes) y otros objetos contundentes de hule, hierro y madera, la utilización indiscriminada de gases lacrimógenos como métodos habituales de disuasión de la manifestación. La Comisión recibió testimonios de decenas de personas con lesiones graves en la cabeza como producto de la represión ejercida tanto por personal policial como militar. La CIDH verificó que hombres, mujeres y ancianos mostraban moretones en diversas partes del cuerpo y escuchó varios relatos de personas que fueron objeto de vejación y tortura. Particularmente, en San Pedro Sula, se informó a la Comisión que durante los actos de represión, agentes policiales violaron a una mujer y que varias personas recibieron golpes en el abdomen y en los genitales, y se les tiró gas pimienta en los ojos.

La Comisión recibió testimonios sobre la represión el 14 de agosto en el puente de Choloma, San Pedro Sula. Según la información recibida, la policía lanzó bombas lacrimógenas y comenzó a golpear y detener a los manifestantes. La CIDH escuchó el testimonio de dos manifestantes que indicaron que miembros de las fuerzas de choque, Comando Cobra, luego de perseguirlas varias cuadras, las golpearon con los bastones policiales en las piernas y nalgas, mientras las insultaban. Otra mujer relató a la Comisión que los agentes policiales la desnudaron del torso para abajo golpeándola brutalmente con los bastones. La Comisión también recibió el testimonio de un trabajador que fue golpeado en esa misma manifestación, y que sufrió fractura de tabique nasal y cortes en la frente y en la cabeza.

Un afectado que rindió testimonio ante la Comisión relató que se había desplazado hacia la región aledaña a Las Manos, cerca de la frontera con Nicaragua, a fines de julio. Elementos militares detuvieron el autobús en que se desplazaba a la ciudad fronteriza de Las Manos, departamento de El Paraíso, y les obligaron a devolverse después de someterlos a vejaciones e insultos; cuando lo hicieron, los militares dispararon y una bala le impactó en la oreja arrancándole un pedazo. Inicialmente, no lo quisieron atender en el hospital diciendo que era terrorista.

Igualmente, se recibió información de brutalidad policial en una marcha realizada el 12 de agosto hacia el Congreso Nacional en Tegucigalpa. Según los testimonios, al llegar al lugar de destino, miembros del Ejército, de la Policía Nacional y del Comando Elite Cobra reprimieron a golpes a los manifestantes y también a personas que estaban en el lugar, aunque no participando de la manifestación.  La Comisión recibió el testimonio de un señor que estaba sentado en una banca cuando vio una golpiza brutal que estaba recibiendo un manifestante. Según su relato: “allí venía un adolescente corriendo por la avenida, los militares lo agarraron y lo golpearon con un palo de hierro. Yo les dije: ‘van a matar al muchacho’, entonces un militar dijo ‘agarren a ese viejo’, y empezaron a golpearme”.

Dos hermanos que se habían retirado de la manifestación del 12 de agosto en Tegucigalpa fueron relataron que militares los obligaron a golpes de puños a bajar del autobús y los condujeron al Congreso, donde fueron obligados a quitarse sus camisas y sus zapatos, al igual que otros detenidos. Según el testimonio de uno de los hermanos: “me golpeaban en la cara y me presionaban los testículos con sus bastones policiales. Me hicieron tirarme al piso que estaba muy caliente. Los policías se paraban sobre los dedos de mis pies y los aplastaban, una y otra vez. Levanté la cabeza porque el piso me estaba quemando y me pegaron dos toletazos”.

Varias personas fueron víctimas de persecución de las fuerzas de seguridad en Comayagua, luego de su participación en manifestaciones. Al respecto, una de las víctimas dijo que cuando ya la manifestación en la que había participado había sido dispersada por miembros de las fuerzas de seguridad, la policía ingresó a la casa donde ella se había refugiado, la aprehendieron, la subieron a un camión militar donde se encontraban otros detenidos y les tiraron gases lacrimógenos dentro del vehículo. La Comisión Interamericana recibió testimonios congruentes de varias personas sobre este hecho. Asimismo, se recibió información sobre el uso de gases lacrimógenos arrojados hacia el interior de casas de familia donde los manifestantes se habrían refugiado.

Derecho a la libertad personal

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 7 que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales” y que “nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Asimismo, señala que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios” y que “toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella”. Por su parte, el artículo 69 de la Constitución de Honduras indica: “La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”.

Otro método utilizado por el gobierno de facto para silenciar y obstaculizar las expresiones de protesta ha sido la aplicación de detenciones de manifestantes e incluso de personas que se encontraban en las inmediaciones del área donde tenía lugar una manifestación sin estar participando de la misma. Según la información recibida, entre 3.500 y 4.000 personas fueron detenidas arbitrariamente por la policía y el Ejército durante las manifestaciones. La Comisión confirmó con diversas fuentes que en numerosos casos no se levantó registro de sus detenciones o se levantó de manera inconsistente; tampoco se avisó a las autoridades judiciales ni a los fiscales. No se han formulado cargos contra estas personas, siendo liberadas horas después de su detención. Conforme a lo informado, las detenciones arbitrarias se habrían extendido por períodos de entre 45 minutos y 24 horas. Según los reportes, los detenidos fueron objeto de golpes, amenazas a punta de pistola y agresiones verbales. También se informó que algunas de las celdas donde fueron conducidos se encontraban cubiertas de orina y heces. La Comisión recibió información de que en algunas postas de policía los Jueces Ejecutores que se presentaron en respuesta a la presentación de recursos de exhibición personal fueron maltratados, amenazados a punta de pistola, y agredidos verbalmente.

Por ejemplo, el 12 de agosto fueron arrestadas 28 personas (27 adultos y un menor) en el marco de la marcha hacia el Congreso Nacional. Tres de ellas fueron imputadas por terrorismo y liberadas con medidas sustitutivas. Los otros 24 fueron imputados de los delitos de sedición, daño a la propiedad privada, manifestación ilícita y robo. Los detenidos fueron transportados hacia las instalaciones del Batallón Cobra, el cual no es un centro de detención habilitado, sino un campo de entrenamiento de fuerzas especializadas. En el batallón Cobra los detenidos fueron recluidos en las graderías de una cancha deportiva. Al cumplirse las 24 horas de detención -plazo en el cual, según la normativa constitucional deben ser liberados- la Fiscalía presentó requerimiento fiscal. A la tarde del día siguiente se realizó, en las instalaciones de la Policía, la audiencia de declaración de imputados. Recién en este momento los detenidos tomaron conocimiento de los cargos que se imputaban en su contra, y en razón de los cuales habían sido detenidos. Durante la audiencia, fuerzas policiales y del Comando Cobra se encontraban dentro de la sala. Todos han sido liberados en diferentes fechas entre el 14 y el 20 de agosto; 18 han sido exonerados, y los otros seis continúan procesados por manifestación ilícita.

Del 24 al 27 de julio, entre 4.000 y 5.000 personas quedaron atrapadas entre retenes militares en la zona fronteriza con Nicaragua, en el departamento de El Paraíso, durante la aplicación en esa región de un toque de queda de carácter continuado en virtud de prórrogas consecutivas cada 12 horas. La Comisión recibió numerosos y concordantes testimonios señalando que durante ese plazo no tuvieron acceso a agua, alimentos ni medicamentos; que fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad a través del uso de gases lacrimógenos y que las personas heridas no recibieron atención médica.

La Comisión considera fundamental que el gobierno de facto adopte medidas urgentes para garantizar el derecho a la vida, integridad personal y libertad personal de todas las personas. Es indispensable que se realicen investigaciones serias, exhaustivas, conclusivas e imparciales de todos los casos de violaciones a los derechos humanos. La Comisión destaca la necesidad de que los responsables sean debidamente juzgados y sancionados, y que se repare adecuadamente a los familiares y víctimas de las violaciones atribuibles a agentes del Estado. En este sentido, es de fundamental importancia que se facilite, se profundice y no se ponga ningún obstáculo a la tarea que debe realizar la Fiscalía de Derechos Humanos para que pueda investigar la totalidad de las violaciones ocurridas en el contexto del golpe de Estado.

Durante la visita, la Comisión recibió testimonios que sostuvieron que en el contexto de las manifestaciones, represión y detenciones llevadas a cabo por agentes policiales y miembros de la fuerza militar, las mujeres, en razón de su género, fueron especialmente sujetas a actos de violencia y vejación, y por lo menos un caso de violación. La Comisión constató que, al estar bajo el control directo de agentes de la fuerzas de policía y Ejército, numerosas mujeres fueron objeto de un tratamiento abusivo y denigrante, que incluyó, entre otros, el manoseo de senos y vagina. En otros casos, la Comisión recibió información de que a algunas mujeres les abrieron las piernas y les tocaron los genitales con los bastones policiales.

Derecho a la Libertad de Expresión

La garantía y protección del derecho a la libertad de expresión es una condición esencial para la defensa de todos los derechos humanos y para la existencia misma de cualquier sociedad democrática. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho a la libertad de expresión en su artículo 13, indicando que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, lo que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. A su turno, la Constitución de Honduras en su artículo 72 reconoce que “es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura.”

La Corte Interamericana ha destacado de manera consistente la importancia de este derecho al sostener:

La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática.  Es indispensable para la formación de la opinión pública.  Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quien desee influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente.  Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones, esté suficientemente informada.  Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.

La CIDH ha recibido información sobre situaciones que se presentaron a partir del golpe de Estado que configuran graves violaciones del derecho a la libertad de expresión. Durante la visita, se constató que el 28 de junio de 2009, varios medios de comunicación –en particular canales de televisión y emisoras radiales- se vieron obligados a suspender sus emisiones por ocupaciones militares de sus instalaciones, o fueron objeto de restricciones técnicas como cortes de luz y tomas de repetidoras y transmisores, que les impidieron informar sobre lo que estaba sucediendo. Así mismo, se constató que varios canales de cable fueron sacados del aire y que fueron suspendidos programas de televisión que tenían una línea crítica del golpe de Estado. Otros mecanismos de control de la información han sido las llamadas de distintos funcionarios oficiales, especialmente de miembros de la fuerza pública, sobre la inconveniencia de trasmitir información u opiniones contrarias al gobierno de facto. También se han registrado detenciones, agresiones y destrucción de equipos de reporteros asociada con el ejercicio de su labor periodística, así como ataques violentos provenientes de particulares contra los medios y amenazas de muerte.

La CIDH ha podido advertir que tras el golpe de Estado, los medios de comunicación de Honduras se han polarizado. Los medios de propiedad pública, por su inadecuado diseño institucional no tienen independencia del Poder Ejecutivo y, como consecuencia de ello, están abiertamente parcializados a favor del gobierno de facto. Los comunicadores y medios de comunicación que son percibidos como afines al gobierno de facto, han sido blanco de fuertes agresiones, presuntamente, por parte de opositores al golpe de Estado. Otros medios de comunicación que son percibidos como promotores del movimiento de resistencia, han visto constantemente afectada su labor periodística tanto por agentes del Estado como por particulares que restringen la labor informativa. Son pocos los medios de comunicación que en el agudo ambiente de polarización, se han comprometido públicamente con organizaciones civiles a presentar información plural sin que su posición editorial afecte la labor informativa. Sin embargo, la tarea de informar libremente no es fácil de sostener, pues el gobierno de facto cuenta con mecanismos poderosos de injerencia e intimidación que pueden ser empleados de manera abierta o encubierta, bajo la excusa de aplicación formal de las leyes preexistentes. De otra parte, las amenazas y violentos ataques de particulares han dificultado seriamente el ejercicio de la profesión.

Cierre de medios de comunicación

La CIDH fue informada que el 28 de junio personal militar ocupó las instalaciones de las antenas de transmisión de diferentes canales de televisión y radio en la zona del Cerro de Canta Gallo, en Tegucigalpa, e impidieron durante varias horas que técnicos encendieran los transmisores. En la zona se encuentran las antenas de transmisión de los Canales 5 y 3, Canal 57, Canal 9, Canal 33, Canal 36, Canal 30, Canal 54 y Canal 11. Esta medida, sumada a los constantes cortes de energía, dificultó la transmisión de la señal de estos canales. Por otra parte, el Canal 8, de propiedad estatal, dejó de transmitir por más de un día. Cuando reinició su transmisión, el personal de dirección había cambiado, al igual que la programación. Las señales de los canales privados Canal 6, Canal 11, Maya TV, Canal 36 de Tegucigalpa; y La Cumbre y la Televisora de Aguán, canal 5, del departamento de Colón fueron interrumpidas por tomas militares o por instrucciones del Ejército.

También fueron ocupados o rodeados por la fuerza pública Radio Progreso, en ciudad El Progreso, departamento de Yoro, Radio Globo, en Tegucigalpa, Radio Juticalpa, del departamento de Olancho, Radio Marcala en el departamento La Paz. En este último caso, un grupo de militares intentó cerrar la radio, pero pobladores de la zona impidieron el paso y la radio siguió funcionando.

Además de esta situación, se constató que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) dio instrucciones a los prestadores de televisión por cable que indirecta o directamente conducían a sacar del aire canales internacionales o programas nacionales trasmitidos por canales locales. Tal fue el caso de CNN en Español, Telesur, Cubavisión Internacional, Guatevisión y Ticavisión entre otros.

Cortes de luz

El 28 de junio, en horas de la mañana, hubo cortes de energía selectivos, según denuncias recibidas por la CIDH. Los cortes de energía impidieron las trasmisiones libres de radio y televisión, abarcaron sectores donde funcionaban las torres de transmisión, y afectaron a los servicios de telefonía fija y celular.

Detenciones de comunicadores sociales

La CIDH recibió información según la cual varios periodistas fueron detenidos, agredidos y amenazados, por razones directamente vinculadas al ejercicio de su profesión. El 28 de junio de 2009 fue detenido el caricaturista Allan McDonald junto su hija de 17 meses por soldados de las Fuerzas Armadas, que allanaron su casa, quemaron sus caricaturas y su material de dibujo. El mismo día miembros de la fuerza pública retuvieron en Tegucigalpa, a un grupo de reporteros de Telesur y The Associated Press para interrogarlos por sus visados. Este operativo, contra Telesur y VTV se repitió el 11 de julio. A la mañana siguiente, miembros de las fuerzas policiales impidieron a los reporteros salir del hotel durante varias horas. Los equipos de ambos canales abandonaron Honduras al día siguiente por considerar que su seguridad estaba riesgo.

Algunos de los periodistas detenidos ilegalmente y golpeados por la fuerza pública debido al ejercicio de su profesión, fueron Naún Palacios, en Tocoa, Colón, el 30 de junio de 2009; Mario Amaya, fotógrafo del Diario Hoy, el 2 de julio; Rommel Gómez, en San Pedro Sula; el director de Radio Coco Dulce, Alfredo López, el 12 de agosto en Tegucigalpa; el 14 de agosto, en Cortés, el periodista de Radio Progreso, Gustavo Cardoza. En la misma manifestación fue golpeado por las fuerzas de seguridad el periodista independiente de Tela, Edwin Castillo.

Agresiones y amenazas a comunicadores sociales

La CIDH recibió información sobre graves y múltiples agresiones sufridas por periodistas por actos de la fuerza pública o de particulares pero siempre con el objetivo de impedirles el ejercicio libre de su labor. Así por ejemplo, Juan Ramón Sosa del diario La Tribuna, fue golpeado e insultado cuando cubría una manifestación el 29 de junio, en Tegucigalpa. De acuerdo a la información recibida, la reportera gráfica Wendy Olivo, de la Agencia Bolivariana de Noticias, fue agredida por la fuerza pública cuando intentó tomar fotografías de personas detenidas en un destacamento policial, al negarse a entregar su cámara de fotos. El 30 de julio, varios periodistas y camarógrafos habrían sido agredidos por integrantes de la Policía en el contexto de la reacción contra la manifestación que se celebró ese día en Tegucigalpa. Según la información recibida, Karen Méndez, periodista de TeleSUR, fue empujada y amenazada por un policía, en tanto el camarógrafo del mismo canal, Roger Guzmán, también fue agredido y le quitaron material de trabajo. José Oseguera y Luis Andrés Bustillo, camarógrafos del programa “Hable como Habla” de Maya TV, habrían sido golpeados en la zona de Durazno, en la salida norte de Tegucigalpa el 30 de julio de 2009. Edgardo Castro, periodista de la Televisora Hondureña de Comayagua, habría sido agredido el 30 de julio de 2009, en el marco de la manifestación en Tegucigalpa, cuando filmaba la acción de la Policía contra manifestantes. Su equipo habría sido dañado. El 5 de agosto de 2009, el fotógrafo de diario Tiempo, Héctor Clara Cruz, fue golpeado por miembros de la Policía, cuando cubría una manifestación estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para evitar que continuara tomando fotos del enfrentamiento. El 12 de agosto de 2009, Richard Cazulá camarógrafo de Canal 36, habría sido golpeado por miembros de la fuerza pública y se habría dañado su cámara, cuando filmaba una manifestación en Tegucigalpa. El 14 de agosto de 2009, en el marco de una manifestación, un grupo de policías agredió y confiscó el material al fotógrafo Julio Umaña, del diario Tiempo, quien les había mostrado su acreditación.

En cuanto a las agresiones contra periodistas originadas en actos de particulares, la CIDH observa que en su mayoría se registraron mientras cubrían manifestaciones. En Tegucigalpa tres periodistas del programa “Entrevistado” del Canal 42 habrían sido atacados el 28 de junio de 2009 por un grupo de manifestantes, que también los derribaron y rompieron sus cámaras. El 29 de junio de 2009, el fotógrafo del diario El Heraldo Johnny Magallanes habría sido atacado cuando cubría una manifestación frente de la Casa Presidencial, en Tegucigalpa. El 1 de julio, unos manifestantes presuntamente del movimiento de resistencia, agredieron a Carlos Rivera, corresponsal de Radio América en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Henry Carvajal y Martín Rodríguez, fotógrafo y periodista del diario La Tribuna, denunciaron haber sido objeto de agresiones por parte de manifestantes de la resistencia el 26 de julio en el departamento El Paraíso.

Además, se recibió información que varios comunicadores sociales han sido amenazados desde el golpe de Estado a causa de su labor periodística. Las amenazas han provenido de distintos sectores y se han producido bien por vía telefónica o electrónica o personalmente cuando cubren las manifestaciones o hechos noticiosos relativos a la crisis política. La CIDH pudo advertir que en las últimas semanas las amenazas para evitar el ejercicio libre de la labor informativa han aumentado. Han sido objeto de graves amenazas, entre otros comunicadores, Madeleine García y otros miembros del equipo de Telesur, Esdras Amado López (Canal 36); Eduardo Maldonado (Hable como habla en Maya TV), Jorge Otts Anderson (Canal la Cumbre en Tocoa, Colón); Johnny Lagos (El Libertador); José Luis Galdámez (programa Tras la Verdad en Radio Globo), Andrés Molina (Radio Juticalpa); Carlos Lara, Wilfredo Paz y Rigoberto Mendoza (en Tocoa, Colón); miembros de la Radio Progreso; integrantes de la Radio La Voz Lenca, entre otras radios independientes o comunitarias; Francisco Montero (Radio Sonaguera); Héctor Castellanos (programa en Radio Globo), por mencionar algunos ejemplos de amenazas provenientes de miembros de la fuerza publica o de sectores presuntamente asociados con el gobierno de facto. Así mismo, Carlos Mauricio Flores y Fernando Berrios, del diario El Heraldo, fueron amenazados de muerte en el contexto de violentos ataques al medio en el cual trabajan presuntamente originados en grupos radicales opuestos al golpe de Estado. Finalmente, Dagoberto Rodríguez de Radio Cadena Voces ha sufrido también agresiones y amenazas provenientes de grupos presuntamente pertenecientes al movimiento de resistencia.

Ataques a medios de comunicación

Como se ha mencionado antes, la CIDH observó una creciente polarización que se ha manifestado, entre otras cosas, en violentos ataques de particulares contra los medios de comunicación. Estos parecen haberse recrudecido en las últimas semanas.

Se recibió información sobre el atentado que se intentó realizar contra Radio América el 30 de junio, cuando una bomba fue colocada en el local de la emisora en Tegucigalpa. En la noche del 4 de julio, en Tegucigalpa, una persona no identificada habría dejado un explosivo en el Centro Comercial Prisa, donde se encuentran las instalaciones del diario Tiempo y del Canal 11. A fines de julio, se encontró un artefacto explosivo contra las instalaciones del Canal 6, en San Pedro Sula. El 14 de agosto, personas encapuchadas y con armas, incendiaron un vehículo que repartía ediciones del periódico La Tribuna. Al día siguiente, personas no identificadas lanzaron 5 bombas molotov contra el edificio del diario El Heraldo, que estuvieron a punto de provocar un incendio en las instalaciones del periódico.

Con base en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado tiene la obligación internacional de garantizar y proteger la libertad de expresión y debe abstenerse de utilizar mecanismos directos o indirectos de intimidación, así como proteger la vida y la integridad personal de los comunicadores, cualquiera sea su línea editorial. En consecuencia, la Comisión insta al Estado a respetar el libre ejercicio de este derecho, abstenerse de utilizar formas directas o indirectas de intimidación o censura, investigar las agresiones de que han sido víctimas comunicadores y medios, proteger la vida, integridad de los comunicadores así como las instalaciones de los medios y promover un clima de  tolerancia y pluralismo que permita el más amplio debate posible sobre los asuntos públicos.

Conclusión

La Comisión constató durante esta visita que el golpe de Estado del 28 de junio ha creado una situación de ilegitimidad democrática que tiene un impacto negativo sobre la vigencia de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras.

La Comisión comprobó la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública por parte de fuerzas policiales y militares, detenciones arbitrarias, y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía, que tuvo como consecuencia la muerte de por lo menos cuatro personas, decenas de heridos, miles de detenciones arbitrarias, cierre temporal de canales de televisión y amenazas y agresiones a periodistas.

La Comisión verificó la existencia de una aguda polarización que ha incidido en los medios de comunicación y que afecta el flujo libre de la información y la posibilidad de que exista un debate vigoroso y desinhibido sobre los asuntos relacionados con la ruptura del orden institucional. Asimismo, pudo comprobar la existencia de serias restricciones del ejercicio a la libertad de expresión  provenientes del gobierno de facto, que han generado un ambiente de intimidación que inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión. Finalmente, pudo comprobar la existencia de amenazas de muerte y ataques violentos a periodistas y medios de comunicación en razón de su línea editorial, provenientes de distintos sectores.

En base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado en 1977, el Estado tiene la obligación internacional de prevenir las violaciones a los derechos humanos, y en caso de que ocurran, investigar, juzgar y sancionar a los responsables. En este sentido, la Comisión insta al Estado a respetar el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad individual y a la libertad de expresión.

La Comisión desea valorar especialmente el trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos, cuyo rol ha sido fundamental en la obtención de información y la labor de protección de los derechos de las personas, bajo condiciones de riesgo personal.

La Comisión continuará observando la situación de derechos humanos en Honduras en el contexto del golpe de Estado y próximamente hará público el Informe final sobre esta visita.

Los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han sostenido en reiteradas oportunidades que el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos. En ese sentido, la Comisión considera que únicamente el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras permitirá que se den las condiciones para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras.

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[es] “El único delito”: Testimonio de Marcial Hernandez, golpeado, detenido, y hospitalizado

Marcial Hernandez, hospitalizado por golpes durante su detencion en Choloma, el 14 de agosto. Foto: Sandra Cuffe(Marcial Hernandez, golpeado y hospitalizado. foto: Sandra Cuffe)

Texto y fotos por Sandra Cuffe

San Pedro Sula, 15 de agosto del 2009.

La represión del movimiento nacional de resistencia en contra del golpe de Estado en Honduras ya es un hecho diario. En distintas regiones del país, la policía y el ejército están usando tácticas de terror y violencia para dispersar las protestas y detener ilegalmente a las y los manifestantes.

No obstante, las acciones de lucha coordinadas por el Frente Nacional de Resistencia en Contra del Golpe de Estado en Honduras FNRCGE siguen aún con mayor fuerza en cada rincón del país.

El 14 de agosto, las organizaciones y la ciudadanía en resistencia en la zona noroccidental se movilizó a la altura de Choloma, bloqueando el paso a los vehículos en la carretera entre San Pedro Sula y Puerto Cortés.

Es un punto muy estratégico en el país, ya que se trata de la carretera principal que conduce hacia el Puerto principal del país, desde el cual se exporta hacia los Estados Unidos un gran volumen tanto de textiles producidos en las maquilas del noroccidente como de frutas de la Tela Railroad Company, filial de la transnacional bananera Chiquita.

A pocas horas de la toma, hubo una negociación entre la dirigencia de la resistencia y los oficiales de la policía, supuestamente para evitar un deslojo violento. Según testigos, acordaron establecer un plazo de una hora para permitir de la movilización saliera de la carretera.

No obstante, a los veinte minutos del acuerdo verbal, una gran cantidad de policías con resfuerzos de elementos del ejército se hizo presente y en seguida empezaron un desalojo violento, tirando bombas de gaz lacrimógeno y usando la tanqueta de agua. Se dispersó la protesta, pero la policía siguió a las y los participantes corriendo hacia el centro, usando todo tipo de brutal violencia durante su detención ilegal y su traslado a la posta policial en Choloma.

Se registraron 27 personas detenidas, entre los cuales se encontraban menores de edad, personas ya muy mayores de edad, mujeres, y periodistas. La mayoría de los detenidos habían sido golpeado violentamente.

Por la gravedad de sus heridas por los golpes, cinco hombres fueron trasladados bajo custodio policial al hospital Catarino Rivas en la ciudad de San Pedro Sula. Todos recibieron tratamiento por heridas registradas como ‘golpes con objetos contusos’ en la sala de emergencia. A dos les dieron de alta, pero tres participantes en la resistencia se encontraban hospitalizados todavía en horas de la tarde y iban a estar bajo observación en la sala de emergencia por tiempo aún indefinido.

Julio Espinoza Carías, de Tela, Atlántida, tiene una fractura expuesta del femur derecho causado por un impacto de bala, y otras heridas y golpes en la cara y cuerpo.

Rogelio Mejía Espinoza, del Movimiento Campesino del Aguán de la aldea Guadalupe Carney en el sector de Silín, Colón, tiene fracturado el seno maxiliar izquierdo, con hemoseno, más otros heridas por golpes en la cara y cabeza, incluyendo una herida en la cabeza que requirió varias puntadas.

Marcial Hernández, miembro de la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán, de Tocoa, Colón, tiene fracturada la mano izquierda, una herida en la cabeza que necesitó varias puntadas, y otros golpes en el cuerpo. Justamente después de hacerle la siguiente entrevista, le llevaron de nuevo a Rayos X para hacerle otras radiografías.

A continuación se reproduce literalmente su testimonio, grabado en horas de la tarde del mismo 14 de agosto en el hospital y trancrita enseguida.

TESTIMONIO DE MARCIAL HERNANDEZ:

“Nosotros, de donde estabamos reconcentrados desde cuando llegaban los policías tirando bombas, las granadas, tirando las bombas lagrimógenas, entonces nosotros corrimos hacia el parque. Y corrimos muy abajo del parque, y ellos nos fueron siguiendo y siguiendo. Y cuando venimos de regreso a reconcentrarnos al parque, entonces nos dejaron que llegáramos al parque, una parte.

Y cuando los que andaban por allá largo, dispersos, los andaban recogiendo, trayéndolos, toleteándolos, golpeándolos, y metiéndolos a la cárcel.

Y nosotros nos quedamos allí. Después hicieron un cerco alrededor del parque. Entonces nosotros nos volvimos a correr para el lado del puente. Y cuando corrimos para allá nos salieron adelante, entonces regresamos de regreso.

Y venían unas mujeres que son de SITRAMEDYHS. Y entonces ellas también venían corriendo, y nos metimos a unas porquerías que habían allí. Abrimos un portón y entramos corriendo. Y con la misma, la gente lo cerró. Pero cuando entramos, las mujeres que traían niños se metieron en unos baños y ya para mi ya no había campo, como de todas maneras había que salvar a los niños. Pues, yo me quedé sentado en una silla. Pues, pasaron y nos quedamos allí como dos minutos.

Cuando regresaron, entonces, llegaron donde mi. Abrieron y entraron corriendo. Y como que era un enemigo me agarraron. No me pidieron ninguna declaración, sino que sólo me señaló alguien y se vinieron, pero todos a un tiempo, con los garrotes, dándome por la espalda, por la cabeza. Y alguien me agarró. Uno de ellos me agarró de la camisa, y me pegó un jalón aventón. Y cuando yo caminé para adelante, otro me dio con los pies, con los zapatos, y me botó. Y entonces no me quedó otro alternativo que encogerme en el suelo y allí se dieron guste. Hasta que ya no quisieron.

De allí me sacaron arrastrado. Después, me paré, y cuando yo me paraba, ellos aprovechaban, pues, como yo ponía el lomo, aprovecharon para darme, pero lo que más querían. Y cuando salimos a la calle, me dentraron otra vez a la camioneta, y entonces, yo estaba botando mucha sangre de la cabeza.

Entre las heridas por golpes esta la cabeza de Marcial Hernandez. Foto: Sandra Cuffe(Puntadas en la cabeza de Marcial Hernandez. foto: Sandra Cuffe)

Y sacaron otro compañero, ya lo traían caminando, y también le venían dando con el tolete, y nos llevaron a la policía. Y llegando a la policía me pegaron un empujón que caí, y allí siguieron con las patas, y me metieron de arrastras hasta adentro de la policía.

El oficial les dijo bestias, algo les dijo allí, yo vi que les dijo por qué hacían eso. Pero yo no me podía levantar.

Y la compañera que estaba, que andaba aquí, fue la única que me auxilió en ese momento allí, porque cuando no atendían ninguna comunicación, alguien les gritaba ‘no golpeen al señor, no lo golpeen, está indefenso.’ Y ellos decían, pues ‘a ustedes los vamos a traer’.

Y así eso fue lo que pasó. Eso fue lo que pasó este día.

El único, como… ?cómo se dice? El único delito, única y exclusivamente, porque nosotros estabamos yendo a una protesta en contra de este gobierno de facto. Esto es lo único.”

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Sandra Cuffe – sandra.m.cuffe@gmail.com – es una periodista y fotografa independiente de Canadá. Actualmente, está en Honduras desde el 3 de julio, colaborando con varios medios como DominionPaper.ca (Canadá), UpsideDownWorld.org (Estados Unidos), DefensoresEnLinea.com (Honduras), y varias radios comunitarias.

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[es] Sandra Cuffe: “Por amor a mi país”: JUAN GABRIEL FIGUEROA TOME, otro Mártir de la Resistencia en la Zona Norte

Sector López Arellano, Choloma, Cortés, Honduras
el 9 de agosto del 2009

por Sandra Cuffe

Juan Gabriel Figueroa Tomé, de 30 años de edad, era casado con dos hijos pequeños. Laboró como empleado de la Municipalidad de Choloma. Junto con varios amigos y colegas del trabajo, participó en las marchas y actividades de resistencia contra el Golpe de Estado desde el mismo 28 de junio hasta su asesinato en las primeras horas de la madrugada del sábado, 8 de agosto.

El cadáver del jóven obrero fue encontrado con un disparo de arma de fuego en la nuca y otra herida en el tórax en el sector que se conoce como La Platanera del sector López Arellano, en el municipio de Choloma, departamento de Cortés, Honduras. Según el médico forense, fue asesinado aproximadamente a la una y media de la mañana del sábado. Aún el domingo, en los periódicos del país, su muerte no aparece como una noticia política, sino en la sección de ‘Sucesos’ como una estadística anónima más entre tantos asesinatos diarios en la zona.

Al darse cuenta del fallecimiento de Figueroa, muchas personas caminaron bajo el sol implacable por las calles de tierra del sector López Arellano para llegar al velorio en la casa de sus padres. Desde antes del traslado de su cadáver el domingo 9 de agosto del morgue de Medicina Forense en San Pedro Sula al sector, llegaban familiares, amigos, vecinos, colegas del trabajo, y compañeros de la resistencia para compartir el dolor y solidarizarse con la familia de luto.

En las paredes se habían pegado fotos del jóven Figueroa, sonriente y lleno de vida.

El hijo de Figueroa lloraba en los brazos de su tía, pero al preguntarle cuántos años tenía, logró mostrar los cuatro dedos de una mano antes de esconderse la cara.

La hija de cinco años extendió su mano de saludo y se miraba tan alegre, como si hubiera llegado la gente para una fiesta y no para despedirse de su padre, cuyo cadáver estaba cerca en su ataúd allí en el pequeño salón de la casa.

“Ella dice que su papi está dormiendo,” explicó la madre, al preguntarle qué entendían los niños sobre la situación.

Entre los saludos y abrazos de mujeres en la casa donde se crió Figueroa, su madre relató que a veces salía con amigos en la noche los fines de semana para vender cuando habían partidos de fútbol y disfrutar la vida un rato antes de regresar a casa en la motocicleta de su amigo. Conocidos lo habían visto fuera de una fiesta de baile a eso de la medianoche, y otros afirman que a eso de las 12:30 de la mañana, estaba jugando billar en el mismo sector.

El sector La Platanera, conocida como un sector muy peligroso en la zona, está algo retirado de los caminos entre el estadio, la fiesta, el billar, y la casa de Figueroa. Sus familiares afirmaron que nunca viajaba por esa zona.

“Lo llevaron allí porque allí nadie lo conoce,” dijo la madre de Figueroa. “Fue hasta en la mañana que pasó un conocido que lo reconoció y nos vino a avisar,” dijo.

Además, añadió la madre que fue evidente no mataron a su hijo en el sitio donde fue reconocido su cadáver, sino más abajo en el mismo sector, donde había “un pozo de sangre,” dijo. Además, fue hallado sin documentos de identificación ni la motocicleta amarilla en la cual andaba esa noche.

El jovén Juan Gabriel Figueroa Tomé era el único miembro de la familia que haya participado en acciones de resistencia contra el golpe. Llorando, su madre expresó que lo que se están preguntando las personas que lo conocieron es por qué a él lo asesinaron, ya que era conocido como un respetuoso trabajador que quería mucho a su familia y los vecinos del sector, y quien no andaba metido en ninguna actividad criminal o sospechoso.

El sector López Arellano está en la zona con la mayor taza de asesinatos del país, entre San Pedro Sula y tanto Choloma como El Progreso. Esa zona de mayor violencia, y también del femicidio, coincide con los corredores de las maquiladores y las Zonas Industriales de Procesamiento (ZIPs), exentas de impuestos, en las cuales se fabrican todo tipo de maquinaria y ropa para la exportación, principalmente desde Puerto Cortés a los Estados Unidos.

No obstante, un amigo de Figueroa manifestó que muchos creen que fue asesinado por su participación en las acciones del Frente Nacional de Resistencia en Contra del Golpe de Estado, explicando que “desde el 28 hemos estado allí en la resistencia en San Pedro, en Choloma, las caminatas, en todo estábamos con él.”

A las dos de la tarde, se celebró la misa funeraria en una iglesia del mismo sector a las dos de la tarde del mismo domingo 9 de agosto. No bastaban las sillas para la gran cantidad de personas que asistieron, así que varios se quedaron de pie y hasta en las afueras de la iglesia.

“A veces, nos preguntamos por qué la violencia. A veces nos preguntamos por qué fue asesinado en esa manera,” predicó el sacerdote.

“Este asesinato se realizó para mandar un mensaje claro a los pobladores del sector y de la zona norte en general,” dijo una defensora de los derechos humanos, quien atendió el velorio para solidarizarse con la familia de luto.

“No están asesinando a los reconocidos dirigentes ni del Frente ni de las organizaciones, sino a obreros, campesinos, y maestros desconocidos pero que sí han estado participando energéticamente en la resistencia. Es una clara táctica de contrainsurgencia para aterrorizar a la población al asesinar personas con las cuales se puede identificar el pueblo.”

“En particular, por la edad de la mayoría de los mártires, se está demostrando más y más que los asesinos ven como una seria amenaza al golpe la participación masiva de los jóvenes, quienes somos mayoría en este país,” manifestó.

Al salir de la iglesia a eso de las tres de la tarde, se acercó un amigo de Figueroa con más noticias. Hombres armados en una motocicleta habían circulado por la calle frente la casa de Figueroa y su familia en la misma mañana del velorio.

Además, contó el amigo, vecinos del sector que viven más cerca del sitio donde fue asesinado ya estaban comentando que hombres desconocidos en dos motocicletas habían seguido a un hombre tambien en moto en las primeras horas del sábado, a eso de la una de la madrugada. Según los testimonios, el perseguido se paró en el camino y les dijo que podían tomar la motocicleta sin problema, que no iba a oponerse.

“No es la moto que queremos, sino a vos,” le dijeron los hombres que lo perseguían, según los testimonios de los vecinos.

“Por aquí nadie ve nada, por temor, sabes” aclaró el amigo de Figueroa, al preguntarle sobre la descripción de los hombres y las motocicletas. “Puede ser de que cuenten de las cosas que hayan escuchado en la noche, pero aquí nadie ve nada…”

El viento soplaba por las calles del sector, dando alivio a la congregación que ya se alistaba para la procesión hacia el entierro en el cementerio. Muchas mujeres lloraban al salir de la iglesia, mientras que al parecer los hombres pretendían distraerse un poco entre los llantos y abrazos. Como siempre, los niños más chiquitos jugaban y reían, traendo sonrisas a quienes les estaban mirando.

Sentado en las afueras de la iglesia, un líder local de una organización involucrada en el Frente Nacional de Resistencia Contra el Golpe de Estado en Honduras estaba contando por teléfono del asesinato, de las amenazas de muerte que él mismo sigue recibiendo, y de las caminatas de miles de personas en resistencia que vienen acercándose a las dos principales ciudades del país en estos días.

Se pudo entender que se le había preguntado por qué siguen tantos miles de personas en la resistencia cuando hay una represión tan fuerte por parte de las autoridades de facto.

“Pues, primero, porque amo a mi país…”

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A solicitud de la familia de Juan Gabriel Figueroa Tome, no se tomaron fotos. De igual manera, tanto por razones de privacidad como por razones de seguridad, se omitieron todos los nombres en este artículo, menos lo de Juan Gabriel Figueroa Tome, cuyo asesinato y participación en la resistencia al golpe de Estado ya son públicos.

Sandra Cuffe es fotógrafa y periodista independiente de Canadá. Vivió en Honduras entre el 2003 y 2007, y está otra vez en el país desde el 3 de julio del presente año. Actualmente, es corresponsal de DominionPaper.ca (Canadá), UpsideDownWorld.org (Estados Unidos), DefensoresEnLinea.com (Honduras), y maneja un blog bilingüe: http://HondurasSolidarity.wordpress.com

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[es] Pagina 12: Caras y voces de la represion en Honduras

el maestro Francis Edgardo Martinez el dia despues de ser golpeado y detenido. Santa Rosa de Copan, 1 de agosto. Foto: Sandra Cuffe.

Testimonios de víctimas de la violencia de la dictadura de Micheletti que los medios locales ocultan
Caras y voces de la represión en Honduras
Página12
A través de medios alternativos fue posible juntar declaraciones que muestran la ferocidad del régimen. Fueron pronunciadas por personalidades conocidas en Honduras y, sin embargo, no tienen lugar en los grandes medios de ese país.

“Me dijeron: ¿te duele, perro? ¡Gritá, perro!” “En una bartolina (calabozo) de nueve metros cuadrados había más de treinta compañeros presos, completamente doloridos por la golpiza recibida.” “Veníamos caminando por la carretera, y allí tomamos un desvío para burlar un retén, porque estaban delante, y comenzaron a disparar.” “Le han quitado la vida y ni siquiera nos dejan velarlo en paz.” “Nunca en la historia de Honduras se ha visto a la policía reprimir públicamente de esta manera.”

La mayoría de esas declaraciones fueron pronunciadas por personalidades conocidas en Honduras y, sin embargo, no tienen lugar en los grandes medios hondureños, asociados a empresarios y partidos tradicionales que impulsaron este golpe encarnizado. Para saber qué dicen los reprimidos hay que buscar por otro lado: sitios de información alternativa, blogs, entidades de derechos humanos. Esas parecen ser las vías para anoticiarse de la ferocidad del régimen que encabeza Roberto Micheletti para con quienes reclaman la restitución del presidente Manuel Zelaya.

El primero de los testimonios es parte de una serie recogida en www.defensoresenlinea.com, manifestantes detenidos y reprimidos el jueves 30, el día que el profesor Roger Vallejos recibió el tiro que lo llevaría a la muerte horas después. La violencia policial recrudeció en las tomas de rutas en Tegucigalpa y Comayagua. “Cuando estábamos tendidos en el suelo, boca abajo, nos empezaron a insultar: al que medio levantaba la cabeza le daban un toletazo –contó el maestro Francis Alvarez–. Si alguien se daba vuelta para ver le daban con las botas en la cara. A las mujeres les decían que eran perras que deberían de estar en la casa atendiendo al marido y con los toletes les hurgaban las partes íntimas. Nos decían que ellos mandaban y que si nos volvían a ver en las calles nos iban a matar a todos.” El dirigente Juan Barahona se comunicó desde la cárcel con Radio Liberada: “Somos 75 y estamos detenidos en la posta del barrio Belén, en Tegucigalpa: la mayoría estamos golpeados, heridos, con hematomas en la cara y los ojos, con marcas de garrotazos en la espalda. La policía nos trata como a animales”. Al dirigente Carlos Reyes, avisó, le fracturaron un brazo y lo llevaron al hospital.

Roger Vallejos agonizó 36 horas: un balazo en la cabeza en medio de una manifestación reprimida en el Mercado del Mayoreo. Los familiares denunciaron que fueron hostigados mientras estuvo internado –los desalojaron del hospital– y también luego, durante el velorio. “Le quitaron la vida y ni siquiera podemos velarlo en paz –dijo Salomón, su hermano, a Radio Globo–. Que dejen de enviarnos la policía para agredir, se han ensañado.” “¿Tiene temor?”, le preguntaron. “Y claro, quién no va a tenerlo, cuando ves pasar a una patrulla con los fusiles apuntándonos. Queremos velar a nuestro pariente en tranquilidad, porque no es justo que vengan a amenazar y provocar. Es un hecho cobarde.” Había razones para temer: el domingo a la madrugada fue asesinado otro docente, Martín Rivera. Había ido al velorio de Vallejo y apareció, como Pedro Magdiel Muñoz en El Paraíso, con decenas de puñaladas. La policía informó que detuvo a un adolescente, pero Bertha Oliva, de Cofadeh, asegura que se trata de un modus operandi que instrumentaron los escuadrones de la muerte ya en los ’80: “Comenzaron con asesinatos de cuadros de base a cuchilladas para hacerlos pasar como obra de la delincuencia común”, declaró en el sepelio. “Sabemos que la saña con que los mataron es un mensaje para que el resto de la población se atemorice”, dijo. El lunes el ejército asesinó a otro campesino en un retén militar.

El sindicalista Eliseo Hernández publicó en el sitio www.honduraslaboral.org un relato de la represión en la ruta interamericana. “A la una de la tarde llegó un contingente de unos 400 militares y 200 policías que nos emboscaron; de inmediato procedieron a lanzarnos granadas lacrimógenas, a golpearnos a punta de toletazos y a dispararnos con la idea de matarnos, por lo cual no nos quedó más alternativa que huir por los montes y montañas. Yo me pregunto: si ya nos habían desalojado de manera brutal y salvaje, ¿por qué perseguirnos durante varios kilómetros hasta alcanzar a muchos compañeros y compañeras, y ya en el suelo, completamente indefensos e impotentes, proceder a golpearlos, patearlos, insultarlos y torturarlos sin importarles sus súplicas y ruegos, para después apresarlos de una manera brutal y humillante?”. Hernández dio cuenta de los presos hacinados en una celda: “La policía les tiraba cápsulas que al hacer contacto con la humedad del suelo de la bartolina emanaban fuerte olor a gas mostaza, lo cual se convertía en una cruel tortura, pues la asfixia era casi total”. El episodio fue narrado también por Bertha Oliva.

El veterano líder indígena Salvador Zúñiga relató al sitio nicaragüense www.tortillaconsal.com los padecimientos del grupo de 300 manifestantes que se trasladaron desde Tegucigalpa hacia la frontera para reunirse con Zelaya. “Hay una guerra contra un pueblo desarmado que lo único que hace es reclamar que se reinstale al presidente al que votamos para que gobierne cuatro años”, graficó. “Llegaron a encarcelar diariamente hasta 300 personas –dijo–. En El Paraíso ya no cabían en la bartolina de la policía y llevaron a la gente al estadio.” A la salida de la capital les quitaron los colectivos y siguieron a pie; luego de eludir varios retenes tuvieron que largarse a la montaña, porque empezaron a dispararles. Al llegar a los pueblos los delataban y tenían que seguir huyendo. El ejército los cercó cerca de la frontera, los detuvo, los golpeó y después, hacinados, los remitió en furgones a Tegucigalpa y San Pedro Sula. Solo 40 consiguieron pasar a Nicaragua. “La gente está con miedo: es una situación difícil –explicó–. Cuando va a las manifestaciones está activa. Pero cuando ya está sola entra en una situación de pánico.”

En el sitio Honduras resiste (resistenciamorazan.blogspot.com), uno de los más activos en la difusión de denuncias, se reproduce una entrevista que Radio Progreso le hizo al padre Fausto Milla, un militante de los derechos humanos que trabaja con los indígenas, que fue detenido por los escuadrones de la muerte en los ‘80 y que hoy está a resguardo. “Viví estas situaciones durante doce años, esperaba la muerte en cualquier momento –evocó–. Hace unos días fueron a buscarme a la radio en la que estoy, disimuladamente. Yo no tengo temor pero trato de cuidarme, también, lo razonable. Aunque no sé cuánto aguantaré encerrado, porque no puedo seguir viendo cómo corre la sangre. Yo creo que en la historia de Honduras nunca se ha visto una represión así, en una forma tan pública, tan a la vista de todos.” Milla considera que, de seguir la situación, “la indignación del pueblo se va a desbordar, probablemente en forma desordenada”. “Porque es imposible seguir aguantando esto –señaló–. A veces ni agua dejan pasar a los heridos en la cárcel. Violar los derechos humanos fundamentales para estos grupos, con Billy Joya al frente, es un oficio. Por eso toman con naturalidad y no les importa nada que el mundo entero los esté llamando criminales y bestias. Pero el pueblo se ha levantado, se ha indignado, y está decidido ahora a seguir luchando por la libertad pacíficamente, hasta donde llegue el límite.”

“El sector golpista no se esperaba que la gente haya perdido el miedo y esté preparada para decir los nombres y los apellidos de los que están detrás de este proyecto oprobioso de hostigamiento, persecución y muerte”, señaló Oliva, y aseveró que la Cofadeh contabilizó 2702 detenciones ilegales, gran cantidad de amenazas de muerte directas y nueve asesinatos, “algunos de ellos cometidos por militares disfrazados de civil”. “Los golpistas son pocos, pero es mucho el dinero que manejan, y los medios de comunicación son de ellos –señaló Milla–. Envenenan a la gente y la llenan de odio.”

http://www.pagina12.com.ar/diario/elmundo/4-129477-2009-08-06.html

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