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COPINH: Solidaridad con abogado Enrique Flores Lanza

Consejo Cívico de Organizaciones Populares

e Indígenas de Honduras, COPINH.

 

Solidaridad con abogado Enrique Flores Lanza.

Ante la violación del Acuerdo de Cartagena, por parte del régimen continuador del golpe de estado que mantiene intactas las estructuras del poder golpista, cuando se ha dictado arresto domiciliario contra el ex ministro de la presidencia del Gobierno presidido por el ex presidente Manuel Zelaya Rosales, abogado Enrique Flores Lanza, emitimos el siguiente comunicado:

1.      Nos solidarizamos con el abogado Enrique Flores Lanza, miembro de la comisión política del F.N.R.P. Quien es víctima de la persecución política de los golpistas, que una vez más violan el Acuerdo de Cartagena al decretarle  prisión domiciliaria e imponerle una fianza de 27 millones de lempiras, la que deberá de entregar en un periodo de un  mes como máximo, como una manera de cuartarle su libertad totalmente.

2.      El abogado Enrique Flores Lanza regreso al país junto a otros perseguidos políticos, después de la firma del Acuerdo de Cartagena, sin embargo los golpistas han roto el mismo, como era de esperar,  al continuar la persecución política desde el poder judicial, que es parte de la intacta institucionalidad golpista que reina y gobierna en Honduras.

3.      Como los golpistas ya lograron el objetivo de reincorporar a Honduras en la O.E.A., ni siquiera les importa continuar con la persecución contra los exiliados que confiaron en el mentado acuerdo.

4.      El COPINH alerta al pueblo hondureño y a la comunidad internacional sobre la continuación de condiciones de represión contra la población en el país y lamenta profundamente como los golpistas volvieron a sorprender a muchas personas y organismos con sus tramposas jugadas.

5.      Alertamos a los exiliados que han retornado al país a tomar medidas frente a la persecución política del régimen golpista y denunciar todo acto represivo.

6.      Exigimos cese la persecución política del régimen contra el Abogado Enrique Flores Lanza y todas las personas que retornaron creyendo que los golpistas en el poder iban a respetar el Acuerdo de Cartagena.

 

La Esperanza Intibucá 15 de junio del 2,011

Con la fuerza ancestral de Lempira, Iselaca, Mota y Etempica se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad,  libertad y paz.

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desde Argentina: No hay ninguna razón que justifique el reingreso de Honduras a la OEA

No hay ninguna razón que justifique el reingreso de Honduras a la OEA

 

Después del golpe de estado del 28 de junio, la comunidad internacional rechazó de diversas maneras al nuevo régimen. Una de estas formas fue la expulsión de Honduras de la OEA.

La ruptura del orden constitucional, las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, la persecución a los medios de comunicación independientes, son motivos más que suficientes para realizarlo. Y más aún. Puede interpretarse el golpe de estado en Honduras, como un laboratorio en el que se ensayan las nuevas modalidades de contrainsurgencia, frente a gobiernos que desafían la hegemonía norteamericana en la región, a partir de su articulación en el ALBA, y en diversos mecanismos de integración, al margen de los mandatos de EE.UU.

Luego del golpe sucedió lo no calculado: el nacimiento de una resistencia popular masiva, enérgica, combativa, que en dos años no dejó de movilizarse, de salir a las calles, de pelear por cada uno de sus derechos.

Un pueblo en resistencia, que dio todo de sí, hasta la vida de muchos de sus hijos e hijas.

Asesinatos, amenazas, prisiones, exilio, pérdida de tierras, pérdida de derechos en todos los planos, son parte del proceso vivido a partir del gobierno de Micheletti primero, y de Porfirio Lobo ahora. De esto dan cuenta cabalmente todas las instancias internacionales de derechos humanos como la CIDH, Amnesty Internacional y la Comisión de Verdad, que han hecho –o están haciendo- informes sistemáticos y minuciosos sobre las violaciones a los derechos humanos.

El golpe de estado buscaba también detener el proceso que se abría ese 28 de junio, de profundización de la democracia a través de la Cuarta Urna, para la convocatoria a una Constituyente que pudiera abrir el camino a la Refundación de Honduras.

Hoy, a partir de los acuerdos de Cartagena de Indias, realizados entre los gobiernos de Colombia, Venezuela, y el régimen de Pepe Lobo –con el aval de Mel Zelaya y de una parte de la dirección del FNRP-, se pudo avanzar en la concreción de un hecho histórico: el retorno del exilio del presidente destituido por el golpe.

Sin embargo ese hecho no alcanza para revertir la caracterización del gobierno de Porfirio Lobo, como continuista de la política iniciada con el golpe de Estado.

No regresaron todos los exiliados y exiliadas, ni se abre paso al juicio y castigo a los responsables del golpe de estado y de las violaciones a los derechos humanos. Tampoco se crean condiciones para marchar hacia un proceso de Refundación de Honduras.

Por el contrario, se busca institucionalizar y dar gobernabilidad al régimen heredado del golpismo, en el que siguen amparados todos los personeros de la dictadura.

Es por ello que los movimientos sociales agrupados en el ALBA en Argentina,  rechazamos la decisión de la OEA de reintegrar a Honduras en su seno, y convocamos a los movimientos populares de toda América Latina a seguir demandando el fin de la impunidad, del militarismo, del golpismo, y a solidarizarse con la resistencia hondureña activamente.

Rechazamos la mediación del gobierno genocida de Juan Manuel Santos, en los acuerdos mal llamados “de reconciliación”.

¡Nunca más golpes de estado en América Latina!

Los pueblos no perdonamos a los golpistas, a los asesinos, a los que subordinan nuestros países a los dictados norteamericanos.

Los pueblos no nos reconciliamos con nuestros verdugos.

 

¡Honduras resiste con dignidad! ¡No están solos/as!


Movimientos Sociales del ALBA – Capítulo Argentino
Frente Darío Santillán – Movimiento Nacional Campesino Indígena – Juventud Rebelde 20 de diciembre – Grupo de Estudios de América Latina – Pañuelos en Rebeldía – Central de Trabajadores Argentinos CTA

2 de junio / 2011

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OFRANEH: “Inventamos o Erramos”

“Inventamos o Erramos”

En el año de 1842 el maestro de Simón Bolivar, el caraqueño Simón Rodriguez en su libro Sociedades Americanas, acuño la frase de “Inventamos o Erramos”, en referencia a la urgencia que existía de una ruptura con el pasado colonial y el proceso de independencia, donde desafortunadamente los criollos optaron por imitar las ideologías e instituciones europeas de las que  supuestamente se habían emancipado.

Dos siglos después de la supuesta independencia, América Latina parece encarnar una nueva tentativa de lograr cimentar la independencia, siendo Honduras una de los países donde las rémoras mantienen atado al imperio uno de los países más pobres del hemisferio.

El remolino de opiniones que han surgido en las últimas semanas a raíz de los acontecimientos tan comentados y conocidos por todos, sobrepasa la razón y quedamos a mitad de camino anegados en los sentimientos, sin que realmente entendamos los trasfondos y motivos de accionar de líderes, los que muchas veces responden mas al denominado “realpolitik” que a los intereses y el sentir de los pueblos.

En el caso de las acciones inconsultas asumidas por algunos  miembros del FNRP en su viaje a Caracas y la  muestra de verticalismo demostrado, es sin lugar a dudas una característica consolidada en los grupúsculos que sucumben ante las ansias de concentración de poder político.

A partir de la asamblea de la Resistencia Popular del 27 de febrero, en donde algunas personas del movimiento social, fuimos enfáticos sobre nuestro desacuerdo a la conversión del Frente en un partido político; automáticamente fuimos calificados, como idealistas y algunos han llegado a tildarnos de anarquistas.

La distorsión de la realidad siempre ha sido una de las armas favoritas del fascismo, lo mismo que la utilización de grupos de choque que sofocan el dialogo con consignas y epítetos descalificativos. La posición asumida por la OFRANEH y otras organizaciones, así como de muchos delegados participantes en la asamblea del frente que se llevo a cabò en febrero pasado, cuestionó la participación prematura en un proceso electoral que de darse, continuaría con la farsa de una pseudo democracia al servicio de los intereses de la descarnada elite de poder local y el imperio.

Era de esperarse que después de haber triturado la incipiente democracia hondureña con el golpe de Estado del 2009, se hubiera llamado a una asamblea constituyente con el propósito de reconstruir la democracia en Honduras. Sin embargo los hechos acontecidos demuestran que los Estados Unidos promovieron elecciones en circunstancias ampliamente anómalas,  donde algunos acudieron a votar bajo las bayonetas caladas de los mismos “vigilantes” que defenestraron a Manuel Zelaya  arrojándolo en la pista del aeropuerto de San José en Costa Rica.

El “pragmatismo” político de la camarilla de siempre, salió a relucir en medio de la asamblea, y si bien es cierto que la gran mayoría nos manifestamos en contra de las ambiciones políticas de ciertas vanguardias  que han asumido de forma cínica la estulticia como leit motiv, aparecen posteriormente en Caracas avalando las negociaciones desconocidas hasta ese entonces por la mayoría de los miembros del  Frente.

Algunos especialistas y tendenciosos  en retorcer la información, llegan incluso a asegurar que la oposición a la abrupta participación del Frente en el proceso electoral es una inclinación a la lucha armada. Ciertamente un escenario de insurrección armada sería de enorme agrado para el imperio, situación que les facilitaría incrementar la ocupación ya de por sí existente en el país, además de incrementar los arsenales a disposición de las fuerzas armadas nacionales para que posteriormente las subasten a los carteles de las drogas.

La OFRANEH ha venido practicando la desobediencia civil en la medida de lo posible, además que existe una vocación pacifista del pueblo Garífuna que muchos en Honduras interpretan como llana y simple cobardía.

Los señalamientos tendenciosos de vincular a las organizaciones opuestas a participar en un proceso electoral sin haber logrado el imperativo de una asamblea constituyente, como anarquistas e inclinados a la lucha armada, es una tremenda  falacia al servicio de aquellos que pretenden colocarle la lapida a la resistencia; y vienen a ser casi los mismos interesados que vinculan la problemática del Bajo Aguan con la existencia de grupos guerrilleros imaginarios.

Por supuesto que el llamado Acuerdo de Cartagena y la posterior reunión “explicativa” en Caracas, ha dejado un laberinto de preguntas y la gran mayoría de ellas sin respuesta. Peor aun ha sido la deportación del Periodista Joaquín Perez Becerra. Hay quienes  vinculan este tipo de actitud asumido por el Poder Ejecutivo de Venezuela con poderosas razones de estado: desde la invasión a Libia hasta la conjura que pueda crear Estados Unidos alrededor del siniestro Makled.

El retorno de Honduras al  Ministerio de las Colonias (OEA), parece ser el motivo del acercamiento del humanismo cristiano al que previamente había categorizado de diablo. Pueden existir razones más estomacales como el regreso a Petrocaribe en un momento donde la especulación sobre el petróleo y alimentos avizoran una hambruna planetaria.

En cuanto al FNRP, es necesario reflexionar sobre la lección de Simón Rodríguez, al manifestar lapidariamente: Inventamos o Erramos.  Es urgente reinventarnos para evitar que la brecha entre la Resistencia y el Frente se acentúe. Obligándonos a desmantelar los autoritarismos tan frecuentes en nuestro entorno.

Las jerarquías autoritarias bajo el disfraz de movimientos políticos  suelen finiquitar los movimientos sociales, por lo que resulta impostergable desenmascarar el autoritarismo antes que sucumbamos a una nueva forma de tiranía.

La Ceiba, Atlantida 28 de Abril del 2011

Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
OFRANEH
Organizacion Fraternal Negra Hondureña
Calle 19, #130.
La Ceiba, Atlantida,
Honduras
telefax: 504-4420618
email:garifuna@ofraneh.org/ ofraneh@yahoo.com

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[es] Giorgio Trucchi: Firmado acuerdo para la restitucion del presidente Zelaya

Presidente Manuel Zelaya Rosales. El Ocotal, Nicaragua, 26 julio 2009. Foto: Sandra Cuffe

Firmado acuerdo para la restitución del presidente Zelaya
Asoma solución a la crisis. Y ahora la última palabra pasa al Congreso

por Giorgio Trucchi – Rel-UITA

Las presiones de los últimos días de parte de la comunidad internacional y la presencia en Honduras del subsecretario de Estado norteamericano para el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, y de una nueva delegación de la OEA, parecen haber forzado el presidente de facto, Roberto Micheletti, a aceptar firmar el punto número 6 del Acuerdo de San José, que prevé pedir al Congreso Nacional retrotraer la situación de los poderes del Estado a su estado previo al 28 de junio.

La noticia, que llegó un día después de haberse cumplido cuatro meses del golpe de Estado y a un mes de las elecciones nacionales, desencadenó la euforia de centenares de miles de hondureños que salieron a la calle formando largas caravanas de vehículos, enseñando sus banderas y mantas de la Resistencia en todo el país.

En Tegucigalpa, la gente se dirigió en altas horas de la noche hacia Radio Globo en el céntrico Boulevard Morazán, bloqueando el tráfico y coreando consignas de victoria.

Pese a la evidente satisfacción, el presidente Manuel Zelaya llamó el pueblo hondureño a la calma, explicando que por el momento se trata de un primer importante paso hacia la restitución del orden democrático en el país.

“Llamo al pueblo hondureño a que tenga calma, sin hacer escarnio de nadie. Las comisiones firmaron hoy el punto más difícil y mañana, 30 de octubre, vamos a firmar todo el documento que consta de ocho puntos. Se trata ahora de hacer un plan de trabajo para la ejecución de todos los puntos, incluyendo la restauración del sistema democrático.

Siento satisfacción y soy optimista –continuó Zelaya–, y agradezco a toda la comunidad internacional por haber sostenido esta solución. Restituir a un gobierno con todo lo que ha ocurrido es un hecho histórico para nuestra sociedad y para toda la comunidad latinoamericana. Estamos haciendo escuela, siendo ejemplo de paz y democracia para el mundo.

Sin embargo, se trata de un proceso, de un plan que debe ejecutarse. Primero se va a construir un calendario, después hay que llevarlo al Congreso Nacional y los diputados tomarán las determinaciones que competen en su carácter de independencia de poderes, y finalmente estaremos participando en todo el proceso de la reconstrucción de la democracia a través de la inminente restitución al cargo de Presidente por el cual me eligió el pueblo hasta el 27 de enero de 2010”, explicó el Presidente legítimo de Honduras.

Faltando pocos minutos para finalizar el día 29 de octubre, la comisión negociadora del presidente Manuel Zelaya Rosales brindó una conferencia de prensa para dar a conocer el contenido del acuerdo firmado con la comisión del presidente de facto, Roberto Micheletti.

Víctor Meza, miembro de la comisión negociadora del presidente Zelaya, dio lectura al texto del acuerdo en el que se expresa que “para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, ambas comisiones negociadoras hemos decidido, respetuosamente, solicitar que el Congreso Nacional, como una expresión institucional de la soberanía popular, en uso de su facultades en consulta con las instancias que considere pertinentes, como la Corte Suprema de Justicia y conforme a ley, resuelva en lo procedente a retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio de 2009, hasta la conclusión del actual periodo gubernamental el 27 de enero de 2010.

La decisión que adopte el Congreso Nacional deberá sentar las bases para alcanzar la paz social, la tranquilidad política y la gobernabilidad democrática que la sociedad demanda y el país necesita”.

Meza explicó también que ninguno de los ochos puntos que conforman el acuerdo, por sí solo, tiene valor individual, sino que están relacionados entre sí y forman parte de un todo integral que se llama Acuerdo de San José, con el sólo objetivo de restaurar el orden constitucional en el país.

Último Momento

por Giorgio Trucchi

El día de hoy, 30 de octubre, las dos comisiones negociadoras firmaron el documento de ocho puntos y fuerona entregarlo a la Secretaría del Congreso Nacional, tal como prevé el punto que trata el tema de la restitución del presidente Manuel Zelaya.

Según el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Alfredo Saavedra, obligadamente habrá que consultar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para decidir si se restituye o no al presidente Manuel Zelaya, como acordaron ayer las comisiones de diálogo en la crisis del país.

“Tenemos que escuchar la opinión de la honorable CSJ previo a emitir un dictamen favorable o desfavorable, porque las normas parlamentarias nos obligan a seguir un procedimiento, y este acuerdo tiene realmente relación directa con otros poderes del Estado, que hay que escuchar su opinión porque así lo ordena en este tipo de materia la misma Constitució”, dijo Saavedra.

El presidente del Congreso agregó que en este momento no es posible poner plazos para la resolución y que de inmediato iba a convocar a la junta directiva y a los jefes de bancadas para conocer el contenido del documento y “continuar con lo que procede”

En las próximas horas se sabrá si se trata de una verdadera salida a la crisis o una nueva maniobra dilatoria de los poderes fácticos de Honduras.

Mientras tanto el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado dio a conocer su posición ante la firma del Acuerdo de Tegucigalpa-San José:

El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, ante la inminente firma del acuerdo negociado entre la comisión representante del presidente legítimo Manuel Zelaya Rosales y los representantes del régimen de facto, comunica a la población hondureña y la comunidad internacional:

1.      Celebramos como una victoria popular sobre los intereses mezquinos de la oligarquía golpista, la próxima restitución del presidente Manuel Zelaya Rosales. Esta victoria se ha obtenido con más de 4 meses de lucha y sacrificio del pueblo, que a pesar de la salvaje represión desatada por los cuerpos represivos del estado en manos de la clase dominante, ha sabido resistir y crecer en conciencia y organización hasta convertirse en una fuerza social incontenible.

2.      La firma por parte de la Dictadura del documento donde se establece “retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio”, representa la aceptación explícita de que en Honduras hubo un golpe de estado que debe ser desmontado para volver al orden institucional y garantizar un marco democrático en el que el pueblo pueda hacer valer su derecho de transformar la sociedad.

3.      Exigimos que a los acuerdos que se firmen en la mesa de negociación se les de trámite expedito en el Congreso Nacional. En ese sentido, alertamos a todos nuestros compañeros y compañeras a nivel nacional para que se sumen a las acciones de presión para que se cumpla inmediatamente lo consignado en el documento final que se elabore en la mesa de negociación.

4.      Reiteramos que la Asamblea Nacional Constituyente es una aspiración irrenunciable del pueblo hondureño y un derecho innegociable por el cual seguiremos luchando en las calles, hasta lograr la refundación de la sociedad para convertirla en justa, igualitaria y verdaderamente democrática.

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[es] CIDH: Observaciones preliminares de la visita en Honduras

http://www.cidh.org/Comunicados/Spanish/2009/60-09.observaciones.preliminares.visita.Honduras.htm

Tegucigalpa, Honduras, 21 de agosto de 2009 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) concluyó hoy su visita in loco a Honduras, que tuvo lugar del 17 al 21 de agosto de 2009. El objetivo de la visita fue observar la situación de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio de 2009. La delegación estuvo compuesta por la Presidenta de la CIDH, Luz Patricia Mejía Guerrero; el Primer Vicepresidente, Víctor Abramovich; el Segundo Vicepresidente y Relator para Honduras, Felipe González; el Comisionado Paolo Carozza, y el Secretario Ejecutivo, Santiago A. Canton. También fue parte de la delegación la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Catalina Botero.

La CIDH solicitó realizar esta visita el 30 de junio de 2009, recibió la anuencia del Estado el 13 de julio de 2009, y acordó con el Presidente de la Corte Suprema de Justicia la realización de la visita. Las observaciones preliminares que hoy se presentan se basan en información recibida antes y durante la visita. Asimismo, la Comisión preparará un informe final que publicará próximamente.

Durante la visita, la CIDH se reunió con representantes del gobierno de facto y de diversos sectores de la sociedad civil, y recibió a más de un centenar de personas que presentaron denuncias, testimonios e información. En Tegucigalpa, la delegación mantuvo reuniones con autoridades de los tres poderes del Estado, defensores y defensoras de derechos humanos, líderes políticos y sociales, organizaciones no gubernamentales y padres de familia. El 19 de agosto, delegaciones de la Comisión se trasladaron a Tocoa, departamento de Colón, y a San Pedro Sula, departamento de Cortés, donde se realizaron reuniones con representantes de la sociedad civil y autoridades locales. En Tocoa, la CIDH recibió a más de 40 maestros, periodistas, líderes políticos y líderes sociales; se reunió con representantes de la policía, el Ejército y la Fiscalía; y con empresarios locales y estudiantes. En San Pedro Sula, la Comisión recibió a más de 50 representantes de organizaciones de la sociedad civil, se reunió con comunicadores sociales, recibió testimonios de personas heridas durante la represión de manifestaciones, y se reunió con autoridades del Municipio, la Policía y las Fuerzas Armadas. El 20 de agosto, delegaciones de la Comisión se trasladaron a las localidades de El Paraíso y Comayagua. En la localidad de El Paraíso se realizaron reuniones con organizaciones de la sociedad civil y la alcaldía, y se recibieron testimonios sobre los hechos del 24 al 27 de julio de 2009, cuando se aplicó un toque de queda continuado durante tres días. En Comayagua la CIDH recibió información sobre los sucesos del 30 de julio de 2009, cuando una manifestación fue reprimida y cerca de 150 personas fueron detenidas por un lapso de 6 a 14 horas. La CIDH recabó esta información tomando testimonios de personas afectadas y  testigos, y de las autoridades de policía y del Ejército del lugar, y la Fiscalía regional. La Comisión agradece a todas aquellas personas que facilitaron la organización de esta visita.

*  *  *

El 28 de junio de 2009, la CIDH condenó el golpe de Estado y la ruptura del orden constitucional, e hizo un llamado urgente a que se restaurara el orden democrático y que se respetaran los derechos humanos, el Estado de derecho y la Carta Democrática Interamericana. El mismo día, todos los Estados del Hemisferio condenaron de manera unánime e inmediata el golpe de Estado. El Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) condenó el golpe de Estado, exigió la restitución del Presidente Zelaya y declaró que no se reconocería ningún gobierno que surgiera de la ruptura institucional. El 30 de junio, la Asamblea General de la OEA otorgó al gobierno de facto un plazo de 72 horas para restituir en el ejercicio del poder al Presidente Zelaya, y el 4 de julio de 2009 suspendió al Estado de Honduras en el ejercicio de su derecho de participación en la OEA.

La Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional y otros actores hondureños tienen lecturas distintas a la del conjunto de la comunidad internacional sobre la legitimidad del golpe de Estado, al considerar que los hechos del 28 de junio de 2009 se realizaron en apego irrestricto a la Constitución. La Comisión estima que aún cuando existan diferencias de opinión sobre este asunto, el deber de garantizar los derechos de las personas no se modifica, ya que incumbe en todo momento a quienes ejercen el poder público, independientemente de la interpretación que se haga de los hechos del 28 de junio de 2009.

La decisión de la Asamblea General de la OEA no suspende las obligaciones contraídas por el Estado hondureño al ratificar la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 1977 y otros instrumentos interamericanos de derechos humanos, en base a los cuales la CIDH continúa observando la vigencia de los derechos humanos en el país. Asimismo, en la Resolución del 4 de julio, la Asamblea General de la OEA reafirmó específicamente: “que la República de Honduras deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos”. Asimismo, el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana establece que: “El Estado miembro que hubiera sido objeto de suspensión deberá continuar observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la organización, en particular en materia de derechos humanos.”

Desde el 28 de junio de 2009, la Comisión ha recibido numerosas denuncias sobre violaciones a los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado. En todos estos casos la Comisión procedió inmediatamente a comunicarse con el Estado en base a la Convención Americana y el Reglamento de la Comisión. La CIDH otorgó el 28 de junio una medida cautelar que luego fue ampliada el 29 de junio, el 2, 3, 10, 15, 24 y 30 de julio, y el 7 y el 17 de agosto de 2009, a fin de salvaguardar la vida e integridad de un total de 106 personas respecto de las cuales recibió información sobre la existencia de una situación de riesgo inminente de daño irreparable. Asimismo, la CIDH solicitó información en cuatro oportunidades de conformidad al artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en relación a la situación de cinco personas cuyo paradero no había podido ser establecido. Por último, la Comisión también cursó varias solicitudes de información bajo el artículo 41 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos acerca de situaciones como la aplicación del decreto de suspensión de garantías y el toque de queda, represión de manifestaciones pacíficas, detención de miles de manifestantes, ataques contra medios de comunicación, hostigamiento a periodistas y cierres temporales de medios de comunicación por el Ejército.

Las comunicaciones de la CIDH fueron dirigidas a la Presidencia del Congreso y la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, debido a la imposibilidad de dirigirse al Presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya, y a la Ministra de Relaciones Exteriores, Patricia Rodas. La Corte Suprema de Justicia informó sobre el estado de los recursos de amparo, exhibición personal y acciones de inconstitucionalidad tramitados, y cursó solicitudes a los diversos órganos jurisdiccionales, entes de seguridad y al Comisionado Nacional de Derechos Humanos para que informaran si existe denuncia o solicitud de medida cautelar a favor de los beneficiarios.

Con relación a las solicitudes de información en base al artículo XIV de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la CIDH recibió información de la Corte Suprema de Justicia, de otras entidades del Estado y de la sociedad civil. En base a la información proporcionada por las autoridades, la Comisión estima que la situación de tres de las personas ha sido dilucidada, pero aún está pendiente aclarar el paradero de dos personas. Una de ellas fue vista por última vez en una manifestación realizada el 12 de julio de 2009 y la otra habría sido secuestrada de su domicilio el 26 de julio de 2009.

Institucionalidad Democrática

La democracia representativa es la forma de organización política explícitamente adoptada por los Estados miembros de la OEA. La Carta de la OEA establece en sus principios que “la solidaridad de los Estados Americanos y los altos fines que con ella se persiguen, requieren la organización política de los mismos sobre la base del ejercicio efectivo de la democracia representativa”. En este sentido, la Carta de la OEA expresa que “la democracia representativa es condición indispensable para la estabilidad, la paz y el desarrollo de la región” y declara que uno de los propósitos esenciales de la Organización es “promover y consolidar la democracia representativa dentro del principio de no intervención”. El proceso de creación de mecanismos para fortalecer la democracia en toda la región se consolida en septiembre de 2001 con la adopción de la Carta Democrática Interamericana, que establece que “los pueblos de América tienen derecho a la democracia, y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla”.

Los Estados miembros se han expresado en forma explícita sobre el estrecho vínculo existente entre la democracia y la vigencia de los derechos humanos. La Carta Democrática Interamericana reafirma “que la promoción y protección de los derechos humanos es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática” y declara que “son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales; el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de derecho; la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo; el régimen plural de partidos y organizaciones políticas; y la separación e independencia de los poderes públicos”.

La Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos se han expresado en numerosas oportunidades sobre esta estrecha vinculación. En la Opinión Consultiva 8, la Corte Interamericana señaló: “En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros”. Por su parte, la Comisión ha señalado que el sistema democrático y la vigencia del Estado de derecho son cruciales para la efectiva protección de los derechos humanos y que, en contraposición, la plena garantía de los derechos humanos no es posible sin el reconocimiento efectivo e irrestricto de los derechos políticos.

Tomando en consideración la interrelación existente entre la democracia, el Estado de derecho y la vigencia de los derechos humanos, la CIDH considera que el golpe de Estado ejecutado mediante la remoción del Presidente constitucional tiene un impacto inmediato sobre la vigencia del Estado de derecho y de los derechos humanos en Honduras. La Comisión pudo constatar durante la visita  que la ruptura del orden constitucional originada por el golpe de Estado está acompañada de una fuerte presencia militar en distintos ámbitos de la vida civil, la suspensión de garantías mediante la implementación de un toque de queda que no cumple con los estándares del sistema interamericano y la ineficacia de los recursos judiciales para salvaguardar los derechos esenciales de las personas.

En este sentido, la Comisión recibió información sobre la fuerte presencia militar en las escuelas y en la Universidad Nacional y el cierre y ocupación por parte del Ejército de canales de televisión y radio durante el golpe de Estado.

Asimismo, preocupa a la Comisión que el Ejército participe de manera activa en el control de manifestaciones conjuntamente con la Policía Nacional. Si bien en situaciones excepcionales las Fuerzas Armadas pueden ser llamadas a participar en el control de las manifestaciones, este ejercicio debe limitarse al máximo debido a que éstas carecen del entrenamiento necesario para el control de disturbios internos. Según la información recibida por parte del Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el alto mando militar, las fuerzas militares participan bajo el mando de las fuerzas policiales, en aplicación de una norma constitucional que así lo permite. Sin embargo, como lo han dicho la Comisión y la Corte Interamericanas, el uso de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad estatales debe estar definido por la excepcionalidad, y debe ser planeado y limitado proporcionalmente por las autoridades. Cabe destacar además que los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han establecido en anteriores oportunidades que los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales.

La suspensión de garantías está prevista en el artículo 27 de la Convención como un mecanismo excepcional para que se suspenda el goce y ejercicio de derechos en caso de “guerra, de peligro público o de otra emergencia que amenace la independencia o seguridad del Estado parte”. Sin embargo, para que una suspensión de garantías sea legítima, se requiere el cumplimiento de una serie de requerimientos establecidos en la Convención. En este sentido, el primero de estos requisitos es que la suspensión de garantías sea adoptada por un Gobierno que ejerza el poder público en forma legítima dentro del contexto de una sociedad democrática. Asimismo, como lo ha dicho la Corte Interamericana: “La suspensión de garantías carece de toda legitimidad cuando se utiliza para atentar contra el sistema democrático, que dispone límites infranqueables en cuanto a la vigencia constante de ciertos derechos esenciales de la persona”.

El 28 de junio de 2009 el señor Micheletti informó el inicio del toque de queda durante una rueda de prensa ofrecida en las instalaciones del Congreso Nacional, sin que se tenga información sobre el instrumento jurídico que lo fundamentó. La franja horaria establecida para el toque de queda fue desde las 9:00 pm hasta las 6:00 am de los dos días posteriores a la consumación de la toma del poder.

Uno de los fundamentos invocados por el gobierno de facto para restringir los derechos de los habitantes de Honduras fue el Decreto No. 011-2009, mediante el cual se estableció el toque de queda a partir del 30 de junio de 2009. Por consiguiente, antes de cualquier análisis en particular sobre el cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos por parte del Estado en Honduras, la Comisión considera necesario analizar la compatibilidad del decreto de toque de queda con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en particular el artículo 27.

El Decreto 011-2009 estableció el toque de queda por un plazo de 72 horas y aplicable entre las 10:00 pm y las 5:00 am.  A pesar de que este plazo venció el 3 de julio de 2009, se continuó ejecutando toque de queda por más de un mes sin ningún tipo de base legal. De este modo el estado de excepción, contrariamente a lo establecido por la Constitución, fue establecido por un Decreto del gobierno de facto, por un plazo menor al ejecutado en la práctica y sin publicación en el Diario Oficial.  La ratificación posterior del Congreso y publicación el 27 de julio de 2009, no sanea estos vicios originales.

De conformidad con el artículo 27 de la Convención Americana, el alcance de las suspensiones debe ser el estrictamente necesario para paliar la situación de emergencia y eso implica limitar su alcance temporal, espacial y los derechos que se suspenden.  La Comisión estima que, en el contexto del golpe de Estado, los toques de queda se han implementado desde el 28 de junio de 2009 sin justificación de su razonabilidad y su pertinencia en relación con la situación que motivó el estado de excepción. En particular, corresponde hacer referencia a los hechos acontecidos el 5 de julio de 2009, fecha en la que el Presidente Zelaya intentó sin éxito retornar al país por vía aérea. El toque de queda establecido originalmente regía desde las 10:00 p.m. a las 5:00 a.m. Sin embargo, a las 6:00 p.m. se informó por cadena nacional que el toque de queda se iniciaría media hora después y se extendería hasta las 5:00 a.m.  Asimismo, la discrecionalidad con la que se han establecido los toques de queda se refleja en el levantamiento de la medida el 12 de julio de 2009 y su reanudación el 15 de julio del mismo año, sin una justificación de las causas que habilitarían nuevamente la suspensión de derechos.

Aún dentro de un estado de excepción legítimo, cada uno de los actos de implementación debe ser razonable, esto es, debe ser estrictamente adecuado a la causa y el alcance del estado de excepción, sin que exista ningún tipo de discriminación. La CIDH ha verificado que durante la implementación del toque de queda miles de personas estuvieron atrapadas entre retenes militares sin que existiera justificación. Asimismo, la aplicación del toque de queda no fue uniforme en todo el territorio e incluso hubo una aplicación discriminatoria de la restricción del derecho de circulación. Así, por ejemplo, la CIDH pudo constatar que en la ciudad de El Paraíso se permitía de manera selectiva y discriminatoria la circulación de algunas personas durante el toque de queda.

Esta situación se agrava por la ausencia de control judicial de las normas de estado de excepción. Por cinco décadas, la Comisión ha subrayado la importancia fundacional que, en una sociedad democrática, reviste el control judicial de los actos del poder público.  Durante su visita in loco recibió testimonios consistentes con gran cantidad de información recibida desde el 28 de junio de 2009, de conformidad con la cual los recursos judiciales disponibles en Honduras no ofrecen en la actualidad una protección eficiente y eficaz contra violaciones de los derechos humanos en el contexto del golpe de Estado.  Entre los actos iniciales del gobierno de facto se encuentra una suspensión de garantías que no ha sido escrutada judicialmente, pese a haber sido cuestionada por varios recursos de amparo.  Dentro de las circunstancias actuales, la Comisión estima que estas acciones deberían haber recibido la más alta prioridad.

La Comisión ha recibido de todos los sectores información coincidente de que la mayoría de los recursos de hábeas corpus que se presentan para cuestionar detenciones son resueltos cuando carecen de objeto por haber sido liberadas las alegadas víctimas. La Comisión desea resaltar la importancia de que los recursos de hábeas corpus sean resueltos con la mayor prontitud en todos los casos. La Comisión constató presencialmente, por ejemplo, un lugar de detención consistente en tres pequeñas celdas en las cuales, durante varias horas, estuvieron recluidas entre 80 y 100 personas. Si bien la ley permite detenciones dentro del marco de 24 horas, la Comisión estima que la situación creada por detenciones de varias decenas de personas debería recibir una atención inmediata.  Por otra parte, la Comisión ha recibido testimonios e información sobre el hecho de que algunos Jueces Ejecutores del hábeas corpus han sido maltratados, amenazados e intimidados para que no realicen sus funciones.

Por otra parte, la Comisión ha recibido información consistente y reiterada que confirma que, en muchos casos, las fiscalías no han iniciado oficiosamente investigaciones ante la existencia de grupos de personas heridas y detenidas.  En el caso mencionado en el párrafo anterior, varias de las personas detenidas estaban heridas y habían sido tratadas previamente en hospitales, pero la Fiscal que las visitó no levantó un listado. Cuando fue interpelado por esta situación, el Ministerio Público indicó que la razón de esta omisión sería que las personas no confían en la institución.  La Comisión estima que es de fundamental importancia que el Ministerio Público asuma sus funciones con independencia de la opinión o filiación política de los destinatarios de sus servicios.

El deterioro institucional afecta indudablemente el funcionamiento regular de la vida social hondureña. Un ejemplo es la información recibida por la CIDH que indica la afectación del derecho a la educación de niños y niñas. La Comisión comprende que estos alegatos surgen en un contexto en el cual los integrantes del magisterio, los padres y madres de familia y los mismos educandos mantienen posiciones encontradas en un intenso debate social. La génesis del asunto, estima la Comisión, es el cierre de los espacios democráticos que obstaculiza la resolución de este conflicto. La Comisión evaluará todas las denuncias recibidas e informará oportunamente sus conclusiones.

Violaciones a los derechos humanos

Junto con la deslegitimación institucional originada por el golpe de Estado que afecta el regular funcionamiento de las instituciones democráticas, la Comisión confirmó durante su visita un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública, detenciones arbitrarias, y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía. La Comisión constató la represión ejercida contra las manifestaciones a través de la colocación de retenes militares, la aplicación arbitraria de toques de queda, detenciones de miles de personas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, y malas condiciones de detención. El control de la información se ha ejercido a través del cierre temporal de algunos medios de comunicación, la prohibición de emitir la señal de ciertos canales de televisión por cable que informaban sobre el golpe de Estado, la aplicación selectiva de cortes de energía eléctrica afectando la transmisión de medios audiovisuales que informaban sobre el golpe de Estado, y agresiones y amenazas a periodistas de medios con posiciones editoriales contrarias al golpe de Estado.

Asimismo, la CIDH recibió testimonios que indican la consumación de actos de hostigamiento perpetrados en perjuicio de aquellas personas que, públicamente, han demostrado afinidad política con el Presidente Zelaya. Gobernadores, diputados, alcaldes y líderes sociales que habrían exigido la restitución del presidente constitucional, han denunciado que fueron objeto de represalias, amenazas, actos de violencia, cortes presupuestarios y ocupación militar de las instalaciones públicas donde desempeñan sus labores, entre otros. En particular, la familia del Presidente Zelaya informó sobre los hostigamientos y la campaña de desprestigio que afectan a todos sus miembros.

Uso excesivo de la fuerza en manifestaciones públicas

La participación política y social a través de la manifestación pública es esencial en la vida democrática de las sociedades y reviste un interés social imperativo. Las personas de todos los sectores políticos, tienen el derecho de ejercer plena y libremente su derecho de libertad de expresión y su derecho de reunión, sin violencia y de conformidad con la ley y las normas interamericanas de protección de los derechos humanos. Como lo han señalado la Comisión y la Corte Interamericanas, el Estado no sólo no debe interferir con el ejercicio de estos derechos sino que debe adoptar medidas para asegurar su ejercicio efectivo.

Conforme ha sostenido la Comisión en anteriores oportunidades, el Estado se encuentra facultado para imponer limitaciones razonables a las manifestaciones, a efectos de asegurar que las mismas sean de carácter pacífico o para contener a aquellas personas que se manifiestan en forma violenta. Sin embargo, en el ejercicio de esta facultad, el obrar de sus agentes debe limitarse al empleo de las medidas más seguras y menos lesivas para las personas, ya que la dispersión de una manifestación debe justificarse en el deber de protección de las mismas. Congruentemente, el uso legítimo de la fuerza pública en las referidas situaciones, supone –necesariamente- que la misma sea proporcional al objetivo legítimo que se persiga, reduciendo al mínimo la posibilidad de ocasionar lesiones personales y pérdida de vidas humanas.

En particular, respecto al uso de armas de fuego, los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por parte de Oficiales Encargados de Hacer Cumplir la Ley contemplan que “los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego”. Igualmente, el Código de Conducta para Oficiales de Seguridad Pública de las Naciones Unidas dispone expresamente que “el uso de armas de fuego se considera una medida extrema”, mientras que el artículo 9 de los Principios Básicos señala que las armas de fuego no deben usarse contra las personas, salvo cuando exista peligro inminente para la vida.

La Comisión fue informada durante su visita de que las manifestaciones se han realizado en forma pacífica, salvo en algunos casos en que se han registrado actos de violencia, incluidos algunos graves, contra personas y contra la propiedad, tales como el incendio de un restaurante y de un autobús, y la agresión contra un diputado y varios periodistas.

La Comisión tomó conocimiento de que en las manifestaciones que fueron reprimidas en todo el territorio, incluyendo Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Comayagua y la localidad de El Paraíso, hubo un patrón de uso excesivo de la fuerza pública. Efectivamente, varias de las manifestaciones realizadas desde el 28 de junio de 2009 fueron disueltas por la fuerza pública, tanto policial como militar, dejando como consecuencia muertes, torturas, malos tratos, cientos de heridos y miles de detenciones arbitrarias.

Derecho a la Vida

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 4 que toda persona tiene derecho a que se respete su vida y que nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente. En el ámbito interno, el artículo 65 de la Constitución de Honduras establece que “el derecho a la vida es inviolable”.

Isis Obed Murillo Mencías, de 19 años de edad, falleció el 5 de julio de 2009 como consecuencia de una herida de bala en la cabeza recibida en las afueras del aeropuerto Toncontin de Tegucigalpa, mientras participaba en una manifestación y donde la represión estuvo a cargo de la Policía Nacional y del Ejército. Durante la visita la CIDH recibió varios testimonios concordantes sobre este hecho.  En relación con la investigación, la CIDH fue informada por el Secretario de Defensa del gobierno de facto, Adolfo Lionel Sevilla, que había un informe del Ejército sobre la muerte del joven Isis Obed. Sin embargo, el jefe de Estado Mayor Conjunto, General Romeo Vásquez Velásquez, indicó que la investigación todavía estaba en curso. Además, la Comisión fue informada por fuentes oficiales que el informe elaborado por las Fuerzas Armadas sobre el operativo militar en el aeropuerto reconoce que miembros de la fuerza pública dispararon armas de fuego contra un sector de los manifestantes. También fue informada sobre la existencia de informes forenses que indican que los proyectiles que causaron la muerte son compatibles con las armas que utiliza la fuerza pública. La Fiscalía Especial de Derechos Humanos informó a la Comisión que abrió de oficio un expediente investigativo a fin de determinar las circunstancias y responsabilidades de esta muerte.

El cadáver de Pedro Magdiel Muñoz fue encontrado el 25 de julio de 2009, en el departamento de El Paraíso, cerca de la frontera con Nicaragua. Su cuerpo tenía señales de tortura que habían sido ocultadas bajo una camisa limpia que se le había puesto luego de ser asesinado. La CIDH recibió testimonios de dos personas que fueron testigos de su detención por miembros del Ejército unas horas antes de que apareciera su cuerpo. Los testigos informaron a la Comisión que ese día la víctima había participado activamente de las manifestaciones frente a los retenes militares en la zona.

El 30 de julio de 2009 el maestro Roger Vallejos Soriano recibió un disparo en la cabeza, durante las manifestaciones que tuvieron lugar en Comayagüela, y murió el 1 de agosto. El Estado informó a la Comisión que existe una investigación en curso.

El 2 de agosto de 2009, Pedro Pablo Hernández resultó muerto por herida de bala en su cabeza. Según testimonios presentados a la Comisión, el disparo provino de uno de los militares que se encontraba en el retén militar ubicado en la intersección del desvío a Jutiapa, valle de Jamastran, en la carretera que conduce de Danlí a Trojes. La Fiscalía informó que se está investigando este hecho.

Derecho a la integridad personal

La Convención Americana sobre Derechos Humanos reconoce en su artículo 5 el derecho de toda persona “a que se respete su integridad física, psíquica y moral”; y a su vez prohíbe expresamente “el uso de la tortura o tratos inhumanos, crueles o degradantes en contra de las personas”. Por su parte, la Constitución de Honduras establece en su artículo 68: “Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral”. El derecho a la integridad personal es, igual que el derecho a la vida, inderogable bajo cualquier circunstancia.

La CIDH recibió más de un centenar de testimonios mediante los cuales se verificó que la represión de manifestaciones públicas se caracterizó por el uso desproporcionado de la fuerza. En efecto, en los diversos departamentos a los que se desplazó, la Comisión recibió testimonios sobre personas heridas por balas de plomo, golpizas mediante el uso de bastones policiales (toletes) y otros objetos contundentes de hule, hierro y madera, la utilización indiscriminada de gases lacrimógenos como métodos habituales de disuasión de la manifestación. La Comisión recibió testimonios de decenas de personas con lesiones graves en la cabeza como producto de la represión ejercida tanto por personal policial como militar. La CIDH verificó que hombres, mujeres y ancianos mostraban moretones en diversas partes del cuerpo y escuchó varios relatos de personas que fueron objeto de vejación y tortura. Particularmente, en San Pedro Sula, se informó a la Comisión que durante los actos de represión, agentes policiales violaron a una mujer y que varias personas recibieron golpes en el abdomen y en los genitales, y se les tiró gas pimienta en los ojos.

La Comisión recibió testimonios sobre la represión el 14 de agosto en el puente de Choloma, San Pedro Sula. Según la información recibida, la policía lanzó bombas lacrimógenas y comenzó a golpear y detener a los manifestantes. La CIDH escuchó el testimonio de dos manifestantes que indicaron que miembros de las fuerzas de choque, Comando Cobra, luego de perseguirlas varias cuadras, las golpearon con los bastones policiales en las piernas y nalgas, mientras las insultaban. Otra mujer relató a la Comisión que los agentes policiales la desnudaron del torso para abajo golpeándola brutalmente con los bastones. La Comisión también recibió el testimonio de un trabajador que fue golpeado en esa misma manifestación, y que sufrió fractura de tabique nasal y cortes en la frente y en la cabeza.

Un afectado que rindió testimonio ante la Comisión relató que se había desplazado hacia la región aledaña a Las Manos, cerca de la frontera con Nicaragua, a fines de julio. Elementos militares detuvieron el autobús en que se desplazaba a la ciudad fronteriza de Las Manos, departamento de El Paraíso, y les obligaron a devolverse después de someterlos a vejaciones e insultos; cuando lo hicieron, los militares dispararon y una bala le impactó en la oreja arrancándole un pedazo. Inicialmente, no lo quisieron atender en el hospital diciendo que era terrorista.

Igualmente, se recibió información de brutalidad policial en una marcha realizada el 12 de agosto hacia el Congreso Nacional en Tegucigalpa. Según los testimonios, al llegar al lugar de destino, miembros del Ejército, de la Policía Nacional y del Comando Elite Cobra reprimieron a golpes a los manifestantes y también a personas que estaban en el lugar, aunque no participando de la manifestación.  La Comisión recibió el testimonio de un señor que estaba sentado en una banca cuando vio una golpiza brutal que estaba recibiendo un manifestante. Según su relato: “allí venía un adolescente corriendo por la avenida, los militares lo agarraron y lo golpearon con un palo de hierro. Yo les dije: ‘van a matar al muchacho’, entonces un militar dijo ‘agarren a ese viejo’, y empezaron a golpearme”.

Dos hermanos que se habían retirado de la manifestación del 12 de agosto en Tegucigalpa fueron relataron que militares los obligaron a golpes de puños a bajar del autobús y los condujeron al Congreso, donde fueron obligados a quitarse sus camisas y sus zapatos, al igual que otros detenidos. Según el testimonio de uno de los hermanos: “me golpeaban en la cara y me presionaban los testículos con sus bastones policiales. Me hicieron tirarme al piso que estaba muy caliente. Los policías se paraban sobre los dedos de mis pies y los aplastaban, una y otra vez. Levanté la cabeza porque el piso me estaba quemando y me pegaron dos toletazos”.

Varias personas fueron víctimas de persecución de las fuerzas de seguridad en Comayagua, luego de su participación en manifestaciones. Al respecto, una de las víctimas dijo que cuando ya la manifestación en la que había participado había sido dispersada por miembros de las fuerzas de seguridad, la policía ingresó a la casa donde ella se había refugiado, la aprehendieron, la subieron a un camión militar donde se encontraban otros detenidos y les tiraron gases lacrimógenos dentro del vehículo. La Comisión Interamericana recibió testimonios congruentes de varias personas sobre este hecho. Asimismo, se recibió información sobre el uso de gases lacrimógenos arrojados hacia el interior de casas de familia donde los manifestantes se habrían refugiado.

Derecho a la libertad personal

La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece en su artículo 7 que “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales” y que “nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas”. Asimismo, señala que “nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios” y que “toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella”. Por su parte, el artículo 69 de la Constitución de Honduras indica: “La libertad personal es inviolable y sólo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente”.

Otro método utilizado por el gobierno de facto para silenciar y obstaculizar las expresiones de protesta ha sido la aplicación de detenciones de manifestantes e incluso de personas que se encontraban en las inmediaciones del área donde tenía lugar una manifestación sin estar participando de la misma. Según la información recibida, entre 3.500 y 4.000 personas fueron detenidas arbitrariamente por la policía y el Ejército durante las manifestaciones. La Comisión confirmó con diversas fuentes que en numerosos casos no se levantó registro de sus detenciones o se levantó de manera inconsistente; tampoco se avisó a las autoridades judiciales ni a los fiscales. No se han formulado cargos contra estas personas, siendo liberadas horas después de su detención. Conforme a lo informado, las detenciones arbitrarias se habrían extendido por períodos de entre 45 minutos y 24 horas. Según los reportes, los detenidos fueron objeto de golpes, amenazas a punta de pistola y agresiones verbales. También se informó que algunas de las celdas donde fueron conducidos se encontraban cubiertas de orina y heces. La Comisión recibió información de que en algunas postas de policía los Jueces Ejecutores que se presentaron en respuesta a la presentación de recursos de exhibición personal fueron maltratados, amenazados a punta de pistola, y agredidos verbalmente.

Por ejemplo, el 12 de agosto fueron arrestadas 28 personas (27 adultos y un menor) en el marco de la marcha hacia el Congreso Nacional. Tres de ellas fueron imputadas por terrorismo y liberadas con medidas sustitutivas. Los otros 24 fueron imputados de los delitos de sedición, daño a la propiedad privada, manifestación ilícita y robo. Los detenidos fueron transportados hacia las instalaciones del Batallón Cobra, el cual no es un centro de detención habilitado, sino un campo de entrenamiento de fuerzas especializadas. En el batallón Cobra los detenidos fueron recluidos en las graderías de una cancha deportiva. Al cumplirse las 24 horas de detención -plazo en el cual, según la normativa constitucional deben ser liberados- la Fiscalía presentó requerimiento fiscal. A la tarde del día siguiente se realizó, en las instalaciones de la Policía, la audiencia de declaración de imputados. Recién en este momento los detenidos tomaron conocimiento de los cargos que se imputaban en su contra, y en razón de los cuales habían sido detenidos. Durante la audiencia, fuerzas policiales y del Comando Cobra se encontraban dentro de la sala. Todos han sido liberados en diferentes fechas entre el 14 y el 20 de agosto; 18 han sido exonerados, y los otros seis continúan procesados por manifestación ilícita.

Del 24 al 27 de julio, entre 4.000 y 5.000 personas quedaron atrapadas entre retenes militares en la zona fronteriza con Nicaragua, en el departamento de El Paraíso, durante la aplicación en esa región de un toque de queda de carácter continuado en virtud de prórrogas consecutivas cada 12 horas. La Comisión recibió numerosos y concordantes testimonios señalando que durante ese plazo no tuvieron acceso a agua, alimentos ni medicamentos; que fueron reprimidos por las fuerzas de seguridad a través del uso de gases lacrimógenos y que las personas heridas no recibieron atención médica.

La Comisión considera fundamental que el gobierno de facto adopte medidas urgentes para garantizar el derecho a la vida, integridad personal y libertad personal de todas las personas. Es indispensable que se realicen investigaciones serias, exhaustivas, conclusivas e imparciales de todos los casos de violaciones a los derechos humanos. La Comisión destaca la necesidad de que los responsables sean debidamente juzgados y sancionados, y que se repare adecuadamente a los familiares y víctimas de las violaciones atribuibles a agentes del Estado. En este sentido, es de fundamental importancia que se facilite, se profundice y no se ponga ningún obstáculo a la tarea que debe realizar la Fiscalía de Derechos Humanos para que pueda investigar la totalidad de las violaciones ocurridas en el contexto del golpe de Estado.

Durante la visita, la Comisión recibió testimonios que sostuvieron que en el contexto de las manifestaciones, represión y detenciones llevadas a cabo por agentes policiales y miembros de la fuerza militar, las mujeres, en razón de su género, fueron especialmente sujetas a actos de violencia y vejación, y por lo menos un caso de violación. La Comisión constató que, al estar bajo el control directo de agentes de la fuerzas de policía y Ejército, numerosas mujeres fueron objeto de un tratamiento abusivo y denigrante, que incluyó, entre otros, el manoseo de senos y vagina. En otros casos, la Comisión recibió información de que a algunas mujeres les abrieron las piernas y les tocaron los genitales con los bastones policiales.

Derecho a la Libertad de Expresión

La garantía y protección del derecho a la libertad de expresión es una condición esencial para la defensa de todos los derechos humanos y para la existencia misma de cualquier sociedad democrática. La Convención Americana sobre Derechos Humanos establece el derecho a la libertad de expresión en su artículo 13, indicando que toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión, lo que comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección. A su turno, la Constitución de Honduras en su artículo 72 reconoce que “es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, sin previa censura.”

La Corte Interamericana ha destacado de manera consistente la importancia de este derecho al sostener:

La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática.  Es indispensable para la formación de la opinión pública.  Es también conditio sine qua non para que los partidos políticos, los sindicatos, las sociedades científicas y culturales, y en general, quien desee influir sobre la colectividad puedan desarrollarse plenamente.  Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opiniones, esté suficientemente informada.  Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre.

La CIDH ha recibido información sobre situaciones que se presentaron a partir del golpe de Estado que configuran graves violaciones del derecho a la libertad de expresión. Durante la visita, se constató que el 28 de junio de 2009, varios medios de comunicación –en particular canales de televisión y emisoras radiales- se vieron obligados a suspender sus emisiones por ocupaciones militares de sus instalaciones, o fueron objeto de restricciones técnicas como cortes de luz y tomas de repetidoras y transmisores, que les impidieron informar sobre lo que estaba sucediendo. Así mismo, se constató que varios canales de cable fueron sacados del aire y que fueron suspendidos programas de televisión que tenían una línea crítica del golpe de Estado. Otros mecanismos de control de la información han sido las llamadas de distintos funcionarios oficiales, especialmente de miembros de la fuerza pública, sobre la inconveniencia de trasmitir información u opiniones contrarias al gobierno de facto. También se han registrado detenciones, agresiones y destrucción de equipos de reporteros asociada con el ejercicio de su labor periodística, así como ataques violentos provenientes de particulares contra los medios y amenazas de muerte.

La CIDH ha podido advertir que tras el golpe de Estado, los medios de comunicación de Honduras se han polarizado. Los medios de propiedad pública, por su inadecuado diseño institucional no tienen independencia del Poder Ejecutivo y, como consecuencia de ello, están abiertamente parcializados a favor del gobierno de facto. Los comunicadores y medios de comunicación que son percibidos como afines al gobierno de facto, han sido blanco de fuertes agresiones, presuntamente, por parte de opositores al golpe de Estado. Otros medios de comunicación que son percibidos como promotores del movimiento de resistencia, han visto constantemente afectada su labor periodística tanto por agentes del Estado como por particulares que restringen la labor informativa. Son pocos los medios de comunicación que en el agudo ambiente de polarización, se han comprometido públicamente con organizaciones civiles a presentar información plural sin que su posición editorial afecte la labor informativa. Sin embargo, la tarea de informar libremente no es fácil de sostener, pues el gobierno de facto cuenta con mecanismos poderosos de injerencia e intimidación que pueden ser empleados de manera abierta o encubierta, bajo la excusa de aplicación formal de las leyes preexistentes. De otra parte, las amenazas y violentos ataques de particulares han dificultado seriamente el ejercicio de la profesión.

Cierre de medios de comunicación

La CIDH fue informada que el 28 de junio personal militar ocupó las instalaciones de las antenas de transmisión de diferentes canales de televisión y radio en la zona del Cerro de Canta Gallo, en Tegucigalpa, e impidieron durante varias horas que técnicos encendieran los transmisores. En la zona se encuentran las antenas de transmisión de los Canales 5 y 3, Canal 57, Canal 9, Canal 33, Canal 36, Canal 30, Canal 54 y Canal 11. Esta medida, sumada a los constantes cortes de energía, dificultó la transmisión de la señal de estos canales. Por otra parte, el Canal 8, de propiedad estatal, dejó de transmitir por más de un día. Cuando reinició su transmisión, el personal de dirección había cambiado, al igual que la programación. Las señales de los canales privados Canal 6, Canal 11, Maya TV, Canal 36 de Tegucigalpa; y La Cumbre y la Televisora de Aguán, canal 5, del departamento de Colón fueron interrumpidas por tomas militares o por instrucciones del Ejército.

También fueron ocupados o rodeados por la fuerza pública Radio Progreso, en ciudad El Progreso, departamento de Yoro, Radio Globo, en Tegucigalpa, Radio Juticalpa, del departamento de Olancho, Radio Marcala en el departamento La Paz. En este último caso, un grupo de militares intentó cerrar la radio, pero pobladores de la zona impidieron el paso y la radio siguió funcionando.

Además de esta situación, se constató que la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) dio instrucciones a los prestadores de televisión por cable que indirecta o directamente conducían a sacar del aire canales internacionales o programas nacionales trasmitidos por canales locales. Tal fue el caso de CNN en Español, Telesur, Cubavisión Internacional, Guatevisión y Ticavisión entre otros.

Cortes de luz

El 28 de junio, en horas de la mañana, hubo cortes de energía selectivos, según denuncias recibidas por la CIDH. Los cortes de energía impidieron las trasmisiones libres de radio y televisión, abarcaron sectores donde funcionaban las torres de transmisión, y afectaron a los servicios de telefonía fija y celular.

Detenciones de comunicadores sociales

La CIDH recibió información según la cual varios periodistas fueron detenidos, agredidos y amenazados, por razones directamente vinculadas al ejercicio de su profesión. El 28 de junio de 2009 fue detenido el caricaturista Allan McDonald junto su hija de 17 meses por soldados de las Fuerzas Armadas, que allanaron su casa, quemaron sus caricaturas y su material de dibujo. El mismo día miembros de la fuerza pública retuvieron en Tegucigalpa, a un grupo de reporteros de Telesur y The Associated Press para interrogarlos por sus visados. Este operativo, contra Telesur y VTV se repitió el 11 de julio. A la mañana siguiente, miembros de las fuerzas policiales impidieron a los reporteros salir del hotel durante varias horas. Los equipos de ambos canales abandonaron Honduras al día siguiente por considerar que su seguridad estaba riesgo.

Algunos de los periodistas detenidos ilegalmente y golpeados por la fuerza pública debido al ejercicio de su profesión, fueron Naún Palacios, en Tocoa, Colón, el 30 de junio de 2009; Mario Amaya, fotógrafo del Diario Hoy, el 2 de julio; Rommel Gómez, en San Pedro Sula; el director de Radio Coco Dulce, Alfredo López, el 12 de agosto en Tegucigalpa; el 14 de agosto, en Cortés, el periodista de Radio Progreso, Gustavo Cardoza. En la misma manifestación fue golpeado por las fuerzas de seguridad el periodista independiente de Tela, Edwin Castillo.

Agresiones y amenazas a comunicadores sociales

La CIDH recibió información sobre graves y múltiples agresiones sufridas por periodistas por actos de la fuerza pública o de particulares pero siempre con el objetivo de impedirles el ejercicio libre de su labor. Así por ejemplo, Juan Ramón Sosa del diario La Tribuna, fue golpeado e insultado cuando cubría una manifestación el 29 de junio, en Tegucigalpa. De acuerdo a la información recibida, la reportera gráfica Wendy Olivo, de la Agencia Bolivariana de Noticias, fue agredida por la fuerza pública cuando intentó tomar fotografías de personas detenidas en un destacamento policial, al negarse a entregar su cámara de fotos. El 30 de julio, varios periodistas y camarógrafos habrían sido agredidos por integrantes de la Policía en el contexto de la reacción contra la manifestación que se celebró ese día en Tegucigalpa. Según la información recibida, Karen Méndez, periodista de TeleSUR, fue empujada y amenazada por un policía, en tanto el camarógrafo del mismo canal, Roger Guzmán, también fue agredido y le quitaron material de trabajo. José Oseguera y Luis Andrés Bustillo, camarógrafos del programa “Hable como Habla” de Maya TV, habrían sido golpeados en la zona de Durazno, en la salida norte de Tegucigalpa el 30 de julio de 2009. Edgardo Castro, periodista de la Televisora Hondureña de Comayagua, habría sido agredido el 30 de julio de 2009, en el marco de la manifestación en Tegucigalpa, cuando filmaba la acción de la Policía contra manifestantes. Su equipo habría sido dañado. El 5 de agosto de 2009, el fotógrafo de diario Tiempo, Héctor Clara Cruz, fue golpeado por miembros de la Policía, cuando cubría una manifestación estudiantil en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, para evitar que continuara tomando fotos del enfrentamiento. El 12 de agosto de 2009, Richard Cazulá camarógrafo de Canal 36, habría sido golpeado por miembros de la fuerza pública y se habría dañado su cámara, cuando filmaba una manifestación en Tegucigalpa. El 14 de agosto de 2009, en el marco de una manifestación, un grupo de policías agredió y confiscó el material al fotógrafo Julio Umaña, del diario Tiempo, quien les había mostrado su acreditación.

En cuanto a las agresiones contra periodistas originadas en actos de particulares, la CIDH observa que en su mayoría se registraron mientras cubrían manifestaciones. En Tegucigalpa tres periodistas del programa “Entrevistado” del Canal 42 habrían sido atacados el 28 de junio de 2009 por un grupo de manifestantes, que también los derribaron y rompieron sus cámaras. El 29 de junio de 2009, el fotógrafo del diario El Heraldo Johnny Magallanes habría sido atacado cuando cubría una manifestación frente de la Casa Presidencial, en Tegucigalpa. El 1 de julio, unos manifestantes presuntamente del movimiento de resistencia, agredieron a Carlos Rivera, corresponsal de Radio América en la ciudad de Santa Rosa de Copán. Henry Carvajal y Martín Rodríguez, fotógrafo y periodista del diario La Tribuna, denunciaron haber sido objeto de agresiones por parte de manifestantes de la resistencia el 26 de julio en el departamento El Paraíso.

Además, se recibió información que varios comunicadores sociales han sido amenazados desde el golpe de Estado a causa de su labor periodística. Las amenazas han provenido de distintos sectores y se han producido bien por vía telefónica o electrónica o personalmente cuando cubren las manifestaciones o hechos noticiosos relativos a la crisis política. La CIDH pudo advertir que en las últimas semanas las amenazas para evitar el ejercicio libre de la labor informativa han aumentado. Han sido objeto de graves amenazas, entre otros comunicadores, Madeleine García y otros miembros del equipo de Telesur, Esdras Amado López (Canal 36); Eduardo Maldonado (Hable como habla en Maya TV), Jorge Otts Anderson (Canal la Cumbre en Tocoa, Colón); Johnny Lagos (El Libertador); José Luis Galdámez (programa Tras la Verdad en Radio Globo), Andrés Molina (Radio Juticalpa); Carlos Lara, Wilfredo Paz y Rigoberto Mendoza (en Tocoa, Colón); miembros de la Radio Progreso; integrantes de la Radio La Voz Lenca, entre otras radios independientes o comunitarias; Francisco Montero (Radio Sonaguera); Héctor Castellanos (programa en Radio Globo), por mencionar algunos ejemplos de amenazas provenientes de miembros de la fuerza publica o de sectores presuntamente asociados con el gobierno de facto. Así mismo, Carlos Mauricio Flores y Fernando Berrios, del diario El Heraldo, fueron amenazados de muerte en el contexto de violentos ataques al medio en el cual trabajan presuntamente originados en grupos radicales opuestos al golpe de Estado. Finalmente, Dagoberto Rodríguez de Radio Cadena Voces ha sufrido también agresiones y amenazas provenientes de grupos presuntamente pertenecientes al movimiento de resistencia.

Ataques a medios de comunicación

Como se ha mencionado antes, la CIDH observó una creciente polarización que se ha manifestado, entre otras cosas, en violentos ataques de particulares contra los medios de comunicación. Estos parecen haberse recrudecido en las últimas semanas.

Se recibió información sobre el atentado que se intentó realizar contra Radio América el 30 de junio, cuando una bomba fue colocada en el local de la emisora en Tegucigalpa. En la noche del 4 de julio, en Tegucigalpa, una persona no identificada habría dejado un explosivo en el Centro Comercial Prisa, donde se encuentran las instalaciones del diario Tiempo y del Canal 11. A fines de julio, se encontró un artefacto explosivo contra las instalaciones del Canal 6, en San Pedro Sula. El 14 de agosto, personas encapuchadas y con armas, incendiaron un vehículo que repartía ediciones del periódico La Tribuna. Al día siguiente, personas no identificadas lanzaron 5 bombas molotov contra el edificio del diario El Heraldo, que estuvieron a punto de provocar un incendio en las instalaciones del periódico.

Con base en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Estado tiene la obligación internacional de garantizar y proteger la libertad de expresión y debe abstenerse de utilizar mecanismos directos o indirectos de intimidación, así como proteger la vida y la integridad personal de los comunicadores, cualquiera sea su línea editorial. En consecuencia, la Comisión insta al Estado a respetar el libre ejercicio de este derecho, abstenerse de utilizar formas directas o indirectas de intimidación o censura, investigar las agresiones de que han sido víctimas comunicadores y medios, proteger la vida, integridad de los comunicadores así como las instalaciones de los medios y promover un clima de  tolerancia y pluralismo que permita el más amplio debate posible sobre los asuntos públicos.

Conclusión

La Comisión constató durante esta visita que el golpe de Estado del 28 de junio ha creado una situación de ilegitimidad democrática que tiene un impacto negativo sobre la vigencia de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras.

La Comisión comprobó la existencia de un patrón de uso desproporcionado de la fuerza pública por parte de fuerzas policiales y militares, detenciones arbitrarias, y control de la información dirigido a limitar la participación política de un sector de la ciudadanía, que tuvo como consecuencia la muerte de por lo menos cuatro personas, decenas de heridos, miles de detenciones arbitrarias, cierre temporal de canales de televisión y amenazas y agresiones a periodistas.

La Comisión verificó la existencia de una aguda polarización que ha incidido en los medios de comunicación y que afecta el flujo libre de la información y la posibilidad de que exista un debate vigoroso y desinhibido sobre los asuntos relacionados con la ruptura del orden institucional. Asimismo, pudo comprobar la existencia de serias restricciones del ejercicio a la libertad de expresión  provenientes del gobierno de facto, que han generado un ambiente de intimidación que inhibe el libre ejercicio de la libertad de expresión. Finalmente, pudo comprobar la existencia de amenazas de muerte y ataques violentos a periodistas y medios de comunicación en razón de su línea editorial, provenientes de distintos sectores.

En base en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por el Estado en 1977, el Estado tiene la obligación internacional de prevenir las violaciones a los derechos humanos, y en caso de que ocurran, investigar, juzgar y sancionar a los responsables. En este sentido, la Comisión insta al Estado a respetar el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad individual y a la libertad de expresión.

La Comisión desea valorar especialmente el trabajo de los defensores y las defensoras de derechos humanos, cuyo rol ha sido fundamental en la obtención de información y la labor de protección de los derechos de las personas, bajo condiciones de riesgo personal.

La Comisión continuará observando la situación de derechos humanos en Honduras en el contexto del golpe de Estado y próximamente hará público el Informe final sobre esta visita.

Los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han sostenido en reiteradas oportunidades que el sistema democrático es la garantía principal para la vigencia de los derechos humanos. En ese sentido, la Comisión considera que únicamente el retorno a la institucionalidad democrática en Honduras permitirá que se den las condiciones para el efectivo cumplimiento de los derechos humanos de todos los habitantes de Honduras.

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[es] comunicado SITRASTAR (la empresa STAR produce prendas para la marca NIKE)

COMUNICADO

El Sindicato de Trabajadores de STAR (SITRASTAR) ubicada en la zona industrial El Porvenir en El Progreso Yoro, ante los eventos suscitados el día 28 de junio hasta la fecha del año en curso nos pronunciamos de la siguiente manera:

1- Expresamos nuestro profundo rechazo al golpe de estado pues rompe el orden constitucional y da un mal ejemplo de nuestro país al mundo, el sacar con violencia a un presidente violando así todas las leyes de nuestro país.

2- Declaramos que aun cuando los mandos medios de la empresa STAR intentan inducir a los trabajadores a aceptar que no es un golpe de estado, que no permitiremos que ningún trabajador sea obligado a participar en actividades en favor de los golpistas como ha sucedido en otras empresas maquiladoras.

3-Respaldamos la carta enviada a la Secretaria de Estado de Norteamerica Hillary A. Clinton por parte de de las marcas NIKE, inc., The ADIDAS Group, Gap inc., Knights Apparel, en la cual expresan que es necesario unirnos al presidente de los Estados Unidos, a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) a la Organización de Estados Americanos (OEA) a los gobiernos de las Americas y a la Unión Europea, que han hecho un llamado para la restauración de la democracia en Honduras. Y de igual forma en esta carta solicitan que las garantías individuales incluyendo la libertad de prensa,de expresión, de locomoción, reunión y asociación sean plenamente respetadas.

4. Nos comprometemos a divulgar e informar a nuestros afiliados y organizaciones fraternas el llamado por la restauración de la democracia en Honduras de la marca NIKE, Inc. para la cual producimos prendas de vestir en la empresa STAR S.A ., y denunciaremos cualquier intento de la empresa, sus funcionarios, mando medios u otro personal de impedir nuestra labor.

5-Denunciamos al mundo la violencia que se está usando contra quienes resisten al golpe de estado la cual a dejado varios muertos por el accionar de la policía y el ejército así también como decenas de heridos y cientos de detenidos. Esta situación están siendo ocultadas por los medios de comunicación golpistas y el Comisionado de los Derechos Humanos, Ramón Custodio López

6-Respaldamos las acciones de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH)

y la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras (CUTH) a las cuales estamos afiliados y llamamos a todas las organizaciones de trabajadores del mundo a que nos apoyen en esta lucha por defender la democracia de nuestro país.

7- Nos solidarizamos con las familias dolientes de los compañeros asesinados vilmente durante las protestas y exigimos a los organismos nacionales e internacionales que no permitan que estos hechos queden en la impunidad.

Junta Directiva Sindicato de Trabajadores de la Empresa STAR. S.A , SITRASTAR

Dado en El Progreso, Yoro, Honduras, 01 de agosto de 2009

cc. Fukumi Hauser, Director, Compliance Americas Corporate Responsability NIKE, inc.

cc. Remedios Arguello, Mánager, Field Operationes Social and Environmental Affairs Región Americas ADIDAS-GROUP

cc. Charles Kernaghan The National Laboral Committee www.nlcnet.org

cc. Jeremy Blassi, Consorcio de Derechos Laborales, WRC

cc.Lynda Yanz; lyanz@maquilasolidarity.org

cc. Neil Kearney ( Secretario General) Federación Internacional del Textil, Vestuario

y Cuero , FITTVC

cc. Israel Salinas, Secretario General de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUTH

cc. Juan Barahona, presidente de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, FUTH

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