[en] DeMint: Administration Commits to Recognize Honduran Elections

Commentary accompanying the press release on Republican Senator Jim DeMint’s own website: “Senator secures commitment for U.S. to back Nov. 29 elections even if Zelaya is not reinstated.” Commentary from a Honduras solidarity activist involved with the Latin American Solidarity Network in Toronto: “This is what a cool half a million can buy in the US when you hire a high powered lobby firm, the Cormac Group, run by a former aide to Senator McCain and also connected to Hilary C.”

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November 5, 2009 – WASHINGTON, D.C. – Today, U.S. Senator Jim DeMint (R-South Carolina), a member of the Senate Foreign Relations Committee, announced he has secured a commitment from the Obama administration to recognize the Honduran elections on November 29th, regardless of whether former President Manuel Zelaya is returned to office and regardless of whether the vote on reinstatement takes place before or after November 29th. Given this commitment, which Senator DeMint has requested for months, he will lift objections on the nominations of Arturo Valenzuela to be Assistant Secretary of Western Hemisphere Affairs and Thomas Shannon to be U.S. Ambassador to Brazil. “I am happy to report the Obama Administration has finally reversed its misguided Honduran policy and will fully recognize the November 29th elections,” said Senator DeMint. “Secretary Clinton and Assistant Secretary Shannon have assured me that the U.S. will recognize the outcome of the Honduran elections regardless of whether Manuel Zelaya is reinstated. I take our administration at their word that they will now side with the Honduran people and end their focus on the disgraced Zelaya.” “My goal has always been to work with the administration to get the policy on the Honduran elections reversed. Now that this goal has been achieved, I will lift my objections to the two nominations. “This marks an important step forward for the brave people of Honduras. They are proving, despite crushing hardship and impossible odds, that freedom and democracy can succeed anywhere people are willing to fight for it. “The independence, transparency, and fairness of their elections have never been in doubt. And now, thanks to the Obama Administration’s welcome reversal, the new government sworn into office next January can expect the full support of the United States and I hope the entire international community.” “I trust Secretary Clinton and Mr. Shannon to keep their word, but this is the beginning of the process, not the end. I will eagerly watch the elections, and continue closely monitoring our administration’s future actions with respect to Honduras and Latin America.” ###

[es] Giorgio Trucchi: Firmado acuerdo para la restitucion del presidente Zelaya

Firmado acuerdo para la restitución del presidente Zelaya
Asoma solución a la crisis. Y ahora la última palabra pasa al Congreso

por Giorgio Trucchi – Rel-UITA

Las presiones de los últimos días de parte de la comunidad internacional y la presencia en Honduras del subsecretario de Estado norteamericano para el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, y de una nueva delegación de la OEA, parecen haber forzado el presidente de facto, Roberto Micheletti, a aceptar firmar el punto número 6 del Acuerdo de San José, que prevé pedir al Congreso Nacional retrotraer la situación de los poderes del Estado a su estado previo al 28 de junio.

La noticia, que llegó un día después de haberse cumplido cuatro meses del golpe de Estado y a un mes de las elecciones nacionales, desencadenó la euforia de centenares de miles de hondureños que salieron a la calle formando largas caravanas de vehículos, enseñando sus banderas y mantas de la Resistencia en todo el país.

En Tegucigalpa, la gente se dirigió en altas horas de la noche hacia Radio Globo en el céntrico Boulevard Morazán, bloqueando el tráfico y coreando consignas de victoria.

Pese a la evidente satisfacción, el presidente Manuel Zelaya llamó el pueblo hondureño a la calma, explicando que por el momento se trata de un primer importante paso hacia la restitución del orden democrático en el país.

“Llamo al pueblo hondureño a que tenga calma, sin hacer escarnio de nadie. Las comisiones firmaron hoy el punto más difícil y mañana, 30 de octubre, vamos a firmar todo el documento que consta de ocho puntos. Se trata ahora de hacer un plan de trabajo para la ejecución de todos los puntos, incluyendo la restauración del sistema democrático.

Siento satisfacción y soy optimista –continuó Zelaya–, y agradezco a toda la comunidad internacional por haber sostenido esta solución. Restituir a un gobierno con todo lo que ha ocurrido es un hecho histórico para nuestra sociedad y para toda la comunidad latinoamericana. Estamos haciendo escuela, siendo ejemplo de paz y democracia para el mundo.

Sin embargo, se trata de un proceso, de un plan que debe ejecutarse. Primero se va a construir un calendario, después hay que llevarlo al Congreso Nacional y los diputados tomarán las determinaciones que competen en su carácter de independencia de poderes, y finalmente estaremos participando en todo el proceso de la reconstrucción de la democracia a través de la inminente restitución al cargo de Presidente por el cual me eligió el pueblo hasta el 27 de enero de 2010”, explicó el Presidente legítimo de Honduras.

Faltando pocos minutos para finalizar el día 29 de octubre, la comisión negociadora del presidente Manuel Zelaya Rosales brindó una conferencia de prensa para dar a conocer el contenido del acuerdo firmado con la comisión del presidente de facto, Roberto Micheletti.

Víctor Meza, miembro de la comisión negociadora del presidente Zelaya, dio lectura al texto del acuerdo en el que se expresa que “para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, ambas comisiones negociadoras hemos decidido, respetuosamente, solicitar que el Congreso Nacional, como una expresión institucional de la soberanía popular, en uso de su facultades en consulta con las instancias que considere pertinentes, como la Corte Suprema de Justicia y conforme a ley, resuelva en lo procedente a retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio de 2009, hasta la conclusión del actual periodo gubernamental el 27 de enero de 2010.

La decisión que adopte el Congreso Nacional deberá sentar las bases para alcanzar la paz social, la tranquilidad política y la gobernabilidad democrática que la sociedad demanda y el país necesita”.

Meza explicó también que ninguno de los ochos puntos que conforman el acuerdo, por sí solo, tiene valor individual, sino que están relacionados entre sí y forman parte de un todo integral que se llama Acuerdo de San José, con el sólo objetivo de restaurar el orden constitucional en el país.

Último Momento

por Giorgio Trucchi

El día de hoy, 30 de octubre, las dos comisiones negociadoras firmaron el documento de ocho puntos y fuerona entregarlo a la Secretaría del Congreso Nacional, tal como prevé el punto que trata el tema de la restitución del presidente Manuel Zelaya.

Según el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Alfredo Saavedra, obligadamente habrá que consultar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para decidir si se restituye o no al presidente Manuel Zelaya, como acordaron ayer las comisiones de diálogo en la crisis del país.

“Tenemos que escuchar la opinión de la honorable CSJ previo a emitir un dictamen favorable o desfavorable, porque las normas parlamentarias nos obligan a seguir un procedimiento, y este acuerdo tiene realmente relación directa con otros poderes del Estado, que hay que escuchar su opinión porque así lo ordena en este tipo de materia la misma Constitució”, dijo Saavedra.

El presidente del Congreso agregó que en este momento no es posible poner plazos para la resolución y que de inmediato iba a convocar a la junta directiva y a los jefes de bancadas para conocer el contenido del documento y “continuar con lo que procede”

En las próximas horas se sabrá si se trata de una verdadera salida a la crisis o una nueva maniobra dilatoria de los poderes fácticos de Honduras.

Mientras tanto el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado dio a conocer su posición ante la firma del Acuerdo de Tegucigalpa-San José:

El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, ante la inminente firma del acuerdo negociado entre la comisión representante del presidente legítimo Manuel Zelaya Rosales y los representantes del régimen de facto, comunica a la población hondureña y la comunidad internacional:

1.      Celebramos como una victoria popular sobre los intereses mezquinos de la oligarquía golpista, la próxima restitución del presidente Manuel Zelaya Rosales. Esta victoria se ha obtenido con más de 4 meses de lucha y sacrificio del pueblo, que a pesar de la salvaje represión desatada por los cuerpos represivos del estado en manos de la clase dominante, ha sabido resistir y crecer en conciencia y organización hasta convertirse en una fuerza social incontenible.

2.      La firma por parte de la Dictadura del documento donde se establece “retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio”, representa la aceptación explícita de que en Honduras hubo un golpe de estado que debe ser desmontado para volver al orden institucional y garantizar un marco democrático en el que el pueblo pueda hacer valer su derecho de transformar la sociedad.

3.      Exigimos que a los acuerdos que se firmen en la mesa de negociación se les de trámite expedito en el Congreso Nacional. En ese sentido, alertamos a todos nuestros compañeros y compañeras a nivel nacional para que se sumen a las acciones de presión para que se cumpla inmediatamente lo consignado en el documento final que se elabore en la mesa de negociación.

4.      Reiteramos que la Asamblea Nacional Constituyente es una aspiración irrenunciable del pueblo hondureño y un derecho innegociable por el cual seguiremos luchando en las calles, hasta lograr la refundación de la sociedad para convertirla en justa, igualitaria y verdaderamente democrática.

[en] Communique #32 – National Front of Resistance to the Coup d’Etat

 

The National Front of Resistance to the Coup d’Etát, facing the
imminent signing of a negotiated agreement between the commission
representing the legitimate President Manuel Zelaya Rosales and the
representatives of the de facto regime, communicates the following to
the Honduran people and the international community:

1. We celebrate the upcoming restoration of President Manuel Zelaya
Rosales as a popular victory over the narrow interests of the coup
oligarchy. This victory has been obtained through four months of
struggle and sacrifice by the people who, in spite of the savage
repression unleashed by the repressive forces of the state in the
hands of the dominant class, have been able to resist and grow in
their levels of consciousness and organization and turn themselves
into an irrepressible social force.

2. The signing on the part of the dictatorship of the document which
mandates “returning the holder of executive power to its pre June 28
state,” represents the explicit acceptance that in Honduras there was
a coup d’état that should be dismantled in order to return to
institutional order and guarantee a democratic framework in which the
people can exercise their right to transform society.

3. We demand that the accords signed at the negotiating table be
processed in an expedited fashion by the National Congress. We alert
all our comrades at the national level so that they can join the
actions to pressure for the immediate compliance with the contents of
the final document from the negotiating table.

4. We reiterate that a National Constituent Assembly is an
unrenounceable aspiration of the Honduran people and a non-negotiable
right for which we will continue struggling in the streets, until we
achieve the re-founding of our society to convert it into one that is
just, egalitarian and truly democratic.

“At 125 days of struggle, nobody here surrenders!”
Tegucigalpa, M.D.C. October 30, 2009

[es] Juan Almendares: El teatro electoral del golpe político militar

“El mundo es un telón de teatro tras el cual
se esconden los secretos más profundos.”
-Rabindranah Tagore

Aquí se analiza el teatro de las elecciones hondureñas 2009 y su relación con el golpe político militar. El teatro tiene dos componentes: el texto y el espectáculo. El primero comprende la historia, el contexto, el tiempo y el espacio, sea imaginario o real. El segundo a los protagonistas, a los antagonistas y a los espectadores activos y pasivos. El golpe militar es el montaje escénico del teatro electoral. El telón se abre con la campaña electoral y se cierra con elecciones legítimas y legales para el pueblo; en caso contrario con el fraude electoral.

El 27 de enero 2006 asume la presidencia de Honduras, el candidato del Partido Liberal Manuel Zelaya Rosales. Está demostrado que Zelaya no tenia el control del gobierno puesto que la oligarquía económica, política, religiosa y militar es hegemónica con respecto a los poderes del Estado, los aparatos mediáticos, políticos e ideológicos:. En consecuencia MZR no podría dar un golpe de Estado ni convertirse en dictador.

El golpe militar se centra estratégicamente en Zelaya y reduce el problema, mediante las andanadas propagandísticas, a la persona del Presidente. Sin embargo el golpe es contra el avance de la lucha histórica del pueblo hondureño, representada actualmente por la Resistencia Nacional contra el Golpe Militar.

La hegemonía golpista se alimenta por dos vías: la guerra de agresión irregular y el teatro de las elecciones de noviembre 2009.

El golpe político –militar responde a una articulación programática nacional e internacional cuyo fin es utilizar nuestro territorio y sacrificar la población civil como teatro experimental de maniobras y nuevos golpes de Estado en América Latina. Se pretende convertir a Honduras y Mesoamérica en el Vietnam o Afganistán de Nuestra América.

¿Es legal el proceso electoral bajo el control casi absoluto por parte de las fuerzas golpistas? ¿Es legal Tribunal Supremo Electoral? Un organismo que violenta el contenido numeral 2 del Articulo 52 de la Constitución de la República que establece “No podrán ser elegidos magistrados del Tribunal Supremo Electoral los que estén nominados para ocupar u ostenten cargos de elección popular; prohibición señalada como la parte especifica del precepto impugnado por inconstitucional”.

La elección de los ciudadanos como Magistrados Propietarios y Magistrado Suplente del Tribunal Supremo Electoral es contraria a la Constitución de la República en virtud de que los ciudadanos electos ostentan cargos de elección popular, el primero como Regidor Tercero de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, el segundo como Diputado al Congreso Nacional por el Departamento de Francisco Morazán y el tercero como Diputado suplente incorporado del Congreso Nacional de la República. Según lo expresado por el Tribunal Supremo Electoral mediante Acuerdo Numero 24-2005 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en el número 30886 del 27 de diciembre del año 2005.

Y, si el Tribunal Supremo Electoral no esta integrado conforme a ley ¿Serán, legales las elecciones? ¿Es legal que las Fuerzas Armadas que torturaron al legítimo Presidente de la República Manuel Zelaya Rosales, lo expulsaron del país, violaron la Constitución de la República, por lo tanto, su historia golpista sea un indicador de la falta de credibilidad que tiene el pueblo hondureños sobre los resultado de las futuras elecciones

¿Acaso no podrían desarrollar crisis de pánico aquellos electores: hombres, mujeres y jóvenes que fueron objeto de persecución tortura y cuyos familiares fueron asesinados por las fuerzas militares y policiales?

¿Pueden ser legales las elecciones cuando los candidatos: presidenciales, diputados (as) al Congreso Nacional y alcaldías tanto de los sectores independientes como del partido Unificación Democrática (UD), han sido objeto de torturas, persecución y asesinato de algunos de sus miembros?

¿Acaso no tienen mayor ventaja de participación, y propaganda los candidatos de los partidos golpistas Liberal, Nacional, Democracia Cristiana y el Partido de Innovación y Unidad (PINU) que las candidaturas de oposición al golpe militar?

¿Son legales las elecciones con mordaza a la libertad de expresión?

¿Se justifican los atentados contra Diario Tiempo, colocación de bomba contra Canal 11, militarización y cierre de Radio Globo, CHOLUSAT SUR, amenazas a muerte contra el director y personal de Radio Progreso y Diario El Libertador y despido a los periodistas honestos de medios partidarios del golpe militar?

El nudo de esta trama que precede al voto ha sido violento, deshumanizado, cruel, degradante y bendecido por la jerarquía católica y evangélica, con el falso mensaje de la invocación a Dios, el diálogo, la democracia y la paz cuando al mismo tiempo se golpea, tortura y persigue en forma masiva a los miembros de la Resistencia, a sacerdotes, pastores, y monjas.

Tras las bambalinas de esta escena teatral de las elecciones han operado la oligarquía local, el capital financiero internacional, los autores materiales e intelectuales de la doctrina de Seguridad Nacional, la Guerra de Conflictos de baja intensidad y los planes de Guerra irregular del pentágono.

Los espectadores activos internacionales del teatro electoral han condenado el golpe militar y manifiestan que no enviarán observadores ni reconocerán el resultado de las elecciones.

Para espectadores pasivos o neutros Bertolt Brecht manifestaba: “El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos… El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que son el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.”

El telón teatral no ha caído y el desenlace futuro de Honduras son los escenarios de la restitución del orden constitucional, elecciones legales y legitimas, la instalación de la asamblea constituyente y la transformación de la constitución de la República que garantice el respeto a los derechos humanos, la soberanía alimentaría y la justicia climática.

El otro escenario es la guerra. Al respecto, el mismo Brecht agregaba “En tiempos de guerra, las virtudes se vuelven crímenes, la religión y el honor son usados precisamente para camuflar el verdadero propósito de la guerra, que es el de mantener a toda costa la explotación del pueblo por la aristocracia y la iglesia…Con la guerra aumentan las propiedades de los hacendados, aumenta la miseria de los miserables, aumentan los discursos del general, y crece el silencio de los hombres”.

Nuestro amor humano y planetario y los principios de la No Violencia nos obligan a luchar porque en nuestra Madre Tierra ningún hondureño(a) ni ciudadano del mundo sea objeto de los crímenes de lesa humanidad y de la violación de los derechos humanos y planetarios de violación.

La tarea urgente es unificar todas las organizaciones y personas que conforman la Resistencia y construir la fuerza política mas significativa de Honduras; que luche por un nuevo pueblo, una nueva sociedad dónde prevalezca la verdadera democracia de igualdad económica- social; movilice la conciencia de paz y justicia social y climatica contra la guerra irregular y todo espíritu guerrerista que planifica nuevos golpes de Estado y la guerra irregular en América Latina.

[es] DECLARACIÓN COMISIÓN NEGOCIADORA DEL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES

El diálogo, del cual hemos sido parte en representación del Presidente Constitucional MANUEL ZELAYA ROSALES, comenzó el día siete de octubre bajo los auspicios y con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos (0EA).

En la primera reunión fue adoptada por consenso la agenda, cuyo primer punto expreso fue la firma del Acuerdo de San José, lo que claramente indica que el diálogo sólo podría realizarse en torno al espíritu y esencia del mencionado Acuerdo.

En virtud del estado de obstrucción y relativo estancamiento, provocado a pesar nuestro, en que se encuentra el diálogo en la actualidad, consideramos necesario hacer la siguiente declaración:
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PRIMERO: Reiteramos que el diálogo es el instrumento adecuado para encontrar una salida a la crisis política por la que atraviesa nuestro país, en el marco del cumplimiento de las resoluciones de la OEA, de la ONU y el Acuerdo de San José; pero es indispensable que el mismo sea acompañado por la necesaria y firme voluntad política. Las comisiones negociadoras mostraron buena disposición al avanzar y firmar siete de los ocho puntos clave del Acuerdo final, en los que implícitamente se reconoce la autoridad del presidente José Manuel Zelaya Rosales. Lamentablemente, el pasado día viernes 16, la Vice Ministra de facto Marta Alvarado anunció públicamente que nuestra Comisión había roto el diálogo, introduciendo así la mentira y la confusión en el proceso de negociación.

El señor Roberto Micheletti no ha demostrado voluntad política y sigue empeñado en utilizar el diálogo como un simple mecanismo de distracción política y calculada demora para ganar tiempo y prolongar su ilegal y arbitraria permanencia en el ejercicio del gobierno.

SEGUNDO: Mientras nuestra delegación da innegables pruebas de su voluntad política para llegar a un acuerdo y encontrar la salida a la crisis, el señor Roberto Micheletti pone en práctica maniobras dilatorias, planteamientos puramente formalistas, propuestas inadmisibles y, en algunos casos, insultantes y provocadoras.

TERCERO: Por todo lo anterior, reiteramos que el diálogo, aunque no lo declaramos roto ni pensamos romperlo, ha entrado en una fase de evidente obstrucción.

El consejo permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se reunirá en Washington el día miércoles 21 del presente mes, deberá conocer y pronunciarse sobre el actual estado de obstrucción en que se encuentra el proceso del diálogo.

El Presidente Constitucional JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES ha hecho todas las concesiones posibles para asegurar el éxito del diálogo y la salida política de la crisis. Gracias a ello, hemos podido consensuar y firmar el noventa y cinco por ciento del contenido del Acuerdo de San José; el porcentaje restante depende exclusivamente de la voluntad política del señor Micheletti. Es él quien debe asumir la responsabilidad política y la culpa histórica por haber impedido la culminación exitosa de este generoso esfuerzo de diálogo, que siempre ha contado y contará con el respaldo decidido del Presidente Constitucional JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES y la delegación que lo representa.

Tegucigalpa, 19 de octubre de 2009

[es] Salvador Capote: Honduras y los cascos azules

Honduras y los cascos azules

Salvador Capote

ALAI AMLATINA, 05/10/2009.- La crisis en Honduras permanece sin resolver y puede conducir a un conflicto de mayores proporciones con un alto costo para la oligarquía de ese país. No es extraño, por tanto, que en los círculos más reaccionarios de la nación centroamericana y también, desde luego, en los de Estados Unidos, se esté pensando ya en utilizar uno de los recursos de mayor efectividad para frustrar el ascenso al poder de los sectores populares. Esto es, imponer el envío de tropas “pacificadoras”, como los “cascos azules” de la ONU.

Si algunos ingenuos piensan que dichas tropas, ya sean de la ONU o bajo la bandera de otros organismos multilaterales, se integran de una manera equitativa, igualitaria, con la participación de todos los países miembros y que su función es crear y mantener la paz, viven en el mundo del realismo mágico. En la mayoría de los casos, si no en todos, la presencia de fuerzas extranjeras agrava y profundiza el conflicto y lo que mantiene no es la paz sino el statu quo, siempre en favor de las clases privilegiadas. Las llamadas misiones de paz de la ONU son financiadas casi totalmente por Estados Unidos y por los países europeos de la OTAN mientras que los soldados de fila provienen de países del Tercer Mundo. Unos son los que pagan y otros son los que mueren. Pero el que paga manda.

De acuerdo a datos oficiales, los cinco países que contribuyeron (año 2008) con mayor número de soldados a las misiones de la ONU fueron, siguiendo el orden que se expone: Pakistán, Bangladesh, India, Nigeria y Nepal. A los tres primeros corresponde una tercera parte de los 100,000 cascos azules desplegados en zonas de conflicto alrededor del mundo. Del último provienen los feroces gurkhas.

La ONU paga mensualmente al gobierno al que pertenece cada soldado $1,101, y $1,404 si éste domina alguna especialidad militar. El dinero lo cobra el gobierno que corresponde, el cual paga luego a la tropa la cantidad que estima conveniente (siempre una ínfima parte de lo recibido). Estos salarios, más el armamento, equipos y entrenamiento que proporciona la ONU, permiten a países pobres mantener una modernidad en sus ejércitos que de otra forma no podrían sostener. Surge así la paradoja de un militarismo incentivado por las misiones de paz. Por otra parte, como participar en estas misiones resulta lucrativo para los gobiernos y una forma de vida para los soldados, tanto los primeros como los últimos poseen un interés económico y militar en la prolongación de los conflictos.

Además, como la ONU carece de una logística propia, ésta depende absolutamente de los países desarrollados. Un funcionario de la ONU, el “Chief Administrative Officer” desempeña sólo un papel coordinador. Los países donantes, Estados Unidos en particular, determinan el flujo de abastecimientos y, por tanto, tienen en sus manos el control de todas las misiones aunque sus ciudadanos no participen. Y que nadie piense que éstas constituyen una carga económica para Estados Unidos y sus aliados. La intervención de las tropas de la ONU evita, hasta cierto punto, su presencia directa en los conflictos. Si la ONU no cumpliera esta tarea, ¿en cuántos lugares del mundo no estarían combatiendo o realizando funciones de gendarmería las tropas norteamericanas? Susan Rice, la nueva embajadora de Estados Unidos ante el máximo organismo internacional, citada por Jack Curry (1), afirma que la ONU realiza sus intervenciones por 1/8 de lo que costaría a Estados Unidos si actuara directamente. “Es un buen negocio –dijo- tanto desde el punto de vista de la seguridad como desde el punto de vista financiero”.

Estos soldados del Tercer Mundo tienen, casi siempre, muy bajo nivel de escolaridad, desconocen totalmente la historia, la cultura y la idiosincracia del país al cual son destinados, hablan probablemente un idioma distinto, no entienden las raíces ni las características del conflicto y la paga es su única o principal motivación. Debido a que actúan bajo la égida de un organismo internacional no clasifican como mercenarios, pero lo son en realidad.

En un estudio (Informe Machel) realizado por la ONU en 1996, Graça Machel, primera dama entonces de Mozambique, documentó: “En 6 de 12 investigaciones de campo realizadas para confeccionar este informe acerca de la explotación sexual de niños en situaciones de conflicto armado, el arribo de tropas de las fuerzas de paz se relaciona con un rápido aumento en la prostitución infantil”. Durante el conflicto en Bosnia, estas fuerzas se vieron involucradas en un sonado escándalo debido a que raptaban niñas para trabajar en burdeles como esclavas sexuales. Varios años después, el problema del abuso sexual a niños por parte de los cascos azules permanecía sin resolver. Un nuevo informe, preparado por la organización “Save the children”, publicado en mayo de 2008, denunció que “el abuso sexual de niños por trabajadores humanitarios y fuerzas de paz es común y los esfuerzos por proteger a los menores de estas agresiones son inadecuados”. “Save the children” basó su informe en visitas realizadas en 2007 a Haití, el sur de Sudán y Costa de Marfil. El estudio mostró un amplio espectro de abuso y explotación: niños intercambiando sexo por comida, sexo forzado, prostitución y pornografía infantil, tráfico de niños. El estudio ofrece el relato de un muchacho de 14 años que trabajaba en un campo de las fuerzas de paz en Costa de Marfil: “Nos piden especialmente niñas de nuestra edad. Generalmente son entre ocho y diez hombres que comparten a dos o tres niñas. Cuando sugiero una chica más grande, ellos dicen que quieren una niña pequeña”.

En un artículo publicado el primero de octubre de este año (2), el Washington Times señala que “el Congo es anfitrión del MONUC, acrónimo de la mayor y más costosa operación para mantener la paz en la historia de las Naciones Unidas. A pesar de una fuerza de 18,000 soldados y un presupuesto anual de más de $1.2 billones, las fuerzas de paz han sido incapaces de proteger a los pueblos y aldeas de los grupos rebeldes y de los soldados del gobierno”. Y cita al embajador de Austria, Thomas Mayr-Harting, diciendo que es “absolutamente imperdonable” que los civiles tengan que vivir bajo la amenaza de violencia donde está desplegada una misión de paz de la ONU. En el Congo, de acuerdo con el Fondo de Desarrollo para la Mujer de esta organización, cada día un promedio de 36 mujeres y niñas son violadas o torturadas sexualmente.

Para vergüenza nuestra, varios países latinoamericanos forman parte de MINUSTAH, acrónimo del nombre en francés de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití. No olvidemos que es el mismo Brasil cuya embajada en Tegucigalpa acoge al presidente Zelaya el país que la encabeza y cuyos soldados han masacrado, al menos en dos ocasiones, al pueblo rebelde pero indefenso de Cité Soleil. ¿Para qué ha servido MINUSTAH? –Para consagrar el golpe de estado de George W. Bush, en 2004, contra el presidente legítimo Jean Bertrand Aristide; para sostener la brutalidad del régimen espúreo interino de Gérard Latortue; para apoyar la persecución contra Lavalas; para sembrar el terror en los vecindarios considerados “pro-Aristide” de Bel-Air, Martissant, Grand Ravin, Pele y, por supuesto, en Cité Soleil. MINUSTAH no ha sido otra cosa que un ejército de ocupación que responde a los intereses de la elite haitiana y de la administración de Estados Unidos.

En una reciente y hábil iniciativa de la oligarquía hondureña, Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industrias, junto a otros poderosos empresarios, dio a conocer a La Jornada un nuevo plan para salir de la crisis. Una de las propuestas del “Plan Facussé” es la creación de una fuerza multinacional que se encargue de hacer cumplir eventuales acuerdos. Esta fuerza externa –propone- estaría compuesta por tres mil soldados de Panamá, Colombia y Canadá. Pero ¡caramba!, ¿no es Panamá el único país que anticipa su reconocimiento al régimen que podría surgir de las elecciones de noviembre? ¿No es el ejército de Colombia el que bombardeó recientemente el territorio soberano de Ecuador para asesinar al comandante de las FARC Raúl Reyes? ¿No es Canadá un fiel aliado de Estados Unidos? Una fuerza multilateral formada por amigos de los golpistas sería como contratar al zorro para que cuide el gallinero. Me gustaría saber como reaccionaría la oligarquía hondureña ante una fuerza de paz con un contingente mayoritario venezolano y con un general bolivariano al frente.

Si los hondureños permiten la entrada en su país de una de las llamadas “fuerzas de paz”, estén o no bajo la bandera de la ONU, pueden dar por seguro que éstas no se retirarán hasta que la muy dependiente del imperio clase empresarial hondureña considere garantizados sus intereses durante los siguientes treinta o cuarenta años. No hay otra actitud digna que no sea la exigencia de la restitución inmediata y sin condiciones del presidente Manuel Zelaya; no hay otro camino válido que el de la resistencia.

Notas

(1) “Does the U.N. Serve American Interests?”, Jack Curry, PARADE, The New York Herald, Oct. 4, 2009.

(2) “U.N. rebukes nations over rape, torture”, Betsy Pisik, The Washington Times, Oct.1, 2009.

Jennifer Moore: Lawyers Question Basis of Zelaya Ouster

HONDURAS: LAWYERS QUESTION BASIS OF ZELAYA OUSTER

http://upsidedownworld.org/main/content/view/2132/1/

Written by Jennifer Moore
Friday, 25 September 2009

Since June 28 when the Honduran military shot their way through the backdoor of President Zelaya’s private residence, kidnapping and forcibly expatriating him to Costa Rica, the de facto regime has maintained that Zelaya’s removal was a constitutional transfer of power. For its part, the Obama Administration has condemned the ouster, but stopped short of defining the events as a military coup. By US law, this would require the suspension of the majority of aid to the Central American country.

However, a preliminary report by an international delegation of lawyers that visited Honduras in late August affirms that a military coup is what took place. The report considers the lack of an independent judiciary in Honduras as part of the context in which this occurred and points to powerful economic and political groups opposed to social advances promoted by President Zelaya as the driving force behind the coup.

The report, drafted by members of the American Association of Jurists, the National Lawyers Guild, the International Association of Democratic Lawyers and the International Association Against Torture, further states that the military overthrow was a clear violation of Honduras’ 1982 Political Constitution. Among various constitutional articles that the report claims were violated includes Article 102, which states: “No Honduran may be expatriated nor delivered by the authorities to a foreign state.” [1]

Building upon observations pertaining to human rights violations detailed in the report, the National Lawyers Guild released a press bulletin on Tuesday concerning the de facto government’s most recent abuses since Zelaya arrived at the Brazilian Embassy in Tegucigalpa on Monday. Coup leader Roberto Micheletti used Zelaya’s reutrn as a pretext to unleash a new wave of aggression by his security forces against Hondurans opposed to the coup. The Guild also expressed special concern for threats to the life of the democratically-elected president.

Zelaya’s arrival, it concludes, should motivate the US to denounce the violence, further isolate the de facto regime and “no longer avoid officially declaring a military coup d’etat.” The Guild also urges UN bodies, including the UN Security Council and the UN Economic and Social Council, to “initiate proceedings for an economic blockade” and to “consider deploying a peacekeeping mission to facilitate the return to power of the legitimate constitutionally elected government.” The UN already announced Wednesday that it would withdraw all support for upcoming elections on November 29th.[2] The UN Security Council is also anticipated to make an announcement this week.[3]

Dangerous Territory: Constitutional Reform

The most immediate trigger for the coup was a non-binding, national opinion poll scheduled for June 28. It was decreed by Zelaya under the Citizens’ Participation Law, notes the delegation report, and would have taken place the same day as he was ousted. Hondurans would have answered the following question: “Are you in agreement that during the 2009 general elections that a fourth ballot box be installed in which the people will decide whether to strike a Constituent Assembly? Yes/No.”

According to the report, the opinion poll was a “determining factor” in the coup. They explain that “powerful economic and political sectors including those who control the Honduran media vehemently opposed the move and recurred to the courts and the legislature to put in motion a very accelerated lawsuit, lacking assurances of due process in order to justify actions without grounds against President Zelaya, who they intended to try.” Other reforms Zelaya was enacting which enraged to the business class included the rise in the minimum wage, the exclusion of intermediaries from state fuels purchases and the decision to purchase oil from the cheapest provider – the Venezuelan oil company Petrocaribe.

The speed with which the Supreme Court processed legal measures to block the survey raised suspicions among the delegation. “In contrast to the speed with which they acted against the constitutionally elected President Zelaya, [the Supreme Court] has not made any decisions with regard to any legal process since then – up until this report was drafted [on September 12th] – to sanction those responsible for violations of the constitution and legal order [as a result of the coup].”

Furthermore, one delegation member comments, “the de facto government clearly avoided using its legal power to arrest Zelaya when he tried to re-enter Honduras, compounding the violation of rule of law and furthering the appearance that there is no basis for claims that Zelaya committed crimes justifying his removal from office and claims that he lacks support within Honduras.”

Concerns over weaknesses in Honduras’ judiciary have been raised before. The Inter American Human Rights Commission has criticized the country for lack of an independent and efficient judiciary, notes another member of the delegation. Furthermore, a report from Freedom House states, “The judicial branch of government in Honduras is subject to intervention and influence by both the elected branches and wealthy private interests.” [4] The US State Department profile of Honduras also mentions that “Although the constitution and law provide for an independent judiciary, the judicial system was poorly funded and staffed, inadequately equipped, often ineffective, and subject to patronage, corruption, and political influence.” [5]

Also worrisome to the delegation was the contrast found between the ease with which Zelaya’s ouster was executed and the delays in addressing civil society requests for habeas corpus and constitutional protection as a result of police and military excesses over the last three months.

Human Rights Commissioner Compromised

Human rights abuses have escalated again this week since Zelaya’s arrival on Monday. The de facto regime has enforced a continuing military curfew, while state security forces have arbitrarily detained, beaten and even killed people. The security of the Brazilian Embassy where Zelaya is staying has also been threatened. The international group of lawyers raises deep concerns about the significant rise in human rights violations since June 28 and observes the lack of attention to such grievances by state institutions such as the Office of the Public Prosecutor and the Human Rights Commissioner’s Office.

While visiting Honduras, the delegation received complaints about violations of political and civil rights, as well as economic, social and cultural rights. Among those they report are violations of the right to life, physical integrity, liberty of expression, access to information, the freedom of association and due legal process. They also received testimonies concerning cruel and degrading treatment against women and abusive treatment of minors, including forced military recruitment among poor sectors of the population.

Additionally, they note at least four deaths since the coup, although other estimates were up to about 11 at the start of this week. [6] In this context, they point out, “A lack of will on the part of the public attorney’s office to immediately and diligently investigate what took place in order to bring those responsible to justice, which contrasts with the swiftness and efficiency with which governmental organisms processed claims against the deposed president.”

They also concluded that many people have avoided presenting complaints to the National Human Rights Commissioner’s office given that the Commissioner is an open supporter of the coup. Instead people were forced to file reports to civil society organizations such as the Committee of Relatives of the Detained and Disappeared of Honduras (COFADEH) because of a lack of confidence that their cases would be properly addressed.

Seeing such weaknesses in human rights protection by the state since the coup, the lawyers’ report recommends that “organisms such as the National Human Rights Commissioner, whose mandate is specifically to protect human rights, be led by persons committed to the defense of human rights and not by those who have declared themselves in favor of the coup, such as is the case with Commissioner Dr. Ramón Custodio.”

Custodio was quoted by Europa Press this week openly criticizing international human rights delegations, accusing them of having political interests in trying to make a victim out of Honduras and stating that they, including participants of an upcoming mission from the UN, “are looking for a mechanism to once again aggrieve the Honduran people.” [7]

Serious human rights violations and the use of excessive force by state forces have been documented and denounced in recent months by the International Federation of Human Rights, the Inter American Human Rights Commission (an autonomous body of the Organization of American States), Amnesty International and now Human Rights Watch (HRW). Yesterday, the Spanish news agency EFE reported that HRW “asked the OAS to demand the government of Robert Micheletti to desist in applying force against protesters and to guarantee fundamental human rights.” They noted one confirmed death this week and at least 150 arbitrary detentions. A HRW representative also mentioned four unconfirmed deaths as a result of police violence in Tegucigalpa. [8]

Whereas coup leaders lacked constitutional grounds upon which to oust Zelaya, those in Honduras who oppose the coup do have the right to insurrection. Article 3 of their 1982 Political Constitution states, “No one owes obedience to a government which usurps power nor those who assume public functions or employment through the use of arms or through means or processes that break or fail to recognize what the constitution and laws establish. The verified acts of such authorities are null. The people [of this country] have the right to recur to insurrection in defence of constitutional order.”

The pro-democracy movement, perhaps the least anticipated outcome of the coup, has now managed to sustain itself for almost 90 days.

The World’s Turn

Finally, members of the American Association of Jurists, the National Lawyer’s Guild, the International Association of Democratic Lawyers and the International Association against Torture conclude their report by calling upon the international community to echo efforts toward the restoration of democratic order in Honduras, and ultimately the region, by concertedly promoting the unconditional return of President Manuel Zelaya.

Indicating the need for ongoing human rights vigilance and accompaniment in the current period, they insist that upcoming elections not be recognized and that much stronger economic sanctions be implemented.

They further add that resulting abuses “cannot remain in impunity” and recommend that an international tribunal be established to try those responsible. Furthermore, given the brutality with which state forces have come down on Honduran people in recent months, they propose that reforms be considered “to assure the subordination of the armed forces to civil society, including that proposals that could result in the elimination of the armed forces and their permanent abolition be studied such as has taken place in Panama and Costa Rica.”

Notes:

1. For news and updates from the delegation: http://www.nlginternational.org
2. “ONU suspende asistencia a elecciones en Honduras” Prensa Latina, 23 September 2009; http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=119683&Itemid=1
3. “Consejo de Seguridad de la ONU se pronunciara sobre el Golpe en Honduras” Pulsar, 23 September 2009; http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=15869
4. “Countries at the Crossroads 2007: Honduras” Freedom House; http://www.unhcr.org/refworld/country,,FREEHOU,,HND,4562d94e2,47386925c,0.html
5. http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100644.htm
6. “The Road to Zelaya’s Return” Ben Dangl, Truthout, 22 September 2009; http://www.truthout.org/092209A
7. “Gobierno ‘de facto’ denuncia que los relatores de DDHH de la ONU ‘buscan un instrumento para agredir'” Europa Press 19 September 2009; http://www.europapress.es/latam/honduras/noticia-gobierno-facto-denuncia-relatores-ddhh-onu-buscan-instrumento-agredir-20090919235625.html
8. “Human Rights Watch pide a la OEA que exija el cese de la represion en Honduras” EFE 23 September 2009; http://es.noticias.yahoo.com/9/20090924/twl-human-rights-watch-pide-a-la-oea-que-e1e34ad.html

CIDH condena uso excesivo de la fuerza en represion de manifestaciones en Honduras

COMUNICADO DE PRENSA

No. 65/09

https://www.cidh.oas.org/Comunicados/Spanish/2009/65-09sp.htm

CIDH CONDENA USO EXCESIVO DE LA FUERZA EN REPRESIÓN DE MANIFESTACIONES EN HONDURAS

Washington, DC, 22 de septiembre de 2009 – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena enérgicamente el uso excesivo de la fuerza en la represión de las manifestaciones que tuvieron lugar en Tegucigalpa, en los alrededores de la Embajada de Brasil, donde se encuentra el Presidente Manuel Zelaya Rosales.

Según la información recibida, después de la llegada del Presidente Zelaya a Honduras el 21 de septiembre de 2009, el gobierno de facto instauró un toque de queda, el cual se mantiene vigente, y ordenó el cierre de los aeropuertos.

En este marco, fuerzas policiales y militares reprimieron a los manifestantes en la zona de la Embajada, aplicando uso excesivo de la fuerza, utilizando bombas lacrimógenas y balas de goma. Asimismo, se recibió información de que cientos de personas fueron detenidas y de que agentes estatales arrojaron bombas lacrimógenas a la sede del Comité de Familiares de Detenidos Desparecidos en Honduras (COFADEH), cuando se estaban recibiendo denuncias y testimonios de personas heridas durante la represión. La CIDH fue informada además que la Embajada de Brasil en Honduras estaría rodeada por fuerzas de seguridad del Estado y aislada de toda comunicación con el exterior tras la aplicación de un corte de energía eléctrica en la zona. Otros cortes de energía eléctrica sacaron del aire a radio Globo y Canal 36.

La CIDH hace un llamado urgente al régimen de facto a adoptar todas las medidas necesarias a fin de garantizar el derecho a la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas. En especial, la Comisión urge a las autoridades de facto a respetar el derecho a la vida y a la integridad de las personas detenidas, así como del Presidente Manuel Zelaya Rosales, de los miembros de su familia y de su gabinete que están actualmente refugiados en la Embajada,  del personal diplomático brasileño y de todas las personas que se encuentran en la Embajada.

La Comisión Interamericana urge a las autoridades de facto a investigar el uso excesivo de la fuerza utilizado en la represión de la manifestación de apoyo al Presidente Manuel Zelaya y a sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos que se determinen en las investigaciones. Asimismo, la CIDH reitera su llamado al gobierno de facto de Honduras a respetar las manifestaciones públicas y recuerda que todas las personas sin distinción deben estar igualmente protegidas en el ejercicio de sus derechos a la libertad de expresión, reunión y participación política. En este sentido, la Comisión Interamericana expresa nuevamente su profunda preocupación por la reiterada utilización de diversos estados de emergencia en Honduras, en este caso el toque de queda, para suspender derechos fundamentales y para evitar las manifestaciones públicas.

En especial, la Comisión expresa su profunda preocupación por las restricciones a la libertad de expresión por métodos indirectos como son los cortes de energía que en los hechos dejan a medios de comunicación sin posibilidades de transmitir. La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión exigen el respeto irrestricto del derecho a la libertad de expresión en Honduras y urge a las autoridades de facto a otorgar todas las garantías para que los medios y los periodistas puedan cumplir su labor de informar con libertad y en condiciones de seguridad.

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión está integrada por siete miembros independientes que se desempeñan en forma personal, que no representan a ningún país en particular y que son elegidos por la Asamblea General de la OEA.

[es] Informe preliminar sobre el Golpe de Estado – por el Gobierno del Presidente Jose Manuel Zelaya

GOBIERNO DEL PRESIDENTE JOSE MANUEL ZELAYA
INFORME PRELIMINAR SOBRE EL GOLPE DE ESTADO
I. CONSIDERACIONES GENERALES.
II. AUTORES DEL GOLPE DE ESTADO. CATEGORIAS.

a. Primera Categoría
a. Segunda Categoría
b. Tercera categoría

I. ROMPIMIENTO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL. VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE TODOS.

a. Asalto al domicilio, secuestro y destierro forzado del Presidente Constitucional Manuel Zelaya.
b. Posterior justificación de una causa sin juicio y sin debido proceso.
c. Renuncia Falsa del Presidente.- Delito de Falsificación de documentos públicos.
d. Acuerdo Legislativo destituyendo al Presidente Manuel Zelaya Rosales sin sustento constitucional ni legal.- Aberrante precedente que no debe quedar impune.
e. La participación del Fiscal General Luis Alberto Rubí, del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Magistrado Tomás Arita Valle en la conspiración para el golpe de Estado.
f. Después del golpe de Estado la Corte Suprema de Justicia dice: Manuel Zelaya Rosales ya no es Presidente y por tanto debe ser juzgado por la justicia ordinaria. Entra en el proceso la Jueza de lo Penal Iris Normandina Ortiz.
g. Persecución política a los miembros del Gabinete.- Criminalización de todas las conductas. Uso arbitrario del derecho penal, como primera ratio.
h. Toques de queda.- Ilegalidad y violación de derechos individuales.
h. Funcionarios de Facto están cometiendo el delito de Usurpación de Funciones.-

I. RESISTENCIA INTERNA.- EJEMPLO DE DIGNIDAD Y LUCHA.

I. CONDENA Y RESPUESTA INTERNACIONAL.

a. Condena enérgica al golpe de Estado.
b. Constatación de las violaciones a los Derechos Humanos de todo hombre o mujer que se pronuncia o se manifiesta en contra del régimen de facto.
c. Restricciones a las libertades públicas y manipulación mediática.-
d. Rol del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

I. PRETENSION DE IMPUNIDAD Y LEGITIMACIÓN DEL GOLPE DE ESTADO A TRAVES DEL PROCESO ELECTORAL VICIADO Y FRAUDULENTO CON EL PRESIDENTE DESTERRADO QUE REPRESENTA LA PRINCIPAL FUERZA POLITICA DEL PAIS.

I. CONCLUSIONES

I. FUENTES

GOBIERNO DEL PRESIDENTE JOSE MANUEL ZELAYA
INFORME PRELIMINAR SOBRE EL GOLPE DE ESTADO

I. CONSIDERACIONES GENERALES.-

El Gobierno de la República de Honduras, presidido por el ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, por este medio informa oficialmente al pueblo hondureño y a la comunidad internacional  sobre las causas y motivaciones que provocaron el golpe de Estado ejecutado por las fuerzas militares el día 28 de Junio de 2009.

Honduras. Una sociedad desigual

Honduras la tercera economía más pobre de América Latina, es la sociedad con los mayores grados de desigualdad del continente americano. Un pequeño grupo de familias, casi todas de origen árabe acaparan el 90% de la riqueza nacional.
Esta oligarquía se apoderó de los bancos, de los centros comerciales, de las empresas que generan energía, de las concesiones de aeropuertos, de las  telecomunicaciones, de los periódicos, de las radios y las televisoras, de las administradoras de crédito, negocios de equipos de fútbol, comidas rápidas, maquilas, de la dirección de los partidos políticos y de algunas iglesias.
Mediante  privatizaciones amañadas se han apropiado de los recursos naturales, de los servicios públicos y de los servicios financieros. Ahora, con el golpe de Estado están a su servicio los tres poderes del Estado.

Congreso Nacional e instituciones del Estado crean régimen de privilegios para la oligarquía

El Congreso Nacional a raíz del ascenso al poder del ex presidente Flores Facussé se ha prestado al juego de este pequeño grupo oligarca creando un régimen de privilegios con concesiones, exoneraciones y exenciones fiscales, para no pagar   impuestos y debilitar el Estado con una bajísima carga tributaria, apenas un 14%.

Esta oligarquía financia las campañas de los partidos políticos, de los candidatos a la presidencia, de diputados y alcaldes de la principales ciudades, tienen el control del 90% de los más poderosos medios de comunicación, compran sus conciencias, operan como dueños del Congreso Nacional y a través de éste  nombran a sus abogados y empleados como operadores de justicia y organismos contralores del Estado: Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Fiscal General y Fiscal Adjunto,

Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, Magistrados del Tribunal Supremo Electoral y Procuradora General de la República, en conclusión, todos les pertenecen y todos les obedecen.

El Golpe Militar en Honduras es el retorno al fascismo de Estado y se ha nombrado como Jefe Usurpador al político más desprestigiado y repudiado de toda la historia política de Honduras, Roberto Michelleti Baìn y como Ministro Asesor al siniestro miembro del Escuadrón 3-6, acusado de desapariciones y torturas en la década de los años 80s, Billy Joya Améndola.
Logros del Gobierno del Presidente Manuel Zelaya

Paradójicamente el Gobierno del Presidente José Manuel Zelaya Rosales obtuvo los indicadores de mayor éxito de todos los gobiernos democráticos instaurados desde 1980, logró el mayor crecimiento económico con índice del 7% en los  años (2006-2007) la mayor inversión extranjera, el menor endeudamiento, la mayor inversión pública, pero sobre todo la más significativa e importante reducción de la pobreza en toda la historia del País, lo que constituye, sin duda, su mayor logro. Todo esto sin haber establecido o incrementado nuevos impuestos o tributos.

La matrícula gratis, la merienda escolar, el bono solidario, la reducción del precio y el subsidio de los combustibles, la aplicación de la norma de los 60° para la comercialización del combustible, el rescate de las empresas públicas: ENEE y HONDUTEL; la baja en la tasa de interés bancario, el bono tecnológico agrícola, la sustitución gratuita de bombillos ahorradores de energía, los programas masivos de alfabetización, el financiamiento a la microempresa, la veda en el corte del bosque, la prohibición de la minería a cielo abierto, la energía eléctrica gratuita para las 700 mil familias más pobres del País, el rescate de la Base Militar de Palmerola para un aeropuerto civil, el incremento de las reservas internacionales, la oposición a la devaluación de la moneda (lempira) frente al dólar, la incorporación a PETROCARIBE y a la ALBA y el incremento en un 60% del salario mínimo a toda la clase trabajadora, alcanzando de $ 150 a $230 dólares americanos al mes; son sólo una muestra de las acciones del Gobierno en beneficio del interés nacional y sobre todo de los más pobres.

Propuesta del Poder Ciudadano

Nuestra propuesta política de Poder Ciudadano incorporó formas inéditas de participación para los hondureños y las hondureñas: asambleas permanentes del Poder Ciudadano en diversas localidades del País, puertas abiertas y presencia permanente en Casa de Gobierno de los sectores sociales, inclusión y acompañamiento de organizaciones y personalidades en el análisis y solución de problemas nacionales.

Finalmente, considerando las inconsistencias y limitaciones existentes en la Constitución de la República y la Ley Electoral, que restringe con la ley del Plebiscito y Referéndum derechos constitucionales de los ciudadanos, este Gobierno aprobó la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley de Participación Ciudadana, procedimos al primer gran ejercicio masivo de participación ciudadana a través de la realización de una encuesta, cuyos resultados no eran vinculantes.

La encuesta tenía por objeto que expresáramos si estábamos o no de acuerdo en que se instalara una cuarta urna el día de las elecciones generales (29 de noviembre de 2009). En caso de obtener una respuesta mayoritaria para el sí, se enviaría al

Congreso Nacional un proyecto de ley que regularía la instalación de la cuarta urna para que el pueblo se pronunciara si estaba o no de acuerdo que el próximo gobierno convocara a una Asamblea Nacional Constituyente, como un ejercicio pacífico y sobretodo democrático orientado a darle participación efectiva a los ciudadanos en la toma de las decisiones más importantes del país.

Porqué  el golpe de Estado?

Los “dueños” de Honduras no vieron con buenos ojos un Gobierno que se salía de su “control” y que no se dedicaba a velar por sus intereses y perpetuar sus privilegios, sino que a dar oportunidades a los más pobres y a proponer en Honduras un plan de desarrollo con procesos y mecanismos de democracia directa. Estas familias no entendieron el mensaje y no pudieron contener su ira a las palabras del pueblo:“Mel es el unico presidente que nos ha ayudado, que se ha acordado de nosotros, que ha defendido a los mas pobres”.

Desataron una guerra sucia, atroz y sin tregua contra el Gobierno del Presidente Zelaya, con sus medios de comunicación, sus sirvientes, sus organizaciones, sus empresas y todos sus recursos, inventaron y repitieron mil veces sus mentiras: que el Presidente Zelaya quería perpetuarse en el poder, que quería reelegirse, que estaba entregando el País al comunismo y que quería dar golpe de Estado, entre otras.

A pesar de su férreo control mediático y sus recursos económicos ilimitados, los « dueños de Honduras » no pudieron  combatir con ideas, con razones, ni con medios pacíficos las propuestas de participación ciudadana, de allí que tomaron la peor decisión: usar la fuerza bruta, la violencia, la barbarie y sumir a Honduras en la noche oscura de un golpe de estado militar.

Después del golpe militar, dirigido por estos dueños de Honduras y sus políticos títeres, después de haber desterrado por la fuerza de las armas al Presidente electo por el pueblo y a su Gabinete, han continuado su guerra, tratando de desprestigiar todas las acciones ejecutadas en favor de la participación ciudadana en la democracia hondureña.

Como amos y dueños de los titulares de la Corte Suprema de Justicia, del Ministerio Público, del Tribunal de Cuentas, del

Tribunal Electoral, de la Procuraduría General de la República y del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, les han ordenado que inventen cargos y acusaciones de todo tipo, que van desde traición a la patria, abuso de poder, corrupción, faltas administrativas, etc. y, sin seguir ni los más elementales pasos del debido proceso, ni mucho menos permitir el sagrado derecho de defensa a los perseguidos; se han librado numerosas órdenes de captura contra el Presidente de la República y varios de sus Ministros.

Mientras tanto, los criminales y responsables del Golpe de Estado continúan impunes en el País, cometiendo crímenes de lesa humanidad contra un pueblo que se mantiene en resistencia pacífica y está desarmado, respondiendo sólo con su honor, con su dignidad y con su sangre su incansable voluntad por el retorno al orden constitucional.

Crímenes impunes

El Pueblo Hondureño no se engaña, sabe muy bien quiénes son los que se han apoderado del País usando métodos criminales, convirtiéndose en dueños de todo, los mismos que han vendido la Patria para incrementar su fortuna, los mismos ladrones, los del “chinazo”, los del “gasolinazo”, los del tráfico y compra de armas, quienes se han apoderado de los fondos del Congreso Nacional para hacer sus campañas políticas y que ahora le han robado al pueblo su soberanía su derecho a elegir democráticamente, en las urnas, a su Presidente; ellos son los que tienen reprimido al pueblo, los responsables de los hondureños desaparecidos y asesinados, los que han quebrado bancos, los que trafican con medicinas, con drogas, con combustibles y con influencias. Y continúan impunes.

I. AUTORES DEL GOLPE DE ESTADO. CATEGORIAS.-

A. Primera Categoría: En esta primera categoría están los autores intelectuales y financistas del Golpe de Estado.

A) El ex Presidente Carlos Roberto Flores Facussé, propietario del diario La Tribuna y socio activo a través de testaferros de varias empresas y  cuyos colaboradores políticos de años son los ejecutores del golpe.

B) Jorge Canahuati Larach propietario de los Diarios El Heraldo y La Prensa, miembro influyente de la Asociación privada de 3 dueños de Medios de Comunicación.

C) José Rafael Ferrari, propietario de Emisoras Unidas y Televicentro,

D) Ricardo Maduro, ex Presidente de la República, propietario de bancos, centros, tiendas comerciales y medios comunicación

E) Camilo Atala, banquero y principal accionista de varias empresas internacionales y Banco Fihcosa.

F) Freddy Nasser, Presidente y principal accionista del Grupo Terra, y del sector de generación de energía por quién recientemente el Poder Ejecutivo vetó la reforma a la ley de incentivos a la generación de energía limpia, que contenía un artículo que otorgaba un beneficio de cerca de 50 millones de dólares sólo al señor Nasser. G)Arturo Corrales Álvarez, propietario de concesiones en el sector energía, socio del ex presidente Carlos Flores y su principal negociador en cada acción que se propone ejecutar.

H) Compañías transnacionales de los combustibles.

• Las figuras centrales del golpe en el plano político de esta categoría son: el Candidato del Partido Liberal ELVIN ERNESTO SANTOS (cuyo Edecán de apellido Pacheco, participó en el asalto a la residencia el 28 de junio de 2009 a las 5:10 am1). Su principal asesor es el ex Presidente Flores Facussé, y en el Partido Nacional Porfirio Lobo Sosa.

• Sin el visto bueno de los indicados candidatos toda la conspiración para semejante acto criminal contra el sistema democrático, hubiese resultado imposible, ya que ellos conspiraron junto a sus bancadas de diputados para que ilegalmente se destituyera al Presidente Zelaya y se nombrara en su lugar al dictador  Michelleti.

a. Segunda Categoría: En la segunda categoría figuran autores materiales militares y políticos: A) Roberto Michelleti, Presidente del Congreso Nacional, que se autodenominó “Presidente Constitucional”, sin tener ninguna atribución para ello. Este señor es un veterano colaborador e incondicional del ex Presidente Flores Facussé.

B) Luis Alberto Rubí Avila actual Fiscal General del Estado, recién nombrado por Roberto Michelleti en el Congreso Nacional y antiguo colaborador e incondicional del ex Presidente Flores Facussé.

C) Roy Urtecho, actual Fiscal general Adjunto, recién nombrado por el Congreso Nacional, fue propuesto por gestiones directas de la señora Vilma Cecilia Morales ex presidenta de la Corte Suprema de Justicia y ex empleada de Roberto Michelleti en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones.

D) Jorge Alberto Rivera Avilez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, recién nombrado por el Congreso Nacional y antiguo colaborador directo del ex presidente Flores Facussé. E)Tomás Arita Valle, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia, recién nombrado por el Congreso Nacional y antiguo colaborador e incondicional del ex Presidente Flores Facussé.

F) Ricardo Álvarez, Presidente del Partido Nacional (principal partido de oposición) y Alcalde de la Ciudad Capital. Es a la fecha el promotor y financista de las denominadas “marchas por la paz” en donde tiene incorporados a los mas de tres mil empleados de la Alcaldía Municipal.

G) Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga, actual Cardenal de la Iglesia Católica, quién avaló públicamente y a través de un comunicado, la salida violenta del Presidente, argumentando que “para que no hubiera un derramamiento de sangre”. H)Todos los diputados y diputadas al Congreso Nacional,  que el día 28 de junio no fueron convocados para condenar el secuestro y extradición ilegal del Presidente de la República, sino para aprobar el Decreto Legislativo ilegal, a través del cual se “legalizó” el golpe de estado militar y sin tener atribuciones procedieron a “nombrar constitucionalmente” a Roberto Michelleti. I) Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

• Ejecutores materiales (militares):

A) General Romeo Vásquez Velásquez, Jefe del Estado Mayor Conjunto;

B) General Miguel Ángel García Padgett, Jefe del Ejército, quién públicamente ha manifestado que “con la acción ejecutada se detuvo el comunismo de Venezuela hacia los Estados Unidos”.

B) General Luis Javier Prince Suazo, Jefe de la Fuerza Aérea.

C) Contra Almirante Juan Pablo Rodríguez Rodríguez, Jefe de la Fuerza Naval.

D) Daniel López Carballo, Ex Jefe del Estado Mayor Conjunto durante el Gobierno del ex presidente Carlos Roberto Flores Facussé, y

E) Billy Joya Améndola, ex militar procesado por violaciones a los derechos humanos en la década de los 80, desapariciones de personas, torturas y asesinatos extrajudiciales, actual asesor de seguridad del señor Roberto Michelleti Baín.

a. Tercera Categoría: Esta categoría está constituida por las transnacionales del combustible y los exportadores, quienes insistieron en su beneficio, en revertir el proceso de reformas a la fórmula de paridad de los combustibles y a la eliminación de la ley de los 60º. Así como en la devaluación del lempira frente al dólar.

I. ROMPIMIENTO DEL ORDEN CONSTITUCIONAL. VIOLACIONES A LOS DERECHOS DE TODOS.

a. Asalto al domicilio, secuestro y destierro forzado del Presidente Constitucional Manuel Zelaya.

• El día domingo 28 de junio de 2009, aproximadamente a las cinco de la mañana (5:00 AM), el domicilio del señor Presidente Constitucional de la República fue violentamente asaltado por un fuerte comando del Ejército Nacional y paramilitares encapuchados. Los ejecutores del crimen ametrallaron los portones y la vivienda e inmediatamente ingresaron en la misma procediendo a amenazar al Presidente, apuntándole con armas de alto calibre, al punto de decirle que se entregara y que no hiciera oposición alguna. Igualmente le despojaron con violencia del teléfono celular que portaba, impidiéndole toda comunicación.

Al señor Presidente Constitucional no se le leyó ningún derecho, no se le dio ninguna información, no se le permitió comunicarse con su familia, no se le mostró ningún documento, no se le permitió vestirse y tan sólo fue objeto de las amenazas y la violencia por parte de los militares y paramilitares. Posteriormente los criminales encomendados, procedieron a secuestrarlo y en ropa interior lo trasladaron hasta la base aérea Hernán Acosta Mejía de donde aproximadamente a las 6:10 AM despegó el avión presidencial que lo condujo en compañía de militares encapuchados y armados, apuntando contra su persona y en contra de su voluntad, a la ciudad de San José, Costa Rica, haciendo antes una escala en el aeropuerto de Palmerola en la ciudad de Comayagua. Luego de aterrizar en San José fue bajado en la pista y abandonado allí a eso de las ocho de la mañana del mismo día. El señor Presidente Constitucional de la República, fue auxiliado en el aeropuerto Juan Santamaría, lugar desde donde rindió sus primeras declaraciones sobre el hecho criminal de que fue objeto.

a. Posterior justificación de una causa sin juicio y sin debido proceso.

Conforme a los Convenios Internacionales de los que Honduras es signataria (Convención Interamericana de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), si el señor Manuel Zelaya Rosales cometió delitos tenía que ser juzgado con las formalidades que establece la Constitución de la República, las demás leyes nacionales y los tratados internacionales2.

El artículo 89 de la Constitución de la República de Honduras garantiza el principio o presunción de inocencia al establecer que: “Toda persona es inocente mientras no se haya declarado su responsabilidad por autoridad competente”. Asimismo el artículo 90 del mismo cuerpo legal dispone que: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece”. Lo ocurrido el 28 de junio de 2009, viola además de las disposiciones constitucionales anteriores, los artículos 68, 69, 71, 94 y 102, entre otros, de nuestra Constitución.3

Por otra parte, el Código Procesal Penal como norma adjetiva establece en los artículos 417 y 418,  la forma y el procedimiento especial para juzgar los altos funcionarios del Estado, quiénes como consecuencia de una reforma constitucional no gozan de ninguna inmunidad pero sí de que los juicios en su contra se ventilen ante un Magistrado de la Corte Suprema de Justicia designado como Juez Natural4.

Todas las violaciones a la Constitución y ordenamiento jurídico vigente son de público conocimiento y los autores de las mismas, en un Estado con una institucionalidad sólida, debieron ser detenidos en flagrancia o al menos se les debió iniciar procesos de oficio por las autoridades competentes, no obstante esto no ha ocurrido por la falta de independencia y los compromisos políticos asumidos por los titulares de las instituciones que han sido nombrados por el Congreso Nacional.

Así por ejemplo, la Corte Suprema de Justicia el domingo 28 de junio de 2009, en Conferencia de Prensa hizo saber que no había librado ninguna orden de captura en fecha 28 de Junio de 2009. Por su parte el Ministerio Público también el domingo 28 de Junio de 2009, no había presentado ningún requerimiento fiscal contra el Presidente ZELAYA ROSALES; sin embargo ahora afirma que presentó requerimiento fiscal antes del 28 de Junio de 2009 y la Corte Suprema de Justicia ahora dice que sí libró orden de captura contra el señor Presidente.

Por regla general y con base en el principio de última ratio5, así como de conformidad con los principios que rigen el debido proceso legal, la imputación de un delito  debe ser notificada a quién se presume responsable de la acción, con el objeto de que comparezca a una audiencia en la que se informan los cargos en su contra; sólo en casos excepcionales6, se puede librar orden de captura sin haber agotado este procedimiento. Formalmente y a posteriori aparece un expediente judicial que fue sustanciado por el Magistrado designado por la Corte Suprema de Justicia (Tomás Arita Valle), cercano colaborador del ex presidente Carlos Flores Facussé. Según estos documentos posteriores se ordenó la captura del señor Presidente el día 26 de junio de 2009 y también se ordenó el allanamiento de su domicilio, mediante un auto (resolución) que en tratándose de poner en juego una garantía constitucional (inviolabilidad del domicilio), evidencia que el señor Magistrado no tiene ni los más elementales conocimientos en derecho constitucional y menos en derecho procesal penal o en su defecto que en la ligereza por legalizar a posteriori la acción criminal, no les dio tiempo de estructurar legalmente sus resoluciones.7

• c) Renuncia Falsa del Presidente.- Delito de Falsificación de documentos  públicos.

El congreso Nacional, el día 28 de junio de 2009, convocó a sesión de urgencia, no para condenar lo que le había ocurrido al Presidente electo por la mayoría del pueblo hondureño, no para condenar la violación flagrante de todos los artículos constitucionales referidos a las garantías fundamentales de todo ciudadano (allanamiento ilegal a su vivienda, secuestro, extradición, etc.), sino para “sustituir constitucionalmente” al Presidente, sin ninguna facultad para ello.

Como un delincuente común, el Secretario del Congreso Nacional José Alfredo Saavedra, una  vez que estaba seguro del secuestro y expulsión violenta del Presidente al hermano pais de Costa Rica,  procedió a dar lectura a una carta de renuncia falsa, cometiendo con ello el delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS, puesto que se fingió la firma del Presidente en una nota con un contenido también falso y desmentido el mismo día de su lectura (domingo 28 de junio 2009) casi de forma inmediata, por el propio Presidente desde la ciudad de San José en Costa Rica8.

Siendo evidente que el señor Presidente de la República no  renunció a su cargo, y por ende no firmó tal carta, como efectivamente él mismo lo afirmó desde Costa Rica, no hay duda que quiénes hicieron uso del documento en la sesión del Congreso Nacional, incurrieron en el delito de falsificación de documentos públicos y su conducta no debe quedar impune especialmente por la alta representación que en nombre del pueblo ejercen. Fue especial la conducta observada en la Diputada por el Departamento de Francisco Morazán, MARCIA FACUSSE DE  VILLEDA (pariente del ex presidente Carlos FloresFacussé y del empresario de la energía térmica Fredy Nasser. Nuera de Manuel Villeda Toledo, quien es socio de Rafael Ferrari dueño de Televicentro), quién afirmó en la cadena internacional de noticias CNN, que el Presidente Zelaya y “todo su gabinete” habían renunciado y que creía que la renuncia había llegado vía fax.

La comunicación del señor Presidente Constitucional de la República, desde la ciudad de San José, Costa Rica, para el mundo entero, fue a través de la Cadena CNN con la periodista Glenda Umaña, ante la cual desmintió la supuesta renuncia, manifestando que nunca había renunciado, lo cual es obvio, pues es un hecho notorio que horas antes de darse a conocer la supuesta renuncia, el señor Presidente había sido secuestrado y expulsado ilegalmente del  país.

a. Decreto Legislativo destituyendo al Presidente Manuel Zelaya sin sustento constitucional ni legal.- Aberrante precedente que no debe quedar impune.

Como dio resultado la acción criminal de presentación de la renuncia falsa, el Congreso de la República, dirigido por Roberto Michelleti y con la participación directa de la Junta Directiva y los diputados de las diversas bancadas, a excepción de los miembros del partido Unificación Democrática y de varios diputados del Partido Liberal; violando todas las normas constitucionales emitió un Decreto Legislativo a través del cual “formalizó” la segunda fase de la ejecución de la conspiración para el golpe de Estado. En resumen el indicado Decreto contiene el siguiente articulado:

Artículo 1. El Congreso Nacional, en aplicación de los artículos 1, 2, 3, 4, 205 numeral 20 y 218 numeral 3), 242, 321, 322 y 323 de la Constitución de la República, acuerda: a) Improbar la conducta del Presidente de la República, ciudadano José Manuel Zelaya Rosales, por la reiteradas violaciones a la Constitución de la República y las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales. b) Separar al ciudadano José Manuel Zelaya Rosales del cargo de Presidente de la República de Honduras. Artículo 2. Nombrar constitucionalmente al ciudadano Roberto Micheletti Baín, actual Presidente del Congreso Nacional, en el cargo de Presidente Constitucional de la República por el tiempo que falte para terminar el período constitucional que culmina el 27 de enero de 2010. Artículo 3. El presente decreto entrará en vigencia el día de su aprobación por el Congreso Nacional.

Este hecho ejecutado por los Diputados al Congreso Nacional es constitutivo de varios delitos y materializa sin ninguna duda, el rompimiento del orden constitucional, ya que se suplantó la soberanía popular y se usurpó un poder público con la participación y la complicidad de los miembros del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, quienes fueron los encargados de cumplir la primera misión del día domingo 28 de junio de 2009, de secuestrar y expulsar del país al legítimo Presidente Constitucional.9
Es cierto que de acuerdo con el artículo 205 numeral 20) de la Constitución, es facultad del Congreso de la República aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo; pero tal facultad de aprobación o improbación administrativa de la conducta, es eso « administrativa » y de ninguna manera habilita al Congreso Nacional, en ninguna parte de nuestro ordenamiento jurídico, para que como consecuencia de la “improbación administrativa de la conducta”, separe del cargo mediante un decreto legislativo al ciudadano Presidente, (quién había sido violentamente secuestrado y expulsado del país por las fuerzas militares) y quién fue elegido hasta el 27 de enero de 2010, por el voto mayoritario del pueblo, haciendo uso de su soberanía.

Por otra parte si se permite sentar este odioso y delictual precedente del Congreso Nacional, significaría aceptar que como ese numeral 20 del artículo 205 les permite « Aprobar o improbar la conducta administrativa del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Superior de Cuentas, Procuraduría General de la República, Procuraduría General del Ambiente, Ministerio Público, Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Registro Nacional de las Personas, instituciones descentralizadas y demás Organos Auxiliares y Especiales del Estado », sin ninguna limitante, sin ningún procedimiento establecido y sin ningún control institucional, este Poder del Estado que sin lugar a dudas tiene un carácter político, está en capacidad de romper plenamente la institucionalidad completa del país, así como de despedir (aunque no sea él el que nombre) a cualquier funcionario, cada vez que no le parezca  o no esté de acuerdo con la « conducta administrativa de un funcionario ».

Sumado a lo anterior, si la improbación de la conducta administrativa y la separación del Ciudadano Presidente se hace según el Congreso, por :  « … las reiteradas violaciones a la Constitución de la República y las leyes y la inobservancia de las resoluciones y sentencias de los órganos jurisdiccionales”, quiere decir que a partir de ahora el Poder Legislativo actuará también como Ministerio Público y como Poder Judicial, investigando y juzgando la comisión de hechos, pero sobre todo violando uno de los más elementales derechos individuales: El Derecho de Defensa.10

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 235 de la Constitución de la República, la titularidad del Poder Ejecutivo la ejerce en representación y para beneficio del pueblo el Presidente, y éste debe ser elegido directamente (y no nombrado por el Congreso) por el pueblo por simple mayoría. De allí que el “nombramiento” mediante acuerdo o decreto legislativo, del señor Roberto Micheleti como “Presidente Constitucional” violenta lo dispuesto en el artículo 2 de la Constitución y reafirma o configura el rompimiento del orden constitucional.

Finalmente el artículo 242 de la Constitución de la República que sirve de respaldo al espurio Decreto Legislativo, se refiere a la “sustitución en sus funciones”, en caso de “ausencia temporal” del Presidente Constitucional y jamás a “nombramientos de Presidentes” por parte del Congreso, y menos a “separaciones”. Ambas acciones que tienen un relevante valor frente a la estructura constitucional de organización, seguridad y existencia misma del Estado, así como frente a la soberanía popular de la cual emanan los poderes que se ejercen por representación; constituyen una verdadera usurpación del poder constituido a quién ejerce la soberanía popular: EL PUEBLO.

Honduras y el mundo son testigos de que la ausencia del Señor Presidente Constitucional no fue una ausencia voluntaria, sino provocada por la violación de todos los derechos ciudadanos y por la ejecución de uno de los hechos delictivos de mayor vergüenza para la historia de nuestro país: el secuestro y expulsión ilegal en ropa de dormir, del Presidente Constitucional y Comandante General de las Fuerzas Armadas de Honduras, por parte del alto mando militar dirigido por Romeo Vásquez Velásquez.

a. La participación del Fiscal General Luis Alberto Rubí, del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Magistrado Tomás Arita Valle en la conspiración para el golpe de Estado.

13 horas fueron suficientes para que los altos funcionarios del Ministerio Público y la Corte Suprema de Justicia justificaran (a posteriori) el golpe de Estado, actuando como serviles ante quién hacía tan sólo unos meses les había nombrado: Roberto Michelleti. En 13 horas como tiempo máximo, utilizando su alta investidura, cubrieron con un manto de « legalidad » la trama que se venía gestando meses atrás y que fue denunciada ante el Ministerio Público por Andrés Pavón,  Presidente del CODEH ; obviamente sin darse cuenta y probablemente hasta sin sospechar, que uno de los participantes directos en el rompimiento del orden constitucional era precisamente el señor Fiscal General del Estado Luis Alberto Rubí Avila, incondicional y viejo amigo del ex presidente Carlos Flores Facussé. Los hechos nos imponen la obligación de revisar en el Ministerio Público, qué acciones concretas de investigación realizó el señor Fiscal General frente a una denuncia de la gravedad de la presentada por Andrés

Pavón, que implicaba la burla de la soberanía popular a través de la fuerza y la violencia.

Cómo transcurrieron las 13 horas del día viernes 26 de junio de 2009, según el proceso construido a posteriori? Según el expediente construido a posteriori, o sea luego del golpe de Estado, la Corte Suprema de Justicia a través del Magistrado Tomás Arita Valle, recibió el requerimiento fiscal presentado por el Fiscal General Luis Alberto Rubí contra el Presidente de la República, el día viernes 26 de junio a las 11 :00 de la mañana y ese mismo día 26 (o sea en un lapso de 13 horas, si estimamos que el día 26 termina a las 12 de la noche) el Magistrado Supremo revisó la causa, estudió y constató los hechos imputados (comprobó la plena prueba del delito y el indicio de participación del Presidente) y sin más trámite remitió una nota al Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas General Romeo Vásquez Velásquez. La nota contiene tres  mensajes importantes :

1. Que el suscrito o sea el Magistrado Tomás Arita Valle, ha sido nombrado como Juez Natural por unanimidad del pleno de la Corte.

2. Que se sirva por conducto de la autoridad que Vásquez Velásquez delegue, en capturar al ciudadano Presidente de la República de Honduras : JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES a quién se le supone responsable de los delitos de : CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO, TRAICION A LA PATRIA, ABUSO DE AUTORIDAD Y USUSRPACIÓN DE FUNCIONES en perjuicio de la administración pública y el Estado de Honduras, lo anterior a raíz del requerimiento Fiscal presentado en esta Corte por parte del Ministerio Público.

3. Una firma ilegible al final, también de 26 de junio de 2009 (presumiblemente es o la firma del retiro de la nota o del recibido en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas).

• Puede apreciarse fácilmente : Que estamos ante el proceso más rápido de la historia fiscal y judicial de Honduras ya que en un término máximo de 13 horas (contadas a partir de las 11 de la mañana del día 26 de junio, hasta las 12 de la noche del mismo), el Fiscal General Luis Rubí presentó un requerimiento fiscal; la Corte convocó a sus 15 magistrados en pleno y designó a Tomás Arita Valle para que actuara como Juez Natural y éste ese mismo día libra la orden de captura y además envía también ese mismo día otra nota al Teniente Coronel René Antonio Hepburn Bueso en el Estado Mayor Conjunto, para que proceda « en el momento pertinente » a allanar la vivienda del Ciudadano Presidente de la República de Honduras y sin más motivación ni razonamiento indica la ubicación de la vivienda. Al no conocerse antes del 28 de junio la existencia de proceso alguno contra el Presidente, no hay duda que el mismo fue diseñado y elaborado posterior al golpe de Estado, como mecanismo de justificación del acto criminal.

• Queda por responderse :

• ¿Porqué el denominado Magistrado dirige la nota de orden de captura a Romeo Vásquez Velásquez y la nota de allanamiento al Teniente René Antonio Hepburn ?

• ¿Porqué tratándose de una acción tan delicada donde estaba en juego la estabilidad democrática del país  y la figura presidencial, el alto magistrado no compareció ante el despacho del señor Presidente para informarle de los hechos y escuchar su declaración?

• ¿Porqué el requerimiento fiscal se presentó ante la Corte Suprema el día viernes y no antes?

• f) Después del golpe de Estado la Corte Suprema de Justicia dice: Manuel Zelaya Rosales ya no es Presidente y por tanto debe ser juzgado por la justicia ordinaria. Entra en el proceso la Jueza de lo Penal Iris Normandina ortiz.
Después de ocurrido el golpe de Estado, el alto Tribunal de Justicia de Honduras ya no a través del Magistrado TOMAS ARITA VALLE, sino de la Sala de lo Penal en pleno, se libró pronto del expediente judicial construido a posteriori y el día lunes 29 de junio de 2009 emitió una resolución en donde ni siquiera hace relación a las órdenes de captura y allanamiento que se dictaron en 13 horas y que dieron origen a la expulsión ilegal del país del señor Presidente, y tomando como consideración básica que « es de público y notorio conocimiento que el ciudadano José Manuel Zelaya ha dejado de ostentar la condición de presidente Constitucional de la República, resuelve : 1. Tener por presentado el requerimiento fiscal junto con los documentos que se acompañan, y 2. Remitir el presente requerimiento fiscal al Juzgado de Letras Unificado de lo Penal de Tegucigalpa, Francisco Morazán, para que se continúe con el procedimiento ordinario establecido en el Código Procesal Penal. Esta resolución ni siquiera se notifica, sólo se ordena un CUMPLASE.

Para sustentar esta decisión merece la pena preguntarse :

¿Revisó el alto Tribunal de Justicia (Sala de lo Penal) el Acuerdo emitido por el Congreso Nacional, en donde los diputados actúan como Tribunal de Sentencia?

¿Revisó el señor Fiscal General de la República el indicado Acuerdo del Congreso a través del cual se juzga, condena y suspende al señor Presidente, sin tener atribuciones ni facultades para ello?

En conclusión el Fiscal General de la República y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia cumplieron su papel y ahora la Jueza de lo Penal Normandina Ortiz de Melara (esposa de un hermano de la exmagistrada de la Corte Suprema (período del Presidente Callejas) Ligia Melara de Andrade quién es amiga personal de Norma Regina de Callejas la exprimera dama.

a. Persecución política a los miembros del Gabinete y de líderes de grupos sociales y organizaciones de trabajadores.-

Criminalización de todas las conductas. Uso arbitrario del derecho penal, como primera ratio.-
Con algunas excepciones, los funcionarios públicos que integran el Gabinete de Gobierno están siendo perseguidos con mucha urgencia por el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas y algunos jueces del Poder Judicial. Los hechos que se les imputan no han sido ni siquiera comprobados, requisito exigido para una imputación11; muchos de ellos (trascendidos con mucho sensacionalismo por los medios de comunicación que apoyaron el golpe) son hechos que ni siquiera están  dentro de la esfera de lo criminal. Al respecto existe sobrada jurisprudencia en los tribunales de Honduras, por ello este accionar sólo evidencia la feroz persecución política del régimen con el único propósito de desacreditar la función pública y apartarles del proceso de resistencia pacífica.

La conducta de los funcionarios públicos en relación con el manejo de los recursos del Estado, debe ser juzgada primero a nivel administrativo por el Tribunal Superior de Cuentas, que constitucionalmente es el ente rector del sistema de control de los recursos públicos12 y que en este momento está también validando con su actuación, el nombramiento de particulares en los diferentes cargos, a propuesta del régimen golpista.

Los altos funcionarios del Estado, tienen derecho a un juicio siguiendo un fuero especial, denominado “Del Procedimiento para procesar a los Altos Funcionarios del Estado”, que a pesar de conservar tal calidad, pues no han renunciado, ni han sido destituidos por quién los nombró, no se ha aplicado.

Luego del golpe, el Ministerio Público, las instituciones del Poder Ejecutivo dirigidas por el señor Micheletti y el Poder Judicial, están procediendo de consuno acusando altos funcionarios y cercanos colaboradores del Presidente Zelaya, están librando órdenes de captura y utilizando los medios de comunicación golpistas para desacreditar y juzgar sin ninguna garantía y legitimidad, con meras falsedades, la función que desempeñaban.

Se ha acusado al Ministro de la Presidencia Enrique Flores Lanza, la Ministra de Finanzas Rebeca Santos, el Comisionado Vicepresidente Arístides Mejía, la Ministra Asesora en Materia de Energía Rixi Moncada; todos con orden de captura siguiendo el mismo procedimiento utilizado en contra del señor Presidente, es decir sin ser escuchados y sin que sus acciones sean meritorias de procesos penales, ni siquiera administrativos. Los golpistas haciendo uso del Poder Absoluto han logrado el objetivo de mantener alejados de la resistencia desde el día 28 de junio, a los principales colaboradores del Gobierno de la República presidido por Manuel Zelaya Rosales.

Las investigaciones realizadas por los organismos regionales e internacionales que se han hecho presentes al país han concluido que: “verificaron evidentes obstáculos para el acceso a la justicia, la limitación drástica a la libertad de prensa y atentados contra la libertad de expresión, la militarización de funciones de seguridad e instituciones estatales, los abusos por parte de fuerzas de seguridad y la falta de respuesta adecuada de los mecanismos de control del Estado. No solamente que las violaciones de derechos humanos no han sido judicializadas, sino que el aparato judicial se instrumentaliza para perseguir penalmente a decenas de manifestantes contra el régimen de facto”. “Han advertido igualmente durante sus entrevistas con diferentes autoridades del Estado, que se podría estar constituyendo el crimen de persecución política, de competencia de la Corte Penal Internacional, por la represión desatada de manera sistemática contra todos los simpatizantes del gobierno del Presidente depuesto José Manuel Zelaya”. La persecución fiscal es cada día mayor para todos los líderes sociales (obreros, campesinos, magisteriales) que están siendo detenidos y sin el mínimo de pruebas, acusados por el Ministerio Público y llevados casi inmediatamente a audiencias por delitos de terrorismo, traición a la patria, rebelión, sedición y otros, aunque hasta la fecha no haya un tan sólo imputado por los asesinatos, las violaciones y otros abusos a mujeres, las torturas psicológicas, las detenciones arbitrarias y las lesiones corporales ordenadas y ejecutadas por el régimen de facto.

La Canciller Patricia Isabel Rodas fue también objeto de secuestro por otro escuadrón militar y paramilitares de civil encapuchados que la sacaron de su casa de habitación el mismo día 28 de junio de 2009, mediante la fuerza y la violencia, apuntándole con armas de grueso calibre. Junto a los embajadores de las hermanas repúblicas de Cuba, Venezuela y Nicaragua, fue agredida y trasladada a la Base Aérea Hernán Acosta Mejía de Tegucigalpa, en donde los militares la mantuvieron sola todo el día, en un cuarto obscuro y con llave, totalmente incomunicada, pero sobretodo sin informarle las razones de su secuestro; trasladándola después de las once de la noche del mismo día 28, en un avión del señor Miguel Facussé (pariente del ex presidente Carlos Roberto Flores Facussé) hasta la ciudad de México en compañía de una funcionaria de la Embajada en Honduras de éste país. Esta acción de traslado, así como una serie de amenazas recibidas por la Canciller en el Salón Diplomático de la Base Aérea, fueron directamente ejecutadas por el General Prince Suazo, Comandante General de la Fuerza Aérea; sin embargo después de transcurridos más de 50 días del golpe de estado, ninguna acción orientada a hacer justicia frente a este hecho criminal, se ha iniciado.

La Ministra Asesora en materia de energía, fue igualmente amenazada en su integridad física, vía teléfono, desde el día sábado en horas de la mañana, así  mismo fue perseguida por individuos vestidos de civil en horas de la tarde-noche del mismo día sábado 27 de junio. Ella en compañía de su hijo mayor acudió el sábado 27 a las oficinas de la Policía Departamental en Choluteca, en donde no pudo ser atendida por el Comisionado encargado y tan sólo pidió que se dejara constancia de su comparecencia en el libro de novedades del día. Luego el día domingo 28 entre 6:40 y 7:30 de la mañana fue perseguida por un carro sin placas, al salir del hotel donde se hospedaba para informar a la gente del secuestro del Presidente Zelaya.
En días posteriores, la Ministra de Trabajo y Seguridad Social y el Ministro de la Juventud Gustavo Cáceres fueron detenidos en la zona de San Marcos de Colón, cuando se desplazaban a la frontera para encontrarse con el Presidente, junto a ellos doce personas más permanecieron hasta horas de la madrugada en una posta policial, bajo el argumento del toque de queda.

h) Toques de queda.- Ilegalidad y violación de derechos individuales.

Ejecutado el golpe de estado y en el ejercicio ilegal del poder el usurpador de la soberanía del pueblo, a partir del domingo 28 de junio de 2009, Honduras está viviendo un estado de terror impuesto a través de los denominados “toques de queda”, que constituyen verdaderas violaciones directas a los derechos individuales establecidos en la Constitución de la República13, se han emitido sin llenar ninguna formalidad, simplemente en cadena nacional se le dice a la población cuáles son las horas en que queda comprendido.

Los golpistas sin ninguna declaratoria o anuncio de restricción de derechos, desde los días domingo 28 y lunes 29 de junio; comenzaron su práctica violatoria y fue hasta el 30 de junio que elaboraron el “decreto ejecutivo número  011-2009”, con una vigencia de 72 horas, el cual evidencia una serie de defectos tales como: No fue creado en consejo de ministros; no tiene ninguna motivación o establecimiento de las razones que lo justifican; no consta que haya sido ratificado por el Congreso Nacional y posteriormente se haya publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

Ha habido días en que la aplicación del denominado toque de queda se ha aplicado de inmediato sin darle tiempo a  la gente para llegar a sus destinos, facilitando con ello las detenciones que hace la policía y los cuerpos militares.
Estos actos ejecutados por el régimen de facto, limitativos de los derechos individuales de las personas, constituyen verdaderas violaciones a los derechos humanos, y conllevan para quiénes los respaldan, responsabilidad civil y penal ya que todas las detenciones son perse ilegales.

• i) Funcionarios de facto están cometiendo el delito de Usurpación de Funciones.-

Quiénes acompañando el régimen producto del golpe de Estado están ejerciendo cargos y han prestado juramento sobre la Constitución de la República que ha sido rota, están cometiendo el delito de usurpación de funciones14 y todos los actos que realicen son sujetos de la correspondiente anulabilidad, incluidos los actos de aquéllos funcionarios que habiendo jurado antes del Golpe de estado, cumplir lo dispuesto en la Constitución y las leyes, se han prestado a validar los actos de un régimen de facto que carece de toda legalidad.

Los altos funcionarios designados por el régimen de facto son los siguientes:

a. Gabriela Núñez de Reyes.- (Finanzas) Ministra de Finanzas en el gobierno del expresidente Flores Facussé e hija del Abogado Amado H. Núñez, Viceministro de Trabajo en el Gobierno Constitucional de Ramon Villeda Morales, ascendido a Ministro de Trabajo con el golpe de estado de Oswaldo López Arellano.

b. Carlos López Contreras.- (Relaciones Exteriores) Pertenece al Partido Nacional. Excanciller y responsable del manejo de la política de la contrarrevolución nicaragüense desde Honduras, en franca violación a los derechos del pueblo nicaragüense y hondureño.

c. Martha Lorena Alvarado Casco.- (Relaciones Exteriores-Vicecanciller), es diputada electa por el Movimiento del Presidente Zelaya. Militante fundamentalista del OPUS DEI, hija del Abogado Andrés Alvarado Puerto, Canciller del Gobierno Golpista de 1963, que acepto el cargo traicionando al Partido Liberal, del cual fue precandidato presidencial antes de que ocurriera el golpe.

d. Rafael Pineda Ponce.- Ex presidente del Congreso en el gobierno del expresidente Flores Facussé. Ministro de Educación del Gobierno del Presidente Zelaya, destituido en 2007. Funcionario de la dictadura militar en la década de los setentas.

e. Nicolás García Sorto.- (Trabajo y Seguridad Social). Nacionalista, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia en el período de la señora Vilma Morales Montalván. Defensor del ex presidente Rafael Leonardo Callejas.

f. Benjamín Bográn.- (Industria y Comercio). Fungía como Secretario Ejecutivo del COHEP. Hizo fuerte presión al Gobierno especialmente por el aumento al salario mínimo durante el año 2009.
Otros colaboradores del régimen de facto:

a. Mauricio Villeda Bermúdez.- Testaferro electoral de Elvin Santos Ordoñez. Hijo del Ex presidente Jose Ramon Villeda Morales, quien después de sufrir un golpe de Estado en el último mes de su gobierno, se convirtió en el Embajador del Gobierno golpista ante la Organización de Naciones Unidas. Militante fundamentalista del OPUS DEI.

b. Arturo Corrales Álvarez.- Empresario con concesiones en el sector energía, socio del ex presidente Carlos Roberto Flores Facussé. Negociador y ejecutor de las negociaciones oscuras de los grupos de poder.

c. Camilo Atala.- Empresario del sector financiero, beneficiario de negocios públicos, funcionario de gobiernos nacionalistas y uno de los principales financistas del golpe.

IV. RESISTENCIA INTERNA. EJEMPLO DE DIGNIDAD Y LUCHA

La resistencia interna comenzó a organizarse inmediatamente después de ocurrido el golpe de estado, en el denominado “Frente de Resistencia Nacional contra el Golpe de Estado”. Se integran en el frente organizaciones obreras, campesinos, maestros, miembros de los diversos partidos políticos, organizaciones de mujeres, de artistas, de escritores, de indígenas, de garífunas, de estudiantes de educación media y universitaria, de defensa de los derechos humanos, amas de casa, comerciantes, pequeños y medianos empresarios y una parte importante representativa de las iglesias católica y protestante. Con una dirección central, el frente ha desplegado una inmensa cantidad de actividades que han permitido interna e internacionalmente conocer el repudio casi generalizado a la acción violenta que dio por resultado el rompimiento del orden constitucional.

A través de sus diversos comunicados el Frente de Resistencia mantiene las siguientes posiciones:

a. No permitirá el desarrollo del proceso electoral (que comienza el 1º. de septiembre) y la realización de las elecciones generales el 29 de noviembre de este año, sino se restablece el orden Constitucional a través del retorno del Presidente Manuel Zelaya.

b. No se renuncia a la convocatoria a una asamblea nacional constituyente, por cuanto habiéndose producido la ruptura del orden constitucional, la salida legal para reconstruir el estado y orden democrático es a través de esta Convocatoria.

c. No se acepta la amnistía para todos los delitos de lesa humanidad que se han cometido contra el pueblo en los más de 50 día de resistencia pacífica. Y se exige cárcel inmediata para los responsables.

V. CONDENA ENERGICA AL GOLPE DE ESTADO Y RESPUESTA INTERNACIONAL.

a. Condena enérgica al golpe de Estado.

El pueblo de Honduras que lucha en las calles y se mantiene en resistencia pacífica desde el día del golpe de estado no está sólo,la comunidad internacional en forma unánime ha brindado el apoyo para el retorno al orden constitucional y para revertir de forma pacífica el acto criminal ejecutado por un grupo de gente plenamente identificada.

La Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su trigésimo séptimo período extraordinario de sesiones resolvió:

1. Condenar enérgicamente el golpe de Estado en contra del Gobierno  Constitucional de Honduras y la detención arbitraria y expulsión del país del  Presidente Constitucional José Manuel Zelaya Rosales que produjo la  alteración inconstitucional del orden democrático.

2. Reafirmar que el Presidente José Manuel Zelaya Rosales es el Presidente  constitucional de Honduras y exigir la restauración inmediata, segura  e  incondicional del Presidente  a sus funciones constitucionales.

3. Declarar que no se reconocerá ningún Gobierno que surja de esta ruptura  inconstitucional y reafirmar que los representantesdesignados por el Gobierno  constitucional y legítimo del Presidente José Manuel Zelaya Rosales son los  representantes del Estado de Honduras ante la Organización de los Estados  Americanos.

4. Instruir al Secretario General para que, junto a representantes de varios  países, realice las gestiones diplomáticas dirigidas a restaurar la democracia y  el Estado de derecho, y la restitución del Presidente José Manuel Zelaya  Rosales, según lo previsto en el artículo 20 de la Carta Democrática  Interamericana, y reportar a la Asamblea General Extraordinaria sobre los  resultados de las iniciativas. De no prosperar estas iniciativas en un plazo de  72 horas, la Asamblea General Extraordinaria aplicará inmediatamente el  artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a  Honduras.

El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, también se pronunció de manera unánime contra el acto violento perpetrado contra el Gobierno constitucional del Presidente José Manuel Zelaya Rosales, lo calificó como un GOLPE DE ESTADO, y no reconocen al GOBIERNO USURPADOR, surgido del golpe de fuerza.

La Organización de Estados Americanos (OEA) en su trigésimo séptimo período extraordinario de sesiones, de manera unánime, y en vista de que Honduras en el contexto del Sistema Interamericano, ha violado la CARTA DEMOCRÁTICA INTERAMERICANA, resolvió EXPULSAR de la organización a nuestro país, mientras subsista la ruptura del orden constitucional. El texto de la resolución es el siguiente:

1. Suspender al Estado de Honduras del ejercicio de su derecho de participación  en la Organización de los Estados Americanos de conformidad con el artículo  21 de la Carta Democrática Interamericana. La suspensión tendrá efecto  inmediatamente.

2. Reafirmar que la República de Honduras deberá continuar observando el  cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en  particular en materia de derechos humanos e instar a la Comisión  Interamericana de Derechos Humanos a que continúe adoptando todas las  medidas necesarias para la tutela y defensa de los derechos humanos y las  libertades fundamentales en Honduras.

3. Encomendar al Secretario General que, junto a representantes de varios  países debidamente designados, intensifique todas las gestiones diplomáticas  y que promueva otras iniciativas para la restauración  de la democracia y el  estado de derecho en la República de Honduras y a la restitución del  Presidente José Manuel Zelaya Rosales de manera que pueda cumplir con el mandato para el cual fue democráticamente elegido e informe de inmediato al  Consejo Permanente. Ninguna gestión implicará el reconocimiento del  régimen surgido de esta ruptura del orden constitucional.

4. Alentar a los Estados Miembros y a las organizaciones internacionales que  revisen sus relaciones con la República de Honduras durante el período de las  gestiones diplomáticas para la restauración  de la democracia y el estado de  derecho en la República de Honduras y la restitución del Presidente José  Manuel Zelaya Rosales.

5. Instruir al Secretario General que remita esta resolución a los demás  organismos del Sistema Interamericano y al Secretario General de las  Naciones Unidas-

De igual manera el SICA, GRUPO DE RIO, CARICOM, Países No Alineados, ALBA y UNASUR, Unión Europea, Unión de Países Africanos, Parlamentos de Centroamérica, Latinoamérica y Europa, entre otros,  han condenado enérgicamente mediante resoluciones escritas, el golpe de Estado en Honduras.

a. Constatación de las violaciones a los Derechos Humanos de todo hombre o mujer que se pronuncia o se manifiesta en contra del régimen de facto.-

Todos los organismos regionales e internacionales de derechos humanos que han visitado nuestro país han podido constatar in situ las graves violaciones a los más elementales derechos humanos de los hombres, mujeres, jóvenes, niños, etc. que se pronuncian pacíficamente en contra del golpe y que por más de 50 días se han mantenido en la resistencia. Las muertes por francotiradores, las palizas, las detenciones arbitrarias, las torturas, las detenciones a menores, a ancianos, a mujeres, etc. están debidamente documentadas y con imágines que permitirán demostrar la barbarie cometida por el Régimen de Facto presidido por Roberto Micheletti y apoyado por los militares, los paramilitares y la policía. Las conclusiones de la Misión Internacional de Observación sobre la situación de los derechos humanos en Honduras, contenidas en el informe final del día 7 de agosto de 2009, claramente establecen que: “…La Misión concluye que lo que está en juego es mucho más que una simple lucha política para restablecer un orden legal y permitir a un presidente legítimo regresar al poder. Se trata de una conflictividad social no resuelta, de la que forman parte una élite económica que usurpó el poder en forma antidemocrática, aliada con el Ejército, y diversos sectores que reclaman un nuevo orden institucional y social que implicaría mayores espacios de participación ciudadana. Es por eso que la represión se manifiesta en particular contra los líderes campesinos, ambientalistas, indígenas, afrodescendientes, mujeres que se movilizan por sus derechos y, contra los dirigentes sindicales.

La Misión constata además que el disfuncionamiento institucional, comienza por la ausencia de controles autónomos de los órganos de poder, la excesiva politización del Poder Judicial, la falta de un fuero mínimo de protección a la máxima autoridad del Estado…” “…Finalmente, la Misión muestra su perplejidad por la actitud en apoyo al golpe de Estado mantenida por la alta jerarquía católica hondureña y representantes de algunas iglesias evangélicas, y su implicación activa en la organización de las movilizaciones de respaldo a éste convocadas por el régimen de facto”.

a. Restricciones a las libertades públicas y manipulación mediática.-

La restricción a las libertades públicas de los ciudadanos, la supresión de la independencia de los poderes y la manipulación mediática a favor del derrocamiento del gobierno legítimo por parte de los Diarios El Heraldo, La Prensa y la Tribuna, de los canales televisivos y medios radiofónicos como Televicentro, Emisoras Unidas, Radio América y Radio Cadena Voces mientras se ocupaba militarmente y procedía a clausurar los medios independientes; confirman junto a otras evidencias la participación directa de cuatro empresarios y políticos en la conspiración que culminó con la detención violenta e ilegal, el secuestro y la expulsión del Presidente Constitucional de la República por parte de las Fuerzas Armadas de Honduras  y como consecuencia con el rompimiento del orden constitucional y el sistema democrático. Desde el mismo día 28 de junio de 2009, los medios independientes como canal 36, Radio Globo, Radio Progreso, así como los programas del periodista Eduardo Maldonado en MAYA TV, fueron cerrados y militarizados; la energía les fue interrumpida en sus transmisores y desde esa fecha hasta ahora han sido objeto de suspensiones de hecho constantes por el régimen de facto. Otras radios y televisoras a nivel nacional han soportado la represión por expresar a través de sus medios, opiniones diferentes a las del régimen y por condenar el golpe de Estado. La Relatoría Especial sobre Libertad de Opinión y Expresión de la Organización de las Naciones Unidas, a cargo de Frank La Rue, expuso como conclusión en un Comunicado de Prensa de fecha 10 de agosto: “Puedo afirmar que en Honduras no existe la libertad de expresión para comentar los hechos de cada día ni para criticar a las autoridades de facto, ni para condenar el golpe de estado. No existe una forma sistemática de documentar los hechos, las detenciones ni los casos de exceso de fuerza o de tortura, por lo que ni el pueblo hondureño ni la comunidad internacional tienen acceso a información objetiva”.
Los derechos individuales contenidos en los artículos 72, 73 y 74 de la Constitución de la República parecen no existir frente a real situación que atraviesa el país15.

a. Rol del Comisionado Nacional de Derechos Humanos.

El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos fue creado como institución para garantizar los derechos y libertades reconocidas en la Constitución16. Las atribuciones del Comisionado son objeto de una Ley Especial.

Ramón Custodio López, ante el asombro de propios y extraños, el hombre que otrora defendió hasta con su vida los derechos humanos, y que actualmente en un segundo período fue nombrado por el Congreso Nacional para dirigir la institución, expresó públicamente su apoyo al golpe de estado.

La población que a nivel nacional ha sido reprimida con el uso de gases lacrimógenos, con golpes y atropellos a su integridad corporal, con detenciones sin ninguna garantía, todos los muertos, los heridos y sus familias están desprotegidas porque el Comisionado de los Derechos Humanos ha defendido las acciones del ejército, expresando incluso en una ocasión, que las balas que estaban utilizando eran de goma.

La conducta de este ciudadano hondureño ha sido denunciada internacionalmente. Fue expulsado de la Federación Internacional de Derechos Humanos y le han sido suprimidos algunos apoyos económicos por parte de organizaciones especialmente de la Unión Europea.

A causa de las “balas de goma” del Comisionado Ramón Custodio, han sido asesinadas violentamente durante el periodo del golpe de estado y los toques de queda, más de cien personas17, dentro de ellos:

• ISIS OBED MURILLO MENCIAS, asesinado por los militares en la marcha de resistencia pacífica del día 5 de julio en el aeropuerto internacional de Tegucigalpa, donde desde las azoteas de los edificios administrativos francotiradores apuntaban con sus armas. (actualmente el aeropuerto está concesionado al señor Fredy Nasser, también beneficiario de grandes contratos de generación de energía térmica).

• PEDRO MAGDIEL MUÑOZ SALVADOR, capturado el 24 de julio durante uno de los bloqueos de carreteras por toque de queda, cuando se dirigía hacia el Ocotal para encontrarse con el Presidente. Fue encontrado asesinado con señales de tortura el día 25 de julio.

• PROFESOR ROGER ANRAHAM VALLEJO SORIANO, quién fue asesinado mientras participaba en una manifestación pacífica a favor del retorno al orden constitucional, en la Posta de El Durazno, salida a la carretera que conduce a la zona norte del país;  desde donde todos los manifestantes fueron reprimidos por la fuerza y violencia militar, hasta llegar al mercado zonal Belén en la ciudad de Comayaguela, teniendo que correr aproximadamente 5 kms.

I. PRETENSION DE IMPUNIDAD Y LEGITIMACIÓN DEL GOLPE DE ESTADO A TRAVES DEL PROCESO ELECTORAL VICIADO Y FRAUDULENTO CON EL PRESIDENTE DESTERRADO QUIEN REPRESENTA LA PRINCIPAL FUERZA POLITICA DEL PAIS.

Los golpistas pretenden legalizar y darle continuidad al golpe mediante el proceso electoral, con la participación única de los candidatos golpistas, por ello el Frente Nacional contra el Golpe de Estado que aglutina todos los sectores de la sociedad hondureña, esperan que la comunidad internacional, sostenga al respecto una posición firme e inclaudicable de no reconocimiento a un proceso electoral viciado y a las autoridades ilegítimamente electas, ya que ello constituiría un nuevo crimen contra la democracia.

VII. CONCLUSIONES:

1. El golpe de Estado en Honduras es una reacción de los grupos fácticos para impedir la continuación del proceso de reformas de contenido social y perpetuar sus tradicionales intereses comerciales y económicos con fuertes vinculaciones externas.

2. El golpe de Estado es el retorno de las prácticas fascistas que ha instalado en Honduras una dictadura criminal que está ejecutando asesinatos, violaciones, torturas y persecución política, como lo ha constatado la comunidad internacional.

3. Con el golpe de Estado, quedó evidenciado una vez mas,  que la existencia de las Fuerzas Militares en Honduras, solo ha servido para perpetrar golpes de Estado y promover un sistema de represión en contra de los derechos humanos y el orden democrático.

4. El golpe de Estado es una afrenta a las aspiraciones democráticas de los pueblos de América Latina, de sus gobiernos y sus presidentes, y ha evidenciado que pese a la condena pública que ha hecho el Presidente Barack Obama, los grupos conservadores de los Estados Unidos que apoyan el golpe de Estado, dominan aún el monopolio del poder en esa nación.

5. Las resoluciones de los organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas y la OEA, condenando el golpe y desconociendo el régimen de facto, al igual que la propuesta de mediación de la Secretaria Hillary Clinton han sido burladas y van quedando sin efecto por la intransigencia del régimen golpista y la falta de instrumentos internacionales que obliguen al cumplimiento de las mismas.

6. Ratificamos que el Gobierno del Presidente Zelaya, con el objetivo de lograr el restablecimiento de la democracia por la vía pacífica, ha reiterado su aceptación al Acuerdo propuesto por el Presidente Oscar Arias y ha expresado su decisión de firmarlo en la ciudad de Tegucigalpa antes del primero de septiembre de 2009.

7. Reiteramos que el pueblo tiene el derecho constitucional a la insurrección cuando se le impone un gobierno usurpador. El pueblo hondureño que hoy resiste jamás aceptará una dictadura, ni participará en un proceso electoral con el que se busca la impunidad y la consolidación de los golpistas, ni aceptará la renuncia a este derecho constitucional.

8. Nuestros principios por la defensa de nuestra Patria, de las reformas sociales y de los derechos del pueblo, son innegociables, por tanto, LUCHAREMOS INCLAUDICABLEMENTE HASTA VENCER.

VIII. FUENTES.

a. Constitución de Honduras
b. Leyes secundarias de Honduras
c. Tratados  y Convenios Internacionales ratificados por Honduras
d. Informes de todas las organizaciones nacionales e internacionales que han visitado el país.
e. Opiniones de todos los sectores que han sido remitidas a los funcionarios en Honduras y en el exilio.

GOBIERNO DEL PRESIDENTE JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES
Agosto, 2009

[en] Yves Engler, rabble.ca: Canadian media silent on Honduras coup

By Yves Engler

| August 17, 2009

The dominant Canadian media’s coverage of the coup in Honduras has been atrocious.

Even a close observer of the Canadian press would know almost nothing about the ongoing demonstrations, blockades and work stoppages calling for the return of elected President Manuel Zelaya.

Since Zelaya was overthrown by the military on June 28 the majority of teachers in Honduras have been on strike. Recently, health workers, air traffic controllers and taxi drivers have also taken job action against the coup.  In response the military sent troops to oversee airports and hospitals across the country.

For more than a week protesters from all corners of the country walked 20 km a day and on Tuesday tens of thousands of demonstrators converged on the country’s two biggest cities, San Pedro Sula and Tegucigalpa. These demonstrations prompted the de facto regime to re-impose a curfew in the capital, which had been in effect in the weeks after the coup.

This resistance — taking place under the threat of military repression — has gone almost entirely unreported by leading Canadian media.  So has Canada’s tacit support for the coup.

Last Tuesday the ousted Honduran Foreign Affairs Minister told TeleSur that Canada and the U.S. were providing “oxygen” to the military government. Picked up by numerous Spanish language newspapers, Patricia Rodas called on Canada and the U.S. to suspend aid to the de facto regime.

During an official visit to Mexico with Zelaya last week, Rodas asked Mexican President Felipe Calderon, who was about to meet Harper and Obama, to lobby Ottawa and Washington on their behalf. “We are asking [Calderon] to be an intermediary for our people with the powerful countries of the world, for example, the U.S. and at this moment Canada, which have lines of military and economic support with Honduras.”

To my knowledge, no Canadian media reported Rodas’ comments. Nor did any Canadian media mention that Canada’s ambassador to Costa Rica, Neil Reeder, met coup officials in Tegucigalpa last week. The Canadian media has also ignored the fact that Canada is the only major donor to Honduras yet to sever any aid to the military government.

Latin American (and to a lesser extent U.S.) media have covered Ottawa’s tacit support for the coup more closely than the Globe and Mail, Ottawa Citizen and most of the rest of the Canadian media. When Zelaya tried to fly into Tegucigalpa a week after the coup Canada’s minister for the Americas, Peter Kent, told the Organization of American the “time is not right” for a return. The New York Times ran two different articles that mentioned Canada’s anti-Zelaya position while Bloomberg published another.  Many Latin American news agencies also printed stories about the Conservative government’s position; however, the Canadian media was uninterested.

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A few weeks later Zelaya attempted to cross into Honduras by land from Nicaragua.  Kent once again criticized this move. “Canada’s Kent Says Zelaya Should Wait Before Return to Honduras,” read a July 20 Bloomberg headline.

A July 25 right-wing Honduran newspaper blared: “Canadá pide a Zelaya no entrar al país hasta llegar a un acuerdo” (Canada asks Zelaya not to enter the country until there’s a negotiated solution).

After publishing a number of articles about Ottawa’s position in the hours and days after the coup, Mexican news agency Notimex did a piece that summarized something this author wrote for rabble.ca.

Then on July 26 Notimex wrote about the Canadian Council for International Cooperation’s demand that Ottawa take a more firm position against the coup.

Both of these articles were published (at least online) by a number of major Spanish-language newspapers.

Finally, a month after the coup there was a small breakthrough into Canada’s dominant media. CBC radio’s The Current provided space for Graham Russell from Rights Action, a Canadian group with a long history in Honduras, to criticize Ottawa’s handling of the coup.  Unfortunately, Russell’s succinct comments were followed by the CBC interviewer’s kid gloves treatment of Minister Peter Kent. Still, the next day the Canadian Press revealed that Ottawa refused to exclude Honduras from its Military Training Assistance Program, a program rabble.ca reported on days after the coup.

Uninterested in the Conservative government’s machinations, the Canadian media is even less concerned with the corporations that may be influencing Ottawa’s policy towards Honduras.  Rights Action has uncovered highly credible information that Vancouver-based Goldcorp provided buses to the capital, Tegucigalpa, and cash to former employees who rallied in support of the coup.

As far as I can tell, the Halifax Chronicle Herald is the only major Canadian media outlet that has mentioned this connection between the world’s second biggest gold producer and the coup.

Under pressure from the Maquila Solidarity Network, two weeks ago Nike, Gap and two other U.S.-based apparel company operating in Honduras released a statement calling for the restoration of democracy.

With half of its operations in the country Montréal-based Gildan activewear, the world’s largest blank T-shirt maker, refused to sign this statement. According to company spokesperson Genevieve Gosselin, Gildan employs more than 11,000 people in Honduras. Without a high-profile brand name Gildan is particularly dependent on producing T-shirts and socks at the lowest cost possible and presumably the company opposed Zelaya’s move to increase the minimum wage by 60 per cent at the start of the year.  Has Gildan actively supported the coup like Goldcorp? It is hard to know since there has yet to be any serious investigation of the company’s recent activities in the country.

The Canadian media’s coverage of the coup demonstrates the importance of independent media. We need to support news outlets willing to challenge the powerful.

Yves Engler is the author of the recently released The Black Book of Canadian Foreign Policy and other books. The book is available at blackbook.foreignpolicy.ca. If you are interested in helping to organize an event as part of the second leg of a book tour in late September please contact: yvesengler[at]hotmail[dot]com.

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article published by http://rabble.ca