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[en] DeMint: Administration Commits to Recognize Honduran Elections


Commentary accompanying the press release on Republican Senator Jim DeMint’s own website: “Senator secures commitment for U.S. to back Nov. 29 elections even if Zelaya is not reinstated.”

Commentary from a Honduras solidarity activist involved with the Latin American Solidarity Network in Toronto: “This is what a cool half a million can buy in the US when you hire a high powered lobby firm, the Cormac Group, run by a former aide to Senator McCain and also connected to Hilary C.”

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November 5, 2009 – WASHINGTON, D.C. – Today, U.S. Senator Jim DeMint (R-South Carolina), a member of the Senate Foreign Relations Committee, announced he has secured a commitment from the Obama administration to recognize the Honduran elections on November 29th, regardless of whether former President Manuel Zelaya is returned to office and regardless of whether the vote on reinstatement takes place before or after November 29th. Given this commitment, which Senator DeMint has requested for months, he will lift objections on the nominations of Arturo Valenzuela to be Assistant Secretary of Western Hemisphere Affairs and Thomas Shannon to be U.S. Ambassador to Brazil.

“I am happy to report the Obama Administration has finally reversed its misguided Honduran policy and will fully recognize the November 29th elections,” said Senator DeMint. “Secretary Clinton and Assistant Secretary Shannon have assured me that the U.S. will recognize the outcome of the Honduran elections regardless of whether Manuel Zelaya is reinstated. I take our administration at their word that they will now side with the Honduran people and end their focus on the disgraced Zelaya.”

“My goal has always been to work with the administration to get the policy on the Honduran elections reversed. Now that this goal has been achieved, I will lift my objections to the two nominations.

“This marks an important step forward for the brave people of Honduras. They are proving, despite crushing hardship and impossible odds, that freedom and democracy can succeed anywhere people are willing to fight for it.

“The independence, transparency, and fairness of their elections have never been in doubt. And now, thanks to the Obama Administration’s welcome reversal, the new government sworn into office next January can expect the full support of the United States and I hope the entire international community.”

“I trust Secretary Clinton and Mr. Shannon to keep their word, but this is the beginning of the process, not the end. I will eagerly watch the elections, and continue closely monitoring our administration’s future actions with respect to Honduras and Latin America.”

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[es] Giorgio Trucchi: Firmado acuerdo para la restitucion del presidente Zelaya

Presidente Manuel Zelaya Rosales. El Ocotal, Nicaragua, 26 julio 2009. Foto: Sandra Cuffe

Firmado acuerdo para la restitución del presidente Zelaya
Asoma solución a la crisis. Y ahora la última palabra pasa al Congreso

por Giorgio Trucchi – Rel-UITA

Las presiones de los últimos días de parte de la comunidad internacional y la presencia en Honduras del subsecretario de Estado norteamericano para el Hemisferio Occidental, Thomas Shannon, y de una nueva delegación de la OEA, parecen haber forzado el presidente de facto, Roberto Micheletti, a aceptar firmar el punto número 6 del Acuerdo de San José, que prevé pedir al Congreso Nacional retrotraer la situación de los poderes del Estado a su estado previo al 28 de junio.

La noticia, que llegó un día después de haberse cumplido cuatro meses del golpe de Estado y a un mes de las elecciones nacionales, desencadenó la euforia de centenares de miles de hondureños que salieron a la calle formando largas caravanas de vehículos, enseñando sus banderas y mantas de la Resistencia en todo el país.

En Tegucigalpa, la gente se dirigió en altas horas de la noche hacia Radio Globo en el céntrico Boulevard Morazán, bloqueando el tráfico y coreando consignas de victoria.

Pese a la evidente satisfacción, el presidente Manuel Zelaya llamó el pueblo hondureño a la calma, explicando que por el momento se trata de un primer importante paso hacia la restitución del orden democrático en el país.

“Llamo al pueblo hondureño a que tenga calma, sin hacer escarnio de nadie. Las comisiones firmaron hoy el punto más difícil y mañana, 30 de octubre, vamos a firmar todo el documento que consta de ocho puntos. Se trata ahora de hacer un plan de trabajo para la ejecución de todos los puntos, incluyendo la restauración del sistema democrático.

Siento satisfacción y soy optimista –continuó Zelaya–, y agradezco a toda la comunidad internacional por haber sostenido esta solución. Restituir a un gobierno con todo lo que ha ocurrido es un hecho histórico para nuestra sociedad y para toda la comunidad latinoamericana. Estamos haciendo escuela, siendo ejemplo de paz y democracia para el mundo.

Sin embargo, se trata de un proceso, de un plan que debe ejecutarse. Primero se va a construir un calendario, después hay que llevarlo al Congreso Nacional y los diputados tomarán las determinaciones que competen en su carácter de independencia de poderes, y finalmente estaremos participando en todo el proceso de la reconstrucción de la democracia a través de la inminente restitución al cargo de Presidente por el cual me eligió el pueblo hasta el 27 de enero de 2010”, explicó el Presidente legítimo de Honduras.

Faltando pocos minutos para finalizar el día 29 de octubre, la comisión negociadora del presidente Manuel Zelaya Rosales brindó una conferencia de prensa para dar a conocer el contenido del acuerdo firmado con la comisión del presidente de facto, Roberto Micheletti.

Víctor Meza, miembro de la comisión negociadora del presidente Zelaya, dio lectura al texto del acuerdo en el que se expresa que “para lograr la reconciliación y fortalecer la democracia, ambas comisiones negociadoras hemos decidido, respetuosamente, solicitar que el Congreso Nacional, como una expresión institucional de la soberanía popular, en uso de su facultades en consulta con las instancias que considere pertinentes, como la Corte Suprema de Justicia y conforme a ley, resuelva en lo procedente a retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio de 2009, hasta la conclusión del actual periodo gubernamental el 27 de enero de 2010.

La decisión que adopte el Congreso Nacional deberá sentar las bases para alcanzar la paz social, la tranquilidad política y la gobernabilidad democrática que la sociedad demanda y el país necesita”.

Meza explicó también que ninguno de los ochos puntos que conforman el acuerdo, por sí solo, tiene valor individual, sino que están relacionados entre sí y forman parte de un todo integral que se llama Acuerdo de San José, con el sólo objetivo de restaurar el orden constitucional en el país.

Último Momento

por Giorgio Trucchi

El día de hoy, 30 de octubre, las dos comisiones negociadoras firmaron el documento de ocho puntos y fuerona entregarlo a la Secretaría del Congreso Nacional, tal como prevé el punto que trata el tema de la restitución del presidente Manuel Zelaya.

Según el presidente del Congreso Nacional de Honduras, Alfredo Saavedra, obligadamente habrá que consultar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para decidir si se restituye o no al presidente Manuel Zelaya, como acordaron ayer las comisiones de diálogo en la crisis del país.

“Tenemos que escuchar la opinión de la honorable CSJ previo a emitir un dictamen favorable o desfavorable, porque las normas parlamentarias nos obligan a seguir un procedimiento, y este acuerdo tiene realmente relación directa con otros poderes del Estado, que hay que escuchar su opinión porque así lo ordena en este tipo de materia la misma Constitució”, dijo Saavedra.

El presidente del Congreso agregó que en este momento no es posible poner plazos para la resolución y que de inmediato iba a convocar a la junta directiva y a los jefes de bancadas para conocer el contenido del documento y “continuar con lo que procede”

En las próximas horas se sabrá si se trata de una verdadera salida a la crisis o una nueva maniobra dilatoria de los poderes fácticos de Honduras.

Mientras tanto el Frente Nacional Contra el Golpe de Estado dio a conocer su posición ante la firma del Acuerdo de Tegucigalpa-San José:

El Frente Nacional de Resistencia contra el Golpe de Estado, ante la inminente firma del acuerdo negociado entre la comisión representante del presidente legítimo Manuel Zelaya Rosales y los representantes del régimen de facto, comunica a la población hondureña y la comunidad internacional:

1.      Celebramos como una victoria popular sobre los intereses mezquinos de la oligarquía golpista, la próxima restitución del presidente Manuel Zelaya Rosales. Esta victoria se ha obtenido con más de 4 meses de lucha y sacrificio del pueblo, que a pesar de la salvaje represión desatada por los cuerpos represivos del estado en manos de la clase dominante, ha sabido resistir y crecer en conciencia y organización hasta convertirse en una fuerza social incontenible.

2.      La firma por parte de la Dictadura del documento donde se establece “retrotraer la titularidad del Poder Ejecutivo a su estado previo al 28 de junio”, representa la aceptación explícita de que en Honduras hubo un golpe de estado que debe ser desmontado para volver al orden institucional y garantizar un marco democrático en el que el pueblo pueda hacer valer su derecho de transformar la sociedad.

3.      Exigimos que a los acuerdos que se firmen en la mesa de negociación se les de trámite expedito en el Congreso Nacional. En ese sentido, alertamos a todos nuestros compañeros y compañeras a nivel nacional para que se sumen a las acciones de presión para que se cumpla inmediatamente lo consignado en el documento final que se elabore en la mesa de negociación.

4.      Reiteramos que la Asamblea Nacional Constituyente es una aspiración irrenunciable del pueblo hondureño y un derecho innegociable por el cual seguiremos luchando en las calles, hasta lograr la refundación de la sociedad para convertirla en justa, igualitaria y verdaderamente democrática.

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[en] Communique #32 – National Front of Resistance to the Coup d’Etat

 

The National Front of Resistance to the Coup d’Etát, facing the
imminent signing of a negotiated agreement between the commission
representing the legitimate President Manuel Zelaya Rosales and the
representatives of the de facto regime, communicates the following to
the Honduran people and the international community:

1. We celebrate the upcoming restoration of President Manuel Zelaya
Rosales as a popular victory over the narrow interests of the coup
oligarchy. This victory has been obtained through four months of
struggle and sacrifice by the people who, in spite of the savage
repression unleashed by the repressive forces of the state in the
hands of the dominant class, have been able to resist and grow in
their levels of consciousness and organization and turn themselves
into an irrepressible social force.

2. The signing on the part of the dictatorship of the document which
mandates “returning the holder of executive power to its pre June 28
state,” represents the explicit acceptance that in Honduras there was
a coup d’état that should be dismantled in order to return to
institutional order and guarantee a democratic framework in which the
people can exercise their right to transform society.

3. We demand that the accords signed at the negotiating table be
processed in an expedited fashion by the National Congress. We alert
all our comrades at the national level so that they can join the
actions to pressure for the immediate compliance with the contents of
the final document from the negotiating table.

4. We reiterate that a National Constituent Assembly is an
unrenounceable aspiration of the Honduran people and a non-negotiable
right for which we will continue struggling in the streets, until we
achieve the re-founding of our society to convert it into one that is
just, egalitarian and truly democratic.

“At 125 days of struggle, nobody here surrenders!”
Tegucigalpa, M.D.C. October 30, 2009

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[es] Juan Almendares: El teatro electoral del golpe político militar

La respuesta de la Resistencia a la propaganda del circo electoral. Foto: Sandra Cuffe

El mundo es un telón de teatro tras el cual
se esconden los secretos más profundos.

-Rabindranah Tagore

Aquí se analiza el teatro de las elecciones hondureñas 2009 y su relación con el golpe político militar. El teatro tiene dos componentes: el texto y el espectáculo. El primero comprende la historia, el contexto, el tiempo y el espacio, sea imaginario o real. El segundo a los protagonistas, a los antagonistas y a los espectadores activos y pasivos. El golpe militar es el montaje escénico del teatro electoral. El telón se abre con la campaña electoral y se cierra con elecciones legítimas y legales para el pueblo; en caso contrario con el fraude electoral.

El 27 de enero 2006 asume la presidencia de Honduras, el candidato del Partido Liberal Manuel Zelaya Rosales. Está demostrado que Zelaya no tenia el control del gobierno puesto que la oligarquía económica, política, religiosa y militar es hegemónica con respecto a los poderes del Estado, los aparatos mediáticos, políticos e ideológicos:. En consecuencia MZR no podría dar un golpe de Estado ni convertirse en dictador.

El golpe militar se centra estratégicamente en Zelaya y reduce el problema, mediante las andanadas propagandísticas, a la persona del Presidente. Sin embargo el golpe es contra el avance de la lucha histórica del pueblo hondureño, representada actualmente por la Resistencia Nacional contra el Golpe Militar.

La hegemonía golpista se alimenta por dos vías: la guerra de agresión irregular y el teatro de las elecciones de noviembre 2009.

El golpe político –militar responde a una articulación programática nacional e internacional cuyo fin es utilizar nuestro territorio y sacrificar la población civil como teatro experimental de maniobras y nuevos golpes de Estado en América Latina. Se pretende convertir a Honduras y Mesoamérica en el Vietnam o Afganistán de Nuestra América.

¿Es legal el proceso electoral bajo el control casi absoluto por parte de las fuerzas golpistas? ¿Es legal Tribunal Supremo Electoral? Un organismo que violenta el contenido numeral 2 del Articulo 52 de la Constitución de la República que establece “No podrán ser elegidos magistrados del Tribunal Supremo Electoral los que estén nominados para ocupar u ostenten cargos de elección popular; prohibición señalada como la parte especifica del precepto impugnado por inconstitucional”.

La elección de los ciudadanos como Magistrados Propietarios y Magistrado Suplente del Tribunal Supremo Electoral es contraria a la Constitución de la República en virtud de que los ciudadanos electos ostentan cargos de elección popular, el primero como Regidor Tercero de la Alcaldía Municipal del Distrito Central, el segundo como Diputado al Congreso Nacional por el Departamento de Francisco Morazán y el tercero como Diputado suplente incorporado del Congreso Nacional de la República. Según lo expresado por el Tribunal Supremo Electoral mediante Acuerdo Numero 24-2005 publicado en el Diario Oficial La Gaceta en el número 30886 del 27 de diciembre del año 2005.

Y, si el Tribunal Supremo Electoral no esta integrado conforme a ley ¿Serán, legales las elecciones? ¿Es legal que las Fuerzas Armadas que torturaron al legítimo Presidente de la República Manuel Zelaya Rosales, lo expulsaron del país, violaron la Constitución de la República, por lo tanto, su historia golpista sea un indicador de la falta de credibilidad que tiene el pueblo hondureños sobre los resultado de las futuras elecciones

¿Acaso no podrían desarrollar crisis de pánico aquellos electores: hombres, mujeres y jóvenes que fueron objeto de persecución tortura y cuyos familiares fueron asesinados por las fuerzas militares y policiales?

¿Pueden ser legales las elecciones cuando los candidatos: presidenciales, diputados (as) al Congreso Nacional y alcaldías tanto de los sectores independientes como del partido Unificación Democrática (UD), han sido objeto de torturas, persecución y asesinato de algunos de sus miembros?

¿Acaso no tienen mayor ventaja de participación, y propaganda los candidatos de los partidos golpistas Liberal, Nacional, Democracia Cristiana y el Partido de Innovación y Unidad (PINU) que las candidaturas de oposición al golpe militar?

¿Son legales las elecciones con mordaza a la libertad de expresión?

¿Se justifican los atentados contra Diario Tiempo, colocación de bomba contra Canal 11, militarización y cierre de Radio Globo, CHOLUSAT SUR, amenazas a muerte contra el director y personal de Radio Progreso y Diario El Libertador y despido a los periodistas honestos de medios partidarios del golpe militar?

El nudo de esta trama que precede al voto ha sido violento, deshumanizado, cruel, degradante y bendecido por la jerarquía católica y evangélica, con el falso mensaje de la invocación a Dios, el diálogo, la democracia y la paz cuando al mismo tiempo se golpea, tortura y persigue en forma masiva a los miembros de la Resistencia, a sacerdotes, pastores, y monjas.

Tras las bambalinas de esta escena teatral de las elecciones han operado la oligarquía local, el capital financiero internacional, los autores materiales e intelectuales de la doctrina de Seguridad Nacional, la Guerra de Conflictos de baja intensidad y los planes de Guerra irregular del pentágono.

Los espectadores activos internacionales del teatro electoral han condenado el golpe militar y manifiestan que no enviarán observadores ni reconocerán el resultado de las elecciones.

Para espectadores pasivos o neutros Bertolt Brecht manifestaba: “El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos… El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado y el peor de todos los bandidos que son el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.”

El telón teatral no ha caído y el desenlace futuro de Honduras son los escenarios de la restitución del orden constitucional, elecciones legales y legitimas, la instalación de la asamblea constituyente y la transformación de la constitución de la República que garantice el respeto a los derechos humanos, la soberanía alimentaría y la justicia climática.

El otro escenario es la guerra. Al respecto, el mismo Brecht agregaba “En tiempos de guerra, las virtudes se vuelven crímenes, la religión y el honor son usados precisamente para camuflar el verdadero propósito de la guerra, que es el de mantener a toda costa la explotación del pueblo por la aristocracia y la iglesia…Con la guerra aumentan las propiedades de los hacendados, aumenta la miseria de los miserables, aumentan los discursos del general, y crece el silencio de los hombres”.

Nuestro amor humano y planetario y los principios de la No Violencia nos obligan a luchar porque en nuestra Madre Tierra ningún hondureño(a) ni ciudadano del mundo sea objeto de los crímenes de lesa humanidad y de la violación de los derechos humanos y planetarios de violación.

La tarea urgente es unificar todas las organizaciones y personas que conforman la Resistencia y construir la fuerza política mas significativa de Honduras; que luche por un nuevo pueblo, una nueva sociedad dónde prevalezca la verdadera democracia de igualdad económica- social; movilice la conciencia de paz y justicia social y climatica contra la guerra irregular y todo espíritu guerrerista que planifica nuevos golpes de Estado y la guerra irregular en América Latina.

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[es] Salvador Capote: Honduras y los cascos azules

Miles de la resistencia se congregan frente la ONU en Tegucigalpa al saber del regreso de Manuel Zelaya al pais. 21 sept '09. Foto: Sandra Cuffe

Honduras y los cascos azules

Salvador Capote

ALAI AMLATINA, 05/10/2009.- La crisis en Honduras permanece sin resolver y puede conducir a un conflicto de mayores proporciones con un alto costo para la oligarquía de ese país. No es extraño, por tanto, que en los círculos más reaccionarios de la nación centroamericana y también, desde luego, en los de Estados Unidos, se esté pensando ya en utilizar uno de los recursos de mayor efectividad para frustrar el ascenso al poder de los sectores populares. Esto es, imponer el envío de tropas “pacificadoras”, como los “cascos azules” de la ONU.

Si algunos ingenuos piensan que dichas tropas, ya sean de la ONU o bajo la bandera de otros organismos multilaterales, se integran de una manera equitativa, igualitaria, con la participación de todos los países miembros y que su función es crear y mantener la paz, viven en el mundo del realismo mágico. En la mayoría de los casos, si no en todos, la presencia de fuerzas extranjeras agrava y profundiza el conflicto y lo que mantiene no es la paz sino el statu quo, siempre en favor de las clases privilegiadas. Las llamadas misiones de paz de la ONU son financiadas casi totalmente por Estados Unidos y por los países europeos de la OTAN mientras que los soldados de fila provienen de países del Tercer Mundo. Unos son los que pagan y otros son los que mueren. Pero el que paga manda.

De acuerdo a datos oficiales, los cinco países que contribuyeron (año 2008) con mayor número de soldados a las misiones de la ONU fueron, siguiendo el orden que se expone: Pakistán, Bangladesh, India, Nigeria y Nepal. A los tres primeros corresponde una tercera parte de los 100,000 cascos azules desplegados en zonas de conflicto alrededor del mundo. Del último provienen los feroces gurkhas.

La ONU paga mensualmente al gobierno al que pertenece cada soldado $1,101, y $1,404 si éste domina alguna especialidad militar. El dinero lo cobra el gobierno que corresponde, el cual paga luego a la tropa la cantidad que estima conveniente (siempre una ínfima parte de lo recibido). Estos salarios, más el armamento, equipos y entrenamiento que proporciona la ONU, permiten a países pobres mantener una modernidad en sus ejércitos que de otra forma no podrían sostener. Surge así la paradoja de un militarismo incentivado por las misiones de paz. Por otra parte, como participar en estas misiones resulta lucrativo para los gobiernos y una forma de vida para los soldados, tanto los primeros como los últimos poseen un interés económico y militar en la prolongación de los conflictos.

Además, como la ONU carece de una logística propia, ésta depende absolutamente de los países desarrollados. Un funcionario de la ONU, el “Chief Administrative Officer” desempeña sólo un papel coordinador. Los países donantes, Estados Unidos en particular, determinan el flujo de abastecimientos y, por tanto, tienen en sus manos el control de todas las misiones aunque sus ciudadanos no participen. Y que nadie piense que éstas constituyen una carga económica para Estados Unidos y sus aliados. La intervención de las tropas de la ONU evita, hasta cierto punto, su presencia directa en los conflictos. Si la ONU no cumpliera esta tarea, ¿en cuántos lugares del mundo no estarían combatiendo o realizando funciones de gendarmería las tropas norteamericanas? Susan Rice, la nueva embajadora de Estados Unidos ante el máximo organismo internacional, citada por Jack Curry (1), afirma que la ONU realiza sus intervenciones por 1/8 de lo que costaría a Estados Unidos si actuara directamente. “Es un buen negocio –dijo- tanto desde el punto de vista de la seguridad como desde el punto de vista financiero”.

Estos soldados del Tercer Mundo tienen, casi siempre, muy bajo nivel de escolaridad, desconocen totalmente la historia, la cultura y la idiosincracia del país al cual son destinados, hablan probablemente un idioma distinto, no entienden las raíces ni las características del conflicto y la paga es su única o principal motivación. Debido a que actúan bajo la égida de un organismo internacional no clasifican como mercenarios, pero lo son en realidad.

En un estudio (Informe Machel) realizado por la ONU en 1996, Graça Machel, primera dama entonces de Mozambique, documentó: “En 6 de 12 investigaciones de campo realizadas para confeccionar este informe acerca de la explotación sexual de niños en situaciones de conflicto armado, el arribo de tropas de las fuerzas de paz se relaciona con un rápido aumento en la prostitución infantil”. Durante el conflicto en Bosnia, estas fuerzas se vieron involucradas en un sonado escándalo debido a que raptaban niñas para trabajar en burdeles como esclavas sexuales. Varios años después, el problema del abuso sexual a niños por parte de los cascos azules permanecía sin resolver. Un nuevo informe, preparado por la organización “Save the children”, publicado en mayo de 2008, denunció que “el abuso sexual de niños por trabajadores humanitarios y fuerzas de paz es común y los esfuerzos por proteger a los menores de estas agresiones son inadecuados”. “Save the children” basó su informe en visitas realizadas en 2007 a Haití, el sur de Sudán y Costa de Marfil. El estudio mostró un amplio espectro de abuso y explotación: niños intercambiando sexo por comida, sexo forzado, prostitución y pornografía infantil, tráfico de niños. El estudio ofrece el relato de un muchacho de 14 años que trabajaba en un campo de las fuerzas de paz en Costa de Marfil: “Nos piden especialmente niñas de nuestra edad. Generalmente son entre ocho y diez hombres que comparten a dos o tres niñas. Cuando sugiero una chica más grande, ellos dicen que quieren una niña pequeña”.

En un artículo publicado el primero de octubre de este año (2), el Washington Times señala que “el Congo es anfitrión del MONUC, acrónimo de la mayor y más costosa operación para mantener la paz en la historia de las Naciones Unidas. A pesar de una fuerza de 18,000 soldados y un presupuesto anual de más de $1.2 billones, las fuerzas de paz han sido incapaces de proteger a los pueblos y aldeas de los grupos rebeldes y de los soldados del gobierno”. Y cita al embajador de Austria, Thomas Mayr-Harting, diciendo que es “absolutamente imperdonable” que los civiles tengan que vivir bajo la amenaza de violencia donde está desplegada una misión de paz de la ONU. En el Congo, de acuerdo con el Fondo de Desarrollo para la Mujer de esta organización, cada día un promedio de 36 mujeres y niñas son violadas o torturadas sexualmente.

Para vergüenza nuestra, varios países latinoamericanos forman parte de MINUSTAH, acrónimo del nombre en francés de la Misión de Estabilización de Naciones Unidas en Haití. No olvidemos que es el mismo Brasil cuya embajada en Tegucigalpa acoge al presidente Zelaya el país que la encabeza y cuyos soldados han masacrado, al menos en dos ocasiones, al pueblo rebelde pero indefenso de Cité Soleil. ¿Para qué ha servido MINUSTAH? –Para consagrar el golpe de estado de George W. Bush, en 2004, contra el presidente legítimo Jean Bertrand Aristide; para sostener la brutalidad del régimen espúreo interino de Gérard Latortue; para apoyar la persecución contra Lavalas; para sembrar el terror en los vecindarios considerados “pro-Aristide” de Bel-Air, Martissant, Grand Ravin, Pele y, por supuesto, en Cité Soleil. MINUSTAH no ha sido otra cosa que un ejército de ocupación que responde a los intereses de la elite haitiana y de la administración de Estados Unidos.

En una reciente y hábil iniciativa de la oligarquía hondureña, Adolfo Facussé, presidente de la Asociación Nacional de Industrias, junto a otros poderosos empresarios, dio a conocer a La Jornada un nuevo plan para salir de la crisis. Una de las propuestas del “Plan Facussé” es la creación de una fuerza multinacional que se encargue de hacer cumplir eventuales acuerdos. Esta fuerza externa –propone- estaría compuesta por tres mil soldados de Panamá, Colombia y Canadá. Pero ¡caramba!, ¿no es Panamá el único país que anticipa su reconocimiento al régimen que podría surgir de las elecciones de noviembre? ¿No es el ejército de Colombia el que bombardeó recientemente el territorio soberano de Ecuador para asesinar al comandante de las FARC Raúl Reyes? ¿No es Canadá un fiel aliado de Estados Unidos? Una fuerza multilateral formada por amigos de los golpistas sería como contratar al zorro para que cuide el gallinero. Me gustaría saber como reaccionaría la oligarquía hondureña ante una fuerza de paz con un contingente mayoritario venezolano y con un general bolivariano al frente.

Si los hondureños permiten la entrada en su país de una de las llamadas “fuerzas de paz”, estén o no bajo la bandera de la ONU, pueden dar por seguro que éstas no se retirarán hasta que la muy dependiente del imperio clase empresarial hondureña considere garantizados sus intereses durante los siguientes treinta o cuarenta años. No hay otra actitud digna que no sea la exigencia de la restitución inmediata y sin condiciones del presidente Manuel Zelaya; no hay otro camino válido que el de la resistencia.

Notas

(1) “Does the U.N. Serve American Interests?”, Jack Curry, PARADE, The New York Herald, Oct. 4, 2009.

(2) “U.N. rebukes nations over rape, torture”, Betsy Pisik, The Washington Times, Oct.1, 2009.

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Jennifer Moore: Lawyers Question Basis of Zelaya Ouster

Manuel Zelaya Rosales. foto: Sandra Cuffe

HONDURAS: LAWYERS QUESTION BASIS OF ZELAYA OUSTER

http://upsidedownworld.org/main/content/view/2132/1/

Written by Jennifer Moore
Friday, 25 September 2009

Since June 28 when the Honduran military shot their way through the backdoor of President Zelaya’s private residence, kidnapping and forcibly expatriating him to Costa Rica, the de facto regime has maintained that Zelaya’s removal was a constitutional transfer of power. For its part, the Obama Administration has condemned the ouster, but stopped short of defining the events as a military coup. By US law, this would require the suspension of the majority of aid to the Central American country.

However, a preliminary report by an international delegation of lawyers that visited Honduras in late August affirms that a military coup is what took place. The report considers the lack of an independent judiciary in Honduras as part of the context in which this occurred and points to powerful economic and political groups opposed to social advances promoted by President Zelaya as the driving force behind the coup.

The report, drafted by members of the American Association of Jurists, the National Lawyers Guild, the International Association of Democratic Lawyers and the International Association Against Torture, further states that the military overthrow was a clear violation of Honduras’ 1982 Political Constitution. Among various constitutional articles that the report claims were violated includes Article 102, which states: “No Honduran may be expatriated nor delivered by the authorities to a foreign state.” [1]

Building upon observations pertaining to human rights violations detailed in the report, the National Lawyers Guild released a press bulletin on Tuesday concerning the de facto government’s most recent abuses since Zelaya arrived at the Brazilian Embassy in Tegucigalpa on Monday. Coup leader Roberto Micheletti used Zelaya’s reutrn as a pretext to unleash a new wave of aggression by his security forces against Hondurans opposed to the coup. The Guild also expressed special concern for threats to the life of the democratically-elected president.

Zelaya’s arrival, it concludes, should motivate the US to denounce the violence, further isolate the de facto regime and “no longer avoid officially declaring a military coup d’etat.” The Guild also urges UN bodies, including the UN Security Council and the UN Economic and Social Council, to “initiate proceedings for an economic blockade” and to “consider deploying a peacekeeping mission to facilitate the return to power of the legitimate constitutionally elected government.” The UN already announced Wednesday that it would withdraw all support for upcoming elections on November 29th.[2] The UN Security Council is also anticipated to make an announcement this week.[3]

Dangerous Territory: Constitutional Reform

The most immediate trigger for the coup was a non-binding, national opinion poll scheduled for June 28. It was decreed by Zelaya under the Citizens’ Participation Law, notes the delegation report, and would have taken place the same day as he was ousted. Hondurans would have answered the following question: “Are you in agreement that during the 2009 general elections that a fourth ballot box be installed in which the people will decide whether to strike a Constituent Assembly? Yes/No.”

According to the report, the opinion poll was a “determining factor” in the coup. They explain that “powerful economic and political sectors including those who control the Honduran media vehemently opposed the move and recurred to the courts and the legislature to put in motion a very accelerated lawsuit, lacking assurances of due process in order to justify actions without grounds against President Zelaya, who they intended to try.” Other reforms Zelaya was enacting which enraged to the business class included the rise in the minimum wage, the exclusion of intermediaries from state fuels purchases and the decision to purchase oil from the cheapest provider – the Venezuelan oil company Petrocaribe.

The speed with which the Supreme Court processed legal measures to block the survey raised suspicions among the delegation. “In contrast to the speed with which they acted against the constitutionally elected President Zelaya, [the Supreme Court] has not made any decisions with regard to any legal process since then – up until this report was drafted [on September 12th] – to sanction those responsible for violations of the constitution and legal order [as a result of the coup].”

Furthermore, one delegation member comments, “the de facto government clearly avoided using its legal power to arrest Zelaya when he tried to re-enter Honduras, compounding the violation of rule of law and furthering the appearance that there is no basis for claims that Zelaya committed crimes justifying his removal from office and claims that he lacks support within Honduras.”

Concerns over weaknesses in Honduras’ judiciary have been raised before. The Inter American Human Rights Commission has criticized the country for lack of an independent and efficient judiciary, notes another member of the delegation. Furthermore, a report from Freedom House states, “The judicial branch of government in Honduras is subject to intervention and influence by both the elected branches and wealthy private interests.” [4] The US State Department profile of Honduras also mentions that “Although the constitution and law provide for an independent judiciary, the judicial system was poorly funded and staffed, inadequately equipped, often ineffective, and subject to patronage, corruption, and political influence.” [5]

Also worrisome to the delegation was the contrast found between the ease with which Zelaya’s ouster was executed and the delays in addressing civil society requests for habeas corpus and constitutional protection as a result of police and military excesses over the last three months.

Human Rights Commissioner Compromised

Human rights abuses have escalated again this week since Zelaya’s arrival on Monday. The de facto regime has enforced a continuing military curfew, while state security forces have arbitrarily detained, beaten and even killed people. The security of the Brazilian Embassy where Zelaya is staying has also been threatened. The international group of lawyers raises deep concerns about the significant rise in human rights violations since June 28 and observes the lack of attention to such grievances by state institutions such as the Office of the Public Prosecutor and the Human Rights Commissioner’s Office.

While visiting Honduras, the delegation received complaints about violations of political and civil rights, as well as economic, social and cultural rights. Among those they report are violations of the right to life, physical integrity, liberty of expression, access to information, the freedom of association and due legal process. They also received testimonies concerning cruel and degrading treatment against women and abusive treatment of minors, including forced military recruitment among poor sectors of the population.

Additionally, they note at least four deaths since the coup, although other estimates were up to about 11 at the start of this week. [6] In this context, they point out, “A lack of will on the part of the public attorney’s office to immediately and diligently investigate what took place in order to bring those responsible to justice, which contrasts with the swiftness and efficiency with which governmental organisms processed claims against the deposed president.”

They also concluded that many people have avoided presenting complaints to the National Human Rights Commissioner’s office given that the Commissioner is an open supporter of the coup. Instead people were forced to file reports to civil society organizations such as the Committee of Relatives of the Detained and Disappeared of Honduras (COFADEH) because of a lack of confidence that their cases would be properly addressed.

Seeing such weaknesses in human rights protection by the state since the coup, the lawyers’ report recommends that “organisms such as the National Human Rights Commissioner, whose mandate is specifically to protect human rights, be led by persons committed to the defense of human rights and not by those who have declared themselves in favor of the coup, such as is the case with Commissioner Dr. Ramón Custodio.”

Custodio was quoted by Europa Press this week openly criticizing international human rights delegations, accusing them of having political interests in trying to make a victim out of Honduras and stating that they, including participants of an upcoming mission from the UN, “are looking for a mechanism to once again aggrieve the Honduran people.” [7]

Serious human rights violations and the use of excessive force by state forces have been documented and denounced in recent months by the International Federation of Human Rights, the Inter American Human Rights Commission (an autonomous body of the Organization of American States), Amnesty International and now Human Rights Watch (HRW). Yesterday, the Spanish news agency EFE reported that HRW “asked the OAS to demand the government of Robert Micheletti to desist in applying force against protesters and to guarantee fundamental human rights.” They noted one confirmed death this week and at least 150 arbitrary detentions. A HRW representative also mentioned four unconfirmed deaths as a result of police violence in Tegucigalpa. [8]

Whereas coup leaders lacked constitutional grounds upon which to oust Zelaya, those in Honduras who oppose the coup do have the right to insurrection. Article 3 of their 1982 Political Constitution states, “No one owes obedience to a government which usurps power nor those who assume public functions or employment through the use of arms or through means or processes that break or fail to recognize what the constitution and laws establish. The verified acts of such authorities are null. The people [of this country] have the right to recur to insurrection in defence of constitutional order.”

The pro-democracy movement, perhaps the least anticipated outcome of the coup, has now managed to sustain itself for almost 90 days.

The World’s Turn

Finally, members of the American Association of Jurists, the National Lawyer’s Guild, the International Association of Democratic Lawyers and the International Association against Torture conclude their report by calling upon the international community to echo efforts toward the restoration of democratic order in Honduras, and ultimately the region, by concertedly promoting the unconditional return of President Manuel Zelaya.

Indicating the need for ongoing human rights vigilance and accompaniment in the current period, they insist that upcoming elections not be recognized and that much stronger economic sanctions be implemented.

They further add that resulting abuses “cannot remain in impunity” and recommend that an international tribunal be established to try those responsible. Furthermore, given the brutality with which state forces have come down on Honduran people in recent months, they propose that reforms be considered “to assure the subordination of the armed forces to civil society, including that proposals that could result in the elimination of the armed forces and their permanent abolition be studied such as has taken place in Panama and Costa Rica.”

Notes:

1. For news and updates from the delegation: http://www.nlginternational.org
2. “ONU suspende asistencia a elecciones en Honduras” Prensa Latina, 23 September 2009; http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=119683&Itemid=1
3. “Consejo de Seguridad de la ONU se pronunciara sobre el Golpe en Honduras” Pulsar, 23 September 2009; http://www.agenciapulsar.org/nota.php?id=15869
4. “Countries at the Crossroads 2007: Honduras” Freedom House; http://www.unhcr.org/refworld/country,,FREEHOU,,HND,4562d94e2,47386925c,0.html
5. http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2007/100644.htm
6. “The Road to Zelaya’s Return” Ben Dangl, Truthout, 22 September 2009; http://www.truthout.org/092209A
7. “Gobierno ‘de facto’ denuncia que los relatores de DDHH de la ONU ‘buscan un instrumento para agredir'” Europa Press 19 September 2009; http://www.europapress.es/latam/honduras/noticia-gobierno-facto-denuncia-relatores-ddhh-onu-buscan-instrumento-agredir-20090919235625.html
8. “Human Rights Watch pide a la OEA que exija el cese de la represion en Honduras” EFE 23 September 2009; http://es.noticias.yahoo.com/9/20090924/twl-human-rights-watch-pide-a-la-oea-que-e1e34ad.html

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